«El 11 de enero del 2025, el gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano», señaló la Cancillería en un comunicado, luego de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano añadió que «el gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto».

«La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático», agregó la información.

La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que hace dos meses fue notificada de que «el gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto», debido a que, «según ellos», no «existía ninguna persecución».

El caso de asilo de Díaz

En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.

Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien asistió la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados comenzar un «procedimiento disciplinario» en su contra, con el fin de aplicar «la sanción que corresponda».

Entonces, la sala también anunció que la abogada sería suspendida «temporalmente del ejercicio profesional».

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Las declaraciones de Sheinbaum contrastan con las de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfield, quien el martes expresó a EFE que confía en que México esté representado en la XXIX Cumbre Iberoamericana, que será en la ciudad ecuatoriana de Cuenca el 14 y 15 de noviembre.

«Ecuador siempre ha estado listo para sentarnos a conversar con toda la situación que ambos países vivieron y con la verdad sobre la mesa para encontrar soluciones«, comentó Sommerfeld en una entrevista.

Pero Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, advirtió de que su Gobierno seguirá con la demanda que presentó el Gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Ecuador tras la irrupción el 5 de abril pasado de la policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito, donde se resguardaba Glas.

Invasión a la Embajada de México

Este hecho, que México considera una «invasión», derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas.

«Y también (seguirá) todo lo que interpuso el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en instancias internacionales ante la violación a la soberanía de nuestro país en el caso de la Embajada de México en Ecuador», declaró la mandataria.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el viernes pasado una visita a Ecuador para conocer la situación de Glas, exvicepresidente del entonces mandatario Rafael Correa y condenado por corrupción, por lo que permanece en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.

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La ratificación la realizó un día después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), solicitase al Gobierno de Ecuador un salvoconducto para Glas, a petición de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas.

Consultado sobre el asunto, el departamento de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó que reiteran lo mencionado en un comunicado del pasado 5 de abril.

En ese escrito, subrayó que para Ecuador resulta «jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático» a Glas, quien tiene pendiente de terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción (cohecho y asociación ilícita) y actualmente se encuentra procesado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).

«En consecuencia, agrega, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno ya que no procede» según las convenciones de Asilo Diplomático de 1965 y Asilo Político de 1933, de la que son partes Ecuador y México.

Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, donde fue vicepresidente entre 2013 y 2017, así como a inicios del mandato presencial de Lenín Moreno (2017-2021), siempre ha rechazado las acusaciones en su contra y se ha declarado un perseguido político y víctima de ‘lawfare’.

Salud de Glas

México solicitó también que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Glas «sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta».

En un comunicado, la SRE informó que, con base en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio de 2024 para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador, «el Gobierno de México ha solicitado formalmente al Gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del señor Jorge David Glas Espinel, asilado político mexicano, en términos de los artículos IX, XII y XIII de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), tratado internacional vinculante para México y Ecuador».

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes como parte de «la tradición» de asilo de México que su Gobierno haya pedido a Ecuador el salvoconducto para Glas para que lo excarcelen y entreguen a un tercer país.

«Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo, es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo, siempre se ha hecho», sostuvo.

Litigio en La Haya

El gobernante mexicano cuestionó la tardanza para resolver la demanda que México hizo contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tras la irrupción en abril de la Policía ecuatoriana en la Embajada mexicana en Quito, la misma que fue respondida por Ecuador con una contrademanda con acusaciones similares de haber contravenido convenios internacionales sobre relaciones diplomáticas.

Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos, abusar de la inmunidad diplomática y violar las normas de asilo que impiden dar ese beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios y procesadas por delitos comunes.

López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han rechazado las solicitudes de diálogo del Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa al argumentar que la demanda debe resolverse en la CIJ y que Ecuador debe ofrecer disculpas por la irrupción a la sede diplomática.

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Aunque la convención establece que «el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero», y expresamente indica que «el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente (…) el correspondiente salvoconducto», se añade «salvo caso de fuerza mayor», sin especificar más, lo que deja abierta la puerta a criterios dispares.

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, dijo a EFE que hay que situarse en 1954, año de creación de la convención, cuando muchos países «tenían regímenes militares y dictatoriales», por lo que «siempre se dejó una especie de ventanita para poder justificar algún tipo de negación».

Por estas razones, Venezuela no podría argumentar «fuerza mayor» para negar los salvoconductos.

Sin embargo, recuerdan que hay ejemplos de gobiernos que han negado salvoconductos acogiéndose al artículo de la convención que señala que «no es lícito conceder asilo» a las personas que, cuando lo soliciten, «se encuentren inculpadas o procesadas» ante «tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes».

Permisos para que opositores salgan del país

El Gobierno no ha confirmado si aprobará o negará el salvoconducto a los opositores, pero el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello -sin cargo en el Ejecutivo-, aseguró que fue negado.

El pasado 30 de mayo, Argentina exigió a Venezuela «la inmediata emisión de los salvoconductos», en «cumplimiento» de la Convención de 1954.

Sin embargo, para José Bruzual, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela, este caso «no se resuelve únicamente con criterios jurídicos».

Los seis opositores se refugiaron en la Embajada de Argentina luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.

Si Venezuela niega la autorización, la convención no contempla que algún organismo internacional ordene la emisión del permiso, por lo que «no hay forma de obligar al país a que dé el salvoconducto», concluyó el internacionalista Contreras.

Los asilados en la Embajada de Argentina son Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos -todos miembros del partido de la opositora María Corina Machado-, el exdiputado Omar González y Fernando Martínez Mottola, asesor de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática.

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