«Exigimos agilidad para consolidar la transición y dar apertura a la ejecución de planes de inversión a gran escala que permitan alcanzar la estabilidad eléctrica. Los venezolanos queremos una vida en paz», manifestó PJ en su cuenta de X.

El partido opositor compartió un mapa de Venezuela con nueve estados resaltados donde aseguró hay cortes eléctricos de entre ocho y doce horas diarias, entre ellos Miranda y Bolívar (fronterizo con Brasil).

Asimismo, indicó que hay 12 estados, entre ellos Guárico y Zulia (fronterizo con Colombia) con cortes eléctricos de entre cinco y ocho horas al día.

Distrito capital y el estado Amazonas (fronterizo con Colombia y Brasil) son los únicos sin racionamiento, de acuerdo a la colectividad.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el gobierno ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y «saboteos», principalmente las estadounidenses.

Mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

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• Posición de UNT: Puso a disposición sus equipos para el proceso y abogó por relanzar una gran alianza democrática amplia. Asimismo, enfatizó que la reinstitucionalización del país exige la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente, equilibrado y auditable.
• Posición de Primero Justicia: Calificó la iniciativa como una «oportunidad histórica» para rescatar la soberanía popular y avanzar hacia elecciones presidenciales. La agrupación reafirmó su compromiso con el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, respaldando a la AN de 2015 como la última institución democrática electa.
• Postura de Machado y González Urrutia: Aclararon que no participaron en el diseño ni funcionamiento de esta vía de negociación, pero señalaron que evaluarán sus resultados en función de logros concretos: fijación de un cronograma electoral presidencial oportuno, liberación de presos políticos, garantías democráticas y respeto a la soberanía.
• Contexto internacional: Dinorah Figuera destacó la importancia de Machado en el proceso, mientras que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que la líder opositora puede desempeñar un rol clave en la reconciliación del país.

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«Desde Primero Justicia exhortamos a atender con prioridad a los sobrevivientes (…) y que se planifique urgentemente la reconstrucción de Vargas (La Guaira) cimentada en criterios científicos y en la experiencia acumulada», dijo María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad de Primero Justicia, en un comunicado.

Agregó que el Estado venezolano «carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas» por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado 5.208 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance oficial del domingo.

En el plan, Hernández plantea aplicar la experiencia de Japón, uno de los países más sísmicamente activos del mundo, en el modelo de reciclaje de escombros, que permite «implementar el parcelamiento, la clasificación, trituración e incineración móvil de escombros para la reapertura de vías», además de prohibir el lanzamiento de basura y otros materiales tóxicos al mar.

El doble sismo ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El partido político, además, propone retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas entregado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón tras el deslave de 1999, un conjunto de fuertes lluvias e inundaciones que también devastaron a La Guaira.

Y por último, ejecutar las recomendaciones hechas por la Universidad Central de Venezuela, principal casa de estudios del país, para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado así como aplicar estudios de «microzonificación sísmica» antes de autorizar cualquier construcción o reconstrucción en el área costera.

«La reconstrucción (…) no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado», sostuvo Hernández.

El doble sismo ha dejado también a 17.907 personas sin viviendas, al menos 190 edificios colapsados y 856 edificios afectados, según el gobierno.

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Claves del operativo y contexto político

El anuncio: El presidente de EEUU, Donald Trump, informó que el Comando Sur ejecutó un «ataque rápido y letal» en el estado Bolívar (sureste de Venezuela) para neutralizar al cabecilla, calificado de terrorista por Washington.

Cooperación binacional: La operación contó con el apoyo tecnológico y de inteligencia de Caracas. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, ratificó el éxito del despliegue enmarcado en el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas en marzo de 2026.

Historial delictivo: «Niño Guerrero» se encontraba prófugo desde la intervención de la cárcel de Tocorón en 2023 y había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2025 tras expandir la red criminal por todo el continente.

Posicionamiento de PJ

A través de la red social X, la organización política expuso los siguientes puntos:

Reconocimiento internacional: Agradeció los esfuerzos de los aliados para garantizar la seguridad del hemisferio y avanzar hacia una Venezuela libre del crimen organizado.

