Los estudiantes salieron de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y bloquearon durante unos veinte minutos la autopista a la altura de Plaza Venezuela, en la que desplegaron una gran tela blanca con el mensaje ‘Cuando las madres lloran, la juventud no ignora’.

Posteriormente, reanudaron la movilización hacia la Plaza Venezuela, donde un grupo de jóvenes y funcionarios policiales intercambiaron golpes e insultos cerca de unas instalaciones del cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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Sus abogados, habrían señalado que el magnate acudió voluntariamente al encuentro con funcionarios de inteligencia y desde ese momento permanece retenido, sin que se haya informado oficialmente su paradero o los motivos de la medida.

El equipo legal del empresario manifestó preocupación por su situación y por la falta de información verificable sobre su estado y condiciones de detención. Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han ofrecido detalles sobre posibles cargos.

Ruperti es una figura clave en el sector energético venezolano. Siendo ex capitán de buques petroleros, se hizo de una fortuna importante a través del transporte y comercialización de crudo venezolano.

Se le menciona como directivo y propietario entre otras empresas de la divisa de béisbol profesional Tiburones de La Guaira y en la industria de los medios del Canal I.

Ruperti, en años recientes ha sido relacionado a contratos estratégicos e investigaciones por sanciones.

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Con información de medios nacionales, entre ellos El Nacional y Contrapunto, Reuters y redes sociales

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Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos porque son encapuchados desde el momento en que entran a la cárcel hasta el lugar donde pueden visitar a sus parientes, a través de «un vidrio y un teléfono».

La activista denunció que su hermano Josnar Baduel, recluido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda, se encuentra en «riesgo inminente de muerte» por las condiciones de «horror» a las que ha sido sometido y «por haber sido torturado en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)».

Caso Carlos Fonseca

Por su parte, Mayra Morales aseguró que su hermano, Carlos Fonseca, presenta signos de desnutrición pese a que los funcionarios del Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentra detenido, le indicaron que recibe alimentación.

«Los conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud», insistió.

Fonseca es acusado, junto a otras 32 personas, de participar en una fallida incursión marítima -conocida como ‘Operación Gedeón’- que tuvo lugar en Venezuela en 2020, cuando, según el Gobierno chavista, la oposición intentó una invasión militar.

Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

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«Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país«, expresó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

Asimismo, aseguró que el ahora exministro asumirá «nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», sin dar más detalles.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez. Desde esa misma fecha fue también designado como titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

González López es ducho en resguardo presidencial, así como experto en inteligencia y contrainteligencia

González López también ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024.

Entre otros cargos, fue ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

La destitución de Padrino López se da dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado «socio y amigo»- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

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A través de un video publicado, el Ministerio de Comunicación anunció el comienzo de los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un «centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto».

En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales, después de que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ordenara esa transformación.

«Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez», agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.

La propuesta sobre El Helicoide

El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.

La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una «cámara de torturas» en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La sede ha sido señalada como un centro de «torturas» por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.

El gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.

La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que todos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.

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Según varias organizaciones y familiares, el grupo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

Murillo señaló que «realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario».

El activista dijo que «esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país».

«La detención de este grupo configura un patrón que, desde el Estado, se busca silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave», expresó.

Además, Murillo destacó que Marcela Hernández «es representante de una organización civil que promueve la producción audiovisual de mujeres».

«El valor de la denuncia»

En la red social X, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, destacó «el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad», y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que «la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos».

Tras la detención, cientos de personalidades, entre ellas artistas y académicos, así como organizaciones no gubernamentales y de teatro, se pronunciaron en contra de este hecho y exigieron a las autoridades «información clara y precisa» sobre la situación y paradero de los cuatro.

Aumentan las detenciones

Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó «enérgicamente la detención arbitraria» de los cineastas y exigió «una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales».

El lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente» de los casos, lo que consideró como un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a esta «opacidad» y también por la «negación del acceso a asistencia legal».

