Villegas encabezó una reunión donde representantes del programa y también de medios de comunicación, tanto públicos como privados, expusieron denuncias relacionadas con el ejercicio del periodismo, como la vulnerabilidad de estos trabajadores durante coberturas periodísticas.

La instalación de mesas de trabajo será el próximo 20 de marzo, y se abordarán asuntos relacionados con «algún tipo de violación a la libertad de expresión, al derecho a informar», declaró Villegas.

«Iremos, con mesas de trabajo, analizando las complejidades de la comunicación social y sus desafíos en la Venezuela actual«, apuntó el también ministro de Cultura.

A la reunión también acudieron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) y del Colegio Nacional de Periodistas.

El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, valoró de forma positiva la convocatoria del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa lanzada en enero para propiciar el diálogo entre varios sectores del país.

«Prefiero quedarme con el consenso, no firmado todavía, de que en este país nunca más pueda haber periodistas detenidos o de que hace falta medios independientes que sean realmente libres», declaró Ruiz a EFE.

En este sentido, subrayó que en 2026 Venezuela llegó a registrar 38 periodistas detenidos, aunque actualmente no hay trabajadores de la prensa arrestados, de acuerdo al sindicato.

Mencionó que hubo una serie de normas, como la ley contra el odio -en vigor desde 2017-, que son las que a su juicio «dieron sustento a una violación masiva a los derechos humanos».

Más temprano, una veintena de activistas y periodistas exigieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela que levante los bloqueos a sitios web y cese la «censura a Internet generalizada».

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido el martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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En la red social X, la organización advirtió que, hasta el momento, «no hay información concreta» sobre el paradero de Camargo, por lo que exigió a «las autoridades apoyo para ubicar y conocer la situación del reportero».

El jueves, el sindicato denunció que el periodista salió de su casa a las 8:05 hora local y fue «interceptado» por una «moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir».

De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó el SNTP.

De momento, ni el gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto.

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay periodistas detenidos «como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente».

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

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«El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet. Se considera que siendo una compañía europea viola las regulaciones internacionales al cercenar los derechos humanos en un país fuera de su ámbito», indicó la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.

La organización, que concluyó el domingo en Punta Cana, República Dominicana su 81ª asamblea anual, indicó que la radio y la televisión «están sometidas» a la llamada Ley Resorte que considera un «instrumento punitivo y discrecional que impone autocensura en todo el espectro radioeléctrico».

«No hay medios impresos independientes, solo algunos periódicos que responden al gobierno», añadió.

Igualmente, dijo que hay 18 periodistas y trabajadores de medios detenidos en el país, «como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración».

«Se teme un aumento de la represión y la violación de los derechos civiles, tras la decisión del gobierno de decretar el estado de conmoción exterior como respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país», advirtió el documento.

El decreto, según ha señalado la Administración de Maduro, «se activaría de manera inmediata» en caso de «cualquier tipo de agresión» contra Venezuela.

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El evento, que se inaugura de forma oficial el miércoles 16 de julio, recibirá a representantes de organizaciones y empresas como Google News Initiative, la Knight Foundation, TV Azteca, Infobae, Telemundo, la Organización Editorial Mexicana (OEM), la Agencia EFE, el New York Times y RC Noticias, entre otros.

En el encuentro, con el lema ‘Reinventar el futuro de los medios’, habrá presentaciones sobre inteligencia artificial generativa aplicada a todas las estructuras de los medios, estrategia editorial, audiencias, modelos de negocio, narrativas emergentes y libertad de prensa, expuso la SIP en un comunicado este miércoles.

La organización, con sede en Miami, remarcó que «uno de los focos principales será el impacto de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, la ética periodística y la innovación en redacciones».

Para ello, en la víspera de la inauguración oficial del evento, Mariana Alvarado, periodista e instructora de Google News Initiative, presentará NotebookLM, la herramienta de Google basada en IA.

«La IA no será solo un tema de conversación: se convertirá en una experiencia práctica y colaborativa, con tres talleres intensivos diseñados para periodistas, editores y directivos de medios», apuntó la SIP.

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, será uno de los oradores destacados con la charla ‘Narrativas emergentes para un mundo en crisis’ el jueves 17 de julio.

