A las afueras del Legislativo, en Caracas, los parientes de los presos políticos corearon consignas como «no más burla con la amnistía» y pidieron la liberación de todos los detenidos por estos motivos, que son 526 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que hay presos por estos motivos.

Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, indicó a los medios que no hay celeridad en el proceso para quienes están optando por la amnistía.

«Queremos denunciar que no hay la real voluntad política de hacer las cosas distintas, porque si así fuese, no existieran los centros de tortura como Rodeo I y como Guaicaipuro, en donde los presos políticos siguen siendo amenazados y torturados«, apuntó.

El expreso político y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, declaró que la Justicia no ha atendido todos los casos de solicitud de amnistía, por lo que familiares insisten en el cumplimiento transparente de esta ley.

En este contexto, subrayó que se ha reclamado y exigido que se publique una lista de «quiénes han sido beneficiados por la ley por una u otra vía y esto no ha sido posible».

Por su parte, Alba Rodríguez indicó que hace apenas ocho días se enteró que su pareja de nacionalidad colombiana, Yonaider Berrío Berrío, se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I, pese a que desde hace un año está preso.

Rodríguez señaló que los presos políticos extranjeros no pueden recibir visitas, alimentos o medicinas y en su caso, dijo, no podría verlo dentro de la cárcel porque no están casados legalmente.

La Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó el martes Jorge Arreaza.

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«Con sus propios argumentos jurídicos vamos nosotros a revertir esa exclusión», señaló el abogado Omar García Marín, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una vigilia celebrada a las afueras de la cárcel Rodeo I. Indicó que aunque la ley de amnistía es excluyente e insuficiente, representa una «rendija» para seguir exigiendo la liberación de todos, ya que el Estado está reconociendo que la detención fue fallida.

A su juicio, la norma es excluyente porque el artículo 8 establece hechos específicos de solo 13 años. No obstante, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió que la comisión especial de seguimiento de la amnistía revise casos que no están contemplados en la ley de amnistía. Por su parte, Orlando Moreno, de Vente Venezuela, pidió presión internacional para que las liberaciones «sean totales».

La activista Sairam Rivas señaló que el proceso se ha dado «sin transparencia, con mucha opacidad, sin cifras oficiales». El diputado Jorge Arreaza informó que un total de 179 personas han salido de las cárceles tras la aprobación de la ley, y que los tribunales han otorgado libertades plenas a 3.231 personas (incluyendo a 3.052 que tenían medidas cautelares).

Sin embargo, se desconoce el listado oficial y la ONG Foro Penal reportó haber verificado 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el viernes hasta este martes. Arreaza indicó que se crearon tres subcomisiones en el Parlamento para velar por el cumplimiento de la ley y gestionar la cantidad de casos recibidos.

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A través de X, la organización indicó que se trata de Cristian Cenuse, quien, precisó, fue «arbitrariamente» detenido el 27 de septiembre de 2024 «cuando se trasladaba en autobuses» desde San Cristóbal», estado Táchira, a Caracas, motivado a «un viaje turístico para conocer Suramérica».

«Luego de 10 meses desaparecido, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba preso en Venezuela», subrayó Foro Penal.

Entre el sábado y domingo, la ONG ha informado sobre la excarcelación de seis presos políticos extranjeros, incluyendo a Cenuse, de los cuales dos son ucranianos, uno checo, uno con doble nacionalidad iraní e irlandesa y una húngara.

Los dos ucranianos son Sergiy Rudavskyy, arrestado el 7 de enero de 2025, y Mykhailo Kostiv, detenido en la misma fecha en el estado Anzoátegui (este), «cuando el yate en el que viajaba paró para surtir combustible», según Foro Penal.

El ciudadano checo es Jan Darmovzal, detenido el 5 de septiembre de 2024, y Alireza Akbari es el iraní e irlandés, quien fue arrestado el 22 de junio de 2025. Por su parte, la húngara es Zsuzsanna Bossanyi, detenida el 18 de junio de 2025 como parte de la tripulación de un barco de exploración interceptado.

