«Bajo la dirección del @POTUS (el presidente estadounidense, Donald Trump), he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación», informó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow.

La orden de USCIS, que no precisa las naciones de «preocupación», ocurre tras revelarse que un ciudadano afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, fue el presunto atacante cerca de la Casa Blanca de dos agentes de la Guardia Nacional.

La misma dependencia había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

«La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración. La seguridad estadounidense no es negociable», concluyó ahora Edlow en su pronunciamiento de dos párrafos.

Aunque las autoridades no detallaron los países afectados por la revisión de las tarjetas de residente, Trump prohibió en junio la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de doce naciones para proteger la «seguridad nacional»: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

También restringió el ingreso desde otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

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A través de una publicación en X, la OPS indicó que el objetivo es contribuir al «fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud«, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado.

Por su parte, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, indicó en una publicación en Instagram que durante la cita discutieron el desarrollo de proyectos que «fortalezcan más» el sistema sanitario de la nación.

En abril pasado, la OPS reveló en un informe que al menos 14 países de los 39 que conforman la organización carecen de suficientes médicos, enfermeras y parteras para atender las necesidades de salud de su población, entre ellos Venezuela.

Los investigadores de la OPS concluyeron que sin inversiones estratégicas en formación, regulación, condiciones laborales y distribución del personal, no será posible avanzar hacia sistemas de salud «verdaderamente universales, equitativos y resilientes».

 

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El reporte, redactado por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en 2020, hace una revisión sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales, en lo que la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, considera una prueba de la «conspiración» de la Administración de Obama contra Trump.

Gabbard insistió en una rueda de prensa en la Casa Blanca que esta es una evidencia «irrefutable» de que Obama y su equipo de Seguridad Nacional mintieron a la población al promover la narrativa de que el presidente ruso, Vladimír Putin, favorecía al republicano en esos comicios, en los que Moscú habría intentado interferir.

Según la directora de Inteligencia estadounidense, se «fabricaron hallazgos a partir de fuentes de mala calidad, suprimieron pruebas e inteligencia creíble que refutaba sus falsas afirmaciones«.

Acusaciones contra Obama

Además, redobló las acusaciones contra los medios por supuestamente colaborar para amplificar «esta mentira con el objetivo final de socavar la legitimidad» de Trump y «lanzar lo que sería un golpe de Estado de años contra él y su Administración».

Preguntada por qué no se reveló esta información durante el primer mandato de Trump (2017-2021), sostuvo que no puede responder por lo que sucedió en ese momento, pero que en cuanto el republicano regresó al poder en enero pasado fue uno de los primeros temas que comenzaron a investigar.

La desclasificación de documentos y las denuncias directas de Trump contra Obama coinciden con una crisis de confianza entre los simpatizantes más acérrimos del republicano, al que reprochan el manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein y piden la publicación de todas las pruebas de los crímenes del magnate, como prometió antes de asumir el poder.

Trump, que ha demostrado su frustración por la atención alrededor de Epstein, con el que compartió una amistad décadas atrás, insistió en que es una «cacería de brujas» y que en su lugar se debería estar hablando de cómo «pillaron desprevenido» a Obama liderando la presunta «conspiración en su contra».

Obama por su parte ha tachado a las afirmaciones de «ridículas y un débil intento de desviar la atención».

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La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Interna (DHS), explicó en un comunicado que la actividad antisemita “afectará de inmediato” y de forma negativa a los migrantes que solicitan la residencia permanente, conocida como ‘tarjeta verde’, a los estudiantes extranjeros y a aquellas personas afiliadas a instituciones educativas vinculadas con actividades antisemitas.

“No hay cabida en Estados Unidos para los simpatizantes del terrorismo del resto del mundo, y no tenemos la obligación de admitirlos ni de permitir que se queden aquí”, dijo en el comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

Advertencia para migrantes

La decisión de monitorear las redes sociales de los extranjeros obedece a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump contra el antisemitismo. El personal de USCIS comenzó a aplicar la nueva guía desde este miércoles.

McLaughlin subrayó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, “ha dejado claro que cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y escudarse en la Primera Enmienda para promover la violencia antisemita y el terrorismo, piénselo dos veces. No es bienvenido aquí”.

