Cilia Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La defensa había solicitado el arresto domiciliario alegando el delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca y sostuvo que las condiciones de la prisión perjudican su recuperación médica.

El magistrado consideró que Cilia Flores representa un «fuerte riesgo» de fuga y subrayó la gravedad del caso para justificar su decisión, según explicó durante la vista.

Durante la vista, Flores se mostró más delgada que en sus anteriores comparecencias. Al principio apareció sonriente, aunque su semblante se volvió posteriormente más serio.

La decisión del juez se conoció el mismo día en que la Fiscalía presentó una nueva acusación contra Maduro y Flores que amplía los cargos que afrontan en Estados Unidos.

El nuevo texto los acusa de conspiración para cometer torturas contra opositores y personas detenidas por las autoridades venezolanas durante el gobierno de Maduro.

Según la acusación, Maduro autorizó y supervisó un sistema de detenciones arbitrarias, violencia y torturas utilizado para reprimir a la oposición, mientras que Flores participó presuntamente en ese entramado.

La acusación sostiene además que entre las víctimas hubo al menos tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según los documentos judiciales.

El nuevo cargo de conspiración para cometer tortura se suma a los de conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer armas que ambos ya afrontaban, así como al de narcoterrorismo que pesaba sobre Maduro y que ahora también enfrenta Flores.

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Con información de EFE Servicios

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En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.

La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.

Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.

La defensa de Cilia Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.

De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.

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Con información de EFE Servicios

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La defensa del exmilitar presentó un recurso de súplica contra la decisión del tribunal, que rechazó dejarlo libre ante el «más que evidente riesgo de fuga«.

El otrora jefe de contrainteligencia militar en los gobiernos de los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que lleva en prisión provisional casi un año, carga duramente contra la «práctica carcelaria» de la Audiencia.

El exgeneral subraya que con la solicitud de libertad lo que busca es «conseguir coordinar una mejor defensa» y cree que el solo hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) esté analizando el recurso que presentó contra la extradición ya es motivo suficiente para dejarlo en libertad.

Hugo Carvajal es reclamado por Estados Unidos por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas.

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Gerardo Contreras

Con información de medios internacionales y agencias de noticias

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En un auto conocido este miércoles 5 de enero, los magistrados rechazan una vez más, con el aval del fiscal, una nueva petición de libertad del militar venezolano detenido en España, al destacar que ahora “aún es mayor el riesgo de fuga”, tras el rechazo a su petición de asilo y sin que el Tribunal Supremo español haya adoptado ninguna cautelar.

Carvajal, antiguo jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, está reclamado por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, tras ser detenido en España el pasado mes de septiembre.

Los magistrados españoles ven “suficiente” la garantía ofrecida por Estados Unidos, con relación a la pena de cadena perpetua que puede imponérsele por los delitos por los que se le reclama, para autorizar su extradición.

También dejan claro que “si no se ha llegado a materializar la entrega es por una maniobra claramente dilatoria y abusiva, de solicitar otra vez asilo”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Carvajal había solicitado su libertad a raíz de que la Audiencia Nacional española decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico hasta que se resolviese su solicitud de asilo y protección internacional.

Los magistrados indicaron que el reclamado no solo no se presentó ante la Audiencia Nacional una vez que conoció que se había decretado su prisión a raíz de la decisión de extraditarlo a Estados Unidos, sino que permaneció escondido hasta el pasado 9 de septiembre, cuando fue descubierto en una vivienda de Madrid y se procedió a su detención.

En este sentido, recordaron que el reclamado no solo no se presentó ante la Audiencia Nacional una vez que conoció que se había decretado su prisión a raíz de la decisión de extraditarlo a Estados Unidos (en 2019), sino que permaneció escondido hasta ser descubierto en una vivienda de Madrid.

“Ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España, lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión”, argumentaron.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales