El texto fue aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia, que lo remitirá al pleno de la Cámara alta, que en caso de apoyarlo lo enviará a la Cámara de Diputados para la discusión definitiva.

Según la propuesta, en el caso de la Presidencia, el fin de la reelección comenzaría a aplicarse a partir de los comicios de 2030, por lo que el mandatario elegido ese año ya no podría aspirar a un nuevo periodo de forma consecutiva.

También dice que la ampliación de los mandatos del presidente, los gobernadores y alcaldes de los actuales cuatro años a cinco solo entraría en vigor a partir de 2034, con lo que los elegidos ese año asumirían en 2035 y ejercerían sus cargos hasta 2040, sin posibilidad de reelección inmediata.

En Brasil, desde 1989 se permite la reelección de un presidente por dos mandatos consecutivos, una norma que vale también para los gobernadores y alcaldes, todos cargos que tienen un mandato de cuatro años.

Reelección en Brasil

El primer presidente reelegido fue Fernando Henrique Cardoso, quien impulsó la reforma que le permitió volver a ser candidato y gobernó en dos periodos consecutivos, entre 1995 y 2002.

Le sucedió Luiz Inácio Lula da Silva, quien también ejerció el cargo durante dos mandatos consecutivos (2003-2010) y volvió al poder en enero de 2023, tras derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Desde que la reelección entró en vigor, el líder de la extrema derecha ha sido el único presidente que fracasó en su intento de conservar el cargo, algo que también consiguió Dilma Rousseff, quien ganó en 2010, fue reelegida cuatro años después y finalmente fue destituida en 2016, por presuntas irregularidades fiscales.

Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2026, por lo que Lula, actual mandatario, quien para entonces tendrá 80 años, podría aspirar a un nuevo mandato consecutivo, aunque aún no ha confirmado si tiene intenciones de volver a postular.

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Asimismo, dispone que las elecciones nacionales se unifiquen a partir de 2032, además de dotar de una mayor independencia al Ministerio Público, del que también se determinan sus funciones.

La proclamación de la nueva Constitución la ejecutó el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, el senador Ricardo de los Santos, en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional (bicameral) en la que estuvieron presentes el presidente del país, Luis Abinader, y la vicepresidenta, Raquel Peña.

La cuadragésima modificación a la Constitución dominicana dispone la imposibilidad de que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo pueda intentar permanecer en el poder más allá de lo que establece el texto constitucional, que permite la reelección consecutiva, y «nunca más» volver a aspirar al cargo de presidente y al de vicepresidente.

Aprobación de la nueva Constitución

La Asamblea Nacional Revisora, que aprobó la nueva Constitución el 14 de octubre, dispuso que el número de diputados pasará de 190 a 170, a partir de las elecciones de mayo de 2032, cuando se producirá la unificación de los comicios nacionales, así como de los parlamentarios de organismos internacionales.

La Constitución dominicana ahora establece que el procurador general de la República no formará parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), posición que ocupará el presidente del Tribunal Constitucional (TC).

El procurador general ya no será nombrado por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo de la Magistratura tras una propuesta en ese sentido del presidente.

Para Abinader las modificaciones a la Constitución aseguran que el poder siempre esté en manos del pueblo y simboliza el fin del caudillismo y el continuismo que puso en riesgo a la democracia de República Dominicana en múltiples ocasiones.

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La Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud, introducida y planteada el pasado 25 de septiembre por el excandidato presidencial Enrique Márquez, en una acción que contó con el respaldo de una veintena de dirigentes disidentes del oficialismo y de la cúpula tradicional del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

El TSJ rechaza revisar la sentencia que convalidó la reelección de Nicolás Maduro

En esta nueva decisión y pronunciamiento se asegura que el peritaje hecho por la Sala Electoral del TSJ para convalidar la reelección de Maduro -que no pudo ser seguido y verificado por representantes de la oposición mayoritaria- «fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías, a través del cual se comprobó la integridad inobjetable» del boletín anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Todo lo cual fue constatado por esta Sala Constitucional, reafirmando así que, a través del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024, quedó expresada la voluntad del pueblo venezolano».

TSJ rechaza revisión solicitada por Enrique Márquez y reafirma reelección de Madurohttps://t.co/9pmxmPS1Eq

— Venezuela en Contacto (@venezuelaencont) October 11, 2024

La sentencia del TSJ -integrado casi en su totalidad por magistrados afines al oficialismo- ratifica que la reelección del presidente (Nicolás Maduro) ha sido certificada «categóricamente».

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A juicio del dirigente opositor no sólo es conveniente que haya primarias para escoger al candidato único y unitario de los factores que conforman la oposición democrática venezolana, sino que la persona que sea electa como presidente de la República tenga el apoyo mayoritario de la población.

Pérez Vivas es partidario de eliminar la reelección «porque ésta se ha demostrado que es inconveniente para el país, ya que quien llegue a ejercer el Poder Ejecutivo tiene que cumplir un solo período y no tener más opción de repetir, ni siquiera como ocurría antes en Venezuela, que debía esperar cierto tiempo para volver a aspirar».

#22Feb | César Pérez Vivas defiende el voto manual con transmisión automatizada.

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— 800 Noticias (@800Noticias_) February 22, 2023

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Gabriel Velásquez

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La Corte reiteró que la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo el sistema del que la Convención forma parte y consideró que los principios de la democracia representativa incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político.

“La permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de dos períodos consecutivos de duración razonable sin que dicha duración pueda ser modificada durante la vigencia del mandato”, dijo el organismo en relación al termino.

El Tribunal explicó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida debe garantizar la democracia representativa, por lo que es acorde con la convención y, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del jefe de gobierno o Estado en un sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad.

CIDH declaró la reelección presidencial indefinida como contraria a los principios de una democracia representativa https://t.co/VB1wr6NHkl

— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) August 14, 2021

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Gabriel Velásquez

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