«Pedimos a las autoridades de Estados Unidos detener la persecución contra nuestros hermanos migrantes. Pedimos que se le respeten sus derechos y el derecho a la migración es fundamental en los derechos humanos», dijo Escobar en el marco del cierre de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.

El principal jerarca católico salvadoreño también instó a «no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados», ya que «son personas nobles, personas buenas, trabajadoras que han hecho mucho por aquel país» y sostuvo que «merecen un trato digno».

Política contra migrantes en EEUU

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- alcanzó los 39.292 en los primeros cinco meses de 2025, un 86,5 % menos que en el mismo lapso del año 2024, según datos oficiales.

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El presidente de la SIP y CEO de la Prensa Gráfica de El Salvador, José Roberto Dutriz, comentó en el evento de lanzamiento de la red, efectuado en Costa Rica, país que acoge a decenas de periodistas exiliados, que se trata de «una respuesta directa a una crisis que afecta a quienes ejercen el periodismo y a las democracias».

«Hemos sido testigos del deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo. Regímenes autoritarios han forzado al exilio a periodistas que se han negado a ser silenciados», declaró Dutriz.

El presidente de la SIP subrayó que «el periodismo libre y de calidad es la más poderosa herramienta para combatir la desinformación» y enfatizó que «un periodismo robusto y valiente es clave para las democracias».

Objetivos de la red de apoyo a periodistas exiliados

Otro de los objetivos de la red es colaborar en la continuidad de la labor informativa de los periodistas en el exilio de forma segura y estable, facilitar el intercambio de información sobre la problemática y además respaldar a medios de comunicación que debieron trasladar sus redacciones a otros países por el acoso de regímenes autoritarios.

La red facilita asistencia legal y psicosocial, cuenta con un programa de empleo y otras herramientas para el desarrollo de la profesión como acceso a programas de capacitación y becas.

La SIP informó que en los últimos años ha documentado un sostenido aumento en el número de periodistas que deben salir al exilio desde países como Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Cuba y Ecuador, o que se ven obligados a desplazarse a otras regiones dentro de sus propios países, como en México y Colombia.

En el evento participó mediante un video el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien denunció que convertir a periodistas en apátridas «es un crimen de lesa humanidad» y obligarles a tomar el camino del exilio «es una forma de silenciar voces críticas».

«Cuando el Estado de derecho ha colapsado, la defensa de la libertad y la credibilidad de la profesión depende exclusivamente de estos periodistas que hacen frente a la persecución política, la violencia criminal en sus países o, incluso, la cárcel», aseveró.

La SIP detalló que decenas de periodistas latinoamericanos se ven forzados a moverse o emigrar debido a la violencia, las amenazas y la persecución por parte de grupos criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios. Asimismo, varios medios de comunicación fueron clausurados o debieron cerrar las redacciones en sus países de origen y mover sus operaciones al exterior.

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El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.

“Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”, denunció Khan.

Además, el fiscal subrayó que la resistencia u oposición percibida a los talibanes “fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que “próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes.

“Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, advirtió el fiscal.

Investigación a talibanes

A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su “preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas” y pidieron al fiscal considerar “los crímenes contra mujeres y niñas” cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”.

“La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)”, alertó este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

En 2020, la fiscalía de la CPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por parte de los talibanes, la fiscalía ha retomado el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán.

No obstante, Khan solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses.

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Así lo establece la ONUDD en su primer estudio a escala mundial sobre la prevención de delitos ecológicos o medioambientales.

«Nuestro estudio muestra que se han realizado progresos a escala mundial en la elaboración de leyes de protección del medio ambiente», afirma Angela Me, jefa de Investigación y Análisis de la ONUDD, en un comunicado.

Pero al mismo tiempo concluye «que la legislación y su aplicación siguen siendo desiguales, lo que ofrece a los grupos delictivos la oportunidad de aprovechar las lagunas en las respuestas», añade.

El informe, titulado ‘Análisis mundial de los delitos que afectan al medio ambiente’, destaca también las áreas prioritarias que deberían tenerse en cuenta para reforzar la prevención de este tipo de delincuencia.

Estudio de la ONU

La ONUDD estudió la situación en nueve ámbitos: la deforestación y la tala de árboles, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la pesca, los desechos y la fauna y flora silvestres.

Especialmente la forma en que los 193 países miembros de la ONU contemplan los delitos que dañan al medio ambiente y los penalizan diverge mucho de nación a nación.

Concluyó que los daños más perseguidos son aquellos que afectan a la fauna y la flora silvestres, así como los relacionados con los residuos, con 164 y 160 Estados, respectivamente, que en su legislación nacional incluyen al menos un delito penal en estos campos.

«La contaminación del suelo y acústica (99 y 97 Estados, respectivamente) son las áreas en las que menos países cuentan con disposiciones penales«, señala el comunicado de la ONUDD.

«Al menos el 85 % de los Estados miembros de la ONU penalizan los delitos contra la fauna y la flora silvestres y al menos el 45 % castigan algunos de estos delitos con cuatro años o más de prisión», añade.

