Esta preocupante situación fue resaltada durante el informe final del Comité, el cual evaluó la situación en Venezuela y el grado de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

El informe reveló que las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son particularmente vulnerables a este delito. El Comité recibió denuncias que indican la existencia de formas contemporáneas de esclavitud, como el tráfico sexual y el trabajo infantil en áreas mineras.

Entre las zonas identificadas como problemáticas se encuentran el Arco Minero del Orinoco y las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, donde operan grupos armados y delictivos que están vinculados a la extracción ilegal de recursos naturales.

Venezuela debe promulgar una ley contra el tráfico de personas

Ante esta situación alarmante, el Comité subrayó la necesidad de promulgar una ley integral que aborde específicamente el tráfico de personas. Además, instó a las autoridades venezolanas a publicar un plan nacional detallado sobre esta problemática, así como a recopilar y proporcionar datos precisos sobre los casos de este delito y la explotación con fines de prostitución.

Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a las mujeres y niñas venezolanas de esta forma de violencia y explotación. La implementación de una legislación integral, junto con un enfoque holístico que aborde las causas subyacentes del tráfico de personas, es crucial para prevenir y combatir eficazmente este flagelo.

Además, se requiere una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Venezuela.

#Venezuela | ONU alertó sobre presuntas deficiencias para prevenir tráfico de personas https://t.co/ASls2Z18Sq

— VPItv (@VPITV) May 31, 2023

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Gabriel Velásquez

Según informó la Policía este lunes, la operación liberó a cinco de las víctimas y detuvo a siete personas entre Madrid y Orense, donde las mujeres eran explotadas sexualmente en una vivienda.

La Policía detalló a través de un comunicado que se trata de una organización de origen colombiano que captaba a las víctimas “a través de las redes sociales o de algún contacto directo que conocía su situación de vulnerabilidad y necesidad económica”.

Se dedicaban a la #trata y explotación sexual de mujeres en un piso de citas en #Ourense

Las víctimas eran captadas en #Colombia y #Venezuela a través de #RRSS, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad

👉🏻5 detenidos en Ourense y 2 en #Madrid

👉🏻2 registros en Ourense pic.twitter.com/P308OvOo0Z

— Policía Nacional (@policia) April 17, 2023

“Las convencían para venir a España, comunicándoles como debían actuar en el aeropuerto para no ser detectadas, facilitándoles la documentación y dinero necesario, sin levantar sospechas en la frontera», añadió la institución.

Una vez en España, les afirmaban a las mujeres que habían contraído una supuesta deuda de unos 3.000 euros que debían saldar prostituyéndose “en un piso de citas” en Orense, según el comunicado.

“Debían estar disponibles 24 horas al día los siete días de la semana, no podían rechazar ningún servicio, recibían una ínfima parte de los beneficios, ya que les quitaban todo el dinero ganado para saldar su deuda y no podían salir de la casa, sólo salían escoltadas en caso de que fueran a realizar un servicio fuera del domicilio”, relató la Policía.

En la operación fueron incautados más de 18.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes, dos teléfonos móviles y documentos.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, informó este martes sobre la sentencia, luego de que la Fiscalía y la defensa de los acusados se mostraran conformes con el acuerdo alcanzado.

La mujer reconoció los crímenes cometidos y su responsabilidad como cómplice del delito de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, por lo que fue condenada a dos años y medio de cárcel.

La procesada admitió haber amenazado a una de las mujeres captadas, por lo que fue condenada a otros seis meses de cárcel, además de una multa por actuar contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Otro venezolano también aceptó su participación en los delitos y fue condenado a dos años y medio de cárcel como cómplice de un delito de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, además de la multa por el delito cometido contra los derechos de ciudadanos extranjeros.

Cada uno deberá pagar 3.000 euros de indemnización a una de las víctimas, que prestó declaración como testigo protegido en la instrucción del proceso.

Los dos venezolanos cumplieron prisión provisional en Colombia, donde fueron detenidos en junio de 2021 por una orden internacional, librada por un Juzgado de Segovia, hasta que fueron trasladados a España el pasado 4 de marzo.

Fiscalía de España pidió 19 años de prisión

En una primera instancia, la Fiscalía pidió 19 años de cárcel para la mujer y 15 años para el hombre, pero la defensa logró una rebaja significativa en los años de pena.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos convencían a las mujeres en Colombia mediante engaño, o prevaliéndose de su vulnerabilidad social o económica, para entrar ilegalmente a España pagándoles sus viajes.

Una vez en Europa, otras tres personas recibían a las víctimas y las llevaban a un prostíbulo en Segovia, donde ejercían la prostitución para pagar la supuesta deuda que habían contraído por el viaje.

Las víctimas, sin permiso de residencia ni de trabajo, estaban sometidas a un férreo control por parte de los dueños del local, donde eran sometidas a explotación sexual.

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Víctor De Abreu

Con información de El Diario y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: TRT, vía web

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