Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter «a la fuerza», según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá «que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas».

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/Rolex dela Pena

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La nueva ley establece penas de prisión de hasta 12 años para adultos que se casan o cohabitan con un menor de 18 años. La misma se aplica para quienes arreglan o formalizan algún matrimonio con niños.

El empobrecido país del sudeste asiático es el número 12 mundial en matrimonios de menores, según el grupo Plan International, con sede en Reino Unido. Prácticas culturales de larga data y la desigualdad de género dificultan el cambio.

«El Estado ve el matrimonio infantil como una práctica que constituye un abuso de menores porque corrompe, degrada y menosprecia el valor intrínseco y la dignidad de los niños», señala la ley.

La ley, firmada por el presidente Rodrigo Duterte, establece penas de prisión de hasta 12 años para los adultos que se casen o cohabiten con alguien menor de 18 años de edad. /rr#filipinas https://t.co/Jr0gzvgCMR

— DW Español (@dw_espanol) January 6, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

«La información disponible indicó que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles”, dijo la fiscal jefa, Fatou Bensouda, en un comunicado.

En la solicitud de investigación, de 57 páginas, se dice que en el país se han realizado «ejecuciones extrajudiciales” que «parecen haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del gobierno filipino”.

La Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar a Filipinas en febrero de 2018, lo que provocó que este país se retirase del tribunal el 17 de marzo de 2019. La investigación por la guerra contra las drogas, de ser aprobada por los jueces, se ceñiría a hechos sucedidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019.

«La corte mantiene la jurisdicción sobre los delitos que presuntamente ocurrieron en el territorio de ese Estado durante el período en que era Estado Parte”, recordó Bensouda. Así mismo, dijo que también debe abrirse una investigación por los delitos de tortura y otros actos inhumanos cometidos supuestamente en Filipinas desde el 1 de noviembre de 2011.

La jurista gambiana indicó que no se pronuncia sobre «las políticas e iniciativas internas de ningún gobierno destinadas a abordar la producción, distribución y consumo de sustancias psicoactivas dentro de los parámetros de la ley”, pero que la información de la que dispone le obliga a actuar «de conformidad con su mandato” como fiscal de la CPI.

#SepaQue La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió este #14Jun autorización judicial para investigar la guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por supuestos crímenes de lesa humanidad. https://t.co/sFVc9Cukib

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 15, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales