El acuerdo busca garantizar «el traslado digno, seguro y oportuno desde EE.UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en EE.UU. que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior«, especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés).

Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos por parte de los firmantes. «La ejecución del presente Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada Parte», especifica el texto.

En septiembre pasado, fuentes del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que negociaban un pacto de este tipo, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.

Según el documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas entre ambas naciones en julio pasado, Quito se compromete «a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE.UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva» sobre sus casos.

El contenido del pacto, programado para ser publicado oficialmente en el Registro Federal estadounidense el próximo 17 de noviembre, también especifica el compromiso de Ecuador con el establecimiento de un procedimiento para definir el estatus de las personas transferidas que abandonen su petición de asilo o no la tramiten.

Tanto EE.UU. como Ecuador acordaron la elaboración de «procedimientos operativos» en un «instrumento posterior» que incluya «criterios claros» de elegibilidad de aquellos solicitantes de asilo a trasladar, además de la asistencia bilateral necesaria para la implementación del pacto.

Relaciones entre Ecuador y EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en septiembre en Quito con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Entonces, Sommerfeld indicó que este convenio respondería solamente a «personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia» y que estén en buen estado de salud.

El presidente Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países.

El Gobierno del ahora expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/José Jácome

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El NRC ha señalado las 10 crisis más desatendidas del mundo, una lista encabezada por Burkina Faso y en la que Venezuela ocupa el quinto lugar, mientras que Colombia y El Salvador figuran por primera vez.

Crisis con consecuencias abrumadoras

La ONG subraya que las consecuencias de esta «crisis multifacética son abrumadoras», entre las que mencionó que «muchos han emprendido peligrosos viajes en busca de protección internacional y de un rayo de esperanza para el futuro».

El comunicado recuerda que, según cálculos de varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, más de siete millones de venezolanos abandonaron su país en los últimos años en búsqueda de mejores oportunidades.

#1Jun | La crisis social, política y económica de Venezuela recibe «poca atención» y es una de las más desatendidas del mundo, lo que afecta a millones de personas en el país caribeño, según un comunicado de la ONG Consejo Noruego para Refugiados.

📷: Cortesía pic.twitter.com/ksQhlTvfDE

— El Carabobeño (@el_carabobeno) June 1, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Unsplash+/Krzyztof Hepner

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El mediador Dmytro Lubinets dijo que los extractos de video presentados por Moscú como prueba muestran en realidad a soldados que «hicieron ver que se rendían”, por lo que «cometieron un crimen de guerra al disparar contra las fuerzas ucranianas».

Según Lubinets, esos soldados muertos «no pueden considerarse como prisioneros de guerra» y sostuvo que «aquellos que utilizan la protección internacional para matar deben ser castigados».

En los últimos días, circuló en redes sociales rusas un video en que aparentemente se veía a soldados rusos rendidos a los que obligaban a tumbarse y se oían disparos. También circularon otras imágenes en que se veía decenas de cuerpos y una gran mancha de sangre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó esta semana que muchos prisioneros de guerra capturados por las fuerzas rusas y ucranianas están siendo torturados y dijo haber recibido «denuncias creíbles» de ejecuciones sumarias de prisioneros rusos.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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La organización documentó 22 casos de personas venezolanas, entre ellas menores de edad, que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo, según AI en el informe “Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”.

Según el texto, que evalúa la situación de los venezolanos desde 2018, la isla puso en marcha un nuevo procedimiento de protección internacional que no se ajusta a “las normas internacionales de derechos humanos”.

Detalló que los venezolanos que llegan a la isla pasan automáticamente a estar en detención por tiempo indefinido y, en ese período, sufren presiones para que firmen su consentimiento a la deportación y tienen un acceso limitado a la asistencia jurídica.

Las entrevistas para evaluar las necesidades de protección son realizadas por los mismos funcionarios encargados de arrestar a los extranjeros con una condición migratoria irregular

“Hasta ahora, el nuevo procedimiento solo ha dado lugar al rechazo de las solicitudes del estatuto de protección. La organización ve con profunda inquietud que, como resultado, Curazao devuelva a Venezuela personas que allí corren un grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, en incumplimiento del principio de no devolución”, agregó.

Asimismo, denunció que las condiciones de detención en el cuartel de los extranjeros, la prisión Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) son “inhumanas y las personas recluidas allí están sometidas a privación sensorial, hacinamiento, encierro junto a personas convictas y falta de intimidad”.

Cabe destacar que la organización recibió denuncias de venezolanos que relatan que los guardias los trataban con insultos y los obligaban “a saltar como ranas sin la ropa puesta”.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

De aceptarse, la declaración Carvajal se enmarcaría en las diligencias previas abiertas por la Audiencia Nacional española cuando fue detenido por primera vez sobre terrorismo internacional.

El conocido como «Pollo Carvajal» hizo esta petición ante el juez después de que esta semana fuera paralizada su extradición a Estados Unidos, debido a que, según la Audiencia Nacional, aún no se había resuelto sobre la petición de asilo que formuló la primera vez que fue detenido en España.

El Ministerio de Interior de España notificó el miércoles al tribunal español y a la prisión de Estremera (Madrid), en la que ingresó hace seis días el exgeneral, que el asilo le fue denegado en 2019.

Fuentes del Ministerio indicaron a la agencia de noticias EFE que Carvajal solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso.

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Gabriela Morales

Con información de EFE y medios internacionales

Según  fuentes jurídicas, la decisión, notificada este martes 14 de septiembre en una providencia, tiene que ver con la previsión de la Ley de Asilo que protege a los solicitantes de protección internacional en los procesos de extradición cuando la tramitación y resolución de la solicitud aún no se ha completado.

Tras la decisión del Consejo de Ministros que dio luz verde a la extradición del Pollo Carvajal en marzo de 2020, el Ministerio de Justicia remitió un comunicado tanto a los servicios penitenciarios como a la Interpol en el que hacía constar su condición de solicitante de asilo a efectos de no ejecutar ninguna entrega policial hasta que el expediente sea resuelto.

Cabe destacar que para dicha fecha Carvajal ya se había fugado, puesto que desapareció el fin de semana antes de que la Audiencia Nacional le notificase formalmente que había cambiado su decisión inicial y había sentenciado que iba a entregarle a Estados Unidos.

La fuga acabó la semana pasada, cuando en una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA norteamericana, que facilitó su paradero a las autoridades españolas, fue detenido en el piso que alquilaba una compatriota en un barrio de la zona norte de Madrid.

Petición de asilo

En su petición de asilo, Carvajal alega que necesita protección de España respecto de Venezuela, país al que entiende que no puede volver puesto que es considerado “traidor” desde que manifestó públicamente su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

Además, alegó estar sufriendo persecución por parte de Estados Unidos, en la misma línea de los argumentos que esgrimió para negarse a ser extraditado y sostiene que los cargos de narcoterrorismo por los que es acusado “son una invención” o manipulación.

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Gabriela Morales

Con información del diario ABC (España)