El acto central tuvo lugar en Bogotá, en el Monumento de los Héroes Caídos, donde familiares, miembros de la fuerza pública y ciudadanos prendieron velas por las víctimas en una ceremonia marcada por el silencio, la solemnidad y el luto.

Durante el homenaje, unidades de la Policía Militar permanecieron formadas y sostuvieron velas encendidas, mientras que una guardia de honor, con uniformes de gala y fusiles, custodió la ceremonia bajo la lluvia.

También se ofició un acto religioso en el que sacerdotes elevaron oraciones por las víctimas, en medio de cantos y momentos de silencio que reforzaron el carácter solemne del homenaje.

En medio de la noche, la bandera de Colombia ondeó a media asta y su reflejo se proyectaba sobre el agua acumulada frente al monumento, en una imagen cargada de simbolismo.

Homenaje en diferentes ciudades

En Cali, principal ciudad del suroeste, el homenaje incluyó el encendido de velas que llevaban los nombres de los uniformados fallecidos frente a un monumento custodiado por uniformados y rodeado de banderas de Colombia.

En Cúcuta, en la frontera con Venezuela, civiles y uniformados encendieron velas en espacios públicos y permanecieron en silencio frente a altares improvisados.

En otras ciudades como Valledupar, Medellín, Yopal, Popayán, Villavicencio e Ibagué también se hicieron estos homenajes, mientras que en Florencia y Pasto se realizaron actos de memoria colectiva con velas como símbolo de respeto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó a las afueras del Instituto de Medicina Legal (IML), tras acompañar a familiares de las víctimas, que las honras fúnebres se realizarán en los lugares de origen de los uniformados fallecidos, aunque no descartó un acto central en Bogotá.

El IML señaló por su parte que ya logró la identificación de 24 de los 69 fallecidos en esta tragedia que enluta al país y por la que el presidente Gustavo Petro declaró tres días de duelo nacional.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ernesto Guzmán

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A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano recordó que Santa Rosa se encuentra «bajo la soberanía y jurisdicción» de Perú de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922 y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites.

El Congreso de Perú aprobó el pasado 12 de junio la creación del distrito de Santa Rosa, hasta ese momento parte del municipio peruano de Yavarí, perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, que se encuentra dentro del amazónico departamento de Loreto, el más extenso del territorio peruano.

El comunicado oficial recordó que el Gobierno de Dina Boluarte ha rechazado contundentemente los términos contenidos en dos notas del Ejecutivo colombiano, en junio y julio pasados, una oportunidad en la cual reafirmó los legítimos derechos de soberanía sobre la integridad de su territorio.

La Cancillería peruana explicó que el pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada a Perú en 1929 por la Comisión Mixta Demarcadora y que está sometida a su soberanía y jurisdicción nacional por encontrarse al oeste del límite internacional peruano-colombiano, establecido por el ‘thalweg’ (vaguada) del río Amazonas hasta la latitud determinada como límite entre Colombia y Brasil (Hito 1995-1), reafirmado a Colombia en diversas oportunidades.

Asimismo, recordó el Protocolo de Amistad y Cooperación entre Perú y Colombia, y el Acta Adicional firmada en 1934, que reafirmó los límites establecidos en el tratado de 1922, mediante el que Perú cedió a Colombia los territorios entre los ríos Caquetá y Putumayo, así como el trapecio amazónico, donde se encuentra Leticia, para conceder de ese modo a Colombia un acceso al río Amazonas.

A su vez, el Acta Adicional acordó la libertad de navegación y de tránsito entre los territorios fluviales de ambos países en las cuencas del Amazonas y del Putumayo, lo que «Perú cumple rigurosamente».

El Gobierno reiteró que Perú, fiel a su vocación de cumplir con sus obligaciones internacionales, se conduce con «estricto apego al derecho internacional» y a los tratados bilaterales vigentes, lo cual reafirma en esta oportunidad.

Petro acusa a Perú de apropiarse de territorio

El presidente Petro acusó al Gobierno de Perú de apropiarse a Santa Rosa, donde desde hace décadas ondea la bandera peruana pues asegura que ese país violó el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra de los dos países entre 1932 y 1933.

«El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes», expresó Petro.

El mandatario señaló que dichas islas están ubicadas «al norte de la actual línea más profunda, y que el Gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia», si bien este ya pertenecía al municipio peruano de Yavarí antes de que se aprobara que fuera un distrito independiente.

«Esa acción unilateral y violatoria del tratado de Río de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial. El Gobierno usará antes que nada los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional», explicó Petro.

La Cancillería colombiana añadió que «para la isla Santa Rosa y las demás surgidas con posterioridad a 1929 se debe hacer un proceso de asignación de común acuerdo entre Cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países».

De interés: Petro desea «la mejor de las suertes» a Laura Sarabia tras su renuncia como canciller

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Ortega

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«Desde el 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», dijo la representante en Colombia del ACNUDH, Juliette Rivero, en una rueda de prensa virtual.

Asimismo, la oficina documentó 76 masacres, y está verificando cinco más, en las que fueron asesinadas, entre las 292 víctimas, 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes.

El incremento de la violencia se produjo sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, según indicó la representante.

«La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros», subrayó Rivero.

La violencia obligó a más de 25.000 personas a desplazarse y otras 74.312 se vieron confinadas por las restricciones impuestas por grupos armados y criminales

Un total de 73 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sujetas al acuerdo de paz, fueron asesinados durante 2020, lo que sitúa el homicidio de desmovilizados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 en 248.

Además, la Oficina de la Alta Comisionada recibió información de 795 amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos, de las cuales el 44% se produjeron en zonas rurales y el 14% en Bogotá, siendo esta ciudad, junto con la región de Cauca, donde más casos se produjeron el año pasado.

En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales pudieron verificar 90 y siguen verificando 25. «Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», anunció Rivero.

En Vivo! Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los #DerechosHumanos sobre #Colombia https://t.co/JFjqQiEcFd

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 23, 2021

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Gabriela Morales

Con información de agencias, medios internacionales y redes sociales