La decisión del DHS de denegar a los migrantes vinculados a actos antisemitas beneficios migratorios, sigue los pasos del Departamento de Estado, (DOS, en inglés). Para finales de marzo Estados Unidos había revocado más de 300 visados a extranjeros a los que acusa de tener vínculos con grupos terroristas, incluidos estudiantes propalestinos.

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A través de un comunicado, la PUD expresó su «preocupación por el bienestar de cientos de miles» de «connacionales honestos y trabajadores» que, afirmó, han emigrado de «manera forzosa como consecuencia de la crisis humanitaria compleja».

«Venezuela se caracterizó por muchos años por ser un país receptor de migración y hoy, lamentablemente, millones nos encontramos en todo el mundo obligados a escapar del régimen de Nicolás Maduro», dijo la plataforma.

Por tanto, hizo un llamado a la Administración de Trump a buscar «las mejores condiciones para la protección de los venezolanos» que han hecho de EE.UU. «su nuevo hogar y que, con su trabajo honesto, contribuyen al desarrollo» del país norteamericano, «muy especialmente» a los que «están siendo afectados de manera directa con la medida de anulación de la prórroga» del TPS.

En ese sentido, la alianza opositora insta a que, de «manera inmediata, se le de atención satisfactoria a esta situación, que ha generado una gran preocupación en los venezolanos».

El actual TPS, que permite a más de 600.000 de venezolanos trabajar y residir legalmente en EE.UU., vence el próximo 10 de septiembre de 2025.

Este alivio migratorio está ideado para proteger de la deportación a migrantes cuyos países de origen se encuentran en una situación de emergencia o catastrófica.

 

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«Vamos a revisar las remesa de dinero que se están enviado para conocer cuál es el origen», dijo Adrianzén al ser consultado por las medidas que adoptará el Ejecutivo ante el incremento de la inseguridad.

El jefe de gabinete dijo que, «lamentablemente», hay «algunos extranjeros» que han llegado a Perú «a cometer delitos» y, «en consecuencia, se van dictar medidas en materia migratoria sumamente estrictas«.

La presidenta Dina Boluarte ya anunció que su Gobierno tiene previsto impulsar ajustes para regularizar la situación de migrantes venezolanos como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado.

Otras medidas migratorias de Perú

Un día después, el Gobierno aprobó un decreto en el que se obliga a arrendadores y hospedajes a registrar en una plataforma digital de Migraciones a los ciudadanos extranjeros que alojen o alquilen una vivienda, con el objetivo de «asegurar el orden público».

El decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, explica que estas obligaciones se implementan «a fin de asegurar la seguridad y el orden público, modificando e incorporando artículos relativos a la identificación de extranjeros, documentos de identidad, cancelación del carné de extranjería y acceso a la información del Registro de Información Migratoria».

Adicionalmente, van a «revisar que todos los extranjeros que están en nuestro país tengan una condición migratoria regular«.

Según datos oficiales, el número de personas extranjeras con estatus migratorio regular o próximo a obtenerlo era de 875.000 al cierre de 2023.

Por nacionalidad, los venezolanos suponen la mayor comunidad (79,9 % del total), seguidos por los colombianos, chilenos, estadounidenses, ecuatorianos y chinos.

Sin embargo, según datos de la ONU, en Perú viven cerca de 1,5 millones de venezolanos que han abandonado su país ante la crisis que vive.

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La orden afecta a las series de aviones 737-8, 9, 8200, 700, 800, y 900ER, según un comunicado de la agencia federal encargada de velar por la seguridad del transporte aéreo.

FAA señaló que las compañías aéreas que operan estos aparatos tienen que asegurarse que los generadores de oxígeno de los aviones «están en la posición adecuada» y corregir los problemas que puedan encontrar.

Las revisiones y reparaciones tienen que ser realizadas en un periodo máximo de 120 o 150 días, dependiendo de la configuración de los aviones.

Accidentes de aviones Boeing

La orden de FAA se produce horas después de que Boeing aceptase declararse culpable de engañar al organismo antes de que en 2018 y 2019 aviones de la compañía sufriesen dos accidentes en Indonesia y Etiopía por fallos de diseño en su modelo 737 MAX. En los dos accidentes murieron 346 personas.

El acuerdo supone que Boeing evitará ir a juicio a cambio de declararse culpable de fraude en la certificación de los citados aviones, pagar una multa de 244 millones de dólares e invertir 455 millones de dólares en programas de mejora de seguridad .