Responsabilidad del régimen: Señaló que el Tren de Aragua se concibió bajo la permisividad del régimen de Maduro, afectando severamente la imagen de la migración venezolana y expandiendo el terror por la región.

Urgencia institucional: Reiteró que la transición democrática es imperativa para desmantelar de forma definitiva a las mafias que usurpan espacios estratégicos y para restaurar los poderes del Estado.

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«El aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia», aseguró PJ en su cuenta de X.

En este sentido, consideró que la propuesta es una «nueva maniobra» del gobierno para «mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral».

«Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad», subrayó el partido opositor.

Ayer martes 5 de mayo, durante una sesión ordinaria, transmitida en YouTube por el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela».

Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (la Sala Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral) pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete en vez de cinco.

La reforma de ley, que debe superar una segunda discusión para ser aprobada, llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

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Puntos clave del anuncio

Alcance: La medida suspende actividades en todos los niveles educativos y en los ministerios. Quedan exceptuados los sectores que prestan servicios básicos esenciales.

Justificación oficial: Decly Rodríguez atribuyó la crisis a que Venezuela registró esta semana la demanda eléctrica más alta en años, vinculándola al «crecimiento económico» y a un fenómeno solar que ha elevado las temperaturas.

Llamado a la conciencia: La mandataria instó a la población a sumarse al plan de ahorro energético y aprovechar los días libres para actividades religiosas en el marco de la Semana Santa.

Contexto de la crisis

Denuncias de la oposición: El partido Primero Justicia (PJ) denunció que en estados como Zulia, los racionamientos alcanzan hasta las ocho horas diarias. Atribuyen la situación a la falta de inversión y mantenimiento en Corpoelec desde el año 2009.

Reportes ciudadanos: Usuarios en redes sociales han confirmado fallas masivas y apagones prolongados, especialmente en los estados del occidente del país (Zulia, Táchira, Mérida), durante las últimas semanas.

Seguridad: El gobierno mantiene la custodia militar en las instalaciones eléctricas, reiterando acusaciones de sabotaje contra sectores opositores.

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Una de ellas se desmayó dos veces y se descompensa cada vez que intenta levantarse, mientras que otra ha tenido dolores de cabeza y problemas con la presión arterial, y en general ya se percibe un desgaste en los manifestantes, quienes exigen la liberación de sus parientes.

La decena de mujeres comenzó la huelga el sábado en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en la capital venezolana.

Petra Vera, quien no participa por ser paciente oncológico en remisión, dijo a EFE que las familiares están dispuestas a seguir aun cuando «existe la posibilidad de que puedan empezar a tener ciertas crisis por tantas horas sin comer».

«Una de las chicas se ha descompensado», señaló Vera, cuyo cuñado se encuentra preso.

Indicó que, de manera extraoficial, supieron que, dentro de Zona 7, están «obligando a comer» al grupo de presos políticos que comenzó una huelga de hambre el viernes y que incluso son amenazados con «celdas de castigo» si no lo hacen.

La postura de María Corina Machado

En X, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, denunció que una funcionaria policial «obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre».

«Ante la negativa, dos jóvenes que también se encuentran en huelga ingresaron personalmente para garantizar la entrega. Se trata de insumos médicos esenciales. Impedirlos es una vulneración directa a derechos fundamentales», expresó.

También en X, Machado dijo que «personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7».

«No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos», agregó.

PJ responsabiliza a Delcy Rodríguez

El partido opositor Primero Justicia (PJ) responsabilizó al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de «cualquier daño que sufran las familias».

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía, aún en discusión, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el oficialismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó el sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado 3 enero.

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La organización política sostiene que es imperativo relegitimar los poderes públicos mediante nuevas elecciones de diputados, gobernadores, alcaldes y concejales.

Puntos clave de la propuesta

Renovación Integral: Martínez subrayó que los cargos regionales y locales requieren legitimidad y deben ser organizados por un nuevo ente electoral, ajeno al control del oficialismo.

Postura presidencial: El partido no planteó nuevas elecciones presidenciales, sino que ratificó la victoria de Edmundo González Urrutia del pasado 28 de julio.

Condiciones democráticas: PJ exige pasos fundamentales para una transición real:

– Liberación absoluta de todos los presos políticos y cierre de centros de tortura.

– Cese de la persecución a medios y retorno de exiliados.

