Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

Según el Gobierno, comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira —el más afectado—, así como en las zonas donde hay personas esperando el diagnóstico de las inspecciones, con el fin de determinar cuántas casas se necesitan.

Según cálculos iniciales, se requerirán 25.000 viviendas, señaló en una rueda de prensa el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que su hermana y mandataria encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas «la próxima semana», sin dar más detalles.

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales en Venezuela respecto al sábado, cuando había 94.

El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.

Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1.222 réplicas desde el 24 de junio.

Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, pero las autoridades creen que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.

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«El Gobierno de Japón seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y brindando la asistencia necesaria en función de las necesidades locales», detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores japonés.

El equipo de asistencia médica, que estará formado por un contingente de profesionales sanitarios, además de empleados del Ministerio de Exteriores y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), viajará la semana que viene a Venezuela.

El ministerio anunció además el envío de un paquete de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, bienes esenciales y artículos médicos, por valor de 3.5 millones de dólares.

La ayuda estará gestionada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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El balance fue presentado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión celebrada en el Palacio de la Alvorada y en la que participaron la ministra de la Presidencia, Miriam Belchior; el canciller, Mauro Vieira; el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, teniente brigadier Marcelo Damasceno, y el asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Celso Amorim.

Según un comunicado de la Presidencia, Brasil fue el primer país en instalar un hospital de campaña en territorio venezolano tras los sismos, con el despliegue de 99 militares del área de salud.

La unidad cuenta con un centro avanzado de trauma equipado para realizar cirugías, prestar cuidados intensivos y ofrecer hasta doscientas atenciones diarias.

Brasil también destacó la participación de más de ochenta especialistas en la Fuerza Internacional de Búsqueda y Rescate coordinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos técnicos de defensa civil, expertos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), bomberos militares y equipos caninos especializados en la localización de sobrevivientes.

La ayuda brasileña incluyó además el envío de cien purificadores de agua con capacidad para producir 5.000 litros diarios de agua potable cada uno, destinados a abastecer las zonas afectadas por el colapso de los sistemas de suministro.

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«Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto», dijo Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria exigió nuevamente el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción y de «recuperación integral en el empleo, en el trabajo y en la educación».

En ese sentido, Rodríguez informó de una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para la liberación de «recursos bloqueados de Venezuela que están» en esa institución.

Pese al reciente alivio de sanciones por parte de EE.UU., persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de Pdvsa en EE.UU.

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En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos en suelo y subsuelo, los espacios donde tienen previsto «construir nuevas viviendas y ciudades antisísmicas».

Rodríguez aseguró que próximamente le mostrará al país el cronograma del plan de ejecución de estas construcciones.

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por la ONU, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional causado por el doble terremoto, afirmó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, en una entrevista con EFE.

En Playa Grande, una de las zonas más devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, el subsecretario aseguró que el sistema de la ONU ya está «recaudando dinero» para su puesta en marcha.

Además, Fletcher dijo que las sanciones a Venezuela se deben flexibilizar para que no afecten a la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras la catástrofe.

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La OPS detalló que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones de dólares que necesita recaudar para la emergencia y alertó que «la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana».

«La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado», advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa, en una rueda de prensa sobre la situación en el país suramericano.

La cuantía de 9 millones de dólares incluye recursos del fondo de desastres de la propia OPS; 2,5 millones de dólares del Fondo de Emergencias de la OMS; contribuciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Unión Europea y de Naciones Unidas —esta última por unos 3 millones de dólares aún pendientes de confirmación—, además de compromisos de Canadá por 2 millones y de España por 1,5 millones.

«Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales», resaltó el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte.

Ayuda de la OPS en Venezuela

Actualmente, dos equipos médicos de emergencia internacionales operan en el país, mientras la organización ha enviado seis toneladas métricas de insumos médicos de emergencia desde su reserva estratégica en Panamá.

«La respuesta se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las próximas semanas», señaló Barbosa.

El director de la OPS insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

La salud mental figura también entre las prioridades de la respuesta humanitaria debido al impacto emocional que la catástrofe ha tenido tanto en la población afectada como en el personal sanitario.

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En una nota, Prensa Presidencial señaló que las delegaciones coordinan las labores de recuperación en las zonas afectadas, con especial atención a la comunidad luso-venezolana.

Además, ambos funcionarios evaluaron el despliegue de un contingente de 64 especialistas en rescate y atención médica de las Fuerzas Armadas y de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal, así como la distribución de la ayuda humanitaria y las ambulancias donadas por la Cruz Roja del país europeo.