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El director presidente de la organización, Alfredo Romero, reportó inicialmente en su cuenta de X que, en cuanto a la situación de estadounidenses detenidos en el país, solo verificaron «2». Pero, en una consulta hecha por EFE, la organización precisó que en realidad se trata de un ciudadano estadounidense y otro cubano con residencia legal en Estados Unidos.

Foro Penal dijo a EFE que el cubano es Aidel Suárez -quien fue detenido el 24 de diciembre de 2024- y el estadounidense es James Luckey-Lange, quien «se presume que fue arrestado el 8 de diciembre de 2025 cuando intentaba entrar a Venezuela desde Guyana», país aliado de Estados Unidos que mantiene una disputa histórica sobre el territorio del Esequibo.

Según dijo Romero en X, Suárez está detenido en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas. Sobre el estadounidense no ofreció más información.

Foro Penal contabiliza en el país 863 presos políticos, de los cuales 86 tienen una ciudadanía extranjera o doble nacionalidad, según un boletín que tiene como fecha de corte el 29 de diciembre de 2025.

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Con fotos de los detenidos, el grupo se congregó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta el departamento colombiano de Norte de Santander con Táchira, para exigir la libertad de los presos que, según dijeron, están detenidos «injustamente».

Los manifestantes se apostaron en una de las orillas del puente fronterizo donde el movimiento de personas y mercancías sigue con total normalidad bajo un refuerzo de la vigilancia militar y policial colombiana desde el sábado, día en que Estados Unidos atacó varios lugares de Caracas y tres estados cercanos.

Los familiares coinciden en que estas detenciones responden a una estrategia de «falsos positivos» judiciales, que consiste en imputar cargos de terrorismo o espionaje a personas inocentes sin tener pruebas en su contra.

Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser «mercenarios» que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.

Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje, de los cuales 17 fueron liberados en octubre pasado.

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Una treintena de personas se concentró frente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas, entre ellas Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas -arrestado en el Rodeo I, estado Miranda (norte)-, quien denunció que los casos de esos presos, pese a denuncias anteriores, «todavía no han sido atendidos», por lo que temen que haya muertes «bajo custodia del Estado».

Ávila indicó que entre los detenidos hay quienes sufren de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), veinte personas han muerto desde 2014, cinco de ellas desde noviembre del año pasado.

Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, afirmó que los familiares de presos políticos también son víctimas.

Por su parte, Luis Alberto Méndez -abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos- pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que «piense» en estos menores de edad, quienes «son inocentes».

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos por motivos políticos, sino ciudadano que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

De interés: ONG Foro Penal contabiliza 884 presos políticos en Venezuela

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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Actualmente, del total de «presos políticos» computados, 249 son hombres y 20 son mujeres, en su mayoría, miembros o exintegrantes «del sector militar».

Según Romero, el Foro Penal calculó que desde 2014 hasta abril de este año casi 16.000 personas «han pasado por la prisión política», de las que 9.000 han sido excarceladas pero se mantienen «con medidas cautelares», como «prohibición de salida del país, presentación ante un tribunal y en cualquier caso se encuentran con el proceso judicial pendiente».

Romero alertó sobre la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, donde «hasta ahora solo hay hombres detenidos con fines políticos y hay preocupación de los familiares» por el acceso limitado a este centro penitenciario.

«Rodeo I era una cárcel que existía, pero quiero aclarar que no son las mismas instalaciones, pareciera una instalación construida para personas presas con fines políticos», explicó Romero.

Balance de #PresosPolíticos en Venezuela al 01/04/2024 por @ForoPenal:

í: 269

Hombres: 249
Mujeres: 20

Civiles: 122
Militares: 147

Adultos: 269
Adolescentes: 0#Infografia #Balance #1Ab @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/JApQgf1idA

— Foro Penal (@ForoPenal) April 4, 2024

De interés: José Mujica considera «lamentable» la situación política en Venezuela

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Fuente de imagen referencial: Rainer Bleek, Unsplash

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