– Destitución de Tarek William Saab como Fiscal General.

Rechazo al Gobierno actual: La formación desconoció a Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia encargada tras la captura de Maduro, calificando su gestión como «circunstancial».

Contexto del nuevo escenario político

Tras la detención de Maduro el pasado 3 de enero, el sector oficialista bajo el mando de Rodríguez ha mostrado cambios significativos:

Giro económico: Reforma de la ley petrolera para atraer inversión extranjera.

Gesto humanitario: La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 344 presos políticos desde el 8 de enero.

Diplomacia: Acercamientos con EEUU marcados por la llegada de la embajadora Laura Dogu a Caracas para reabrir la misión diplomática.

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«Lamentablemente fallece injustamente en prisión un líder inocente. Recibimos con profundo pesar la dolorosa noticia», expresó la PUD en su cuenta de X.

En la misma red social, el partido opositor Primero Justicia (PJ) repudió que «venezolanos de bien sigan viendo comprometidas sus vidas» dentro de los centros de prisión que, subrayó, «están bajo absoluto control y responsabilidad» del gobierno de Nicolás de Maduro.

«Exigimos la liberación inmediata y la constatación del estado de salud de todos los presos políticos y que se juzgue a los responsables de la muerte de Alfredo y todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país», señaló PJ.

La ONG venezolana Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó el sábado la muerte en prisión y bajo custodia del Estado de Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año detenido.

«Otro preso político que muere en cárceles venezolanas. Llevaba un año preso, aislado. Sólo permitieron una visita de su hija. Tenía 55 años. ¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia», manifestó el director presidente de la organización, Alfredo Romero, en su cuenta de X.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: «¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?», dijo.

El exgobernador, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de julio de ese año, en las que la PUD denunció como fraudulento el resultadoque le dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el gobierno atribuyó a ataques de la oposición.

De interés: Falleció exgobernador Alfredo Díaz tras un año de aislamiento en El Helicoide, informa ONG Foro Penal

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En un comunicado publicado en X, el partido compartió nueve puntos que, afirmó, representan «lo que el país exige».

Entre ellos, también incluyó la instalación de un «gobierno de Unidad Nacional, amplio, plural, de protagonismo ciudadano», que abra el camino hacia una «transición democrática».

Además, pidió «reconocimiento pleno» al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora del país de la que PJ es parte,, así como «a la voluntad expresada» en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En esos comicios, el ente electoral, integrado por rectores afines al oficialismo, proclamó el triunfo de Maduro, pese a que la oposición mayoritaria reclama la victoria de González Urrutia, su candidato en ese proceso.

Primero Justicia también solicitó la libertad de «todos los presos políticos» y «garantías para el regreso seguro de todos los exiliados».

La ONG venezolana Foro Penal contabiliza, al 17 de noviembre, 884 presos políticos, 768 hombres y 116 mujeres, entre los que se encuentran cuatro adolescentes y 174 funcionarios militares.

Por otra parte, Primero Justicia propuso la implementación de un «plan urgente» de «recuperación de la población vulnerable y de inversión social»; adoptar «medidas extraordinarias para garantizar la propiedad en Venezuela» y la creación de un fondo para «recuperar el ingreso familiar».

De igual forma, planteó el «relanzamiento» de la industria petrolera venezolana, con participación del sector privado nacional e internacional, y el «establecimiento de un calendario electoral progresivo», con acompañamiento internacional, «que garantice elecciones libres y transparentes».

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«Nuestra posición es firme, coherente y profundamente democrática: Primero Justicia no se niega al voto; lo que rechazamos es la utilización perversa del voto como mecanismo de manipulación y simulación controlada por el régimen», expresó a través de un comunicado, compartido en su cuenta de X.

En este sentido, agregó que «no es abstención» lo que plantea sino la «defensa activa de la soberanía popular y del voto auténtico como verdadera herramienta de expresión democrática».

PJ aseguró que en estas elecciones las «condiciones están totalmente controladas por el aparato autoritario», mientras que, añadió, los «verdaderos partidos son judicializados y despojados de sus tarjetas». Además, subrayó, «los liderazgos opositores reales son inhabilitados, perseguidos o encarcelados».

