Mahmood expuso una serie de condiciones, que someterá a consulta pública en las próximas semanas, para obtener la residencia indefinida -previa al acceso a la nacionalidad-, y confirmó que el umbral para acceder a ella se elevará de cinco a diez años.

Entre los requisitos para los migrantes se incluyen trabajar, cotizar al sistema de seguridad social, «no recibir ni un solo penique en prestaciones», dominar el inglés, no tener antecedentes penales y participar en actividades de voluntariado en la comunidad.

«El tiempo pasado en el país no será suficiente. Al igual que hicieron mis padres, deberán ganarse el derecho a vivir en este país de forma indefinida«, afirmó la ministra, de origen paquistaní.

Nuevo programa para migrantes en Reino Unido

Bajo el nuevo programa, la obtención de la residencia dependerá de la contribución del solicitante, del modo que algunos migrantes podrían acceder antes si cumplen con todos los requisitos mientras que otros tendrían que esperar más tiempo o no alcanzarla si su aportación es menor.

La ministra defendió la necesidad de controlar las fronteras y mantener un sistema migratorio justo, advirtiendo de que «el patriotismo es una fuerza para bien, pero si no se gestiona correctamente, puede convertirse en algo más pequeño, más cercano al etnonacionalismo».

Consciente de la inquietud que esta política puede generar entre la militancia laborista, dijo a sus colegas que «no siempre» les gustará lo que hace, pero prometió luchar por una visión del país que sea propia sin doblegarse al populismo de derechas de Reform UK.

La formación de Nigel Farage, que lidera las encuestas electorales, planteó la semana pasada eliminar la residencia indefinida y reemplazarla por visados periódicos con exigencias más altas de inglés y salario, lo que restringiría además el acceso a la ciudadanía.

El primer ministro y líder laborista, Keir Stamer consideró que la propuesta es inmoral al privar de la residencia a quienes ya la tienen, pero subrayó que su Gobierno también reforzará el control migratorio.

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Ya en agosto pasado la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, votó a favor de terminar con el Estatuto Migratorio, firmado hace 15 años.

La medida fue aprobada entonces gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se firmó y ratificó el decreto, se abstuvo.

El correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del Gobierno de Correa, sostuvo durante el debate que la RC no consideraba que el fin del acuerdo sea lo mejor.

Lo ideal, según él, era que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. «No nos oponemos, pero votaremos en abstención», señaló entonces.

Solicitud del presidente de Ecuador

Fue el propio presidente Noboa quien el pasado 11 de marzo solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según se sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban «suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria».

Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a aquellos nacionales de unos 40 países -entre ellos Venezuela- a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país.

La implementación de la medida «busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio», apuntó a finales de agosto la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador «reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente».

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado previamente la «golden visa» (también llamada «golden card») como un permiso migratorio destinado a millonarios que deseen establecerse en el país y que gozarán de los mismos privilegios que los residentes permanentes, quienes poseen la conocida como «tarjeta verde».

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirige Musk, se está encargando, desde al menos el mes pasado, de crear la página web y el proceso de solicitud de las «visas doradas», de acuerdo con el Times, que cita fuentes conocedoras del asunto y documento.

Y cita a tres empleados del DOGE involucrados en el proyecto: Marko Elez, extrabajador de SpaceX vinculado a una cuenta anónima de X que hacía comentarios racistas; Edward Coristine, un ingeniero despedido de una empresa por filtrar datos confidenciales, y Joe Gebbia, uno de los fundadores de Airbnb.

Estos tres ingenieros han estado en coordinación con otras agencias para ver el modo de «acelerar el proceso de cribado de inmigrantes típico, que requiere entrevistas y revisiones de antecedentes, y obtener aprobación de residencia para solicitantes de alto patrimonio neto en un plazo de dos semanas».

Es destacable que sea el DOGE el encargado del sistema para vender la «visa dorada», pues el cometido oficial de ese departamento, creado a la medida de Musk, es recortar gastos del Gobierno federal para aligerar el aparato burocrático, no buscar nuevas vías de ingreso.

Cuando presentó esta iniciativa el pasado febrero, Trump dijo que «atraerá a mucha gente a nuestro país, que será rica y que han tenido mucho éxito y que gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y darán trabajo a muchas personas. Creemos que será un gran éxito», afirmó el presidente.

