Durante una movilización en Caracas, el coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez, dijo estar expectante ante ese venidero proceso e insistió en que para que haya una transición en su país, hay que «ir a una elección».

«Confiamos en la buena voluntad, en el deseo y en el interés que tienen nuestros aliados extranjeros de ver el país en democracia», expresó el dirigente opositor.

A su juicio, los venezolanos están «hastiados» y quieren «avanzar hacia una verdadera reconciliación».

En la movilización se encontraban cientos de venezolanos que exigieron elecciones «ya» y el retorno de María Corina Machado al país, quien dijo tras los potentes sismos del pasado 24 de junio que regresaría al país.

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En un comunicado, aseguraron que evaluarán ese proceso «con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular».

Mensaje de María Corina Machado y Edmundo González a los venezolanos y la comunidad internacional pic.twitter.com/FL9Cvaw4BA

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 26, 2026

«Eso es lo que exige nuestra gente y es a eso a lo que estaremos atentos», afirmaron Machado y González Urrutia, quienes dijeron que no serán «obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales».

Además, aclararon que no participaron en el «diseño, construcción y funcionamiento» de esa vía de diálogo, encabezada por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, a quienes exigieron informar al país de «sus objetivos, su método y su cronograma».

En el texto, la nobel de la paz y el líder opositor, quienes recientemente se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar ese venidero diálogo, anunciaron, sin dar detalles, que volverán a Venezuela para «acompañar al pueblo, recorrer el país y construir» un acuerdo nacional para la reconstrucción.

Machado y González Urrutia señalaron que la nación «está devastada por más de un cuarto de siglo de un régimen que saqueó y reprimió al pueblo» y que los recientes terremotos «han incrementado cruelmente la devastación».

«Exigimos al Estado venezolano (…) permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos», dijeron en un comunicado conjunto de Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz.

En el documento, leído en una rueda de prensa para exigir la libertad de los presos políticos, también se pide a las autoridades que permitan el ingreso «inmediato» de organismos internacionales de derechos humanos y de asistencia humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

También exigieron permitir el «acceso regular» de familiares y abogados a las cárceles, así como una atención médica «oportuna» con información «pública y transparente» ante las denuncias de suspensión de visitas.

Las ONG hicieron estas peticiones con el fin de que se pueda verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos.

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Las manifestantes elevaron carteles con mensajes de todo tipo: «Trump traitor (traidor)», «Elecciones ya», «Te estamos esperando, nuestra principal rescatista», este último dirigido a la líder opositora María Corina Machado, quien prometió regresar a Venezuela pronto.

Los manifestantes partieron desde plaza Venezuela hasta un centro cercano del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se detuvieron y pidieron la liberación de los presos políticos, cifrados en 389 según la ONG Foro Penal.

«Señor presidente Donald Trump: este pueblo está dispuesto a seguir luchando por la democracia de este país y vamos a seguir en la calle», subrayó el sindicalista Gilberto Alcalá.

Los manifestantes continuaron su paso a pesar de la lluvia hacia un hotel del este de Caracas, adonde acudieron para manifestar sus exigencias de elecciones a funcionarios estadounidenses que aseguraron se encuentran hospedados ahí.

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«Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien», denunció Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, involucrado en la llamada Operación Gedeón, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

Castro, integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, participó este martes en una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por la memoria de los fallecidos en los terremotos del pasado que dejan al menos 3.685 personas fallecidas.

Allí dijo que en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), se cayeron «varias paredes» y «la estructura está bastante deteriorada».

«El Gobierno tampoco ha hecho nada para por lo menos trasladarlos a un sitio que estén más tranquilos», añadió.

Por su parte, Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, dijo a EFE que la visita del sábado pasado en el Fuerte Guaicaipuro fue triste porque varios de estos detenidos perdieron a familiares en el terremoto.

«Fue una visita silenciosa y ellos de verdad están muy preocupados y psicológicamente están mal», subrayó.

Morales indicó que los presos políticos pasaron varios días preocupados después de los terremotos y celebró que uno de ellos pudo recibir una medida cautelar para poder despedir a su esposa que falleció tras el desastre.

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Recordó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad interamericana, por lo que la Secretaría General reconoció «con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos».