La formación indicó que las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo, en las que el ente electoral adjudicó al oficialismo 23 de 24 gobernaciones, así como 256 curules de un total de 285 para el Parlamento, fue un «nuevo ejemplo de cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue destruyendo la ruta electoral».

A su juicio, este proceso estuvo «plagado de irregularidades, sin garantías, sin transparencia, y sin publicación detallada de resultados».

«El mandato» de las presidenciales

Por tanto, reiteró que su «deber político» es «hacer valer» lo que consideró fue «el mandato» de las presidenciales de 2024, cuando asegura Edmundo González Urrutia, el líder de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), venció a Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como mandatario reelecto.

«Nuestro foco es claro y firme: consolidar una transición democrática, lograr el cese definitivo de la persecución política, acompañar a los venezolanos en la defensa de sus derechos, reunificar a nuestras familias y reconstruir el país que el régimen ha destruido», agregó.

Hasta el momento, la PUD no se ha pronunciado sobre si participará o no en las elecciones municipales del próximo 27 de julio.

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A través de X, Velásquez afirmó que la Administración de Nicolás Maduro «hizo lo que dio la gana» en este proceso de postulación, que finalizó el sábado pasado, ya que estableció «filtro» a los candidatos.

«Cerrado el proceso de postulaciones afirmamos que la convocatoria para el 25 de mayo no puede calificarse como elección», indicó el también exgobernador, que había manifestado que no participaría en estas votaciones al considerar que en Venezuela hay una «ausencia de garantías de respeto al voto».

Oposición dividida

El lunes, el partido Movimiento Por Venezuela (MPV) denunció que fue «impedido» de postular a sus candidatos para las elecciones de mayo.

Ese día, la formación opositora Primero Justicia (PJ) comunicó que expulsó al dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, a Tomás Guanipa y a otros cuatro miembros de sus filas por «traicionar» la «unidad», luego de que estos políticos decidieran participar en las elecciones de mayo.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección «precipitada, injusta y viciada» por parte de «un árbitro severamente cuestionado», en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Expectativas electorales del oficialismo

Por su parte, el oficialismo finalizó la inscripción de candidatos y augura que ganará «las 24 gobernaciones» y obtendrá una «amplísima mayoría» en la Asamblea Nacional (AN), según dijo recientemente el actual presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien aspira a ser reelegido como diputado.

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«No aceptamos que una cúpula que responde al señor Julio Borges, carente de la legitimidad que otorgan las bases del partido, pretenda privarnos de nuestra vocación de lucha democrática, esa lucha por el voto y el cambio en Venezuela», indicó Capriles a través de su cuenta en X.

Igualmente, el opositor aseguró que «no existe autoridad (en PJ) para ejercer expulsiones» a los miembros que estén a favor de la participación electoral.

A su juicio, PJ tampoco brindó espacios para debatir sobre «la participación electoral en los momentos más complejos que enfrenta el país».

«Aquellos que elijan la abstención tienen nuestro respeto; del mismo modo, exigimos respeto hacia nuestra firme convicción de luchar por el voto cada vez que sea posible hacerlo», señaló Capriles.

Este lunes, PJ explicó que la expulsión responde a que los seis políticos decidieron participar en las elecciones de mayo «en abierta contradicción» con lo «aprobado» por el comité político de esa formación, que acordó no ir a estas votaciones al considerar que el resultado de las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro, fue fraudulento.

El dilema de votor o no votar

Para Capriles, la abstención «solo beneficia la tragedia que representa para los venezolanos Nicolás Maduro» y, agregó, «no es cierto que votar sea renunciar a la lucha del 28 de julio».

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección «precipitada, injusta y viciada» por parte de «un árbitro severamente cuestionado», en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al oficialismo.

Sin embargo, partidos opositores que integran esta coalición, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV), han llamado a participar en las elecciones.

MPV denunció el que le fue «impedido» postular a sus candidatos para las elecciones del 25 de mayo y, además, que su secretario general, Simón Calzadilla, «fue sorpresivamente inhabilitado», por lo que calificó de «extremadamente viciado» el proceso.