La SIP es una entidad sin fines de lucro para la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, donde está compuesta por más de 1.300 publicaciones de la región.

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El presidente de la SIP y CEO de la Prensa Gráfica de El Salvador, José Roberto Dutriz, comentó en el evento de lanzamiento de la red, efectuado en Costa Rica, país que acoge a decenas de periodistas exiliados, que se trata de «una respuesta directa a una crisis que afecta a quienes ejercen el periodismo y a las democracias».

«Hemos sido testigos del deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo. Regímenes autoritarios han forzado al exilio a periodistas que se han negado a ser silenciados», declaró Dutriz.

El presidente de la SIP subrayó que «el periodismo libre y de calidad es la más poderosa herramienta para combatir la desinformación» y enfatizó que «un periodismo robusto y valiente es clave para las democracias».

Objetivos de la red de apoyo a periodistas exiliados

Otro de los objetivos de la red es colaborar en la continuidad de la labor informativa de los periodistas en el exilio de forma segura y estable, facilitar el intercambio de información sobre la problemática y además respaldar a medios de comunicación que debieron trasladar sus redacciones a otros países por el acoso de regímenes autoritarios.

La red facilita asistencia legal y psicosocial, cuenta con un programa de empleo y otras herramientas para el desarrollo de la profesión como acceso a programas de capacitación y becas.

La SIP informó que en los últimos años ha documentado un sostenido aumento en el número de periodistas que deben salir al exilio desde países como Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Cuba y Ecuador, o que se ven obligados a desplazarse a otras regiones dentro de sus propios países, como en México y Colombia.

En el evento participó mediante un video el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien denunció que convertir a periodistas en apátridas «es un crimen de lesa humanidad» y obligarles a tomar el camino del exilio «es una forma de silenciar voces críticas».

«Cuando el Estado de derecho ha colapsado, la defensa de la libertad y la credibilidad de la profesión depende exclusivamente de estos periodistas que hacen frente a la persecución política, la violencia criminal en sus países o, incluso, la cárcel», aseveró.

La SIP detalló que decenas de periodistas latinoamericanos se ven forzados a moverse o emigrar debido a la violencia, las amenazas y la persecución por parte de grupos criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios. Asimismo, varios medios de comunicación fueron clausurados o debieron cerrar las redacciones en sus países de origen y mover sus operaciones al exterior.

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Explicó que el caso más reciente es el de la periodista Ana Carolina Guaita, trabajadora del medio digital La Patilla, quien fue detenida en horas de la tarde del martes cuando se encontraba cerca de su residencia en el estado La Guaira.

Según sus familiares, se cumplieron 24 horas desde el arresto sin que se conozca el paradero de la reportera ni las razones que motivaron su detención, llevada a cabo, de acuerdo con el SNTP, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El sindicato recordó que una decena de periodistas están tras las rejas en el país, cuatro de ellos detenidos en los meses anteriores a las elecciones, algunos durante la cobertura de actividades de campaña.

Al menos cuatro periodistas, detalló el SNTP, han sido imputados por el delito de «terrorismo» tras ser detenidos durante las protestas contra el resultado oficial de los comicios, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente electo para un tercer período consecutivo.

A través de X, la gremial alertó de un «uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales».

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el pasado 14 de agosto la imputación de este delito y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra los medios de comunicación en Venezuela.

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DOBLE LLAVE

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«En los últimos 20 años, de 2024 para atrás, (…) 405 medios han sido cerrados, prensa, radio, televisión, y también ha habido agresiones a portales informativos y persecución a quienes dirigen o llevan adelante esos portales», dijo en rueda de prensa el presidente del CNP, Tinedo Guía, quien explicó que esta situación representa también la «pérdida de lugares de trabajo para periodistas, para técnicos y para locutores».

Expresó que, a pesar de «las agresiones que ha recibido el ejercicio del periodismo en estos últimos 20 años», los periodistas siguen «adelante», al tiempo que llamó a estos profesionales a combatir las noticias falsas y los mensajes «dirigidos a confundir a la audiencia».