Las familias de los fallecidos en los dos accidentes reclamaban a Boeing 24.800 millones de dólares en indemnizaciones y multas.

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🇺🇸 | URGENTE: Estados Unidos Detiene Ayuda Financiera a Agencia de la ONU por Vínculos con Ataque a Israel.

El Departamento de Estado de EE. UU. suspende toda ayuda financiera a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) tras informes de… pic.twitter.com/OJ8XGyuVOj

— UHN PLUS (@UHN_Plus) January 26, 2024

Preocupación estadounidense expuesta

El Departamento de Estado expresó su «extrema preocupación» por las acusaciones. Se señala que doce empleados de la UNRWA podrían haber estado involucrados en el ataque terrorista de Hamás contra Israel.

Esta postura lleva a la decisión de suspender temporalmente la financiación adicional para la UNRWA.

Guerra en Gaza
🇮🇱🔥🇵🇸
– Italia se suma a EEUU, Canadá, Australia, Suiza, Alemania y Austria en la decisión de suspender la financiación a la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos) debido a las acusaciones de que miembros de su personal participaron en las… https://t.co/rIVsroFGJ7 pic.twitter.com/2MfmijMYJP

— Israel Defensa (Ñ) 🇮🇱 (@Defensa_Israel) January 27, 2024

Muy grave presunción y sospecha

Otros Estados se han sumado a la suspensión de financiamiento a la dependencia de la ONU; entre estos Canadá, Australia, Suiza, Alemania, Austria e Italia.

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Gabriel Velásquez

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Desde la isla de Nueva Esparta, Polesel alertó sobre la urgencia de revisar las tasas y usos elevados que amenazan el cierre de numerosos establecimientos.

Llamado a la revisión

El impacto de los altos tributos se hace sentir en el tejido empresarial, según Polesel, quien aboga por una revisión integral para salvaguardar la viabilidad de los negocios. La segunda vicepresidente advierte sobre la necesidad imperante de ajustar las cargas fiscales para preservar la diversidad empresarial.

Desde el corazón de Nueva Esparta, enfatizó la importancia de abordar los desafíos tributarios de manera regionalizada. Su posición destaca la diversidad de realidades económicas y la necesidad de soluciones adaptadas a cada contexto.

Obstáculos en el acceso a créditos

Polesel también aborda la escasez de créditos, subrayando la importancia crucial del acceso al crédito en sectores como el turismo. Para la segunda vicepresidente, garantizar el flujo de crédito al consumo es esencial para impulsar la vitalidad de negocios en este sector.

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Gabriel Velásquez

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Esta solicitud se basa en las recientes decisiones tomadas por Estados Unidos y en la percepción de un progreso positivo en el diálogo entre las partes venezolanas.

Punto a considerar

Según Albares, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, expresó su apoyo a considerar esta cuestión en una próxima reunión de ministros de Exteriores de la UE.

De no hacerlo, las sanciones serían renovadas automáticamente el 14 de noviembre, una fecha que coincide con la programación del próximo encuentro de los ministros, fijado para el 13 de noviembre.

Un alivio de medio año

La semana pasada, Estados Unidos anunció un alivio de seis meses en las sanciones relacionadas con el petróleo y el gas de Venezuela.

Esta decisión se produce tras la firma de un acuerdo de garantías para las elecciones presidenciales del segundo semestre de 2024, que incluye la observación electoral y que fue suscrito por el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, que representa a la oposición.

De no fijar una nueva posición al respecto las sanciones serían renovadas automáticamente el 14 de noviembre de 2023

Es importante recordar que las sanciones impuestas por la UE, en vigor desde 2016, afectan a diversas personalidades, incluyendo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estas medidas restrictivas implican la prohibición de ingreso al territorio comunitario y la congelación de los bienes y activos que estas personas posean en la Unión Europea.

La revisión de estas sanciones se plantea en el contexto de recientes desarrollos.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió a la Unión Europea levantar sanciones a Venezuela, tal como ha hecho Estados Unidos, ante avance de negociaciones entre Gobierno y la oposición.https://t.co/9isNPeyWTj

— Cambio (@estoescambio) October 23, 2023

De interés: EE.UU. alivió las sanciones contra Venezuela tras el acuerdo para las elecciones de 2024

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