«Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy (miércoles), el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!», manifestó el diputado en su cuenta de Instagram.

Maduro Guerra asistió a una plaza de Caracas donde militantes del chavismo se reunieron para respaldar al presidente depuesto, que enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Al encuentro asistió el vicepresidente de Movilizaciones y Eventos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, según fotos que publicó el hijo de Maduro.

La tercera audiencia del caso contra Maduro y Flores concluyó el miércoles en un tribunal federal de Nueva York tras apenas 18 minutos, y en la que el juez estableció de forma preliminar junio de 2027 como fecha de inicio del juicio y con la inmunidad como uno de los principales argumentos de la defensa.

El principal abogado de Maduro, Barry Pollack, que también ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, avanzó que durante el primer bloque de mociones solicitarán la inmunidad de los acusados alegando que él ejercía como jefe de Estado y ella como primera dama en el momento de la detención.

Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, no se ha pronunciado hasta ahora sobre la audiencia en Estados Unidos.

De interés: Gobierno de Trump pide a la fiscalía dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en EEUU

Con información de EFE Servicios

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En una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos indicó que esta decisión fue ejecutada por las autoridades de los Estados Unidos en «perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades».

«La empresa Citgo es un valioso activo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que pretende ser expoliado por el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la instrumentalización de un procedimiento claramente contrario a derecho», añadió.

Además, denunció que el Ejecutivo de Nicolás Maduro fue excluido del proceso judicial, «gracias -sostuvo- al tráfico de influencia del Gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país».

«Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo, adelantada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizado por cualquier nación civilizada», apuntó la vicepresidenta ejecutiva.

El Gobierno venezolano, prosiguió, seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los «promotores y ejecutores de Citgo», respondan ante la Justicia y se impongan las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Rodríguez indicó que Citgo tiene un valor de 12.000 millones de dólares y genera anualmente, agregó, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, que fue adquirida por Venezuela en la década de los noventa y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes del país suramericano.

La semana pasada, un juez federal de Delaware, en Estados Unidos, aprobó la compra de Citgo, en una subasta organizada por el tribunal para pagar a los acreedores del Estado venezolano.

La oferta aceptada fue la de Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares.

Por el momento, la venta necesita de la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Citgo y sus empresas matrices, de acuerdo a medios, están apelando el resultado de la subasta y la orden de venta, por lo que existe cierta incertidumbre sobre la adquisición de la petrolera.

De interés: Gobierno venezolano rechazó el fallo de la justicia de EEUU sobre Citgo

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña R.

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En la cabina trasera del coche, fueron descubiertos 39 envoltorios de diferentes tipos y tamaños de marihuana, sumando un peso total de 21,250 kilogramos, según indicó Hernández Lárez a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter).

Desde el estado Apure, en la parroquia San Camilo, efectivos de la FANB incautaron 39 envoltorios de marihuana, con un peso de 21,250 kgs. Se encontraban ocultos en un vehículo abandonado. A/O del MP. pic.twitter.com/Y4X838qJXM

— GNB Garantía de Paz!!! (@GnbGaranteDePaz) November 25, 2023

Lucha Contra el tráfico de drogas

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Elio Estrada, reveló recientemente la detención de un concejal opositor en el estado Zulia, limítrofe con Colombia, quien transportaba 51,6 kilogramos de cocaína en un vehículo.

Este edil, perteneciente a la Cámara del municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, también fronterizo con Colombia, llevaba la droga distribuida en 42 paquetes dentro de un camión de carga. A la espera de su proceso judicial, permanece detenido sin que se haya especificado su afiliación política.

Los datos oficiales muestran que hasta finales de octubre del año en curso, se han decomisado un total de 46,632.95 kilogramos de drogas en 10,239 operativos, con el arresto de 13,314 individuos.

En el año 2022, tanto la Fuerza Armada como la Policía incautaron más de 47 toneladas de drogas y detuvieron a 8,830 sujetos en la continua lucha contra el tráfico ilegal de sustancias ilícitas en Venezuela.