Explica que las diferencias en cuanto al nivel de protección del medio ambiente y las penas impuestas están relacionadas con las condiciones de cada país o región.

Penas para delitos ambientales

Por otro lado, África y Asia tienen el porcentaje medio más alto de países con penas que se ajustan a la definición de delito grave, lo que indica que no hay un problema de legislación, sino una falta de su aplicación.

Con respecto a las tres regiones del continente americano, resalta que la contaminación del suelo es el único delito no tipificado por la mayoría de los países, aunque en muchos de ellos puede estar cubierto por la persecución de los delitos vinculados a los residuos.

En cuanto a Europa, indica que «los niveles de penalización» son bajos en el caso de la contaminación acústica y la minería ilegal, y que la pesca ilegal ni siquiera está penalizada en la mayoría de los Estados.

La ONUDD anima a los Gobiernos a reforzar la legislación y su aplicación para luchar con más eficacia contra la explotación criminal del medio ambiente.

«Una legislación más sólida puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes, así como a ampliar el abanico de herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para poner fin a los delitos que afectan al medio ambiente», subraya.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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En una declaración, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, manifestó su profunda preocupación por las acciones recientes contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela.

Nichols destacó que estas acciones están fundamentadas en acusaciones sin base, generando inquietud sobre el estado de la democracia en el país sudamericano.

Análisis de la situación política y electoral en Venezuela

La situación política en Venezuela sigue generando preocupación a nivel internacional, especialmente ante las acciones que apuntan a restringir la participación política o electoral y socavar la libertad de expresión.

La comunidad internacional estaría observando con detenimiento cómo el gobierno de Maduro y sus funcionarios intensifican sus esfuerzos para silenciar a la oposición, lo que plantea interrogantes sobre la vigencia de las instituciones democráticas en el país, según algunos analistas.

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Gabriel Velásquez

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Machado expresó esta solicitud durante su participación virtual en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, en su intervención, presentó un informe sobre las torturas y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La líder opositora enfatizó que la oposición está buscando una salida pacífica a la crisis a través de elecciones. Esperan seleccionar a un candidato unitario que compita contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Machado señaló que los candidatos, organizadores y participantes en las primarias enfrentan un alto riesgo debido a las presiones y persecuciones del gobierno de Nicolás Maduro.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

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Expresidentes atentos y observantes del proceso electoral

Los exmandatarios expresaron su atención y observancia hacia el proceso de elección primaria en el que los sectores democráticos opuestos a la administración de Nicolás Maduro están avanzando.

En el comunicado, manifestaron su apoyo a esta alternativa electoral de resistencia pacífica y democrática, subrayando la importancia de que se respete y se facilite su desarrollo.

Advertencias sobre los intentos de frustrar el proceso de primarias

En el documento, los expresidentes alertaron sobre los intentos de frustrar el proceso de primarias, mencionando la renuncia anticipada de los rectores del Consejo Nacional Electoral, antes de que finalizara su mandato.

Esta acción plantea preocupaciones sobre la imparcialidad y la autonomía del proceso electoral, y representa un obstáculo para la voluntad democrática de los venezolanos.

Hostigamiento y persecución hacia los participantes de la elección primaria

Los expresidentes también destacaron el hostigamiento y las amenazas dirigidas hacia los aspirantes que buscan participar en la elección primaria autogestionada por la Comisión Nacional.

Desde la intimidación personal y las restricciones a la libertad de movimiento, hasta la persecución y los ataques sistemáticos y vejatorios a través de los medios de comunicación oficiales y sus redes, se evidencia un intento de socavar el ejercicio libre y pleno de los derechos políticos de los venezolanos, incluyendo a la diáspora.

La declaración de los expresidentes iberoamericanos reafirma su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos fundamentales en Venezuela.

Al denunciar los intentos de sabotaje y hostigamiento, buscan generar conciencia sobre los obstáculos que enfrenta el proceso electoral en el país y abogar por condiciones justas y transparentes que permitan una participación democrática plena.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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Mientras que los restantes se disgregaron de la siguiente manera: 97 casos contra dirigentes políticos; 93 contra agentes de la Fuerza Armada Nacional; 46 contra la población en general; 23 contra organizaciones de la sociedad civil y seis contra universidades.

Durante el mes de septiembre se documentaron 36 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo una política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Los actos fueron ejercidos contra periodistas, trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, organizaciones de la sociedad civil y contras las universidades.

También durante el mes de septiembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de 15 emisoras de radio ubicadas en las ciudades de Maracaibo, San Francisco y Cumaná. Las emisoras afectadas fueron: Sensacional Estéreo 88.5 FM; Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM; Refugio 94.3 FM; Palabra 97.3 FM; High Class 98.1 FM; Destino 98.3 FM; Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM, Boom 89.7 FM, Café 100.9 FM, Centeno 107.9, Cool 101.7 FM, Mágica 95.1 FM y NVH radio.

▷ Trabajadores de la comunicación son los más afectados por la persecución y criminalización del régimen en 2022, según Cepaz https://t.co/ASHE9VBE1L

— Reporte Confidencial (@RConfidencial) December 6, 2022

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Gabriel Velásquez

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Por ahora, el director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, «se mantiene privado de libertad» en el Helicoide, un centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al no verse favorecido por esta medida.

