«Procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre del libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y a la felicidad», dijo Maduro en un acto televisado.

«Con motivo de eso, los diputados de la Asamblea Nacional entraron a debatir una ley para hacer justicia, una ley para defender a Venezuela y para vencer como estamos venciendo y venceremos todas las amenazas y todos los bloqueos del imperialismo norteamericano y sus países satélites», añadió.

La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, aprobada por unanimidad el jueves, también contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el gobierno.

La norma, aprobada por unanimidad, incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos», lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.

Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.

Se considera a las sanciones internacionales crímenes de lesa humanidad

Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.

La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del gobierno nacional.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial principal: Archivo – EFE / Prensa Miraflores

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En declaraciones, afirmó que la Fiscalía consideró «que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, dado que se han entregado a la Fiscalía de la corte ocho informes que compilan más de 3.000 páginas de información (…) para procesar a los posibles responsables de violaciones de Derechos Humanos».

En este sentido, recordó que el Estado venezolano llegó a un acuerdo con la Fiscalía del TPI para abrir las puertas a la «complementariedad positiva entre ambos actores» y estableció un memorando de entendimiento firmado junto al fiscal de la corte, Karim Khan.

Por lo tanto, hizo énfasis en que «el fiscal Khan nos informó de que ha concluido el examen preliminar de la situación y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad, esto a pesar de que en esta fase no se ha identificado a ningún sospechoso al que se puedan formular cargos».

La investigación abierta permite al fiscal buscar pruebas en Venezuela y pedir órdenes internacionales de captura https://t.co/LIxVpjDThH

— ABC Internacional (@abc_mundo) November 5, 2021

Memorando

El acuerdo firmado entre las partes apunta a «abrir las puertas» a una relación más positiva con la corte internacional. «Cuando hablamos de complementariedad positiva nos referimos a que la Fiscalía del TPI deberá cooperar activamente acompañando al Estado en todo lo que requiera para investigar y sancionar», matizó Saab.

«Los términos del memorando de entendimiento firmado son los siguientes: se acuerda que la República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales», destacó.

Por otro lado, Khan anunció que decidió abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones de los Derechos Humanos tras concluir su examen preliminar sobre el terreno, según el propio memorando de entendimiento ratificado por las partes.

No obstante, el gobierno se mostró contrariado e insistió en que «las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin».

Ya que la CPI decidió investigar formalmente al país, hagamos un hilo, mostrando evidencias de como los "cuerpos de seguridad" por órdenes de Nicolas Maduro, reprimían y asesinaban a quienes se le oponían. pic.twitter.com/QaN5maum30

— Johan Lozada (@JohanLozada26) November 3, 2021

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Con información de dpa y redes sociales