“Según los patrones que hemos observado en los últimos años, en la medida que nos acerquemos a un escenario electoral van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, contra las academias, los gremios y las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos la movilización de las comunidades en la calle por la exigencia de sus derechos”, advirtió el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

Uzcátegui alertó que «la única contención» con la que cuentan ante este escenario es la actuación de los mecanismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI), la Misión Internacional de la ONU de Determinación de Hechos (FFM, por sus siglas en inglés), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El representante de Provea advirtió que la justicia internacional “es la única amenaza creíble para las autoridades” del Gobierno y la única protección contra el sistema de justicia.

La organización presentó este martes su informe correspondiente a la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2022.

En el informe, revelaron que las autoridades venezolanas han profundizado los mecanismos de control de la población y se mantiene la discriminación y exclusión por razones políticas.

“Se están tomando decisiones para mantener el control de la población y no para satisfacer sus necesidades (…) La única política pública que existe en este momento por parte de las autoridades venezolanas es la preservación de poder, no es la satisfacción de las necesidades de los venezolanos”, denunció Uzcátegui.

Uzcategui argumentó que el proyecto de ley busca limitar el libre flujo de cooperación internacional, mediante la centralización de los recursos, así como la nueva facultad que tendría el Estado de distribuir de forma discrecional estos recursos de acuerdo con las prioridades del Ejecutivo, cuya finalidad es eliminar o neutralizar una variedad de organizaciones.

El líder social sostiene que dicha ley busca desde la Asamblea Nacional, ahora de mayoría oficialista, materializar una política de Estado de silenciamiento a la sociedad civil y a distintas figuras de contrapeso, como es el caso de las universidades y los sindicatos.

Cabe destacar que gran parte de las organizaciones no gubernamentales reciben dinero del exterior, el cual les permite operar en el país y mantener su hoja de ruta en el tiempo. Uzcátegui puntualiza que de aprobarse la ley, disminuiría la cantidad de dinero que los venezolanos recibirían, en medio de la emergencia humanitaria.

Venezuela tiene un sistema de justicia sin independencia, que ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos y ha jugado un papel significativo en la represión estatal contra opositores y víctimas del gobierno de Maduro, según la Misión de la ONU https://t.co/HupzgMcMbZ

— PROVEA (@_Provea) June 13, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

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