Los hermanos Tarazona y su compañero García fueron detenidos el pasado 2 de julio cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Es preciso recordar que, Javier Tarazona fue la principal voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.

#26Oct #LiberenAFundaRedes@FundaREDES_: La señora Teresa Sánchez, madre de Javier y Rafael Tarazona le pide a estado venezolano que sea otorgada una Medida Humanitaria a Javier Tarazona.
«En este momento está deteriorandose la salud»@TarekWiliamSaab pic.twitter.com/SJaNHyQFiv

— Reporte Ya (@ReporteYa) October 26, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

Además, en un artículo que publicó la misma DW, se transmitió la información y se ratificó que al profesional de la comunicación lo estaban buscando los talibanes, por lo que el acto contra su familiar puede ser una represalia. Adicionalmente a la persona asesinada, otra estaría gravemente herida. El resto de los familiares logró escapar y están huyendo, según lo informado.

Mientras tanto, el comunicador, del cual se reservan el nombre, ya se encuentra en Alemania sano y salvo. No obstante, su familia permanece en Afganistán bajo una latente amenaza.

#Afganistán: matan a familiar de periodista DW

La prensa extranjera es perseguida por los #talibanes, que este jueves asesinaron a un familiar directo de un colaborador nuestro.

También los que han logrado llegar a suelo seguro en Alemania temen por los que quedaron atrás. /oh pic.twitter.com/cln4RujJFF

— DW Español (@dw_espanol) August 20, 2021

Protección para periodistas

Ante la lamentable situación, Peter Limbourg, director general de DW, señaló que “el asesinato de un familiar de uno de nuestros editores a manos de los talibanes es increíblemente trágico e ilustra el grave peligro en el que se encuentran todos nuestros empleados y sus familias en Afganistán”.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció que los talibanes han registrado esta semana los domicilios de al menos “cuatro periodistas y trabajadores” de medios de comunicación.

Además, varios reporteros denuncian que recibieron golpizas cuando intentaban filmar en Kabul. Tras tomar el poder, los talibanes se comprometieron a respetar la libertad de prensa y perdonar a todos sus opositores; solo días después se estaría demostrando lo contrario.

La búsqueda de detractores se intensificó

Asimismo, y en las últimas horas, se publicó un documento confidencial de la ONU donde se afirmó que están intensificando la búsqueda de personas que trabajaron con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.

Según ese documento, van “casa por casa” buscando a detractores y colaboradores de las fuerzas extranjeras y a sus familias.

Ante estos hechos, que amenazan con extenderse, miles de afganos persisten en salir del país, muchos esperan a ser evacuados o batallan para conseguir un visado que les permita alejarse de los talibanes.

Los afganos hacen lo necesario por salir de su país

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Con información de redes sociales, DW y La Voz

El informe Tendencias Globales 2020 de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) precisó que más de los dos tercios de todos los refugiados y desplazados en el extranjero provienen de solo cinco países: Siria (6,7 millones), Venezuela (casi 6 millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

Esta alza se dio pese a que el 2020 fue un año histórico, donde “todo el mundo se paró a causa de la pandemia; excepto los conflictos, las guerras, las persecuciones, las discriminaciones, que son la causa de este exilio, de las personas desplazadas forzadas y de refugiados”, destacó el alto funcionario de la ONU.

El número de personas desplazadas en el mundo por razones de fuerza aumentó un 4 % respecto a las 79,5 millones registradas en el 2019

Hay 16 millones de refugiados en las Américas

“En la región de las Américas, del Norte, Caribe, del Sur, tenemos alrededor de 16 millones de refugiados y desplazados (…) tanto entre país como desplazados internos”, dijo Grandi.

Asimismo, destacó que entre los grandes desplazamientos en el continente está el de los venezolanos, “casi 6 millones de personas que dejaron su país y que están en todo el continente y en Europa también”.

Por otra parte, se encuentra la crisis compleja del norte de Centroamérica, con un millón de personas refugiadas de Honduras, El Salvador y en menor parte de Guatemala; “desplazadas entre los países, desplazadas internas en algunos de estos países, y refugiadas en otros como México y Estados Unidos”.

Campañas xenófobas disminuyen la solidaridad

En todo el mundo y, menos pero también en América Latina, se han realizado muchas campañas políticas contra los refugiados y migrantes; lo que ha provocado una “situación de xenofobia, de rechazo en muchos países”, afirmó Grandi.

Tradicionalmente, aseveró el Alto Comisionado, en América Latina hay “una apertura, una solidaridad hacia los refugiados, las personas que se huyen a causa de guerra o de persecución”.

“Los países de la región latinoamericana son muy solidarios pero tienen muchas necesidades de recursos internacionales para complementar lo que se hace en cada país”, agregó Grandi.

Actualmente, el 1 % de la humanidad está desplazada y hay el doble de personas desplazadas forzosas que en 2011, cuando el total era algo inferior a los 40 millones

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales