El nuevo límite quedó fijado para el próximo miércoles a las 4:00 p.m. (20:00 GMT).

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, informó que la decisión se tomó de manera unánime debido al alto volumen de participación, que ya supera los 600 postulados. El proceso, que originalmente vencía esta semana tras una primera extensión, mantendrá sus puertas abiertas en la sede parlamentaria todos los días, incluyendo sábado y domingo.

Claves del nuevo TSJ y el proceso de selección

• Ampliación de la corte: Tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada en mayo pasado, el máximo tribunal pasará a estar integrado por 32 jueces (anteriormente eran 20).
• Nueva distribución: La Sala Constitucional se ampliará de cinco a siete magistrados, mientras que el resto de las salas (Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) pasarán de tres a cinco integrantes cada una.
• La renovación: El Parlamento tiene la tarea de sustituir a ocho magistrados por motivos de jubilación y renuncia, además de designar a los doce nuevos jueces que completarán la cuota de la reforma. También se elegirán a los inspectores y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
• Próximos pasos: Una vez cerrado el lapso de postulaciones este miércoles, se abrirá un período de 15 días para evaluaciones e impugnaciones. Posteriormente, el comité consignará la lista definitiva de elegibles ante la plenaria de la Asamblea Nacional para los nombramientos finales.

Marco de la reforma judicial

Este proceso coincide con la reciente inauguración de una gran consulta nacional para reformar la justicia penal, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo ha señalado que el plan busca erradicar tres grandes males del sistema: el retardo procesal, la corrupción y la «criminalización de la pobreza», tras revelar que el 68 % de la población carcelaria en el país pertenece a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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«En esta ocasión hemos previsto un despliegue nacional que comienza el día de hoy, el equipo de esta comisión presidencial va a estar desplegado en todos los estados, reuniéndose con todos los sectores interesados», indicó Devoe en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, explicó que habrá un mecanismo de consulta general para escuchar la opinión de todos los sectores e involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes y trabajadores.

Devoe explicó que se desarrollará un proceso de consulta específica con los actores del sistema de justicia penal «con una mirada autocrítica».

«Venimos aquí a este proceso a revisar cada uno de los procesos, de las prácticas, de los modos de proceder que estamos desarrollando cada uno de los actores del sistema de justicia para mejorar, para transformar», agregó.

También, prosiguió, activarán plataformas de consulta digital para que los ciudadanos puedan participar sin tener que movilizarse e incluirán a las academias para realizar un conjunto de estudios especializados sobre diferentes áreas del sistema de justicia, que permitan recabar datos y hacer recomendaciones para el desarrollo de políticas y correctivos en esta materia.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Palacio de Miraflores

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En la actividad, las autoridades judiciales de Shanghái expusieron detalladamente la informatización de los procesos judiciales y las ventajas de su funcionamiento, expresó el presidente Jia Yu que se buscaba con ello ofrecer a la población procesos funcionales y eficaces.

La magistrada Gutiérrez indicó que en Venezuela se trabaja en varias líneas de acción para optimizar y modernizar el servicio de justicia, y hacerlo más accesible y eficiente, siendo una de las bases de esta política judicial la sistematización de los procesos judiciales. En este sentido, destacó que en Venezuela se ha avanzado con el tema de las audiencias telemáticas y la aplicación de la “Agenda Única” para garantizar la celeridad procesal.

También, manifestó su optimismo y expectativas por la reciente suscripción del memorándum de entendimiento con el presidente del Tribunal Supremo de la República Popular China, sr. Zhang Jun, que fortalece los lazos existentes históricamente entre China y Venezuela, mediante el trabajo de cooperación institucional entre los poderes judiciales de ambas naciones, particularmente para el intercambio de experiencias, apoyo y asistencia técnica.

Presidenta del TSJ venezolano sostuvo encuentro de trabajo con la máxima autoridad del Tribunal Popular Superior de Shanghái https://t.co/bDndBzrfq9#07Nov #TSJAvanza pic.twitter.com/JEFCo0dtr1

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) November 7, 2023

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DOBLE LLAVE

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: X: @TSJ_Venezuela

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La CIDH calificó en un comunicado de «autoritarios» a los gobiernos de estos tres países y los acusó de instrumentalizar el poder judicial para la perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas.

«La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho», reivindicó la comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En total en los tres países, la comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022.

La sigue Venezuela, con 247 presos políticos a octubre de este año y Nicaragua, con un total de 195 detenidos.

«Malos tratos como método de castigo»

Las personas privadas de la libertad bajo estos gobiernos, además, son tratadas de manera distinta al resto de la población carcelaria, subrayó la CIDH, «lo que provocó un grave deterioro de salud» en varias de ellas.