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La cifra supone siete arrestados menos que hace una semana, cuando el Foro Penal contabilizaba 903 detenidos por razones políticas.

La organización indicó que del total de detenidos, 808 son hombres y 88 son mujeres, entre los cuales hay 891 adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria.

Además, Foro Penal señaló que 729 de los presos son civiles y 167 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La ONG agregó que, desde 2014 hasta la fecha, ha registrado 18.326 «detenciones con fines políticos» en Venezuela.

¿Qué dicen las autoridades?

Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas, de las cuales han sido excarceladas 2.006, según la institución por generar «violencia» durante las protestas poselectorales.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, aseguran que en el país no hay presos políticos, sino que las personas que fueron detenidas, sostienen, porque cometieron delitos.

El jueves 10 de abril, madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos de los considerados presos políticos convocaron una vigilia de oración en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para exigir la «libertad plena» de las personas detenidas, informó la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Un grupo de familiares de detenidos en el contexto de crisis poselectoral pidió el pasado martes una audiencia con Maduro para exponer «las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa» en estas causas y solicitar su intermediación en favor de la libertad de sus parientes.

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A través de X, la ONG explicó que el pasado 6 de noviembre el juez Ángel Betancourt, titular del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, ordenó el «pase a juicio» de Sánchez, pero dijo que hasta la fecha, la corte a cargo de la jueza Rosa Trompetero, «no ha indicado la fecha de inicio del mismo».

«Sus familiares consideran que esta irregularidad es una violación más al debido proceso como a sus otros derechos humanos», agregó Súmate.

Asimismo, indicó que la familia de Sánchez informó al fiscal general, Tarek William Saab, del «retardo procesal» a través de una carta recibida por la institución el pasado 17 de febrero.

El martes 4 de marzo, la organización alertó sobre las «múltiples enfermedades» que, asegura, tiene Sánchez, quien permanece detenida en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Súmate pidió a la Justicia venezolana otorgar «medidas especiales de privación de libertad» para que Sánchez continúe con el tratamiento «adecuado y oportuno» para atender sus «crisis de hipertensión, trastornos de ansiedad, insomnio, infección urinaria y otros eventos traumáticos que amenazan su integridad física y mental».

Además, Súmate pidió que se declare nulo el proceso judicial contra su coordinadora, acusada de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir, a quien la ONG considera inocente.

La detención de Sánchez se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en el país tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un periodo en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del oficialismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».

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A través de Instagram, el funcionario anunció el comienzo del plan denominado «Carnavales Felices y Seguros 2025», durante el que habrá, indicó, 3.146 puntos de control para «garantizar la seguridad y el disfrute del pueblo».

«El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro está en la calle para proteger a cada familia venezolana. Disfrutemos con responsabilidad y en paz», expresó Cabello en la red social.

Según el ministro, estarán desplegados en todo el país efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y agentes policiales nacionales, regionales y locales, así como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de Protección Civil, bomberos y funcionarios de las carteras de Turismo y Deporte.

El Estado venezolano aumentó este año un 16 % el despliegue para el plan de Carnaval respecto al operativo de 2024, cuando movilizó a 164.000 funcionarios, según dijeron entonces las autoridades.

En noviembre, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó que Venezuela registró una tasa de 3,49 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2024, y aseguró que ha habido una disminución sostenida de este delito desde 2022 en el país.

Ese año, según Rico, la nación suramericana registró 6,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2023 la tasa fue de 5,35.

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En Instagram, la ONG venezolana aseguró que no tiene acceso al expediente de su director y tampoco «mayor información» sobre su caso, luego de que se detallara que Carlos Correa fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, pero no se precisaran los delitos de los que se le acusa, según denunció la esposa, Mabel Calderín, el miércoles.

Espacio Público afirmó que Correa estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como Helicoide, donde en «repetidas» ocasiones «negaron su paradero e información».