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La agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Interna (DHS), explicó en un comunicado que la actividad antisemita “afectará de inmediato” y de forma negativa a los migrantes que solicitan la residencia permanente, conocida como ‘tarjeta verde’, a los estudiantes extranjeros y a aquellas personas afiliadas a instituciones educativas vinculadas con actividades antisemitas.

“No hay cabida en Estados Unidos para los simpatizantes del terrorismo del resto del mundo, y no tenemos la obligación de admitirlos ni de permitir que se queden aquí”, dijo en el comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

Advertencia para migrantes

La decisión de monitorear las redes sociales de los extranjeros obedece a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump contra el antisemitismo. El personal de USCIS comenzó a aplicar la nueva guía desde este miércoles.

McLaughlin subrayó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, “ha dejado claro que cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y escudarse en la Primera Enmienda para promover la violencia antisemita y el terrorismo, piénselo dos veces. No es bienvenido aquí”.

La decisión del DHS de denegar a los migrantes vinculados a actos antisemitas beneficios migratorios, sigue los pasos del Departamento de Estado, (DOS, en inglés). Para finales de marzo Estados Unidos había revocado más de 300 visados a extranjeros a los que acusa de tener vínculos con grupos terroristas, incluidos estudiantes propalestinos.

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«Vamos a vender una ‘tarjeta dorada’. Existe la ‘tarjeta verde’, pero esta será una ‘tarjeta dorada’. Le pondremos un precio de unos 5 millones de dólares, y eso les otorgará los privilegios de la ‘tarjeta verde’, además de un camino hacia la ciudadanía estadounidense», declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario se refirió a este nuevo permiso migratorio como la «tarjeta dorada Trump», sugiriendo que podría llevar su propio nombre.

«Esto atraerá a mucha gente a nuestro país, que será rica y que han tenido mucho éxito y que gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y darán trabajo a muchas personas. Creemos que será un gran éxito», afirmó el mandatario.

Tarjeta dorada sustituirá a programa para inversores

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien se encontraba con Trump en el Despacho Oval, añadió que la medida entrará en vigor en unas dos semanas y servirá para sustituir el Programa de Inmigración para Inversores EB-5, que permite a inversores, junto con sus esposas e hijos menores de 21 años, obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Lutnick afirmó, sin aportar pruebas, que el programa EB-5 era «fraudulento», razón por la cual será sustituido.

El visado EB-5 de Estados Unidos fue creado mediante la Ley de Inmigración de 1990 y ofrecía a los inversores extranjeros la posibilidad de obtener la residencia permanente si realizaban una inversión sustancial en un negocio en EE.UU. y, a su vez, generaban al menos 10 empleos a tiempo completo para ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con autorización de trabajo.

A lo largo de los años, el Congreso ha modificado en varias ocasiones este programa y sus condiciones de acceso.

Por ejemplo, en 2022 se estableció que la inversión mínima para calificar en el programa EB-5 sería de 1.050.000 dólares, aunque se contemplaban algunas excepciones.

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«No estoy interesado en hacer de la inmigración y de la frontera un juego político», aseguró en un evento en la Casa Blanca al que acudieron legisladores, funcionarios y activistas en pro de los derechos de los migrantes.

La medida, anunciada por la Casa Blanca por la mañana, permite que los migrantes que no tienen un estatus legal en EE.UU. y están casados con estadounidenses puedan iniciar el proceso para obtener un permiso de residencia sin tener que salir del país.

El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que la Administración de Barack Obama creó en 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

Discurso de Biden

El discurso de Biden tuvo lugar, precisamente, en un evento para celebrar los 12 años de DACA, que ha permitido a más de 800.000 personas obtener un permiso de trabajo y estar protegidas frente a la deportación.

Durante su intervención, el presidente retomó la retórica pro-inmigrante que ayudó a auparlo a la presidencia, matizada bajo una defensa de las restricciones al asilo en la frontera con México que promulgó hacer dos semanas.

Biden se defendió ante las críticas a sus políticas de mano dura con la migración desde territorio mexicano, que han provenido de organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional y del sector más progresista de su propio partido.

«Me rehúso a creer que para seguir (…) abrazando la migración hay que renunciar a tener una frontera segura«, dijo.

