La petición se la trasladó el fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una reunión en la sede del Departamento de Justicia, en Washington.

«La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud de declaración de Maduro, sino aportando toda la información», aseguró Valencia.

No obstante, apuntó el fiscal chileno, la declaración «depende de la disposición a cooperar de Maduro», quien espera juicio en una cárcel de Nueva York desde que fue capturado por EE.UU. el pasado 3 de enero, acusado de supuesto narcotráfico.

«El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas sobre el caso de Ojeda que sería remitido a las autoridades de los Estados Unidos«, agregó Valencia.

Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después sepultados debajo de un bloque de cemento. Era miembro del grupo «Movimiento por la Libertad y la Democracia» y el Gobierno chileno le había concedido asilo político en 2023.

La investigación por el asesinato del exteniente Ojeda ha provocado constantes choques entre Chile y Venezuela, que apenas mantienen relaciones bilaterales.

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En una nota difundida este jueves por Cancillería, Van Klaveren explicó que su viaje busca «entregar antecedentes que mostrarían que el crimen contra el exteniente Ronald Ojeda puede ser relevante en la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía de la CPI, producto de la remisión presentada por Chile y otros países en 2018, por la comisión de crímenes perpetrados en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014».

Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en la capital chilena por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad y sepultados bajo un bloque de concreto.

«Esos antecedentes, que desde nuestro punto de vista son más que contundentes, vamos a compartirlos con las autoridades de la CPI para que puedan sumarlos en la investigación que ya están llevando a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, añadió Valencia en la nota.

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«Vamos a ir a la Corte antes que se termine la investigación, entregándole los antecedentes que se puedan entregar. No vamos a esperar que la investigación termine para que la CPI tenga estos elementos, los que hay hasta ahora», dijo la ministra en un reportaje del canal local 24 Horas.

Disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile desde 2023, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos y su cadáver fue hallado diez días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, a las afueras de la capital.

Aunque no precisó la fecha concreta, Tohá aseguró que el Gobierno «está agendando y coordinando los detalles» para entregar la información al tribunal penal, el más alto del mundo que puede juzgar a jefes de Estado y jefes militares por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión.

La familia pide que se investigue si las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas la ubicación de Ojeda en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial firmado entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente.

«En ningún caso iban a entregarse antecedentes de sus movimientos (de Ojeda) al país del cual se estaba refugiado, lo que no quiere decir que desde Venezuela no haya habido monitoreo de sus movimientos y sus redes sociales, pero Chile no tiene que ver», señaló la ministra en el reportaje.

Hasta ahora, han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por un crimen que ha provocado un frontal enfrentamiento entre los Gobiernos de Chile y Caracas.

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«Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento», aseguró Saab durante una alocución televisada.

El fiscal dijo que «existen personas involucradas en todas las etapas del hecho», aunque no han sido identificadas, y que «pueden pertenecer a organismo de inteligencia de terceros países«.

Informó que, «en vista de la gravedad de los hechos» y de la participación de «presuntos venezolanos», la Fiscalía abrió una investigación propia «para facilitar la recaudación de la información solicitada por Chile».

Saab recordó que Venezuela no extradita a sus nacionales, por lo que, en caso de capturar a los responsables, estos serán juzgados en el territorio nacional con base a «la evidencia recabada por la Fiscalía de Chile», aunque -aseguró- el país austral no ha entregado «absolutamente nada» de información sobre el caso.

«Seguimos a disposición de la Fiscalía de Chile para lo que necesite, pero exigimos reciprocidad. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida con la misma diligencia que nosotros hemos actuado ante las solicitudes de Chile», exigió.

Tarek William Saab: Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) June 5, 2024

Ojeda, que fue asesinado en febrero en Santiago, era disidente del gobierno de Nicolás Maduro y se encontraba como asilado político en Chile.

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A través de X, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que el Gobierno y el pueblo chileno pueden «tener la seguridad de una colaboración absoluta» de parte del país, que procederá a «la captura de cualquier criminal» dentro de su territorio que esté «señalado de cometer algún delito dentro o fuera» de la nación.

«Así como nuestras fuerzas policiales han acabado con la banda criminal del Tren de Aragua en Venezuela, prestaremos todo el apoyo para acabar la delincuencia y cualquier organización criminal que pretenda operar en el territorio chileno», dijo el canciller.

Asimismo, señaló que, luego de «establecida la comunicación entre las fiscalías generales de Chile y Venezuela, y a partir de la solicitud de un apoyo interinstitucional, se acordaría la activación de la asistencia de cooperación mutua, a través de los canales diplomáticos correspondientes, a fin de apoyar las investigaciones actualmente en curso».

En X, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó que, tras recibir una solicitud de cooperación por parte de una dirección de la Fiscalía chilena, decidió comenzar la búsqueda de «los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen para su inmediata detención, en caso de que los mismos se encuentren» en el país caribeño.

El fiscal indicó que, en la solicitud, se piden «datos personales y antecedentes penales de cinco personas vinculadas al homicidio» de Ojeda.

Luego de establecida la comunicación entre las fiscalías generales de Chile y Venezuela, y a partir de la solicitud de un apoyo interinstitucional, se acordaría la activación de la Asistencia de Cooperación Mutua a través de los canales diplomáticos correspondientes, a fin de…

— Yvan Gil (@yvangil) April 12, 2024

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“Las Policías han cursado órdenes de Interpol de búsqueda de personas que son sospechosas de haber participado en este delito”, dijo la secretaria de Estado en un punto de prensa.

La Justicia chilena inició bajo total hermetismo la audiencia de imputación contra un venezolano de 17 años por su presunta responsabilidad en el crimen de Ojeda, cuyos restos fueron encontrados en una comuna del sur de Santiago la semana pasada.

El fiscal a cargo de la indagatoria, Héctor Barros, informó que se identificó a otros dos sospechosos y vinculó a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú y Bolivia, con el crimen de Ojeda.

Según la primera versión basada en especulaciones, grabaciones de cámaras y el hallazgo de un automóvil con uniformes falsos, Ojeda habría sido sacado en plena noche de su casa el 21 de febrero, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con uniformes de la Policía y conducido hacia un lugar desconocido.

Tohá reiteró el carácter secreto de la investigación y señaló que la legislación vigente impide filtrar información de cualquier tipo vinculada al caos.

“Cada vez que llega una información impropia a los medios de comunicación es porque alguien que tuvo acceso a la carpeta incumplió su deber, violó la ley e hizo la filtración. Lo que hay detrás de una filtración es grave, es un delito y lo vamos a perseguir”, afirmó la ministra.

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Fiorella Tagliafico R.

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Teniente (R) venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno. Fuente de imagen referencial: Archivo / Informe21

No habrá impunidad promete alto gobierno chileno