«Esto es un tema político, de voluntad política, sobre el cual hay que tener posición política«, dijo el diputado en una declaración en su cuenta de X. El parlamentario, que pertenece a la fracción opositora Libertad, señaló que la legislación «no puede ser excluyente» si realmente se busca «abrir un tiempo distinto» y hablar de convivencia en el país.

Aunque reconoció que el oficialismo tiene mayoría en el Parlamento, subrayó que se deben tomar en cuenta las opiniones expresadas por los distintos sectores en la consulta pública, en la cual han participado académicos, ONG y familiares de presos políticos.

Asimismo, el opositor indicó que la amnistía debe ser «muy amplia», incluir a los exiliados y que debe haber «voluntad política» para revisar todos los casos y otorgar libertades plenas, en lugar de las medidas cautelares que han recibido muchos de los excarcelados desde el pasado 8 de enero.

«La amnistía tiene que ser para enterrar el miedo«, insistió. Capriles también cuestionó que sea el mismo sistema de justicia que ordenó las detenciones el que decida quienes serán los beneficiarios, por lo que consideró «inaceptable» que se implemente la medida sin una reforma posterior del sistema. Por ello, propuso que se nombren a «jueces especiales» que crean en la amnistía y comprendan que se trata de «acabar con el aparato de represión«.

El Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 896 personas desde diciembre, mientras que la ONG Foro Penal ha verificado 431 liberaciones desde el 8 de enero.

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El coordinador del programa, Ernesto Villegas, indicó que este miércoles continuarán los encuentros tras una primera jornada en la sede del Legislativo donde se escucharon testimonios que «tocaron el corazón».

Decenas de familiares de detenidos en cárceles como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y Ramo Verde se congregaron para exigir ser escuchados. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial, afirmó que van a escuchar «a todo el mundo» para que la ley sea lo más amplia posible, mientras que Pedro Infante calificó la reunión de cinco horas como una «gran jornada democrática».

Por su parte, el diputado opositor Antonio Ecarri se mostró conmovido por los relatos. Desde la sociedad civil, Margareth Baduel (Clipp) advirtió que, si la ley de amnistía se aprueba como está, más de 500 presos políticos quedarían tras las rejas. La propuesta actual contempla casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero especifica años como 2002, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Mientras la ONG Foro Penal verifica 431 excarcelaciones desde el 8 de enero, el Gobierno encargado eleva la cifra a 897 personas desde diciembre, aunque aún no se ha publicado un listado oficial. Se espera que la ley sea aprobada de forma definitiva esta misma semana.

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En declaraciones a la prensa, el arzobispo señaló que «los signos deben tender al objetivo común» y «no pueden ser contradictorios» si el Estado reconoció la necesidad de una ley de amnistía.

Asimismo, indicó que la discusión de este proyecto de ley debe ser «amplia e inclusiva» y consideró que el «ritmo frenético» para su aprobación va en contrasentido.

Amnistía para recomponer el país

Señaló que la amnistía es la «toma de conciencia de una sociedad» que decide que debe «recomponer las reglas del juego«.

«Para que la dinámica política pueda recomponerse, tiene que reconocerse la pluralidad política«, afirmó el sacerdote.

En la exhortación pastoral de la CEV, los obispos venezolanos afirmaron que el «panorama político y social» del país cambió «profundamente» desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

En el texto, se reiteró el llamado a la liberación plena de todos los presos políticos y la necesidad de «reconstruir la institucionalidad democrática«. Los obispos también respaldaron la solicitud de derogar legislaciones que «coartan los derechos fundamentales», como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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