Biden reconoció además que «la buena fe de los estadounidenses está siendo puesta a prueba por sus miedos sobre la frontera».

El discurso, interrumpido en varias ocasiones por aplausos y el público en pie, provocó lágrimas entre algunos presentes y concluyó con abrazos agradecidos.

Los migrantes que podrán beneficiarse de este programa han vivido en EE.UU. por un promedio de 23 años, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Para solicitar este alivio, la persona tiene que haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, haber vivido en el país al menos 10 años y no haber sido deportado en el pasado.

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La propuesta fue presentada por la republicana María Elvira Salazar, así como los demócratas Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson.

«La opresión del régimen de Maduro y el fracaso del socialismo del siglo XXI ha llevado a la peor crisis de refugiados del mundo», afirmó Salazar.

«Como resultado, miles de venezolanos en Miami enfrentan una situación migratoria incierta y no pueden regresar a Venezuela. Estoy orgullosa de co-liderar la Ley de Ajuste Venezolano para proporcionar refugio a aquellos que han soportado un sufrimiento increíble, para que no tengan que volver a casa a enfrentarse a la ira de la dictadura», agregó la republicana.

Ley de Ajuste Venezolano

La Ley de Ajuste Venezolano permitirá otorgar la residencia permanente legal a muchos venezolanos que han estado viviendo en los Estados Unidos durante años y les permitiría seguir haciendo contribuciones significativas a sus comunidades, al estado de Florida y al país.

«Con la ayuda del Presidente Joe Biden y el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, hemos entregado el Estatus de Protección Temporal y un nuevo programa de parole para ayudar a cientos de miles de refugiados venezolanos en Florida y en todo el país», afirmó el representante Soto.

«Ahora, los venezolanos que viven en los Estados Unidos necesitan un camino hacia un estatus legal permanente para tener una mayor estabilidad», destacó.

«La Ley de Ajuste Venezolano permitirá a más de 400.000 venezolanos, que huyeron de un régimen opresivo donde impera el totalitarismo, obtener la Residencia Permanente sin ningún modelo de cambio», dijo Mildred Rodríguez, CEO de My Voice Counts.

«Ofrecerá inclusión permanente, inserción e integración social al país que los acoge, recuperando su libertad y reconstruyendo un futuro de reencuentros sin fronteras», concluyó.

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Víctor De Abreu

Según la ONG, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha respondido a las solicitudes para atender a este numeroso grupo de ciudadanos que aún no están inscritos o que requieren actualizar su información de residencia y centro de votación, tanto dentro como fuera del país.

Cifras que maneja la ONG

Esta cifra estimada incluye a más de cuatro millones de connacionales inscritos en el RE, más de un millón de ciudadanos que no están inscritos y se encuentran en el extranjero, más de dos millones que necesitan actualizar su información de residencia y centro de votación en el país debido a cambios inconsultos o por haberse trasladado a una ubicación geográfica muy distante de su sitio de votación.

De igual forma, menos dos millones de jóvenes en edad para votar dentro del territorio nacional que aún no están inscritos, y más de 700.000 jóvenes que cumplirán la mayoría de edad entre 2023 y 2024, 600.000 en Venezuela y 100.000 en el extranjero.

#11May 🗞️ | Asociación Civil Súmate denuncia que más de 10 millones de venezolanos no podrán votar por el CNEhttps://t.co/ys57Du09oR

— ComunicaciónContinua (@ComuniContinua) May 11, 2023

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El río El Cojo, en Macuto, se desbordó y afectó a la residencia Agua Marina al derribar una de las paredes del urbanismo.

De la misma forma, el río La Veguita en la misma parroquia mantiene en alerta a la población, puesto que aseguran que el cauce se encuentra obstruido por desechos y maleza.

Un escenario similar se presentó también en el San Julián, en la parroquia Caraballeda, río Los Caracas y el Piedra Azul.

Los habitantes de Los Caracas solicitaron a las autoridades estar atentos ante cualquier situación con los afluentes del estado. De momento, no se reportan pérdidas humanas ni materiales.

#NACIONALES | 🚨 Así se encuentra Macuto, a la altura de las 15 Letras, en la avenida La Playa, estado La Guaira. (Video cortesía) pic.twitter.com/lzOD8lUtdP

— Por la calle del medio (@plcdelmedio) October 28, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de Unión Radio y redes sociales

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