Portugal envió el pasado martes un avión a Venezuela con más de trece toneladas de productos de higiene, saneamiento y herramientas para la remoción de escombros, así como ambulancias equipadas para ayudar a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, según informó el Gobierno luso.

Al frente de este envió está Sousa, quien mantendrá «contactos políticos y encuentros con la comunidad portuguesa».

Esta es la segunda visita del funcionario luso a Venezuela, luego de reunirse en abril pasado con funcionarios del Ejecutivo y miembros de la comunidad portuguesa que residen en el país.

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A continuación, cinco claves para entender cómo Venezuela ha enfrentado la tragedia del 24 de junio:

Desaparecidos y fallecidos en Venezuela

El registro oficial de desaparecidos no está disponible de forma pública. Aunque el Gobierno habilitó el mismo día de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 un canal para reportar a estas personas y un día después habló de 157 personas en paradero desconocido, la cifra no se ha vuelto a actualizar y no hay acceso al registro gubernamental.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que no quería dar proyecciones y que los datos que están ofreciendo son «rigurosos». Por el momento (hace pocas horas), se contabilizan 3.685 fallecidos y 16.740 heridos, y la tendencia es al aumento.

Por su parte, la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ ha registrado hasta ahora a más de 30.100 personas a las que no se ha podido localizar.

Rescate ciudadano y voluntariado internacional

Los rescates llegaron principalmente por parte de los propios ciudadanos que, sin herramientas y con sus manos, levantaron escombros para sacar a sus familiares atrapados.

El Gobierno sitúa el dato en 6.462 y la ONU dijo que los equipos de rescate que llegaron desde el extranjero lograron 14 complejos rescates en un intervalo de una semana.

«Desde un primer momento Venezuela solicitó la ayuda internacional y esa ayuda internacional estuvo concentrada en tener rescatistas en nuestro país», dijo la presidenta encargada, que recibió a más 3.000 rescatistas de 30 países, después de coordinar y aprobar una lista presentada por Naciones Unidas.

Los equipos empezaron a llegar en la madrugada del jueves 25 de junio y se desplegaron en varias de las zonas afectadas, principalmente en La Guaira. Sumándose, según Rodríguez, a más de 10.000 rescatistas venezolanos que ya habían sido desplegados.

Respuesta estatal

«Nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron», defendió Rodríguez el pasado día 2 en una rueda de prensa internacional, pero la ciudadanía señala lo contrario.

Las denuncias sobre la ausencia de efectivos de Protección Civil, Bomberos, la Fuerza Armada y otros organismos de seguridad ciudadana se multiplicaban por miles en cada zona afectada en La Guaira, durante las primeras 60 horas de la tragedia.

Y aunque por ley la Fuerza Armada de Venezuela debe desplegarse para la atención de desastre, fue hasta el sábado que La Guaira amaneció militarizada, luego de un decreto de Rodríguez el viernes.

Los militares, sin embargo, llegaron con fusiles y no con las herramientas necesarias para colaborar en rescates, según los familiares de las víctimas que afirmaron una y otra vez a la prensa que se encontraban desasistidas. La mandataria insistió en que estas denuncias eran montajes «miserables» creados para perjudicar.

Ayudas y damnificados

Desde el primer momento, miles de venezolanos se volcaron a llevar alimentos, bebidas, ropa, herramientas y cualquier equipo considerado útil para la retirada de escombros en La Guaira, lo que causó un colapso en las vías, que terminó con una restricción al acceso del estado.

La presidenta dijo que esa restricción se hizo para organizar la ayuda y luego anunció la habilitación de refugios temporales, que ya van casi 90 para 17.907 personas que se quedaron sin viviendas.

En este escenario, cientos se han desplazado a otros estados de Venezuela para rehacer sus vidas.

La mandataria también prometió que antes de que finalice el año habrá viviendas para todas aquellas personas que se quedaron sin hogar. Actualmente trabaja en distintos planes de reconstrucción junto a países como su nuevo aliado, Estados Unidos, o Brasil e, incluso, ha afirmado que mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.

Su Gobierno también ordenó realizar inspecciones de infraestructuras en los estados afectados.

Apertura política

La gestión de la tragedia ha llevado al Gobierno venezolano a abrirse aún más al mundo, después de la apertura ya iniciada en enero pasado por la captura de Nicolás Maduro en un ataque militar de Estados Unidos a Caracas.

