El siguiente presidente de Perú volverá a decidirse por unos pocos miles de votos, como ya ocurrió en 2016 y 2021, cuando la elección se definió por apenas 40.000 votos, que dieron el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo sobre Fujimori, que podría encadenar una cuarta derrota consecutiva en segunda vuelta.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori, mientras que otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Los resultados de estas proyecciones, que tienen un margen de error del 1,9 % y 1 %, respectivamente, confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones.

Sánchez optimista, Fujimori cauta

Al conocer estos resultados, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que «este es el día de la recuperación de la democracia» y consideró que es «el momento de la defensa del voto», por lo que pidió a sus delegados «exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo».

El candidato dio su mensaje sin desprenderse del sombrero del encarcelado expresidente Castillo, al que representa en estos comicios y que ha prometido liberar de su condena por el fallido golpe de Estado de 2022, pues lo reivindica al considerar que las élites políticas y económicas, con Fujimori a la cabeza, le impidieron gobernar.

A su turno, Fujimori ofreció un breve pronunciamiento ante la prensa para mostrar cautela y aceptar el «empate técnico» mostrado por las proyecciones, a la vez que anticipó que aceptará los resultados electorales, al contrario de 2021, cuando denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra y buscó con distintos recursos revertir los resultados.

«Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo», dijo la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

Además, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado reivindicó por completo en esta campaña electoral, reiteró que el trabajo de los delegados de su formación, que según sus palabras llegan a 95.000 personas, es «doblemente importante» pues deben contar una a una las actas para respetar la «voluntad popular».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Renato Pajuelo

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A estos 50 observadores de largo plazo se sumarán posteriormente otros 50 observadores de corto plazo para seguir las votaciones, además de una delegación de diplomáticos de las embajadas de los países miembros de la UE, así como de Noruega y Canadá, y una delegación de siete representantes del Parlamento Europeo.

Así lo detalló la jefa de la misión de observación electoral de la UE, la europarlamentaria italiana Annalisa Corrado, quien coordinará al equipo desde Lima junto a un equipo de diez expertos electorales en distintas materias.

Sobre las anteriores elecciones, donde las misiones de observaciones internacionales como la UE y la Organización de Estados Americanos (OEA) avalaron la transparencia del proceso que ganó el izquierdista Pedro Castillo frente a las denuncias sin prueba de «fraude» de Keiko Fujimori, Corrado señaló que la metodología de la UE «siempre ha sido integral».

«Queremos tener bajo observación muchos aspectos del sistema electoral, como hemos hecho en el pasado. La experiencia será también importante, pero nuestra metodología seguirá siendo la misma, que es muy imparcial, independiente y neutral«, señaló la eurodiputada.

«Tenemos una metodología internacional y, cuando nos pronunciamos, son los resultados de un trabajo muy serio. Sé que hubo en las pasadas elecciones acusaciones de fraude, pero tenemos mucha confianza en nuestra metodología«, apuntó.

Misión de observación en Perú

La misión se centrará en seguir el marco legal y su implementación; la administración electoral, su transparencia e imparcialidad; la campaña electoral y su financiación; el registro de votantes y la inscripción de candidaturas; el contexto político y la contribución de la sociedad civil al proceso electoral.

También observarán el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales durante la campaña electoral, el respeto de los derechos fundamentales en materia electoral, con especial atención a los grupos más vulnerables; la votación, el escrutio y la publicación de resultados, así como el sistema contencioso electoral.

La misión emitirá sendos informes preliminares dos días después de la primera y segunda vuelta, respectivamente, mientras que el informe final será presentado dos meses después de que concluya todo el proceso electoral y los resultados sena proclamados de manera definitiva.

La jefa de la misión anticipó que buscarán reunirse con los 35 candidatos, y lamentó el fallecimiento el domingo de Napoleón Becerra, que se postulaba por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) y que perdió la visa en un accidente de tránsito mientras hacía campaña.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo domingo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, y además de cinco representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial logre la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta el 7 de junio con los dos candidatos con mayor apoyo.