De interés: Tres venezolanos fueron detenidos en Guyana por posesión de armas y drogas

@rafarias86

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial:@GnbGaranteDePaz

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En la foto, de primer plano, el republicano aparece con gesto serio y frunciendo el ceño, mirando a la cámara con expresión desafiante.

Trump cumplió con la orden de la Justicia y se entregó este jueves en la prisión de Fulton, en la ciudad de Atlanta, aunque quedó en libertad bajo fianza de 200.000 dólares.

En el centro penitenciario, se le tomaron las huellas dactilares y su primera fotografía bajo arresto para su ficha judicial.

La de Georgia es la cuarta imputación penal del republicano, tras el caso del soborno a la actriz prono Stormy Daniels, el de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y el del asalto al Capitolio.

https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023

Sin embargo, es la primera vez que debe entregarse en una prisión y que se le toma una foto bajo arresto, puesto que las tres anteriores solo acudió a la lectura de cargos en los juzgados.

Cuando en abril comenzaron las imputaciones del exmandatario, la campaña de Trump puso a la venta camisetas que emulaban una foto de ficha policial del republicano para recaudar fondos.

En Georgia, la fiscal de Fulton Fani Willis acusa al republicano de 13 delitos por haber liderado una trama mafiosa con 18 aliados para revertir los resultados electorales en el estado, donde Trump perdió por un estrecho margen contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

De ser declarado culpable de todos los cargos, el expresidente republicano podría ser condenado a hasta 76,5 años de cárcel.

Al menos 9 de los 19 imputados en la trama ya se han entregado en la prisión de Fulton y han salido en libertad tras pagar sendas fianzas, incluido el exabogado de Trump y exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani, quien aparece muy serio en su fotografía.

Otros en cambio, decidieron sonreír en el momento de su fichaje, como la abogada Jenna Ellis o el expresidente del Partido Republicano en Georgia David Shafer, quien incluso publicó su foto como imagen de perfil en sus redes sociales.

De interés: Tribunal de Georgia impuso fianza de 200 mil dólares a Trump

@rafarias86

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Library of Congress / Unsplash

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«Informamos la decisión de incorporar al diplomático Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, así como también se incorpora como delegado pleno ante la Mesa Social que fue aprobada en el acuerdo parcial firmado en México», anunció Rodríguez.

El jefe de la delegación de diálogo del gobierno con la oposición indicó que Saab lleva 400 días secuestrado en Cabo Verde, donde se le violaron todos sus derechos y dijo que «ese castigo fue perpetrado por estar cumpliendo funciones de las que estamos hablando en la Mesa de Diálogo«, acotó.

¿Qué opina la Plataforma Unitaria de la oposición?

La Plataforma Unitaria de Venezuela que incluye a los partidos democráticos, dio a conocer su rechazo en torno a la solicitud del oficialismo de incorporar a Álex Saab en su delegación para el proceso de negociación que se desarrolla en México.

Mediante un comunicado, la agrupación que representa a parte de Venezuela y a Juan Guaidó en la mesa de diálogo, expresó que la acción adelantada por Jorge Rodríguez pretende distraer de la agenda central del proceso en México, que es alcanzar un acuerdo integral para que regrese a Venezuela la democracia.

Asimismo, calificó la petición de la parte contraria como “una estrategia de defensa ante el proceso judicial entre dos países con separación de poderes y democracia, cuyos órganos jurisdiccionales siguen un proceso de extradición”.

Plataforma Unitaria de Venezuela emite comunicado ante solicitud de la dictadura de incorporar a Álex Saab a proceso de negociación pic.twitter.com/EDLmMgMW2J

— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 15, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

«Me sacaron diciéndome que iba a la clínica del Sur», recogió el diario local La Razón. El rotativo también compartió imágenes de la exmandataria a su ingreso en la cárcel de Miraflores.

Las autoridades no explicaron este cambio entre centros penitenciarios, el cual se produce después de que un tribunal de La Paz solicitara en la tarde del viernes el traslado a una clínica sanitaria de Áñez, debido a su estado de salud.

Sin embargo, esta solicitud acabó revocada por la Procuraduría horas después.

