El proceso se realiza de forma online a través del portal https://extranjeria.gob.cl, de acuerdo con la información publicada por la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), una ONG que defiende y promueve los derechos humanos de migrantes.

Una vez que los venezolanos completen la solicitud de regularización, el Departamento de Extranjería y Migración verificará los documentos entregados y comprobará que los solicitantes no tengan antecedentes penales en Chile.

De ser aprobada la solicitud, los ciudadanos recibirán una visa temporal que les permitirá trabajar durante el tiempo que demore el trámite.

Los ciudadanos deberán presentar un documento de identificación, que puede ser el pasaporte aún si está vencido, o un título de residencia. Asimismo, se les pide antecedentes penales del país de origen vigente y apostillado, tarjeta de Turismo o estampado de la última visa, y pago por concepto de visado equivalente a 90 dólares.

Todos estos documentos deben adjuntarse vía online en formato PDF.

En el caso de los menores de 18 años, tendrán que presentar adicionalmente la partida de nacimiento apostillada y declaración jurada de cuidado de expensas o tutoría del menor (notariada).

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales e internacionales

El funcionario aseguró que su gobierno no tiene planes especiales para los inmigrantes venezolanos, aparte de que se atengan a la normativa vigente.

Los venezolanos han estado llegando durante los últimos meses a Trinidad y Tobago, coincidiendo con la inestabilidad política y social en su país.

Cabe destacar que las autoridades de Trinidad y Tobago repatriaron en julio a más de 650 venezolanos a su país por encontrarse en situación irregular.

Proceso de registro en 2019

En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el gobierno para quienes entraron al margen de los cauces legales, que les permitió trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago.

“Ofrecimos registro a los venezolanos y demás nacionales de otros países que estaban aquí en 2018”, recordó.

Asimismo, sostuvo que quienes no aprovecharon la oportunidad o llegaron al país posteriormente se encontraban “fuera de esa protección” y serán tratados según estipula la ley.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

No obstante, los que acudan a esas oficinas se arriesgan a ser expulsados, puesto que la ley de Migración faculta a las autoridades a deportar de forma automática a cualquier extranjero en situación irregular.

Las primeras oficinas, de las casi 40 que prevé poner en funcionamiento el gobierno, quedaron establecidas en Dajabón y Elías Piña, dos de los pasos fronterizos más importantes con Haití.

Durante un acto en Dajabón, el ministro dominicano de Interior y Policía, Jesús Vásquez, explicó que el objetivo de las oficinas “es saber cuántos son, quiénes son y dónde están” los extranjeros residentes en el país en situación irregular.

De acuerdo con datos oficiales, casi el 90 % del más de medio millón de extranjeros residentes en la República Dominicana son haitianos, la mayoría de ellos indocumentados

Asimismo, Vásquez aclaró que el registro de los indocumentados no implica una regularización, procesos que son “totalmente diferentes”.

“Tenemos que tener control del territorio”, subrayó el funcionario, quien llegó a decir en su discurso que Haití es la “principal amenaza” que tiene el país.

La creación de estas oficinas fue anunciada el pasado miércoles, como parte de un paquete de medidas para regular la inmigración, anunciado como respuesta a la crisis política y de seguridad que vive Haití.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

«La pandemia ha puesto de relieve que ahora, más que nunca, nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. El acceso global a las vacunas contra el COVID-19 para todos los que las necesiten es la única solución«, afirmaron los relatores.

Inclusión de las personas migrantes es una cuestión humanitaria y vital

«La priorización de las vacunas dentro de los países debería incluir a todas las personas que cumplan los requisitos de un grupo prioritario, independientemente de quiénes sean. Las personas migrantes deben tener acceso a las vacunas en igualdad de condiciones que los nacionales», añaden.

En este sentido, la plena inclusión de las personas migrantes es una cuestión «vital» tanto para la población migrante como para la comunidad que los acoge, y animaron a los países a «redoblar sus esfuerzos para superar los obstáculos administrativos y prácticos, estableciendo protocolos que faciliten el acceso equitativo a las vacunas para las personas migrantes, incluidas aquellas que se encuentran en situación irregular«.

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Gabriela Morales

Con información de dpa