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De interés: Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Carlos Durán

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«El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México», informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Exteriores, Hugo De Zela.

El canciller explicó que esta decisión se ha tomado «frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú».

De Zela sostuvo, en ese sentido, que el Gobierno peruano hoy ha «conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo» se encuentra en la embajada del país norteamericano.

«Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias», remarcó.

El canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas «no significa» que se hayan «roto relaciones consulares» con México.

De Zela también dijo que ahora lo que «tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso» del eventual asilo para Chávez.

Betssy Chávez está siendo procesada por la Justicia de Perú por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.

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DOBLE LLAVE

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Castillo había apelado una resolución que rechazó revisar de oficio el mandato de prisión preventiva que se le impuso en 2022, mientras es juzgado por rebelión, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, argumentó en su resolución que «el riesgo de alejarse de la justicia permanece latente; además de un pedido de pena elevadísima y la procedencia del juicio oral dictado por el juez de la investigación».

Por este caso, la Fiscalía ha pedido 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación para ejercer cargo público por tres años y medio al acusarlo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad.

La sala suprema también señaló que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo «no puede prosperar».

Respecto al peligro de fuga, después del anuncio golpista de el 7 de diciembre de 2022 y su intento de llegar a la Embajada de México en Lima, los jueces indicaron que constan declaraciones ya valoradas con anterioridad y las propias declaraciones públicas del entonces mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre una petición de asilo político.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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El mismo juez rechazó una solicitud de sobreseimiento (archivo) de esta investigación presentada por Pedro Castillo y los otros imputados en este caso.

El exgobernante irá a juicio oral por el fallido golpe, que llevó a que el Congreso lo destituyera poco después de la intentona, junto con sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.

Por este caso también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, quien es un actual congresista, así como los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

Checkley remarcó que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados «deben ser contrastado en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación» del caso.

La resolución sobre el pedido de sobreseimiento, que se realizó en una audiencia virtual de la etapa de control de acusación, no puede ser apelada.

Pedro Castillo permanece desde el 7 de diciembre de 2022 en prisión, procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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El elegido fue el legislador Alejandro Soto, del partido derechista Alianza por el Progreso (APP), que se convirtió así en el primero en la línea de sucesión constitucional de la jefatura de Estado, en caso de que la presidenta Dina Boluarte renuncie o sea destituida.

Una alianza sorprendente

La lista encabezada por Soto se impuso con 77 votos a favor frente a los 39 que obtuvo la liderada por el también centroderechista Luis Aragón, de Acción Popular (AP). Hubo además cuatro votos en blanco y ocho nulos.

La victoria de Soto fue posible gracias al apoyo de Fuerza Popular, el partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y de Perú Libre, el partido del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido por el Congreso en abril de 2022 tras intentar un autogolpe.

La alianza entre estas dos fuerzas políticas, que se enfrentaron en la segunda vuelta electoral de 2021, sorprendió a muchos observadores, que la calificaron de «oportunista» y «contradictoria».

Sin embargo, tanto Fuerza Popular como Perú Libre coinciden en su oposición al gobierno de Boluarte, que asumió el poder tras la destitución de Castillo y que ha enfrentado una fuerte crisis política y social.

Un abogado mediático

Alejandro Soto es un abogado de 63 años nacido en Cuzco, una de las regiones más afectadas por las protestas antigubernamentales que paralizaron el sur de Perú tras el fallido golpe de Castillo.

Soto se hizo conocido por tener un espacio televisivo en el que se entrevistó a sí mismo en varias ocasiones, lo que le valió críticas y burlas en las redes sociales.

En sus entrevistas, Soto defendió su candidatura al Congreso por APP, un partido fundado por el empresario César Acuña, y criticó al gobierno de Castillo por su gestión de la pandemia del coronavirus y su intento de cambiar la Constitución.

Soto también se mostró favorable a una amnistía para los presos políticos, entre los que se encuentra Alberto Fujimori, el padre de Keiko y expresidente condenado por violaciones a los derechos humanos.