Cabe destacar que existe poca información oficial sobre la situación de los detenidos, puesto que están aislados y les resulta difícil mantener un contacto regular con sus familias y en algunos casos son sometidos a torturas y tratos crueles, denunció la CIDH.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Fuente imagen referencial: Suprema Injusticia, vía web

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«La Junta Técnica de Clasificación del INPE (…) ha determinado que el procesado Pedro Castillo Terrones sea clasificado en el Régimen Ordinario«, anunció el INPE en un comunicado, detallando que el expresidente será trasladado al la Cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima.

De esta manera, Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el mismo recinto donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según ha informado la emisora RPP.

Durante la jornada del jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú dictaminó prisión preventiva contra el exmandatario mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La decisión también se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien solicitó asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Castillo había permanecido hasta el momento detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.

Pedro Castillo cumplirá 18 meses de presión preventiva https://t.co/5JlpQoaMa8 pic.twitter.com/B6jRUGuLfV

— RCN Mundo: Radio y Podcast (@rcnmundo) December 16, 2022

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Angélica Rodríguez

Con información de dpa, medios peruanos y redes sociales

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La misión, encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, visitó a Castillo en el Palacio de Gobierno, donde el mandatario aseguró que algunos sectores políticos quieren poner en peligro la estabilidad del país con «mentiras».

Posteriormente, los delegados de la OEA se reunieron con el presidente del Congreso, el opositor José Williams, quien negó que el Parlamento tuviera intenciones de derrocar a Castillo, aunque reconoció que «existen fricciones y que estas fricciones son fuertes».

Williams subrayó a sus interlocutores que defenderán la Constitución, el reglamento y la democracia en general, así como «la independencia y separación de poderes, el debido proceso y la institucionalidad».

Luego fueron los encuentros con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, con los miembros del Tribunal Constitucional y con la fiscal general peruana, Patricia Benavides, cuya denuncia constitucional contra Castillo motivó al mandatario a solicitar la intervención de la OEA.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sostiene una reunión con los integrantes del Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos @OEA_oficial, que visita el Perú para analizar la situación política en nuestro país. pic.twitter.com/Fxp5s2j2yw

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 21, 2022

Posteriormente, Loizaga declaró que la misión mantuvo un diálogo «sincero, abierto y transparente» con las autoridades peruanas con las que se encontró este lunes y que, a partir de la información que recopilen durante su visita, elevarán «oportunamente» un informe ante el Consejo Permanente de la OEA «y ahí se podrán conocer las conclusiones» de su análisis.

La solicitud de Castillo a la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana, fue tras considerar que se está presentando una «nueva modalidad de golpe de Estado« en su contra.

He recibido al Grupo de Alto Nivel de la @OEA_oficial para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos. pic.twitter.com/BOY1k5xjpc

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) November 21, 2022

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Gabriela Morales

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La presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez, y el ministro del Interior, Remigio Ceballos, sostuvieron un encuentro para compartir el trabajo que vienen realizando.

Presidenta del TSJ, Mag. Gladys María Gutiérrez Alvarado, sostuvo reunión con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso https://t.co/iUqLHOoME8 pic.twitter.com/CK0PJBpA0B

— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) July 9, 2022

Gutiérrez indicó, de acuerdo a un comunicado de prensa, que trabaja en «diversas tareas» para avanzar en un «completo proceso de reestructuración» del Poder Judicial, con una reorganización y reimpulso para optimizar «de manera continua la administración de justicia en el país».

Por su parte, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, ratificó su disposición a seguir trabajando de manera conjunta para contribuir al «fortalecimiento de la institucionalidad democrática» y la «protección integral del pueblo».

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Gerardo Contreras

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Asimismo, en el reinicio de las reuniones se le dará continuación a la discusión sobre la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, lo cual pasa por los derechos especiales de giro, dispuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dicha agenda se desarrollará hasta el 27 de septiembre. En el proceso, hasta ahora, es preciso recordar que se produjeron dos acuerdos parciales que versan sobre la defensa del Esequibo y mecanismos para la protección social del pueblo venezolano.

Al respecto, el 20 de septiembre, el comisionado del gobierno interino para relaciones exteriores, Julio Borges, puntualizó que dentro del proceso de negociación en México no está planteado la devolución de activos venezolanos en el exterior a la administración de Maduro.

Ayer EEUU y hoy la UE. Todos presionando por el tema judicial, uno de los puntos en la agenda de la ronda de negociación que inicia hoy en México. https://t.co/3fKtRZUFSe

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) September 24, 2021

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Gabriel Velásquez

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«Confío en que las complejas negociaciones continuarán de buena fe en la próxima ronda sobre el poder judicial y los derechos constitucionales», manifestó Borrell en Twitter.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia europea reconoció los esfuerzos de ambas partes en las conversaciones celebradas en México y en particular citó el acuerdo alcanzado para abordar el Covid-19.

Es preciso recordar que, las partes acordaron establecer «mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por Covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales, según el comunicado publicado tras el acuerdo.