«Seguimos exigiendo el respeto y garantía plena a sus derechos humanos, así como continúa más vigente que nunca la labor de la organización en el país», manifestó.

En este sentido, afirmó que seguirá «promoviendo y defendiendo el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, como vía para la existencia y fortalecimiento de una democracia que garantice libertad, justicia social y dignidad para todas las personas».

Carlos Correa fue denunciado por la ONG como «desaparecido» el pasado 7 de enero, y desde entonces varios partidos opositores, activistas políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales, universidades y presidentes pidieron su liberación.

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«¡Roland Carreño debe estar libre!», expresó en X la formación, que señaló al activista como un «dirigente, periodista y defensor de derechos humanos ejemplar».

En ese sentido, aseguró que «todos» saben que Carreño «no ha cometido ningún delito» y, por lo tanto, debe ser «liberado inmediatamente».

«2025, como año de la libertad, debe encontrar a Venezuela sin un solo preso político. ¡Liberen a Roland! ¡Liberen a los presos políticos!», agregó VP.

Carreño fue detenido, por primera vez, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra,  y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el gobierno y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en Barbados.

Ni visitas ni alimentos

El jueves 2 de enero, VP también denunció que el gobierno de Maduro suspendió, hasta el próximo lunes, las visitas y entregas de alimentos a los considerados «presos políticos» recluidos en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Asimismo, afirmó que la medida de suspensión se suma a lo que considera «violaciones de derechos humanos de algunos presos políticos», como Carreño y Freddy Superlano, también colaborador de la formación, a quienes se les ha negado el acceso a sus familiares y abogados de confianza desde que fueron detenidos.

VP exigió al Estado Venezolano que deje de «poner en riesgo la vida de estos venezolanos y que los libere inmediatamente», una petición que extendió también para todos los «presos políticos».

La ONG Foro Penal informó el martes 31 de diciembre que tras las excarcelaciones de las últimas semanas, quedan en el país 1.794 «presos políticos», la mayoría detenidos en el contexto de protestas postelectorales contra el resultado oficial que dio el triunfo a Maduro.

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«Siguiendo el trabajo honesto de nuestro querido alcalde Rafael Ramírez Colina, quien siempre nos lideró con decencia, transparencia y apego a la ley, hemos juramentado a nuestro compañero Adrián Romero como alcalde encargado», señaló Linares a través de las redes sociales.

Aseguró que Romero encarna la unidad del equipo de directores y la «integridad» de los concejales.

El martes, Linares denunció que trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo viven un «clima de persecución e intimidación».

Ramírez Colina es acusado por la Fiscalía de «graves hechos irregulares» relacionados con corrupción, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señala al opositor de entregar a «partidos políticos de la extrema derecha» recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos».

El sábado, Linares denunció que al alcalde se le ha prohibido la defensa privada, en una audiencia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la que se le ratificó la «privación de libertad».

Ramírez Colina respaldó la candidatura del abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, y se sumó a la «legítima petición ciudadana» de que el ente comicial «publique los resultados» desagregados.

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Con información de EFE Servicios y medios nacionales

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Explicó que el caso más reciente es el de la periodista Ana Carolina Guaita, trabajadora del medio digital La Patilla, quien fue detenida en horas de la tarde del martes cuando se encontraba cerca de su residencia en el estado La Guaira.

Según sus familiares, se cumplieron 24 horas desde el arresto sin que se conozca el paradero de la reportera ni las razones que motivaron su detención, llevada a cabo, de acuerdo con el SNTP, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El sindicato recordó que una decena de periodistas están tras las rejas en el país, cuatro de ellos detenidos en los meses anteriores a las elecciones, algunos durante la cobertura de actividades de campaña.

Al menos cuatro periodistas, detalló el SNTP, han sido imputados por el delito de «terrorismo» tras ser detenidos durante las protestas contra el resultado oficial de los comicios, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente electo para un tercer período consecutivo.