Soto tendrá ahora la responsabilidad de dirigir el Congreso peruano en un momento de alta tensión política y social, con una presidenta cuestionada por su legitimidad y una oposición dividida y radicalizada.

Su papel será clave para garantizar la estabilidad democrática del país andino y evitar una nueva crisis institucional.

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Gabriel Velásquez

Con información de agencias y medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash /Eduardo García

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Durante su discurso en el Consejo Permanente de la OEA, el mandatario colombiano expresó su interés en «luchar» por el retorno de la administración de Nicolás Maduro a la organización, y añadió que sería importante hablar también con Cuba para que regrese al organismo.

Esta propuesta busca fortalecer la cooperación regional y el diálogo político para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan los países de América Latina.

Petro sugiere la modificación de la Carta Democrática

En este orden, el mandatario colombiano también propuso la reescritura de la Carta Democrática, argumentando que en el continente se han tomado medidas que contradicen los valores fundacionales de la OEA.

Posteriormente, citó el caso de Perú y cuestionó la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado.

Petro señaló que la Carta Democrática establece que solo una sentencia judicial puede quitar los derechos políticos, y preguntó por qué se están eliminando los derechos políticos del pueblo sin una sentencia.

En Washington el presidente Gustavo Petro propuso revisar la carta democrática de la OEA. “No sólo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando me quitaron mis derechos, fueron miles y miles de latinoamericanos”, dijo. @CaracolRadio pic.twitter.com/0k5Jn2Yoqg

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 19, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de  medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Crónica Quindio, vía web

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“Las iniciativas del gobierno, como la creación de una comisión para ofrecer apoyo económico a las familias de heridos y muertos, deben expandirse para garantizar la rendición de cuentas, la verdad y la reparación total a todas las víctimas”, dijo Türk este martes ante el Consejo de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra.

Según los datos que maneja la Oficina del alto comisionado, al menos sesenta personas han muerto desde diciembre en Perú en choques con la policía durante las protestas que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, en reacción a su intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto.

“Los reclamos que subyacían incluían la discriminación y exclusión, en particular de pobladores rurales y residentes pobres de las ciudades”, mencionó Türk en comentarios sobre Perú incluidos en el informe general de las actividades de su oficina en el mundo que presentó al Consejo de Derechos Humanos.

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Con información de medios internacionales

Fuente imagen referencial: Archivo

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Presuntamente, el requerimiento fue presentado el martes por el fiscal supremo Helder Terán, quien “proyectó” una pena de más de 31 años de cárcel para Castillo, que actualmente cumple otra orden de prisión preventiva por 18 meses por intentar dar un golpe de Estado en diciembre pasado.

Terán señaló que al exgobernante se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, y que la condena total estimada es la suma de 18 años y cuatro meses por el primer cargo, seis años y ocho meses por el segundo y seis años y cuatro meses por el último, según detalló el rotativo.

En esta investigación también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.

En el pedido fiscal, que será evaluado este viernes por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se acusa a Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, de organización criminal y colusión simple, mientras que Alvarado es señalado como presunto autor del delito de organización criminal.

¡¡¡ATENCIÓN!!! Poder Judicial programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva.https://t.co/aVVeiS9sCl

— Infórmate Perú (@informateperu) March 1, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Wikimedia, vía web

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«Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales, en las que las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades», indicó Presidencia en un mensaje publicado en Twitter.

«Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú. Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social», agregó.

https://twitter.com/presidenciaperu/status/1619339801739825153

La propuesta se rechazó después de que el Congreso aprobara con 78 votos someter a votación un posible cambio en la fecha de las elecciones, acordada el pasado 20 de diciembre en una votación preliminar para abril de 2024.

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Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: Agencia Andina, vía web

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La cifra está recogida en un documento fechado el 14 de diciembre, una semana después de la destitución del presidente Pedro Castillo, y solicita además la declaración del estado de Emergencia para contener las protestas. Esta última medida si se realizó, posteriormente.

