«El 11 de enero del 2025, el gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano», señaló la Cancillería en un comunicado, luego de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano añadió que «el gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto».

«La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático», agregó la información.

La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que hace dos meses fue notificada de que «el gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto», debido a que, «según ellos», no «existía ninguna persecución».

El caso de asilo de Díaz

En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.

Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien asistió la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados comenzar un «procedimiento disciplinario» en su contra, con el fin de aplicar «la sanción que corresponda».

Entonces, la sala también anunció que la abogada sería suspendida «temporalmente del ejercicio profesional».

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En una audiencia oral y pública celebrada este lunes en la Cámara Federal de Casación, considerada una segunda instancia judicial, el fiscal Mario Villar se pronunció a favor de mantener la modalidad de prisión domiciliaria, pero propuso disponer otro domicilio distinto al de la calle San José 1111 de Buenos Aires, donde se encuentra recluida desde el 17 de junio.

El fiscal expuso sus argumentos contrarios a los de sus colegas en la primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes la semana pasada habían solicitado que Fernández fuera trasladada a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

Solicitudes de la defensa de Fernández

A continuación, la defensa de la expresidenta rechazó la posibilidad de un traslado y pidió que se mantenga su residencia actual.

El letrado Beraldi también solicitó que se anule el régimen de visitas vigente -que obliga a Fernández a pedir autorización judicial cada vez que desea recibir a alguien- y que se le retire la tobillera electrónica, al considerar que no existe riesgo de fuga.

El fiscal Villar argumentó que no eran viables dichas solicitudes.

La decisión final quedará en manos de los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes escucharon los planteamientos de las partes y se prevé que resuelvan las solicitudes en el transcurso de cinco días hábiles.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

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El presidente, Donald Trump, firmó al inicio de su mandato una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, como parte de su reforma del sistema migratorio.

La orden fue pausada temporalmente por el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, tras una demanda de cuatro fiscales de estados demócratas, y quedó paralizada de manera más permanente tras una batería de demandas similares, incluyendo las de otras autoridades y organizaciones de derechos civiles.

El tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, respondió a un recurso de emergencia del Departamento de Justicia para dejar sin efecto el fallo del juez Coughenour, en lo que supone la primera acción a nivel de apelaciones, y rechazó esa petición.

El panel de apelaciones, que incluye a una jueza nombrada por Trump en su primer mandato, Danielle Forrest, señaló que abordará en profundidad la cuestión más adelante y argumentó que no se trataba de una emergencia que requiriera una intervención rápida, según CNN.

Con la orden, Trump cuestiona la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que se refiere a la ciudadanía por nacimiento, y dice que deben existir normas más estrictas para convertirse en ciudadano.

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