A través de X, la gremial alertó de un «uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales».

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el pasado 14 de agosto la imputación de este delito y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra los medios de comunicación en Venezuela.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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A pesar de que las FAES fueron disueltas en 2022, la DAET sigue operando de manera similar. El informe destaca la preocupación por el ascenso de personas clave de las FAES y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la DAET, a pesar de las acusaciones previas de violaciones de derechos humanos.

Continuación de abusos en Venezuela

El informe de la Misión Internacional Independiente para Venezuela resalta que la DAET, una parte de la Policía Nacional Bolivariana, es una continuación de las FAES en términos de estructura, mando y modus operandi.

Esto plantea preocupaciones significativas sobre la persistencia de abusos contra los derechos humanos en el país.

Ascenso de personas claves de las FAES y el SEBIN

El informe subraya que personas claves, que estuvieron previamente involucradas en las FAES y el SEBIN, han obtenido puestos importantes en la DAET.

Esto es especialmente preocupante dado que estas personas han sido señaladas en informes anteriores de la misión por crímenes como tortura y maltrato a detenidos.

Recomendación de investigación no cumplida

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, destaca que, a pesar de las recomendaciones previas de la misión de investigar a individuos implicados en graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, no se ha cumplido con esta recomendación. Esto plantea preguntas sobre la rendición de cuentas en Venezuela.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

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El Correo del Caroní destacó en su cuenta de la red social Twitter que desde la mañana de este jueves 30 de marzo llegaron los funcionarios a la CVG.

«Además del presidente de la CVG, Pedro Maldonado, informan que hay otras cinco personas de la directiva que fueron detenidas», informó el medio venezolano.

Presidente de la CVG

Pedro Maldonado también es viceministro de Industrias Básicas, lugar que ocupó Tareck El Aissami antes de su designación al frente del Ministerio del Petróleo. No obstante, este último renunció a su puesto el pasado 20 de marzo después de una serie de detenciones contra funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), el diputado Hugbel Roa y un grupo de empresarios.

Maldonado representaba a la CVG desde julio de 2018. Durante la gestión de Tareck El Aissami en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tuvo varios cargos en ese despacho. Entre ellos, coordinar la dirección Derechos Humanos del MIJ y ejerció como encargado del Sistema Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

También, es un abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), fue presidente del Banco Central de Venezuela en 2017 y director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Informan detención del presidente de la CVG Pedro Maldonado y otros directivos https://t.co/RBKpti8eTV #noticias #carabobo #venezuela pic.twitter.com/1fdUrlehfS

— Agencia Carabobeña de Noticias (@AgenciaCN) March 30, 2023

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DOBLE LLAVE

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Fuente imagen referencial: Infobae, vía web

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Valiñas destacó en el informe leído ante los distintos países que tanto el Sebin como la Dgcim utilizaron la violencia sexual y de género contra las personas detenidas a través de descargas eléctricas y golpes en sus genitales, violaciones y amenazas de violaciones con el propósito de intimidarlas y humillarlas. 

EN VIVO | Consejo de DDHH de la ONU debate informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela https://t.co/UnBTU1M8Gi

— Monitoreamos (@monitoreamos) September 26, 2022

«La investigación ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos que actuaban de manera inconexa dentro de estas agencias o fuera del control de sus superiores. Por el contrario, la Dgcim y el Sebin forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno», indicó.

Además, la funcionaria de la ONU agregó que dicho plan tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores y así consolidar el control del poder «este plan fue orquestado desde el más alto poder político», denunció.

La experta explicó que estas graves violaciones no han cesado, sino que por el contrario persisten actualmente, destacando que hay más de un centenar de presos políticos.