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A través de un comunicado, PJ afirmó que su comité aprobó por «108 votos», entre un cuórum de 126 miembros, reafirmar el «compromiso con la ruta política en defensa de los resultados del 28 de julio» de 2024, cuando considera que el opositor Edmundo González Urrutia fue elegido como presidente, contrario al resultado que proclamó el ente electoral, controlado por el oficialismo, que dio la victoria a Nicolás Maduro.

«La voluntad popular debe ser respetada y el partido continuará luchando para que se haga efectiva», reiteró PJ en el escrito, compartido en X.

Asimismo, ratificó que las «decisiones unitarias» se adoptarán en conjunto entre la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), González Urrutia y la líder María Corina Machado, que han manifestado su rechazo a participar en las elecciones de mayo.

«Primero Justicia continuará trabajando para que la voluntad del pueblo venezolano se respete y para consolidar una transición democrática real en el país», concluye el comunicado.

Las divisiones de PJ

Tras darse a conocer esta decisión, varios dirigentes de PJ, entre ellos el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, publicaron otro comunicado en el que manifestaron que la reunión «no cumplió con las garantías necesarias».

Esta facción aseguró que no se atendieron a las «solicitudes previas que hicieron líderes de 17 estados del país», sin precisar cuáles, mientras que «solo 102 miembros del Comité Político Nacional del partido, cuyos integrantes los conforman 232 militantes, acompañaron el llamado a la abstención» en las elecciones de mayo.

«Creemos que lo más respetuoso es darle libertad de conciencia a nuestra militancia frente a esta coyuntura», expresaron los dirigentes de PJ a favor de participar en los comicios de mayo.

Asimismo, reiteraron, como dijeron el viernes pasado, que creen «en el voto como herramienta de lucha para lograr el cambio que los venezolanos exigen».

«Ante el momento histórico que vivimos, hacemos un llamado a salir de la inacción y organizarnos para derrotar nuevamente con nuestros votos a un régimen que solo ha traído miseria a los venezolanos», expresaron.

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A través de la red social X, la organización informó de una reunión de la dirección nacional celebrada a raíz de «los acontecimientos recientes», en la que acordó «rechazar la renuncia presentada» por Capriles, así como «crear un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar los elementos que describe» el dirigente en la carta.

Argumentos de Capriles

En la misiva, el exgobernador de Miranda señaló que «algunos militantes» han sido «expuestos» a «bajezas» por parte del exdiputado Julio Borges, exiliado en España, vicepresidente de Comunicación y Relaciones Internacionales de PJ.

Según Capriles, Borges prioriza «sus intereses particulares» y tiene una «larga historia en el uso pagado de redes y portales para atacar y desprestigiar» a opositores, «incluso a miembros de este partido».

Asimismo, aseguró que la junta «no tiene un plan claro ni una propuesta» en «tiempos de tanta turbulencia e incertidumbre», sobre todo, tras las elecciones del 28 de julio.

El foco de Primero Justicia

Sin embargo, Primero Justicia expresó que su «compromiso, foco y energía se concentran en la defensa de los resultados del 28 de julio» junto a Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, principal valedora del excandidato.

Por otra parte, el partido aprobó la «autoexclusión partidaria» del exdiputado Eudoro González por «haber actuado de forma unilateral en el exilio forzado» de González Urrutia, quien llegó a Madrid el pasado 8 de septiembre, tras solicitar asilo debido a la persecución política y judicial que denunció haber sufrido en su país luego de las elecciones.

PJ no explicó de qué manera Eudoro González participó en el proceso para la salida del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal bloque opositor.

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Con información de EFE Servicios y medios nacionales

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Con este plan, llamado «Justicieros con Edmundo, 20 días sin descanso», el partido prevé llegar a más de cuatro millones de venezolanos a través de recorridos en varias zonas del país, donde planean repartir copias de la tarjeta electoral y difundir imágenes y videos sobre el proceso de votación, así como celebrar asambleas de ciudadanos, según una nota de prensa.

El vicepresidente de Asuntos Políticos de PJ, Tomás Guanipa, aseguró que la formación «está organizada para acompañar a los venezolanos y defender el voto» el 28 de julio, con la victoria de González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El partido, del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, reiteró su compromiso de llevar a cabo una campaña «eficaz que llegue a cada venezolano que anhela un cambio político, con el fin de lograr la mayor cantidad de votos y la protección de estos, para así lograr la restitución de la democracia en el país».

