«John Thune no debería permitir que el Senado ‘se marche’ hasta aprobar la Ley ‘Save America’ o, mucho mejor aún, hasta eliminar el filibusterismo», publicó Trump en su red Truth Social, presionando nuevamente para erradicar el mecanismo que exige una mayoría cualificada de 60 votos para someter proyectos a votación.

Actualmente, la bancada republicana cuenta con 53 escaños, lo que ha mantenido estancada la propuesta aprobada en la Cámara de Representantes desde marzo.

El proyecto de ley ha generado un fuerte rechazo entre legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles, que advierten que la exigencia de presentar una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía, en un país sin DNI obligatorio, podría dejar a millones de ciudadanos sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto.

Pese a que el propio Thune ha reconocido que el partido no cuenta con los apoyos necesarios para superar el filtro parlamentario a dos semanas del receso, Trump reiteró sus descalificativos hacia la oposición demócrata y dejó un duro mensaje a sus filas: «Recuerden, la estupidez siempre trae derrota y muerte».

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«Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones», afirmó el parlamentario en una publicación en Telegram, sin dar más detalles sobre los temas que abordaron en el encuentro.

En su mensaje, Rodríguez detalló que la reunión se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, la sede parlamentaria en Caracas, y divulgó varias fotografías del encuentro, en el que participaron también los vicepresidentes parlamentarios Pedro Infante y Grecia Colmenares.

Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, indicó en su cuenta de X que dicha instancia también sostendría una «sesión histórica» con los representantes estadounidenses.

Las reuniones se desarrollaron en simultáneo a múltiples cambios ministeriales anunciados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entre los que destaca la destitución de Vladimir Padrino López, tras más de una década como ministro de Defensa, y la designación en ese cargo del general Gustavo González López.

La semana pasada, el diputado opositor Antonio Ecarri, quien también integra la comisión de seguimiento de la amnistía, aseguró que propondría la creación de un «grupo de amistad» entre el Parlamento de Venezuela y el de EEUU.

Desde que Delcy Rodríguez asumió el Ejecutivo, tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense el 3 de enero, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

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Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del gobierno de Trump hacia Venezuela.

María Corina Machado se encuentra en la capital estadounidense desde que el pasado 15 de enero, se reunió con Trump en la Casa Blanca para tratar la situación en Venezuela tras el ataque estadounidense del 3 de enero que resultó en el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Trump sostiene que tiene muy buena relación con el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.

Según el republicano, Estados Unidos tutela Venezuela y ha logrado acuerdos petroleros y obtenido la liberación de varios presos políticos.

Aunque en un inicio la Casa Blanca dejó a un lado del proceso de transición a Machado, Trump expresó su deseo de «involucrar» también a la opositora en el futuro de Venezuela tras reunirse con ella.

En su discurso, que fue publicado el martes, Marco Rubio advertirá que Trump no descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

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Ambos secretarios participarán en una reunión informativa con todos los senadores, según explicó el líder de la minoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

El demócrata acusó a la Administración de estar llevando a cabo «acciones imprudentes y deshonestas» y aseguró que «el pueblo estadounidense merece que se le informe» y los legisladores de su partido tienen «la intención de hacerlo».

Tanto Rubio como Hegseth han participado en otras reuniones para explicar la campaña militar que están llevando a cabo bajo el pretexto de acabar con el narcotráfico, pero ninguna con todos los senadores; se han celebrado encuentros a puerta cerrada con el liderazgo de ambas cámaras o pequeños grupos de comités de seguridad nacional.

Varios senadores demócratas han criticado a la Administración al asegurar que estos encuentros fueron demasiado restringidos y no sirvieron para conocer toda la información.

La presión sobre Rubio y Hegseth es cada vez mayor. Los legisladores del Congreso condicionaron parte de los fondos del Pentágono a la publicación del video completo del ataque contra los dos supervivientes de un primer bombardeo contra una lancha supuestamente cargada de droga en aguas del Caribe.

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Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta reunión se celebró después de que legisladores estadounidenses de ambas bancadas pidieran explicaciones a la Administración tras una publicación de The Washington Post, que informó que en ese ataque, donde murieron once tripulantes de una lancha que transportaba supuestamente drogas, se ejecutó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes del ataque inicial.

Cotton, que formó parte del encuentro, defendió la postura del almirante y dijo que de estar en su lugar hubiera ordenado múltiples ataques.