Por su parte, la secretaria general de la organización, Delvalle Canelón, dijo que «para nadie es un secreto» que «este cierre y los ataques contra los medios, los periodistas y las limitaciones que hay en el ejercicio del periodismo» forman parte de «una política de Estado».

Pronunciamiento en abril de la SIP sobre Venezuela

En abril pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela se mantiene un «apagón informativo casi total», porque -dijo entonces- los canales de televisión y emisoras de radio están «silenciadas».

Asimismo, indicó que no hay prensa escrita independiente, ya que -señaló- «algunos grandes periódicos fueron comprados por el Gobierno y los que existen de forma independiente debieron migrar a internet, espacio en el que sufren bloqueos digitales permanentes».

Según denunció la SIP, los periodistas en Venezuela corren el riesgo de sufrir «intimidación, persecución y detenciones arbitrarias».

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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El pasado mes, la ONG registró y clasificó 19 hechos de intimidación, ocho de censura, seis de restricción administrativa, cuatro de hostigamiento judicial, dos de amenazas y dos de hostigamiento verbal.

La organización señaló que instituciones públicas, cuerpos de seguridad, funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo «violentaron el derecho a la libertad de expresión» en febrero.

En una nota, Espacio Público menciona, entre los afectados, el caso del extrabajador de la estatal Pdvsa Carlos Salazar, quien estuvo desaparecido durante más de 20 días, tras publicar un video en el que mostró y criticó a Alex Saab.

En 2023 hubo disminución

De acuerdo con datos de esta ONG, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.

En noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, «igual que por muchos años», se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.

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Gerardo Contreras

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«La igualdad de género no puede ser un tema ocasional en las redacciones, debe ser una prioridad constante«, indicó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP.

«Es fundamental aumentar la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de los medios de comunicación, así como garantizar condiciones laborales equitativas, seguridad en el trabajo y salarios dignos», agregó.

Compromiso de la SIP

La organización, con sede en Miami, reafirmó su compromiso con la promoción de redacciones inclusivas, la protección del ejercicio periodístico seguro de las mujeres y la adopción de una agenda sensible a estas necesidades.

A nivel mundial -lamentó- persiste una brecha significativa en los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

De acuerdo con el Banco Mundial, cerca de 2.400 millones de mujeres en edad laboral aún enfrentan desigualdades jurídicas en comparación con los hombres.

La SIP señaló que en la industria del periodismo persiste la brecha salarial, la limitada presencia en roles de liderazgo y un entorno laboral complejo, exacerbado por el creciente acoso en línea en represalia por su labor informativa y riesgo físico producto de un ambiente cada vez más violento en la región.

En particular, la SIP subrayó el fenómeno del ‘doxxing’, que implica la exposición de datos personales y emerge como una amenaza de gran peligro para las mujeres periodistas, según un informe de la Unesco.

«Afirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para promover un entorno periodístico inclusivo y seguro para todas las mujeres. Una sociedad inclusiva es, desde cualquier ángulo, una necesidad, una condición para el desarrollo», señaló el presidente de la SIP Roberto Rock.

Trato igualitario para las mujeres

El progreso hacia un trato igualitario para las mujeres ha caído al ritmo más bajo en los últimos 20 años, según datos del Banco Mundial.

La SIP además recordó que este año, más de la mitad de la población mundial acudirá a las urnas, y en ese marco el compromiso de la agenda de género no puede recaer sólo en la buena voluntad de quienes se postulan a cargos electivos: debe ser tema permanente en la cobertura periodística.

«En países como México, donde se prevé que sea elegida la primera presidenta, es fundamental un seguimiento periodístico profesional y persistente, con un enfoque en el desarrollo económico que mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía», indicó la SIP.

Las políticas que empoderan a las mujeres no solo fortalecen la economía, sino que también son vitales para alcanzar un desarrollo sostenible, agregó.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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Rodrigo Bonilla, de Google, y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, explicaron que este segundo grupo se suma a los 40 medios de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana que iniciaron el programa en julio de 2023.

En total son 80 los medios latinoamericanos que han sido beneficiados por este programa, el Enhanced Fundamentals Lab.

Estos medios fueron seleccionados tomando en cuenta aspectos como el contenido, las oportunidades de mejora en sus sitios, redes sociales y su compromiso con el periodismo independiente.