El Ejecutivo ha establecido una coordinación directa y en el terreno con agencias multilaterales de la ONU y países con los que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, como Argentina o República Dominicana, abriendo canales de interlocución que antes de la catástrofe parecían inviables.

El giro parece responder a la necesidad de reforzar la capacidad operativa para responder a la emergencia y al reto de la reconstrucción que implica una inyección masiva de capital que el Estado posiblemente no puede generar por sí solo, luego de años de crisis en medio de corrupción y también de sanciones económicas.

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Durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria indicó que 1.389 resoluciones «fueron estudiadas y analizadas», y añadió que este reglamento se «adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos» y es para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo del país.

Acompañada de la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao, y del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, Rodríguez añadió que los recursos se invertirán en la «recuperación» y «reconstrucción» de Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio, sin dar más detalles al respecto.

«Habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio», prometió Rodríguez.

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«Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones», dijo el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios en una entrevista desde Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos.

Fletcher consideró que los sismos van a causar una «situación económica muy difícil», que restará «varios puntos al PIB» y quieren trabajar con organismos financieros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se comprometan «en avanzar más allá de esta fase de la crisis humanitaria y hacia esa recuperación a más largo plazo».

Y añadió en que estarán «insistiendo en las excepciones humanitarias para asegurarnos de que ninguna ayuda esté sujeta a sanciones».

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) considera que se necesitan 300 millones de dólares más —ya se ha recaudado una cantidad similar— para llegar a 1,3 millones de personas que han sido afectadas de alguna forma por el sismo en Venezuela, según una evaluación que ha hecho la ONU y ONG de las necesidades.

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«Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien», denunció Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, involucrado en la llamada Operación Gedeón, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

Castro, integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, participó este martes en una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por la memoria de los fallecidos en los terremotos del pasado que dejan al menos 3.685 personas fallecidas.

Allí dijo que en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), se cayeron «varias paredes» y «la estructura está bastante deteriorada».

«El Gobierno tampoco ha hecho nada para por lo menos trasladarlos a un sitio que estén más tranquilos», añadió.

Por su parte, Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, dijo a EFE que la visita del sábado pasado en el Fuerte Guaicaipuro fue triste porque varios de estos detenidos perdieron a familiares en el terremoto.

«Fue una visita silenciosa y ellos de verdad están muy preocupados y psicológicamente están mal», subrayó.

Morales indicó que los presos políticos pasaron varios días preocupados después de los terremotos y celebró que uno de ellos pudo recibir una medida cautelar para poder despedir a su esposa que falleció tras el desastre.

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En el encuentro estaban también el canciller, Yván Gil y el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien dijo en Telegram que la reunión tuvo como objetivo «coordinar esfuerzos tras los recientes sismos», que también dejaron al menos 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

Además, durante el encuentro, en el que también participó el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, evaluaron la atención integral a las familias afectadas, agregó el diputado.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la reunión con el representante de la ONU y señaló que Fletcher tiene en el país una «agenda de trabajo coordinada con el Gobierno nacional para revisar las acciones» siguientes ante la tragedia.

Según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, la visita durará cuatro días, durante los que tiene previsto reunirse con supervivientes y personal de primera línea que ha prestado asistencia, así como con altos cargos del Gobierno y personas que colaboran en labores de búsqueda y rescate.

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Habitantes de la zona relataron a EFE que han visto pasar varios camiones hacia el cementerio y un trabajador del camposanto conocido como La Esperanza, que pidió anonimato, señaló que llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos.

Ese mismo trabajador detalló que los cadáveres llegan sin haber sido identificados, pero están siendo enterrados en ataúdes con una cruz blanca.

El empleado relató a EFE que entre el sábado 27 de junio y el miércoles 1 de julio llegaron unos 10 camiones con cadáveres, por lo que estima que al menos 800 personas han podido ser enterradas en el lugar.

El equipo de EFE pudo ver desde un caserío (aldea) de la zona los trabajos de las autoridades en el cementerio, donde se habilitó un terreno en una ladera donde se han cavado varias decenas de zanjas.

Se trata de un terreno muy amplio donde ya se han ido colocando los ataúdes uno al lado del otro, en una hilera, con una cruz blanca afuera, pero que, por su extensión, podría albergar miles de féretros más.

Sobre el terreno había un toldo bajo el que los funcionarios resguardaban más cruces, mientras avanzaban en cubrir con tierra las urnas ya colocadas en las fosas.

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Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada, Protección Civil y otros cuerpos avanzan con la identificación de edificaciones que deben ser demolidas o declaradas como habitables en distintas zonas de los siete estados afectados por los terremotos.

«Nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar -vivos o muertos-«, indicó a EFE Michell Gutiérrez, de 30 años, y quien desea desesperadamente encontrar a su papá para darle sepultura.

Explicó que el cuerpo de su padre se encuentra sepultado en un edificio en Catia La Mar y denunció, como otros, que no ha recibido ayuda gubernamental y que solo han llegado grupos rescatistas internacionales a la zona, como un equipo de México.

«No tengo nada, pero la verdad es que no me importa eso. Solo quiero recuperar a mi papá y darle la sepultura y acabar con este sufrimiento porque estar doce días aquí es una agonía, es una agonía, porque ya tenemos doce días aquí y no sabemos hasta cuándo va a ser», indicó.

Iryuri Wisi también buscaba en esa misma zona a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos, uno de 16 años y otro de apenas unos meses. Se quejó de que la ayuda tardó en llegar y aseguró que la asistencia gubernamental aún no ha alcanzado esa localidad. Incluso denunció que la policía militarizada no les ha prestado apoyo.

«Yo hubiese preferido haberme muerto allí, que seguir con ese suplicio que uno tiene (…) estamos desasistidos, que diga la presidenta Delcy Rodríguez en qué nos ha ayudado, yo me siento desasistida y sin miedo ya a nada, el miedo es este, el miedo está aquí, cada vez que se mete mi familiar, mi hijo, mi hermano, se meten allí a buscar a mi hermana o a su familia y se termine de desplomar eso (edificio)«, indicó.

Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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La mandataria, quien inspeccionó los trabajos de recuperación del aeropuerto, anunció un «plan inmediato para retomar a la brevedad» operaciones de aerolíneas comerciales, sin precisar cuándo tienen prevista la reanudación.

Sus declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que mostró imágenes de la maquinaria desplegada en la pista afectada por los sismos, que también causaron graves daños en las instalaciones de la terminal, ubicada en la devastada región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas).

El mismo día de los terremotos, la jefa de Estado anunció el cierre del aeropuerto y desde entonces varias aerolíneas han movido sus operaciones a la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo.

Rodríguez anunció el pasado sábado una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, aunque no precisó detalles sobre el plan, que estaría listo esta semana.

Asimismo, dijo que empezará un proceso de recuperación de los aeropuertos afectados, sin mencionar cuáles otros sufrieron daños, y que toda la infraestructura será atendida.

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«Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado», escribió Machado en su cuenta de X.

En este sentido, añadió que le han «puesto obstáculos», pero subrayó que no pueden impedir su apoyo a los afectados de los recientes terremotos, que han dejado 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridas, según el último reporte del Gobierno.

«Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro: el silencio, el polvo, la espera. Y sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras. Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca«, prometió Machado.

El pasado viernes, Machado dijo que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Bienvenido Velasco

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Rodríguez designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Faría, a quien ordenó «conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura» a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación del ingeniero Francisco Garcés como nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte.

Asimismo, informó que Jacqueline Faría fue designada presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace. Según… pic.twitter.com/hQCJ8d75vF

— Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) July 5, 2026

Garcés, nombrado recientemente como jefe de la comisión presidencial encargada de la inspección de viviendas afectadas, asume su nueva «responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer» el transporte, explicó la jefa de Estado en redes sociales.

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en La Guaira.

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Fuente de imagen referencial: EFE/VTV

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En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por las víctimas y encender unas velas en su honor.

En el suelo trazaron el mapa del país con velas y en el medio extendieron una gran bandera venezolana, mientras algunos sostenían carteles con mensajes como «Una luz por quienes siguen siendo buscados» y por aquellos que «lo perdieron todo».

La abogada Imaru Martínez dijo a EFE que la vigilia tuvo como objetivo enviar amor y esperanza a los que «hoy están sufriendo».

«No hay palabras para darles consuelo», expresó la mujer, para quien la actividad fue también una demostración de paz, de solidaridad y de que el venezolano «es un pueblo maravilloso» que está unido.

En este espacio funciona un importante centro de acopio de alimentos, agua potable, medicinas, insumos médicos y ropa, entre otros suministros, para los afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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El reporte detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14.599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 6.655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el Gobierno aseguró que 11 se encuentran en «proceso de ampliación».

Por su parte, en Caracas se han activado 37 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 8.078 plazas, de las cuales 3.234 están ocupadas por los afectados.

En el estado Miranda se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 1.787 plazas, albergando de momento a 813 personas.

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