En cambio, el legislador demócrata Jim Himes definió lo que observó durante la reunión como «una de las cosas más inquietantes» que ha presenciado en su vida y aseguró que en el video del segundo ataque se ve a dos personas en situación de peligro que son asesinadas por Estados Unidos.

Preguntado por la prensa el miércoles en la Casa Blanca, Trump dijo que el Pentágono publicará el video del segundo bombardeo, aunque restó importancia a la polémica, igual que lo ha hecho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien afirma que no supervisó directamente la operación.

Un funcionario de Defensa explicó a la cadena NBC News que el almirante consideró que los dos supervivientes fueron considerados como objetivos militares legítimos que pudo identificar como «narcoterroristas».

Según cifras confirmadas por el Pentágono, desde el inicio de las operaciones militares en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de veintiún ataques contra presuntas lanchas que transportaban drogas, donde han muerto 82 supuestos personas supuestamente vinculadas al narcotráfico.

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La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental que se están llevando a cabo desde agosto pasado.

La norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.

Ataques en el Caribe

El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que la Administración informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están «cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente».

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra ha oficializado el ataque a más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas de droga y la eliminación de más de sus 66 tripulantes, a los que han vinculado a organizaciones criminales.

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Es por ello que el actual cierre de Gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre, alcanzará el lunes su trigésimo cuarto día, muy cerca ya del récord histórico registrado en el primer mandato de Donald Trump, cuando entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.

Existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730.000 empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre, puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte.

En el cierre de 2018-2019 fueron las bajas por enfermedad de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el Congreso.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.

Los expertos creen que el 1 de noviembre será una fecha clave en el actual cierre, ya que ese día muchos estados han dicho que se quedarán sin fondos para financiar los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

Ese mismo día se publicarán a su vez las tarifas actualizadas del Obamacare, lo que, unido a lo anterior, puede servir de acicate para que ambos partidos se sienten a negociar un presupuesto para reabrir el Gobierno.

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La iniciativa, liderada por el senador demócrata Adam Schiff, de California, y copatrocinada por los senadores de su partido Tim Kaine, de Virginia; Ron Wyden, de Oregón, y el independiente de Vermont, Bernie Sanders, fue derrotada por 48 votos a favor y 51 votos en contra.

El objetivo de este proyecto es poner fin a los ataques de las Fuerzas Armadas de EEUU, no autorizados por el Congreso, contra lanchas en el mar Caribe en las que, en su mayoría, aseguran que viajan narcotraficantes que quieren llevar droga de Venezuela a EEUU.

Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se llevó a cabo el primer ataque, se han destruido al menos cinco lanchas en el Caribe. Según funcionarios estadounidenses, 21 personas, acusadas de tráfico de drogas, han muerto en los ataques.

El texto recoge en sus primeras líneas la capacidad «exclusiva» del Congreso para declarar una guerra, como señala la Constitución en su primer artículo, y recuerda que no lo ha hecho ni tampoco ha autorizado el uso de la fuerza.

Trump, sin embargo, declaró formalmente que EEUU está involucrado en un «conflicto armado no internacional» contra los carteles del narcotráfico, con la intención de justificar sus ataques.

Iniciativa «peligrosa»

«La designación de una entidad como organización terrorista extranjera o terrorista global especialmente designado no otorga al presidente autoridad legal para usar la fuerza contra los miembros de las organizaciones designadas ni contra ningún Estado extranjero», apunta la resolución.

El proyecto ordena al presidente que cese el uso de la fuerza «a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica».

«El tráfico de drogas ilegales no constituye en sí un ataque armado o una amenaza de ataque armado inminente», concluye.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó la iniciativa y la calificó de «peligrosa».

«Esta resolución busca despojar al presidente Trump de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros proxies iraníes», escribió en un mensaje en X.

La iniciativa matiza que no busca impedir que Estados Unidos se defienda de un ataque armado o de una amenaza de ataque armado inminente.

EEUU ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

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Con 33 votos a favor y 20 en contra, el Senado «declara políticamente al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas».

Para la Cámara Alta, el grupo criminal es «una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial».

«En tal virtud, el Senado de la República exhorta al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional», agregó la información.

El Cartel de los Soles»no existe»

Sin embargo, el mes pasado el presidente Petro aseguró que «no existe» el Cartel de los Soles y dijo que «es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen».

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump y ahora Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50.000.000 de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

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En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que «liderará un movimiento» para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que «consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de paper con marcas de agua».

Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para «devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les diga».

El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta «estafa».

Los cambios propuestos por Trump, se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.

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«Es muy importante que todos los republicanos se adhieran a mi Proyecto de Ley de Rescisiones y, en particular, que desfinancien la CORPORACIÓN DE RADIODIFUSIÓN PÚBLICA (PBS y NPR), que es peor que CNN y MSDNC juntas», dijo en su red social, Truth Social.

En un mensaje escrito con sus habituales mayúsculas y signos de exclamación, el mandatario añadió que «cualquier republicano que vote para permitir que esta monstruosidad siga transmitiendo» no tendrá su respaldo.

Estados Unidos celebra en 2026 elecciones de medio mandato, en las que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Esas dos cámaras están actualmente en manos de los conservadores.

Trump firmó en mayo una orden ejecutiva que ordena suspender la financiación federal destinada a NPR y a PBS, a las que acusa desde hace años de mantener un sesgo izquierdista.

La CPB, creada por el Congreso en 1967, es el principal canal de distribución de fondos federales para los medios públicos y cuenta con un presupuesto de unos 535 millones de dólares para el actual ejercicio fiscal.

La financiación de NPR y PBS depende del Congreso, por lo que el decreto podría toparse con desafíos legales. PBS centra buena parte de su programación en contenido educativo y documentales, mientras que NPR se especializa en noticias y música, con formatos populares como los conciertos «Tiny Desk».

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La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, fue descartada tras una votación de 53 a 47, casi una semana después de que el Ejecutivo ordenara, sin consultar previamente a la Cámara de Representantes ni al Senado, ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Kaine había invocado la Ley de Poderes de Guerra, que busca limitar la facultad del presidente para entrar a un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso, pero la iniciativa contaba con pocas posibilidades de éxito debido a que el senado está controlado por los republicanos.

Trump celebró éxito de sus ataques

Trump aseguró durante una conferencia de prensa que «sin lugar a dudas» atacaría a Irán si los servicios de inteligencia concluyeran que dicho país podría enriquecer uranio a niveles preocupantes.

El mandatario también celebró el «éxito rotundo» de los ataques estadounidenses del fin de semana pasado a las instalaciones de Fordó, Isfahán y Natanz que, según recordó, propiciaron un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel que puso fin a 12 días de fuego cruzado y desescaló la tensa situación en Oriente Medio.

Sin embargo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aseguró el jueves que Estados Unidos «no obtuvo ningún logro» de los ataques a sus instalaciones nucleares.

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«Fue aprobado el proyecto de ley que busca modificar parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia», señaló el Senado en la red social X, donde afirmó que 13 congresistas de la Comisión Cuarta votaron a favor de la iniciativa y dos en contra.

El proyecto en discusión irá a la plenaria del Senado y después seguirá la conciliación porque los textos aprobados en Cámara y en Senado son diferentes. Si pasa esas instancias pasará a la firma del presidente y se convertirá en ley.

La aprobación se da justo antes de que las centrales obreras, el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales se preparan para un «gran paro nacional» en las principales ciudades del país para respaldar la consulta popular y las reformas sociales.

Tensión entre el Gobierno y el Congreso por la reforma 

La convocatoria llega en un momento de tensión entre el Gobierno y el Congreso, después de que el Senado rechazara a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para reflotar su reforma laboral, una de las iniciativas más emblemáticas de su agenda de Gobierno.

El Gobierno volvió a radicar el pasado lunes una nueva solicitud de consulta popular, esta vez con 16 preguntas: las 12 originales centradas en la reforma laboral, y otras cuatro vinculadas a asuntos del sistema de salud.

Sin embargo, el Senado está enfocado en sacar en tiempo récord la reforma que había sido hundida en marzo, pues esta iniciativa fue revivida el día en que fue rechazada la consulta popular y actualmente es la que se debate en esa Cámara.

El Gobierno, no obstante, decidió presentar una ponencia alternativa, que ya fue negada, y no apoyar el proyecto original luego de que los sindicatos advirtieran que la ponencia con la que fue revivida se están eliminando derechos, discriminando a las pymes y precarizando el empleo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, valoró que esta aprobación «es bastante amplia para el Gobierno» y dijo que aunque se siente contento todavía no celebra nada «porque todavía falta un debate».

La reforma laboral es una de las múltiples iniciativas promovidas por Petro en el Congreso. Hasta ahora, solo la tributaria y la pensional han logrado ser aprobadas, mientras que las reformas a la salud y a la educación fueron archivadas.

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El texto fue aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia, que lo remitirá al pleno de la Cámara alta, que en caso de apoyarlo lo enviará a la Cámara de Diputados para la discusión definitiva.

Según la propuesta, en el caso de la Presidencia, el fin de la reelección comenzaría a aplicarse a partir de los comicios de 2030, por lo que el mandatario elegido ese año ya no podría aspirar a un nuevo periodo de forma consecutiva.

También dice que la ampliación de los mandatos del presidente, los gobernadores y alcaldes de los actuales cuatro años a cinco solo entraría en vigor a partir de 2034, con lo que los elegidos ese año asumirían en 2035 y ejercerían sus cargos hasta 2040, sin posibilidad de reelección inmediata.

En Brasil, desde 1989 se permite la reelección de un presidente por dos mandatos consecutivos, una norma que vale también para los gobernadores y alcaldes, todos cargos que tienen un mandato de cuatro años.

Reelección en Brasil

El primer presidente reelegido fue Fernando Henrique Cardoso, quien impulsó la reforma que le permitió volver a ser candidato y gobernó en dos periodos consecutivos, entre 1995 y 2002.

Le sucedió Luiz Inácio Lula da Silva, quien también ejerció el cargo durante dos mandatos consecutivos (2003-2010) y volvió al poder en enero de 2023, tras derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Desde que la reelección entró en vigor, el líder de la extrema derecha ha sido el único presidente que fracasó en su intento de conservar el cargo, algo que también consiguió Dilma Rousseff, quien ganó en 2010, fue reelegida cuatro años después y finalmente fue destituida en 2016, por presuntas irregularidades fiscales.

Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2026, por lo que Lula, actual mandatario, quien para entonces tendrá 80 años, podría aspirar a un nuevo mandato consecutivo, aunque aún no ha confirmado si tiene intenciones de volver a postular.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Elvis González

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La decisión indica que ordenó «la apertura de investigación previa en contra del Presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego», que se deriva de la denuncia interpuesta por el concejal uribista de Bogotá Daniel Briceño.

La Comisión, único ente habilitado para investigar a un presidente, citó además a Briceño y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para el próximo 19 de noviembre a «una diligencia virtual para ratificar su denuncia».

La indagación, que busca determinar si a la campaña de 2022 entraron dineros de fuentes ilegales, estará a cargo de los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Leonardo Gallego (Partido Liberal) y Alirio Uribe (Polo Democrático).

Campaña de Petro

El pasado 19 de abril, Víctor Eduardo Muñoz, abogado del empresario Ómar Hernández Doux-Ruisseau, una de las personas vinculadas a la criptomoneda Daily Cop, aseguró a Caracol Radio que su cliente «conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos, directamente de los dineros ilícitos producto de la captación, que entraron directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro».

El dinero, dijo el abogado, fue «pactado en especie, directamente, con la consecución de un avión King Air que tenía la empresa Sadi«, que es «una vertiente de la criptomoneda» y «se capitalizó con el dinero de la gente».

Hernández y otras cinco personas fueron enviadas a prisión en octubre del año pasado luego de que la Fiscalía los imputó por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no aceptaron.

Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales, que prometía ganancias en pesos colombianos del 0,5 % diarios y 12 % mensuales, que resultó en una estafa en la que perdieron su dinero más de 100.000 personas.

Este no es el único caso en que se investiga la campaña presidencial de Petro. En octubre pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación y formuló cargos a su campaña de 2022.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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El triunfo del CPP abre la puerta al regreso a la arena política de Hun Sen, quien dejó el poder en agosto de 2023 en manos de su hijo mayor, Hun Manet.

El CPP se hace con la mayoría absoluta de la cámara alta

Según los datos publicados por el Comité Electoral de Camboya, el CPP logró 55 de los 58 escaños en liza de la cámara alta, compuesta por un total de 62 senadores, con los otros cuatro designados directamente por el rey y la Asamblea Nacional.

El CPP obtuvo el 82,4 % de los votos, frente al 9 % del opositor Partido de la Voluntad Jemer, que logró los tres escaños restantes. Los otros 15 partidos que participaron en los comicios no consiguieron ningún representante.

Hun Sen busca ser el presidente del Senado

Hun Sen, de 71 años, ya avanzó su plan de liderar la lista de su partido para el Senado y ser nombrado presidente de la cámara alta, una posición que le permitiría seguir influyendo en la política del país.