#Ahora ⚫ En la presentación del informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que las violaciones a los DDHH por parte de la DGCIM y SEBIN continúan hasta el presente pic.twitter.com/rT48oYBCNa

— La Gran Aldea (@lagranaldea) September 26, 2022

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Gabriel Velásquez

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«A esta hora saliendo de la audiencia de juicio de Juan Requesens quien fue condenado a 8 años por el delito de conspiración. En las próximas horas me reuniré con su familia para próximas acciones. Seguiremos informando», señaló García en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Requesens fue excarcelado en agosto de 2020 tras pasarse más de 2 años en prisión por su presunta implicación en el supuesto atentado perpetrado en 2018 contra Maduro, pero tuvo que permanecer bajo arresto domiciliario.

Según el abogado Joel García, Juan Requesens fue víctima de torturas durante su primer encarcelamiento

El opositor venezolano fue detenido el 7 de agosto de 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue despojado posteriormente de su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente.

El gobierno publicó entonces un video en el que apareció Requesens, que admitía haber ayudado a cruzar la frontera con Colombia al presunto autor material del fallido de magnicidio.

El 4 de agosto de 2018 un dron explotó a una distancia de entre 100 y 200 metros del estrado donde Maduro daba un discurso durante un desfile militar en Caracas, según explicaron las autoridades.

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Gerardo Contreras

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“Ese juicio se había abierto en 2015, se interrumpió y por lo tanto se anuló, hicimos dos audiencias más de apertura de juicio y luego no convocaron más audiencias una vez que el exalcalde salió en libertad en el año 2018“, comentó Acosta.

Cabe destacar que Ceballos fue acusado por los delitos de rebelión civil y agavillamiento. El 19 de marzo de 2014 el también dirigente político fue aprehendido en Caracas, inicialmente recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide y luego, trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda. Ese mismo año fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a un año de cárcel, sin embargo, estuvo preso 4 años y 5 meses.

Además, fue liberado a finales de 2018 bajo medidas cautelares, permaneciendo bajo régimen de presentación cada 30 días hasta la fecha.

#Venezuela | Justicia venezolana reabrió juicio contra Daniel Ceballos https://t.co/mlGt5Y6Rjq

— VPItv (@VPITV) June 21, 2022

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Gabriel Velásquez

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Poleo confirmó que José Pereira, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, Alirio y José Zambrano, quienes poseen nacionalidad venezolana y estadounidense, se encuentran detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

La abogada dijo que las autoridades le informaron de que serían devueltos a la celda que antiguamente ocupaban cuando fueron detenidos, acusados de firmar contratos que comprometían el futuro de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron aún sobre la detención de los seis exdirectivos de Citgo

La detención se produjo luego de que se conociera la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde, donde estaba detenido hace más de año y medio, a los Estados Unidos para ser juzgado por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

«Y como consecuencia de la extradición de Alex Saab, nuevamente los seis de Citgo son utilizados como monedas de cambio», escribió la profesional del derecho inicialmente en Twitter.

Las autoridades venezolanas no se pronunciaron aún sobre la detención de los seis exdirectivos de Citgo, quienes, el pasado 26 de noviembre, fueron condenados a penas de entre 13 y nueve años de prisión por delitos de corrupción.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales y redes sociales

La agencia española de noticias EFE destacó que el militar venezolano era considerado «preso político».

Llevaba 12 años preso

El general Baduel permanecía preso acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión. Su primer detención se realizó en en abril de 2009 por presunta corrupción y abuso de poder.

Desde su cuenta en la red social Twitter, Saab lamentó la muerte de Baduel, quien fue ministro de la Defensa del expresidente Hugo Chávez. Además, el fiscal, detalló que Baduel perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio producto del Covid-19.

Igualmente, comentó que Raúl Isaias Baduel ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus del Covid-19.

Lamentamos el fallecimiento de Raúl Isaias Baduel de un paro #Cardiorrespiratorio producto del Covid19: mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna… Transmitimos nuestras #Condolencias a sus familiares y amigos #RIP

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 12, 2021

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Rubén Vásquez

Con información de EFE, medios internacionales, nacionales y redes sociales