«El jefe de la División de Economía de la Dirección de Administración de la PNP hace conocer que la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional irrogaría el gasto adicional de S/106.372.450 correspondiente al periodo de treinta días», indicó el documento, recogido por el diario ‘La República’.

El texto señaló que «la Unidad Ejecutora no cuenta con recursos presupuestarios disponibles para financiar el mencionado gasto adicional». «Por tal motivo, sugiere respetuosamente que la declaratoria de estado de emergencia sea gestionada con la correspondiente asignación presupuestaria para su financiamiento», dice.

Además, cifró que del total de 130.785 policías que hay en el país, 127.722 recibirían un «bono por zona de emergencia por 30 días» para compensar la suspensión de las horas de libranza de los agentes.

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Con información de agencias de noticias, La República, y otros medios internacionales

Fuente imagen referencial: Ernesto Buenvides/AFP

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La delegación enviada al país andino, liderada por el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, el guatemalteco Stuardo Ralón, arrancó su “visita de observación” con una reunión en el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, con Boluarte, con el objetivo de “recibir información del contexto actual” en el país.

Tras este encuentro, en el que también participó el comisionado Joel Hernández, Ralón declaró que la idea de la misión es tener la escucha más amplia posible de todas las voces de la sociedad civil, a través de una agenda enfocada a desplazarse fuera de Lima.

El relator lamentó las muertes ocurridas en los últimos días en las protestas, “tanto de personas que se encontraban manifestando como también algún miembro de fuerzas de seguridad”.

La presidenta @DinaErcilia Boluarte sostuvo una reunión de trabajo con comisionados de la @CIDH, quienes cumplen una visita de observación al Perú, a invitación del Gobierno peruano. pic.twitter.com/KF8Oa1bnty

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 11, 2023

Esta mañana, otro grupo de la delegación de la CIDH, integrado por el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, viajó a la región de Ica, al sur de Lima, para reunirse con víctimas y familiares y con organizaciones sociales.

La visita de este organismo a Perú comienza dos días después de que el país viviera el día más sangriento desde que se iniciaron las protestas el pasado mes de diciembre, luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la presidencia del país, tras el autogolpe fallido de su predecesor, Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras se le investiga por rebelión.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: El Comercio – Perú, vía web

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«En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú», remarcó el Ministerio del Interior.

La decisión de las autoridades peruanas se conoció después de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunciase la semana pasada que estaba analizando junto a la autoridad migratoria «la situación de ingreso» de Morales a su país, porque no debe «intervenir en temas internos».

«En Perú tenemos el derecho de tejer nuestra propia historia y que nadie, personas ajenas al territorio nacional, tengan que estar viniendo y querer intervenir en tejer nuestra historia», subrayó.

Persona non grata

En noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona non grata a Morales «por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del gobierno» del entonces presidente Pedro Castillo.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Fuente imagen referencial: Actualidad RT, vía web

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Veinte de las víctimas murieron durante marchas y enfrentamientos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho. Entre los fallecidos hay cuatro menores de edad, tal y como informó la Defensoría del Pueblo.

En Perú la tensión aumentó entre los habitantes tras el nombramiento de Boluarte como presidenta

La mayoría eran jóvenes y vivían en zonas humildes de las seis regiones del sur del país donde se concentró la disputa por la asunción de Dina Boluarte como presidenta de Perú. Son 20 fallecidos en enfrentamientos a los que habría que sumar cinco víctimas de accidentes o hechos vinculados a los bloqueos, según la Defensoría, citada por el periódico “La República”.

En el transcurso de las marchas contra Boluarte y el Congreso se registraron además 290 policías lesionados y 279 civiles heridos. Solo en el primer día del estado de emergencia murieron nueve manifestantes abatidos por armas de fuego.

En particular citan el deceso de manifestantes en los alrededores del Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho, donde fallecieron ocho personas y otras 52 resultaron heridas, de acuerdo con la Dirección de Salud Regional.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

Imagen referencial: El País Cali, vía web

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El Sumo Pontífice dedicó estas palabras a la nación sudamericana y andina al final del Ángelus, donde también mostró su preocupación por la situación en el Caúcaso meridional, una región marcada por conflictos y tensiones territoriales no resueltas.