#Europa | Josep Borrell deseó que próximas rondas de negociaciones sobre Venezuela en México continúen de «buena fe» https://t.co/AosjOiWStT

— VPItv (@VPITV) September 7, 2021

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Gabriel Velásquez

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Saab dijo que las acusaciones no tienen ningún tipo de valor y cuestionó a Bensouda por, según él, ignorar la colaboración presentada por el Ministerio Público.

En un comunicado, indicó que la exfiscal actuó de manera unilateral “y sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del poder judicial”.

Aseveró que, por ello, “las conclusiones emitidas por la exfiscal carecen de valor alguno”, en torno al examen preliminar que se sigue sobre Venezuela, a la vez que resaltó el compromiso de demostrar ante el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exfiscal demostró con sus actuaciones parciales en este caso”.

Saab afirma que lo planteado en el informe por Bensouda será demostrado como errado una vez el nuevo fiscal, Karim Khan, visite Venezuela «y compruebe los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas».https://t.co/0n08PY5oQ2

— Runrunes (@RunRunesWeb) August 12, 2021

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Gabriel Velásquez

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Durante el foro se debatió sobre los retos que tiene el Estado, el Poder Legislativo y Judicial para «hacer frente a este fenómeno que degrada la vida de los menores e impacta en la familia y la sociedad».

En su intervención, el director de la Unidad de Investigación Contra la Pedofilia (CPIU, por sus siglas en inglés), Rafael Núñez, destacó que actualmente los pedófilos avanzan con estrategias de perfiles falsos, técnicas de ingeniería social y «enamoramiento» para captar la atención de los menores.

Núñez resaltó que las personas que comenten este tipo de delitos y crímenes que violentan la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes, fingen estar al rededor de los 17 años de edad; los datos aportados por el director de la CPIU arrojan que “90% de los perpetradores son hombres”. También enfatizó que la modernidad y nuevas tecnologías son tomadas por estos pedófilos para cometer sus fechorías.

Por su parte, el diputado del partido Morena, Sergio Mayer Bretón, durante su intervención señaló que no se puede ser indiferente ante la violencia a la que son sometidos los menores de edad, por lo que llamó al debate de ideas para hallar soluciones certeras que disminuyan estas problemáticas, donde lo importante es lograr justicia en estos casos, castigo a los perpetradores, la protección de los más vulnerables y no normalizar la situación.

Las cifras de violencia sexual

Según las cifras ofrecidas por Mayer, México alberga 5.4 millones de casos al año de violencia sexual infantil, números negativos que lo ubican como el primer país del mundo con una tasa tan alta, destacando que durante la pandemia se acentuó la situación.

En tanto, la diputada de la organización política PAN, María del Pilar Ortega Martínez, resaltó que para evitar la impunidad en estos casos de pornografía infantil y violaciones es necesario que las autoridades modifiquen las reglas de la prescripción, para aplicar verdaderamente la ley contra los depredadores sexuales.

La propuesta es que el recurso legal comience a regir desde los 30 años, tiempo aproximado en que las víctimas comienzan a denunciar a los abusadores.

La legisladora de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, se refirió a la invisibilización de la que son objeto los niños, niñas y adolescentes, además, consideró que el Estado y sus poderes no han articulado de manera efectiva las políticas para detener esta situación adversa.

Villavicencio agregó que las cifras son alarmantes, y como ejemplo incluyó y denunció la participación de sacerdotes en estos actos lascivos, donde de 14 mil registrados, 4.200 tienen como perpetradores a alguno de estos, de acuerdo con los balances del Instituto Cristiano Mexicano.

La senadora por el partido PAN y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota (PAN), indicó que trabajan para que estos asaltos y delito contra la sexualidad de los menores “no prescriba jamás”.

Juan Manuel Zavala Evangelista, encargado de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, resaltó que el machismo es uno de los principales factores que dan paso a estos escenarios negativos en contra de la niñez, agregó que quienes sufrieron estos abusos tienden a repetirlos en la adultez, es por ello que considera importante el acompañamiento de especialistas que brinden la atención y orientación psicológica necesaria.

El punto de vista de los abusados y víctimas

María Angélica Rodríguez, madre de la niña Valentina Crespo, expresó que es un proceso duro por el cual tiene que transitar el abusado, porque debe explicar una u otra vez lo acontecido.

Para la fundadora y directora de la Asociación para la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia, Margarita García Marques, también es importante promover la prevención y ser garantes que los menores denunciantes de asaltos sexuales cuenten con “ambientes confortables” y que les den seguridad.

Samuel Ibarra Vargas, académico y socio del despacho penalista Consulta Consulting, calificó la pedofilia como un “tema de política criminal, que exige acciones de Estado».

Al finalizar el foro, los presentes y especialmente el parlamentario Mayer hizo énfasis en que el sistema judicial penal sea fortalecido en pro de evitar que los menores sean revictimizados por las autoridades y sean atacados mediante las plataformas virtuales, llamó a crear empatía y a sensibilizarse ante la complicada situación, de esta manera el denunciante no tendrá temor de hablar.

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