La nueva tasa mínima para las naciones con la que Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa quedo fijada en el 15 %, según informó la Casa Blanca en una orden ejecutiva publicada pocas horas antes de que se cumpliese el plazo concedido en julio a sus socios comerciales para negociar un nuevo arancel.

Unos 40 países se ven sujetos a ese porcentaje, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela o Bolivia.

Mientras que en el caso de aquellos con los que Estados Unidos mantiene un saldo positivo, el arancel será del 10 %.

Reducción de aranceles

La mayoría de países vieron reducidos sus aranceles con respecto al listado publicado el pasado 2 de abril por Trump, que fue denominado por el mandatario como el ‘Día de la Liberación’.

La Unión Europea (UE) fue uno de los últimos actores que alcanzó un acuerdo comercial con Washington, lo que se reflejó en la orden ejecutiva de Trump, que fijó en el 15 % el arancel para la mayoría de productos europeos.

También Corea del Sur o Reino Unido lograron un entendimiento que permitió situar el gravamen para sus exportaciones hacia Estados Unidos en el 15 y en el 10 % respectivamente.

Otros países que experimentaron importantes reducciones fueron Camboya -del 49 al 19 %-, Lesoto -del 50 al 15 %- o Vietnam -del 46 al 20 %-.

…y los perdedores

En contraste, fueron tres los países que no solo no percibieron una rebaja, sino que se les aumentaron los aranceles: la República Democrática de Congo, Guinea Ecuatorial y Suiza.

Estados Unidos gravó con más de un 30 % a la mayoría de naciones con las que no alcanzó un pacto. Siria (41 %), Laos (40 %) y Birmania (Myanmar) (40 %), registran los aranceles más altos. Les sigue Suiza con un 39 %.

No todos los aranceles, sin embargo, respondieron a razones estrictamente comerciales.

A la par que la Casa Blanca publicó el reajuste arancelario, también anunció que gravaría con un 35 % los productos canadienses, pero en este caso porque sostuvo que el país vecino «no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas y ha tomado represalias contra Estados Unidos por las acciones del presidente para hacer frente a esta amenaza inusual.

A Brasil, además del arancel «universal» del 10 %, se le ha impuesto otro adicional del 40 %, en represalia por el juicio al que está sometido allí el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del presidente estadounidense.

En el caso de México, Trump habló hoy con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y tras esa conversación anunció una nueva prórroga de 90 días en la aplicación de la mayoría de aranceles para México.

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Fuente de imagen referencial: EFE/AARON SCHWARTZ

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La decisión, anunciada a través de una orden ejecutiva, impondrá gravámenes a las importaciones hacia EE.UU. de bienes por valores inferiores a 800 dólares.

Todos los productos que lleguen a EE.UU. a través del sistema postal internacional quedarán sujetos, a partir de finales de agosto, a una tarifa arancelaria calculada según el costo de cada paquete y el país del que proviene, explicó el Gobierno de EE.UU.

La Administración Trump justificó esta decisión asegurando que los envíos de bajo costo exentos de impuestos en EE.UU. están sujetos a «menos controles» que las importaciones tradicionales y que la excepción, en pie desde los años 30, es un «vacío legal».

Estos envíos, argumentó la Casa Blanca, «pueden representar riesgos para la salud y la seguridad nacional y económica».

Entre 2015 y 2024, el volumen de envíos pequeños que llegaron a Estados Unidos aumentó de 134 millones a más de 1.360 millones de paquetes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, en inglés).

El pasado 2 de mayo, Trump eliminó la excepción de aranceles a los envíos pequeños procedentes de China, afectando en especial a gigantes de las ventas en línea como Shein y Temu.

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Fuente de imagen referencial: EFE/JIM LO SCALZO

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La propia compañía explicó en un comunicado que el fallo se dio «en el equipo de red que conecta el interior y el exterior de la empresa» aunque desconoce el origen.

En el documento publicado, Japan Airlines detalló que el ataque derivó en «un mal funcionamiento del sistema que se comunica con los sistemas externos» y causó retrasos tanto en vuelos domésticos, así como en rutas con destino o procedencia internacional.

Medios locales elevan la cifra de vuelos nacionales afectados a 24.

Por el momento no fue cancelada ninguna ruta, aunque Japan Airlines, que sigue evaluando el alcance del ciberataque, dijo que la incidencia podría ser mayor.

Seguridad de Japan Airlines

Según la compañía, la seguridad de las operaciones no se ha visto afectada, aunque Japan Airlines continúa investigando el origen y el alcance del ciberataque y trabajando en la recuperación de sus sistemas.

Japan Airlines detectó las irregularidades a las 7:24 hora local (22:24 GMT del miércoles) y logró apagar temporalmente el enrutador que cree que se ha visto comprometido por el ataque.

Fuentes de la investigación que inició JAL citadas por la agencia local de noticias Kyodo dijeron que la aerolínea sugirió a la policía que podría haber sido víctima de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), en el que las redes se ven abrumadas por datos de múltiples fuentes durante un período de tiempo corto.

El portavoz del Gobierno nipón, Yoshimasa Hayashi, afirmó en una rueda de prensa: «a través del Ministerio de Transporte, hemos solicitado a JAL que repare su sistema lo antes posible para responder adecuadamente a los clientes afectados».

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

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Durante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk expresó su profunda preocupación por el «retraso prolongado» en las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas en los años 2014, 2017 y 2019, que, según su oficina, suman un total de 101 casos.

Dijo que de manera alarmante, solo ocho de ellos han sido resueltos hasta el momento, revelando una falta de justicia y rendición de cuentas.

La búsqueda de justicia: es lento el progreso en las investigaciones

El informe presentado por el alto comisionado Volker Türk destaca una situación preocupante en relación con los casos de muertes ocurridas durante las protestas en Venezuela.

A pesar de que han pasado años desde estos eventos trágicos, el retraso en las investigaciones ha generado una incertidumbre prolongada para las víctimas y sus familias.

Un recuento desalentador: 101 casos sin resolver

El informe revela que, según la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se han registrado un total de 101 casos de muertes relacionadas con las protestas en Venezuela.

Estos eventos dolorosos han dejado una marca indeleble en la sociedad y han creado una urgente necesidad de justicia.

Sin embargo, resulta preocupante que, hasta la fecha, únicamente ocho de estos casos hayan sido resueltos, dejando a la gran mayoría de las víctimas y sus seres queridos en un limbo legal.

Habría falta de rendición de cuentas y transparencia

La falta de progreso en las investigaciones y resolución de estos casos ha generado una sensación de impunidad en relación con los actos de violencia cometidos durante las protestas.

La sociedad venezolana clama por una rendición de cuentas efectiva y transparente, donde los responsables de los actos criminales sean llevados ante la justicia y se les apliquen las sanciones adecuadas.

Ante esta situación preocupante, el alto comisionado Türk insta a las autoridades venezolanas a acelerar las investigaciones y garantizar que se haga justicia para todas las víctimas de las protestas.

Es imperativo que se brinde apoyo a los mecanismos judiciales y se promueva la transparencia en el proceso, a fin de fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales e internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Ilyas Seddoug

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