En las presidenciales competirán 10 candidatos, entre ellos el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio en el poder.

En 20 días vamos a ganar 🇻🇪

Recuerda armar tu comandito y registrarlo aquí https://t.co/WlYMl01zVF pic.twitter.com/UpqeVZKhPO

— Edmundo González (@EdmundoGU) July 8, 2024

De interés: Edmundo González acompañado por María Corina Machado dio inicio a su campaña formal en Caracas

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Fuente de imágenes referenciales: @EdmundoGU

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El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, expresó su solidaridad con los sancionados: los alcaldes Elías Sayegh y José Fernández, los exdiputados Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera y el exburgomaestre Carlos Ocariz.

«Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país», expresó el exdiplomático en X (antes Twitter).

En la misma red social, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles acusó al gobierno de Nicolás Maduro de usar la Contraloría «como brazo ejecutor de su visión represiva y antidemocrática».

El partido Primero Justicia (PJ), en el que militan tres de los sancionados, consideró que estas medidas constituyen un «claro intento de socavar el proceso democrático y la unidad» de la oposición, de cara a las elecciones de julio.

«Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela», agregó la formación.

La Contraloría, que dio a conocer esta jornada las inhabilitaciones a través de su página web, no precisa las razones por las que fueron sancionados los políticos.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, PJ aseveró que “en razón del carácter y relevancia estratégica de CITGO para nuestro país, debe ser prioridad y causa de interés nacional su recuperación” por lo que consideran que debe existir “una estrategia común que se construya en la negociación en México, dándole su carácter de política de Estado”.

Para lograrlo, la tolda amarilla propuso “que de manera inmediata se reactive sin excusa alguna, el proceso de negociación que se lleva a cabo en México, para que en el marco de este espacio se asuma y se construya un acuerdo nacional para la defensa de este importante activo”.

Desde Primero Justicia nos dirigimos a los venezolanos sobre CITGO #17May pic.twitter.com/nGhNNwoHDH

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) May 17, 2023

Luego de que distintos funcionarios del gobierno venezolano acusaran a la oposición por la posible pérdida de CITGO, PJ rechazó “que se pretenda utilizar la crisis que hoy atraviesa la empresa como una herramienta de persecución política”.

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«Fue un evento maravilloso y de ese evento salió con gran contundencia favorecido Henrique Capriles como abanderado de Primero Justicia a la presidencia» declaró Martínez con Shirley Varnagy en Unión Radio.

Con relación a la inhabilitación política de Henrique Capriles, la presidenta de PJ declaró que «el candidato que gane las primarias tiene que estar habilitado, y para eso estamos trabajando», ante lo cual aseveró que «es fundamental el diálogo en México, no solo por el tema de las elecciones sino por el asunto político».

Martínez se mostró satisfecha con el proceso interno del partido y aseveró que ahora consultarán a los comités políticos regionales de la organización para discutir sobre la candidatura de Capriles a las primarias.

«No fue una elección interna de Primero Justicia, fue una elección de los presidentes del partido, los generales en tierra de cada estado» afirmó Martínez, quien destacó que «tuvo tanta contundencia, que es evidente que el consenso lo dio el partido, es obvio, amerita un comité político que no tiene fecha aún», concluyó.

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Víctor De Abreu

Con información de Unión Radio

Fuente imagen referencial: María Beatriz Martínez, vía Twitter

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El detenido fue nombrado tutor de la víctima en 2017 por decisión judicial y lo acogió en su residencia, donde le ofreció trabajo a cambio de ropa y alimentación, sin ningún otro pago, según informó la PJ en un comunicado.

Después, se aprovechó de la discapacidad psíquica y la «especial vulnerabilidad de la víctima» para exigirle servicios sexuales y, si se negaba a acceder, lo encerraba en la vivienda sin posibilidad de contacto con el exterior.

El detenido, de 63 años y sin antecedentes, es un sacerdote de la localidad de Vila Nova de Foz Côa, según medios locales.

La víctima es un hombre de 44 años de edad y será instalado en un centro de acogida y protección especializado en trata de seres humanos.

El detenido será presentado ante las autoridades para su primer interrogatorio judicial, en el que se dictarán las medidas de coacción.

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales y redes sociales

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