«Las poblaciones corren el riesgo de deteriorarse ulteriormente», alertó incidiendo en la situación de los corredores humanitarios de esta zona.

La región es como un corredor de transporte de los suministros de energía a Europa de considerable importancia geopolítica y estratégica, pero las tensiones en curso ponen en peligro la seguridad de las personas y constituyen un obstáculo para el desarrollo económico y social.

El Papa solicitó demandar a los implicados en este conflicto, «que se comprometan por el bien de las personas».

Por otro lado, y antes del Ángelus, el obispo de Roma recibió en audiencia a un grupo de niños que han sido asistidos por el Dispensario Pediátrico «Santa Marta» del Vaticano, e insistió en que «no debemos olvidar a los niños de Ucrania».

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Angélica Rodríguez

Tomado y con información de El Sumario

Fuentes: dpa – (Imagen referencial: PICTURE ALLIANCE – GETTY IMAGES, vía web)

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«La Junta Técnica de Clasificación del INPE (…) ha determinado que el procesado Pedro Castillo Terrones sea clasificado en el Régimen Ordinario«, anunció el INPE en un comunicado, detallando que el expresidente será trasladado al la Cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima.

De esta manera, Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el mismo recinto donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según ha informado la emisora RPP.

Durante la jornada del jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú dictaminó prisión preventiva contra el exmandatario mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La decisión también se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien solicitó asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Castillo había permanecido hasta el momento detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.

Pedro Castillo cumplirá 18 meses de presión preventiva https://t.co/5JlpQoaMa8 pic.twitter.com/B6jRUGuLfV

— RCN Mundo: Radio y Podcast (@rcnmundo) December 16, 2022

De interés: Protestas en Perú tras destitución de Castillo dejan al menos 14 muertos

Angélica Rodríguez

Con información de dpa, medios peruanos y redes sociales

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En un comunicado lo confirmó el Ministerio de Salud de Perú, que explicó que del total de víctimas, cuatro perecieron en el departamento de Ayacucho y dos en La Libertad. También informó que los heridos están siendo atendidos en el Centro de Salud de Conchopata y en el Hospital Regional de Ayacucho, según recogió “Diario Correo”.

En este contexto, las autoridades peruanas pidieron a la población estar calmada y a respetar la labor del personal sanitario, alegando que su única misión es «salvar vidas sin distinción alguna».

El gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo a Pedro Castillo.

Peru’s new government declared a national emergency on Wednesday (14/12) as it struggled to calm violent protests over President Pedro Castillo’s ouster, suspending the rights of personal security and freedom across the Andean nation for 30 days. #WorldNews pic.twitter.com/vqiwQB66ZF

— Metro Globe Network (@mglobenetwork) December 16, 2022

Actualización informativa: Protestas dejan 21 a 22 muertos y rige toque de queda en 15 provincias

RPP Noticias y otros medios peruanos indican que entre un total de 21 a 22 personas han muerto durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, mientras ha transcurrido el segundo día del Estado de Emergencia a nivel nacional con un toque de queda en 15 provincias.

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María Gabriela Moncada

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«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», escribió Castillo en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.

En el breve mensaje manuscrito, que fue también transcrito en mensaje de Twitter, también hizo «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país» y envió «millones de gracias» a los peruanos «por su cariño y apoyo».

¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. (1/2) pic.twitter.com/q1mfdcZA5B

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 14, 2022

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El juez decidió, tras una audiencia virtual, «declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado», que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar ocurrida el 7 de diciembre.

El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga, debido a que Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

Castillo permanecerá detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) hasta el 14 de diciembre, fecha en que se cumple el plazo de detención preliminar.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realiza hoy miércoles 14 a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente #PedroCastillo y #AníbalTorres, investigados por los delitos de rebelión y otros. pic.twitter.com/lMirQecqeV

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) December 14, 2022

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Gabriel Velásquez

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