“Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la situación de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…) pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, señaló la expresidenta chilena en su intervención.

Bachelet condenó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios presidenciales.

Aumento de la persecución

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, “como en efecto está ocurriendo”, aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión “no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales”, así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

La alta comisionada también afirmó que, desde la segunda mitad de abril se está registrando una escalada de la “persecución selectiva” contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

Bachelet pidió por todo ello al gobierno del presidente Daniel Ortega “cambios urgentes”, que implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas, cesar toda persecución contra voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales