El fiscal argumentó que los procedimientos y reformas judiciales llevadas a cabo en Venezuela, “son insuficientes en su alcance o no han tenido aún unas consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes”.

En el documento, Khan sostiene que “tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad considerable de información proporcionada hasta la fecha por Venezuela, así como por otras fuentes fidedignas, he llegado a la conclusión de que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada en la fase actual, y que se debería autorizar la reanudación de la investigación. Los motivos para esta conclusión se exponen de forma exhaustiva en nuestra petición”, declaró.

El documento agregó que, de los 893 casos denunciados, en el 85,55 % no se ha identificado un sospechoso, y la gran mayoría de sus rangos o cargos dentro de la jerarquía o cadena de mando no se proporciona.

“Cuando se identifican, los sospechosos que están siendo investigados o (más raramente) procesados internamente son perpetradores físicos directos que parecen ser exclusivamente de bajo rango miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Al parecer, las autoridades venezolanas no han investigado personas en posiciones medias o altas de autoridad”, expresó.

📢 Statement of the #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC, following the application for an order under article 18(2) seeking authorisation to resume investigations in the Situation in #Venezuela I ⤵️ https://t.co/cT2JFVM3jH

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 1, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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