El organismo, que está celebrando esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que «existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública», en línea con los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos en los tres países y consideró que la detención de personas por motivos políticos es «incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano».

«En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia», afirmó la Secretaría General, que además reiteró la petición de «liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos».

La OEA indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

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El anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos durante una operación militar en territorio venezolano, el 3 de enero.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que 25 presos políticos fueron excarcelados entre el pasado lunes y viernes, día durante el que salieron 10 de ellos.

Entre los excarcelados se encuentran siete mujeres, de las cuales cinco habían sido detenidas el año pasado, incluyendo una joven de 19 años y una exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) acusada de supuestamente falsificar cédulas de identidad para presuntos «terroristas».

También salieron los militares Diosmer Rumbos, Jhon Jaimes y Kelvis Coronel, detenidos en 2019 y condenados a 30 años de prisión.

Hasta el martes, la organización no gubernamental computaba 389 presos políticos en el país, entre ellos un adolescente y 39 personas con otra ciudadanía o doble nacionalidad.

Un grupo de familiares de presos políticos permanecen desde hace casi una semana en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

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Tras estas liberaciones, la organización cifra en 389 el número de presos políticos en Venezuela (con corte al pasado martes), de los cuales 39 poseen doble nacionalidad.

Detalle de las excarcelaciones

Familiares de militares y disidentes:

Aranza Hernández (19 años): Detenida en noviembre pasado. Es hermana de un militar disidente en el exilio y de Samantha Hernández (16 años), adolescente que ya había sido excarcelada el 18 de mayo tras ser arrestada por la DGCIM.

Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña: Familiares del primer teniente José Rodríguez Araña, exiliado en EEUU y acusado por la gestión de Nicolás Maduro de liderar el asalto militar conocido como ‘Operación Aurora’ en el estado Bolívar.

Exfuncionaria pública

Keenami Guevara Vásquez: Exfuncionaria del Saime, a quien el Ejecutivo señalaba de presunta falsificación de documentos de identidad para supuestos grupos terroristas.

Efectivos militares (detenidos en 2019)

Diosmer Rumbos: Vinculado a la llamada «Operación Sukhoi», donde se le acusó junto a otros oficiales de la Aviación por la supuesta filtración de información secreta de estas aeronaves.

Jhon Jaimes: Detenido en Táchira en septiembre de 2019 sin orden judicial. Fue condenado por delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y «favorecimiento bélico».

Contexto y presiones diplomáticas

Presencia en la Embajada: Familiares de los detenidos mantienen una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir la liberación de quienes siguen tras las rejas.

Promesa de EEUU: El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el pasado mayo que su administración se aseguraría de lograr la liberación de todos los presos políticos en el país suramericano.

Postura oficial: El gobierno venezolano sostiene que en el país no existen detenciones por motivos políticos, argumentando que los encarcelados enfrentan procesos judiciales por la comisión de delitos comunes, una postura firmemente rechazada por partidos opositores y defensoras de derechos humanos.

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«No pretendemos que Estados Unidos vaya a resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender (…) que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano», dijo a EFE la abogada Zimaru Fuentes.

La jurista, que es pariente del militar retirado Larry José Moya, llegó junto a otra decena de familiares de los presos por el llamado caso «PDVSA-Obrero» a las cercanías de la legación estadounidense, donde otro grupo de manifestantes se instaló desde el pasado domingo.

La causa «PSVSA-Obrero» involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera y a obreros de bajo rango de la empresa. Fue denunciada ante la prensa por familiares en febrero de este año, sin que las autoridades hayan ofrecido detalles al respecto.

Los familiares han reportado distintas cifras de presos relacionados a este caso: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160, pero de estos un total de 77 ha salido en libertad después de las distintas medidas otorgadas por mediación del Parlamento o la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año.

La gran mayoría de estos presos permanece en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.

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A través de X, la organización detalló que, del total de presos políticos, 357 son hombres y 32 son mujeres. Además, indicó que 225 son civiles y 164 militares.

De este grupo, 388 son adultos y uno es menor de edad, añadió Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela.

La ONG subrayó que desde 2014 hasta la fecha han registrado 19.133 «detenciones políticas», y estiman que más de 11.000 personas están «sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad», como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la organización consideró arbitrarias.

Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, luego de cinco meses del anuncio del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Venezuela niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que permanecen encarceladas porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

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Los parientes, que se instalaron cerca de la legación diplomática desde el domingo, denuncian que aún son cientos los presos políticos en el país, cuando se cumplen cinco meses del anuncio del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un «número importante» de personas.

Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, más de 400 de estas personas permanecen detenidas, entre ellas 39 con doble nacionalidad o extranjeros.

«El objetivo es quedarnos acá hasta que tengamos una respuesta positiva, que nos llamen nuestros familiares para decir que ya están en libertad. Ya no vamos a aceptar que los representantes del Gobierno encargado (venezolano) nos sigan engañando con promesas vacías», expresó Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones.

A su juicio, la mandataria encargada y su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anuncian excarcelaciones «con la finalidad de que la comunidad internacional crea que ya todos los presos políticos han sido liberados».

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«A nuestro juicio, las distintas fases de este proceso han dejado de ser un espacio de justicia para operar al margen de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales suscritos por la república, ocasionando la ruptura del debido proceso», señaló García a los medios a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas.

El jurista explicó que los acusados por el caso PDVSA están siendo juzgados en condiciones de desigualdad y de forma discriminada, porque fueron detenidos sin orden judicial y sin haber estado en una situación de flagrancia.

Además, dijo que en las fases iniciales del proceso se les impidió designar a sus abogados de confianza y se les dificultó el acceso oportuno al expediente judicial.

«Aún con el acceso limitado que hemos obtenido, hemos detectado un desorden enorme procesal, actas y autos sin firmas de los intervinientes, piezas cuya nomenclatura se desconoce y ausencia de números de folios, de cierre, todo lo cual genera una inseguridad jurídica», agregó.

García denunció que se pretende imponer que el juicio continúe de manera telemática cuando se han llevado a cabo más de 16 audiencias de forma presencial.

«La audiencia del caso PDVSA ha sido diferida en dos ocasiones (…) debido a que el director del (centro penitenciario) Rodeo I, se niega a cumplir con la orden judicial de traslado de los imputados a la sede del juzgado, ordenando al tribunal, a los procesados y a sus abogados de confianza las reglas del debate que mejor le parezca», subrayó.

García exigió el que el juicio sea público, en el que se permita el ingreso como observador de la Defensoría del Pueblo y de relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Según cifras de Foro Penal, publicada en X, en el país hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos.

Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares, según la organización.

Además, 167 de esas personas están condenadas y las otras 237 no, aseguró el ente no gubernamental, que desde 2014 contabiliza 19.102 detenciones con fines políticos en el país.

Reporte oficial

Hace dos semanas, el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de trescientas personas como parte de una nueva tanda de excarcelaciones, paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero pasado.

Días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en las «próximas horas» se alcanzarían quinientas excarcelaciones.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos han denunciado que el gobierno no ha cumplido con las excarcelaciones prometidas.

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«A los funcionarios que están moviendo presos de un lado para otro se les recuerda que deben indicar y notificar con claridad cuál es su destino, situación o paradero. Lo contrario puede llegar a constituir una desaparición forzada», dijo el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en un mensaje en X.

En la víspera, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció, en declaraciones a EFE, que un número aún por determinar de presos políticos fue trasladado desde El Helicoide, señalado como un centro de torturas por organizaciones y opositores, a otros espacios penitenciarios del país sin especificar.

La denuncia se conoció después de que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señalara el martes que El Helicoide sigue funcionando, pese a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado.

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En un comunicado, José Quero Navas, hermano del preso político fallecido, replicó el texto que la Fiscalía publicó en la víspera para descartar «lesiones traumáticas» en el cuerpo del detenido tras la exhumación realizada el pasado 8 de mayo al cadáver, diez meses después de la muerte, según el Gobierno.

«Nos dirigimos a la opinión pública con el objeto único de realizar réplica de los hechos descritos en el señalado informe oficial, el cual se descontextualiza de un expediente (…) circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación», dijo Quero Navas en un comunicado en nombre de la familia.

El texto del MP, señaló la familia, «se ha materializado, claramente, de una fuga de información» sobre la investigación y que, consideran, «pudiera estar dirigida, dadas las graves omisiones que se evidencian en el comunicado oficial antes mencionado, a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento» de Quero Navas.

«Exigimos, del Ministerio Público (…) el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades» a estos agentes, añade el texto en el que la familia también reclama la ausencia información respecto a las circunstancias en las que se produjo el arresto del fallecido, que hasta la fecha no están claras.

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«Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un Gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos», expresó González.

 

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El exembajador reclama la victoria en las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, el cual no publicó los resultados desagregados.

González aseveró que unas elecciones «deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios».

Pero, prosiguió, hay «algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia» de las instituciones.

Asimismo señaló que en las elecciones de julio de 2024, millones «expresaron con valentía y en paz su voluntad de cambio», lo cual, dijo, está «documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión, puede borrarlo de la historia de Venezuela».

«A la fecha, soy el último presidente electo de Venezuela», aseguró.

Además, indicó que, recientemente, se reunieron en Panamá activistas y dirigentes de oposición con la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado «con un solo propósito: la libertad de Venezuela».

«Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino», agregó.

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Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de «una elección presidencial libre, transparente y soberana» con «la debida observación internacional».

Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- con «personalidades independientes y respetables», además de un cronograma «viable y verificable» para estos comicios.

También, consideran «necesario que se produzcan gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable y que demuestren voluntad de avanzar en este proceso», entre ellos la liberación plena de los presos políticos, tanto civiles como militares, y garantizar un retorno seguro para los exiliados.

Además, prosiguieron, la «normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas».

Por otra parte, el sector opositor llamó a construir un «gran acuerdo nacional para la recuperación de la república» con la participación de «ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera» del país.

Ese acuerdo «proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional», aseguró el grupo.

La alianza se comprometió a promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo, a mantener un mensaje «único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos» y a establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que «garanticen la vía hacia la libertad».

A juicio del bloque, el país «vive la hora decisiva de su historia republicana», en momentos en que las Américas tienen una oportunidad para «construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas», por lo que expresó su reconocimiento al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) establecido por EE.UU. para Venezuela.

«La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad», dijo.

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«En nuestra última visita acá, a la Fiscalía, hubo acuerdos que fueron incumplidos por parte de este organismo del Estado, debido a que quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos, un dossier con las diferentes denuncias que hicimos y aún no tenemos respuesta», dijo a la prensa Hiowanka Ávila, portavoz de los familiares, frente al Ministerio Público.

Con pancartas que exigían la libertad de los presos políticos, los familiares exigieron respuestas a la Fiscalía y una solución.

«En Venezuela aún no para la violación a los derechos humanos, esto aún continúa», apuntó Ávila.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 409 presos políticos, 39 de ellos con nacionalidad extranjera.

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«Acabamos de terminar una extraordinaria reunión con la doctora Eglée González, la defensora del Pueblo, que tiene extraordinarios proyectos que se adaptan a este nuevo momento que vive Venezuela, este renacer de Venezuela, proyectos que van dirigidos a atender los derechos del pueblo venezolano», indicó Rodríguez, junto a González, en un video difundido en su cuenta de Telegram.

La presidenta calificó de «extraordinarios» los proyectos y manifestó su confianza en que van a «revitalizar» los derechos humanos en el país.

«Los derechos humanos son la brújula que marcan la actuación del Estado venezolano», añadió la mandataria que en enero pasado anunció un «nuevo momento político» en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en enero por tropas estadounidenses en un ataque militar a Caracas.

Desde entonces, ha ordenado excarcelaciones de presos políticos y el Parlamento aprobó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.500 personas, aunque la gran mayoría de ellas tenían libertad restringida.

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«Jorge Rodríguez le miente al país (…) habló de 300, luego cambio la cifra -y- hoy es domingo y todavía siguen personas bajo custodia, secuestradas en nuestro país», dijo el dirigente Jesús Armas, al encabezar junto a otros activistas el 14 aniversario de VV en un acto en Caracas.

El ex-preso político, recientemente incorporado a las filas de VV, insistió en que todos los presos políticos del país deben ser liberados.

«Ni uno ni dos, que sean todos», gritaron los militantes en el acto del partido.

Según la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, en Venezuela hay 429 personas detenidas por estos motivos.

El pasado lunes, Rodríguez aseguró que antes del viernes serían liberadas 300 personas, pero hasta ese día Foro Penal había registrado 38 excarcelaciones, mientras que otras ONG hablaban de 43.

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