«Quieren ver muerta a mi madre»

La hija de Áñez, Carolina Ribera, calificó como «ridícula» esta nueva resolución y dijo que es un abuso que no tiene límites.

«Me parece que ellos quieren ver muerta a mi madre, no tienen voluntad de nada, traje un cardiólogo, pero tampoco lo dejan ingresar. Estoy muy indignada y sé que mi madre tiene otra crisis», denunció Ribera según recogió el medio El Deber.

La exmandataria, encarcelada de forma preventiva y acusada de presuntamente cometer sedición, conspiración y terrorismo en el marco de la crisis postelectoral de 2019, se declaró el jueves en huelga de hambre porque «no quiere luchar».

#VideoNoticias
Trasladan a Áñez de la cárcel de Obrajes a la de Miraflores de forma sorpresiva y en la madrugada https://t.co/mMs8MwE4zt
Video: Roberto Guzmán pic.twitter.com/WK1ktoLtp0

— La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) March 20, 2021

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Gerardo Contreras

Con información de medios internacionales y redes sociales

«Tenía tanta confianza y era tan consciente de lo que estaba pasando en Brasil que estaba seguro de que este día llegaría y llegó», enfatizó Lula durante un discurso en la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, en Sao Paulo.

Esta semana uno de los jueces del Supremo, Edson Fachin, anuló la sentencia de doce años y un mes de prisión por corrupción y blanqueo de capitales contra el expresidente, que emitió un tribunal de Curitiba, al considerar que no contaba con autoridad para hacerlo y que debía ser nuevamente juzgado por un tribunal federal.

No hay derecho a convertir en héroe al mayor mentiroso de Brasil

«Estoy agradecido al juez Fachin porque cumplió con una cosa que reivindicábamos desde 2016», aunque, subrayó que «la decisión que tomó llegó cinco años tarde«.

Asimismo, Lula recordó que el proceso continúa y que ahora seguirán luchando para que uno de los principales artífices de su condena, el exministro de Justicia Sergio Moro, sea considerado «sospechoso» de mala praxis porque «no hay derecho a convertir en héroe al mayor mentiroso de la historia de Brasil».

En este sentido, el Supremo brasileño se encuentra debatiendo estos días si Moro, al frente de la «cuadrilla», tal y como la llamó Lula, de fiscales de Lava Jato cometió un acto de parcialidad contra el expresidente durante el proceso judicial.

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Gabriela Morales

Con información de dpa

La víctima publicó a través de las redes sociales que en su primer día de trabajo su propio empleador, llamado Irineo Humberto Garzón Martínez, abusó de ella sexualmente.

En este sentido, la madre de la joven, Thays Campos, pidió a las autoridades competentes hacer justicia por lo ocurrido.

“Llamamos a jueces, fiscales, autoridades de esta Nación: no queremos más violadores libres. Basta de violadores sueltos”, manifestó en declaraciones a medios locales.

Asimismo, los manifestantes, en su mayoría venezolanos y miembros de otras comunidades de migrantes, se reunieron en Paso 693, en la zona de Once, para reclamar que la justicia avance con la causa y ordene la detención del culpable.

Te apoyamos Tahys #GarzonViolador pic.twitter.com/LpjObNURuN

— María Laura Chang (@Marilachang) January 28, 2021

Llegando a Tribunales con la consigna #GarzonViolador a la cárcel el agresor pic.twitter.com/yG1LUoZAJm

— María Laura Chang (@Marilachang) January 28, 2021

Proceso judicial

De acuerdo al Diario La Nación, la jueza a cargo del expediente procesó a Irineo Humberto Garzón Martínez por abuso sexual agravado con acceso carnal, sin embargo, por el momento, continúa en libertad.

Según las autoridades, el acusado permanecerá en libertad bajo ciertas condiciones impuestas por la jueza, como “la prohibición de tomar contacto por todos los medios de la víctima” y la “prohibición de salir del país”.

Con esta imputación, de ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el acusado podría recibir una pena de entre seis y 15 años de cárcel.

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales, medios internacionales y redes sociales