El político fue el primer ministro de Camboya durante casi cuatro décadas, hasta que cedió el cargo a su hijo Hun Manet, de 45 años, en un movimiento que fue visto como una forma de asegurar la continuidad de su dinastía.

Hun Sen ha sido acusado de reprimir a la oposición, controlar los medios de comunicación y violar los derechos humanos.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial : Roth Chanvirak/Unsplash

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Los agentes que resguardan los edificios del Congreso revisaron todas las oficinas del Senado y sus alrededores sin identificar actividades ni personas sospechosas, por lo que regresaron a sus puestos, detalló la nota.

En las redes sociales, la Policía del Capitolio informó que las oficinas ya están listas para el «reingreso»

Poco más de una hora antes, las autoridades habían pedido a los trabajadores del Senado que desalojaran sus oficinas o buscaran refugio tras haber recibido una llamada de alerta.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de agencias y medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @fedenicol71

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Altman enfatizó que la intervención regulatoria por parte de los gobiernos es crucial ante la creciente potencia de los modelos de IA. Además, subrayó la necesidad de que el desarrollo se base en valores democráticos, y resaltó el papel determinante del liderazgo de Estados Unidos en este ámbito.

Tras el lanzamiento del ChatGPT, un robot conversacional capaz de generar contenido similar al humano de manera instantánea, los gobiernos de todo el mundo se encuentran bajo presión para tomar medidas al respecto.

Gobiernos deben establecer marcos legales

Ante este escenario, se espera que los gobiernos y las instituciones internacionales trabajen en conjunto para establecer marcos legales y normativos que promuevan la transparencia, la responsabilidad además de la protección de los derechos humanos en el ámbito de la IA.

La regulación adecuada y actualizada permitirá maximizar los beneficios de la IA mientras se minimizan los riesgos y se protege el bienestar de las sociedades en el mundo digital en constante evolución.

«Si esta tecnología sale mal, puede salir bastante mal».

– El CEO de @OpenAI, Sam Altman, admite que sus «peores temores» son que la IA «cause un daño significativo al mundo» en una audiencia sobre inteligencia artificial en el Senado. pic.twitter.com/HSV6ZRtVJ7

— Tecnología & Gadgets (@revolutegplus) May 16, 2023

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Peña, quien algunos analistas consideran como un joven «tecnócrata» se impuso con el 45.98 % de los votos sobre el opositor Alegre, que suma un 28.71 %, cuando se lleva contabilizado el 24.96 % de los votos emitidos, según informó hace algunas horas el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

🇵🇾#AHORA – 🔴Con el triunfo de Santiago Peña, Paraguay detiene la
seguidilla de victorias electorales de la izquierda latinoamericana. pic.twitter.com/s3ImEzbcv3

— DATOWORLD (@Datoworld) April 30, 2023

La Alianza Nacional Republicana, el otro nombre por el que se conoce al Partido Colorado, también lidera la votación para el Senado.

La participación en esta jornada electoral en la que igualmente se elige a diputados, gobernadores y concejales, se sitúa en el 59,75 %.

🇵🇾 #Paraguay – Proyección

🔴Santiago Peña del Partido Colorado (Derecha) nuevo presidente de Paraguay pic.twitter.com/cX39SukamO

— DATOWORLD (@Datoworld) April 30, 2023

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Gabriel  Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: @santipenap, vía Twitter

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El Senado, en dos votaciones y por amplia mayoría, ratificó los cambios de la enmienda que fueron aprobados también en dos sesiones por el plenario de la Cámara de Diputados la noche del martes y en la tarde de este mismo miércoles.

La enmienda que garantiza el cumplimiento de una promesa de campaña de Lula obtuvo en las dos sesiones, de la Cámara de Diputados, más de los 308 votos necesarios para su aprobación y en el Senado pasó con 63 votos a favor y 11 en contra en las dos votaciones.

La aprobación, que ahora será promulgada por el Congreso tras varias jornadas de intensas negociaciones entre aliados y opositores, es considerada como una importante victoria para Lula, que asumirá la Presidencia de Brasil el 1 de enero.

La votación en el Parlamento se realizó a pesar de que esta semana una decisión de la Corte Suprema ya facultaba al Ejecutivo para modificar el presupuesto para garantizar los subsidios a los más pobres sin depender de la aprobación de la enmienda.

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Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: CGTN, vía web

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