Los medios venezolanos seleccionados son El Impulso, Meridiano, El Nacional, y 2001 (los cuales son miembros del Bloque de Prensa Digital de Venezuela, BPDV), así como El Regional del Zulia, El Carabobeño, La Prensa de Lara, Runrun.es, Efecto Cocuyo, El Pitazo, y La Vida de Nos.

Estos son los medios suramericanos seleccionados por SIP y Google para transformación digital https://t.co/OJNBcNw637

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 31, 2024

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Fiorella Tagliafico

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El peligro del crimen organizado

El presidente de la SIP, Roberto Rock, señaló que, en su opinión, la creciente presencia del crimen organizado representa el principal peligro para el ejercicio periodístico en las Américas, especialmente en la región latinoamericana y de El Caribe. Esta alerta pone de relieve los desafíos cruciales que enfrenta la prensa en un entorno adverso.

En un mensaje de fin de año, Rock describió el balance del año 2023 como «francamente negativo». Además de las amenazas autoritarias y del crimen organizado, señaló la debilidad económica de los medios, enfrentando el colapso del modelo de negocios basado en la publicidad.

Desafíos para la libertad

Este pronunciamiento destaca los múltiples desafíos que la libertad de prensa enfrenta en la actualidad, desde factores políticos hasta presiones económicas, subrayando la importancia de abordar estas cuestiones para salvaguardar la integridad y la independencia de los medios.

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Gabriel Velásquez

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Trotti comentó en estos seis últimos meses la situación de la libertad de prensa en la región no ha hecho más que agravarse, «con una serie de rasgos dominantes en recientes años, como son la violencia contra los medios, el asesinato y encarcelamiento de periodistas«.

En un reporte, la organización informó que en estos tres primeros meses del año fueron asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, 8 de ellos en México, una cifra alarmante que revela la deficiencia de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales, un asunto que se abordará en la Reunión de Medio Año, que será en formato virtual.

Trotti, exeditor jefe del diario «El Liberal», de Argentina, reconoció sentir “frustración e impotencia” al comprobar cómo los rápidos retrocesos en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión echan por tierra los costosos avances realizados.

Se ha agudizado la “represión” y la “violencia” contra los periodistas en América Latina, según Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa https://t.co/SCepNp7W8l

— FRANCE 24 Español (@France24_es) April 18, 2022

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Gabriel Velásquez

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Además, la misma también pidió al medio eliminar un artículo ya publicado y abstenerse de buscar información de interés periodístico sobre el Proyecto Veritas, grupo activista que practica la vigilancia electrónica contra medios de comunicación de tendencia liberal, que demandó por difamación al diario en 2020.

El magistrado de la Corte Suprema de Nueva York, Charles Wood, ratificó que el New York Times debe evitar publicar contenidos de conversaciones del grupo Proyecto Veritas y sus abogados.

Asimismo, ordenó al periódico retornar esos archivos a la organización y destruir las copias electrónicas en su poder.

En este sentido, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, señaló que la orden “viola preceptos sobre censura previa y se entromete en los contenidos y los procesos editoriales”, que están protegidos por la primera enmienda de la constitución estadounidense.

The New York Times apelará el fallo

Por su parte, el director de The New York Times, A. G. Sulzberger, afirmó que apelará el fallo, pues considera que contradice una decisión que la Corte Suprema de Justicia dictó en 1971.

En ese entonces se le permitió al diario publicar los Papeles del Pentágono por considerarlos de interés público cuando el gobierno afirmaba que eran de carácter confidencial.

Sulzberger afirmó que el fallo también pone en riesgo las fuentes de información.

En la orden judicial, el magistrado Woods señaló que más allá de la libertad de prensa, el periódico no puede pasar por encima la relación de confidencialidad entre abogados y clientes durante un litigio.

Restricciones informativas

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo que la SIP se sumará a un grupo de organizaciones y que prevé presentar un amicus curiae ante la Corte Suprema para pedir que el magistrado Wood deje de lado las restricciones informativas.

Anteriormente, organizaciones de libertad de prensa, como el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, señalaron que el fallo es un “peligro para la libertad de prensa” precisamente.

