Además, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria elevó también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, según advirtió Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Las autoridades salvadoreñas decretaron a finales de marzo el estado de excepción debido a una importante ola de violencia que azotaba la nación centroamericana. Esta medida fue prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días.

Durante este tiempo, el gobierno salvadoreño quedó capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades detuvieron a más de 38.000 presuntos pandilleros.

Desde el mes de marzo comenzó el Estado de Excepción en El Salvador

Según Bachelet, esto genera «preocupación sobre el respeto a las garantías del debido proceso». Una muestra de esto son los, al menos, 21 decesos bajo custodia policial confirmados por fuentes oficiales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras organizaciones, mostró su preocupación por la medida aprobada por el gobierno, al que instó a que garantice también políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales.

A comienzos de junio, Amnistía Internacional (AI) cifró en al menos 18 los presos fallecidos bajo la tutela del Estado desde la declaración del estado de emergencia.

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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) June 13, 2022

De interés: Bachelet terminará su mandato en la ONU en el mes de septiembre

María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

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