En el amicus presentado el 22 de noviembre, explicaron que el derecho a la libertad de prensa, prohíbe al congreso dictar leyes contra la misma

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Gabriela Morales

Con información de la SIP, agencias de noticias y otros medios internacionales y nacionales estadounidenses

La organización recordó que la semana pasada durante su visita a la ciudad de Arequipa, Castillo “amenazó” con no otorgar publicidad oficial a los medios de comunicación que “tergiversen la realidad”.

El mandatario, que afronta una moción de destitución presentada por la oposición en el Congreso peruano, añadió que los medios venden su línea editorial favorable al gobierno a cambio de que se les asigne “presupuesto”.

Estas declaraciones motivaron que el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión negaran que los medios de comunicación “hayan condicionado su posición o línea editorial a la inversión en publicidad que realice el Estado”. Además, señalaron que la publicidad estatal representa un 5 % de sus ingresos totales.

La SIP calificó de “práctica corrupta” el manejo discriminatorio de la publicidad oficial por parte de los gobiernos

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ese organismo, Carlos Jornet, resaltaron que la publicidad oficial no debe ser una herramienta del gobierno para premiar o castigar a los medios o periodistas críticos, y por el contrario se deben administrar con “transparencia y criterios técnicos y de eficiencia”.

“Es importante que el Congreso de Perú legisle y ordene la forma en que varios gobiernos han venido utilizando los fondos públicos para su propio beneficio y discriminando con la pauta oficial a aquellos medios que consideran críticos”, declararon de forma conjunta en un comunicado.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, rechazaron los recientes actos de violencia en México y Bolivia e instaron a las autoridades de ambos países a “profundizar sus investigaciones, señalar y juzgar a todos los involucrados en estos hechos”.

En México, Alfredo Cardoso Echeverría, fotoperiodista y administrador en Facebook de la página Dos Costas de Guerrero Periodismo Plural, murió el 31 de octubre a causa de las lesiones provocadas por al menos cinco disparos.

En Bolivia, el 28 de octubre siete periodistas de varios medios de comunicación, además de policías y civiles, fueron agredidos, secuestrados y torturados por una veintena de encapuchados que portaban armas largas, mientras cubrían una denuncia sobre la toma de tierras en una comunidad de la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.

Este año asesinaron a siete periodistas en México y uno, respectivamente, en Brasil, Colombia, Ecuador y Haití

Periodistas torturados

La SIP viene observando con gran preocupación un aumento en los niveles de hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y asesinatos contra periodistas, hechos que “profundizan la peligrosidad y asfixia del ejercicio del periodismo en varios países de las Américas”.

En su reciente Asamblea General, la SIP identificó ataques y amenazas contra periodistas en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Preocupación por aumento en los niveles de hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y asesinatos contra periodistas, que profundizan la peligrosidad y asfixia del ejercicio del periodismo en varios países de las Américas. https://t.co/sMZQMk6Yg9

— SIP • IAPA (@sip_oficial) November 1, 2021

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

Además de Constantín, la SIP fue informada por fuentes cercanas a la policía de que dos periodistas también de La Hora de Cuba permanecen detenidas: la diseñadora Neife Rigau y la fotógrafa Iris Mariño. Trascendió que ambas pueden ser liberadas en las próximas horas bajo el régimen de arresto domiciliario por tiempo indefinido.

Sin embargo, a Constantín, detenido desde el pasado domingo, cuando comenzaron las inéditas protestas contra el gobierno, le serán formulados cargos y se le abrirá juicio.

Henry Constantín y otros periodistas detenidos

Fuentes que prefirieron mantener el anonimato, indicaron que un policía informó que Constantín “está muy embarcado”, en alusión a su papel como director de la revista y como vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en ese país.

Las protestas son las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado “maleconazo” de agosto de 1994

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, reclamaron la liberación inmediata de Constantín, Rigau y Mariño, a la vez que responsabilizaron al gobierno cubano de “cualquier atropello en su contra”.

Para Canahuati y Jornet, el único delito cometido por los periodistas arrestados es el de “informar, ejercer de periodistas independientes y comentar sobre las violaciones a la libertad de prensa”.

Por otra parte, fue detenida la corresponsal del diario español ABC, Camila Acosta, a quien se acusa de “desacato y desorden público”.

Según la SIP, más de 5.000 personas están detenidas, incluidas unos 120 activistas y periodistas.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

A la pareja se les imputaba peculado de uso y porte ilícito de arma de fuego. La juez María José Romero decretó la nulidad de las actas y la defensa solicitó que se remitan a la Fiscalía para que se haga justicia en torno a un procedimiento que dañó la moral de la familia

— SNTP (@sntpvenezuela) May 30, 2021

Hurtado y su esposa estuvieron desaparecidos por más de 12 horas, «luego de que un cuerpo policial sin identificación allanará su casa», en la localidad de Punto Fijo, estado Falcón, la noche del jueves, según el sindicato.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó recientemente «la violencia sistemática del gobierno de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa» y los ataques a periodistas y medios.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales y redes sociales

En un mensaje difundido a través de su cuenta en Twitter, Otero anunció que un juez en compañía de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejecutaría la medida.

Por su parte, el gerente general del diario, Jorge Makriniotis, dijo el viernes por medio de un vídeo que “hoy nos están embargando, nos están quitando los bienes por un daño supuesto, esto es ilegal por completo”.

Asimismo, Makriniotis aseguró que viven otra vez un proceso “ilegal e injusto” que calificó de “arremetida contra El Nacional”, un diario que hoy no se publica en papel y que, sostuvo, “tiene 78 años de historia, llevando información real al país”.

Atención: En este momento un juez rodeado de guardias nacionales tienen tomado el edificio de El Nacional para embargar todo.

— Miguel H Otero (@miguelhotero) May 14, 2021

«No hay palabras para repudiar ataques contra un periódico que es un símbolo para los venezolanos»: así reacciona la sociedad civil ante embargo contra El Nacional https://t.co/2rijLv11Bg vía @ElNacionalWeb

— Miguel H Otero (@miguelhotero) May 15, 2021

La SIP emitió denuncia y declaración frente a la medida judicial

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este sábado 15 de mayo la medida judicial contra el diario, al que calificó como “embargo político”, y convocó a la comunidad internacional a tomar “acción”.

En un comunicado, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que el “embargo político contra el diario El Nacional quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas”.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó por su parte su solidaridad con los directivos y personal de El Nacional.

Proceso de demanda iniciado en 2015

Diosdado Cabello

Esta medida hace parte y resulta de un largo proceso judicial en el que la justicia venezolana consideró que Diosdado Cabello fue víctima de daño moral, y en el cual se han venido produciendo nuevas actuaciones y decisiones.

Cabello, actual diputado al parlamento venezolano, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder oficialista era investigado por presuntos nexos o responsabilidades con el narcotráfico.

En junio de 2018, el entonces miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Pedro Carreño informó que un tribunal de Caracas falló a favor de Cabello y ordenó a El Nacional pagar unos 12.500 dólares a la tasa de cambio de la fecha como indemnización.

Entonces, Carreño aseveró que si el pago de la indemnización no se hacía efectivo Cabello procedería a hacer una «medida de aseguramiento» de las instalaciones del medio.

A la fecha el monto de la indemnización fue actualizado o aumentando “es una cifra astronómica (…) no hay cómo” pagarla, dijo hace unas semanas en una entrevista el abogado del diario, Juan Garantón, quien agregó que se había pedido una aclaratoria al tribunal sobre cómo fue calculado el monto millonario de pago.

La sala civil del TSJ condenó a pagar 237,000 petros, “cantidad que nunca fuera demandada ni manejada dentro de juicio (…) sin explicar de modo alguno el cómo se determina la cifra a pagar como indemnización”, planteaba el pedido de aclaratoria de una página enviado por Garantón por correo electrónico a la corte.

Cabello también interpuso demandas contra los accionistas, directores, consejo editorial y dueños del periódico digital La Patilla y el semanario Tal Cual, luego de que estos medios se hicieran eco, al igual que El Nacional, de la información publicada por ABC.

En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de Cabello y condenó a La Patilla a pagarle más de 5 millones de dólares.

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Gabriela Morales

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