«El PCV rechaza de manera categórica la nueva y grave entrega del patrimonio nacional ejecutada por el triunvirato ilegítimo e ilegal que ejerce de facto el poder en Venezuela», dijo en aparente alusión al gobierno que encabeza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto a su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En una nota de prensa, la formación, que tampoco se alinea con la oposición liderada por María Corina Machado, consideró que estos acuerdos se hacen de «espaldas al pueblo venezolano, sin transparencia y al margen de los controles constitucionales».

No se trata de un acuerdo menor ni de una simple operación comercial. Estamos ante la entrega de una porción significativa de la principal riqueza nacional en condiciones que el país desconoce», subrayó el PCV.

«Despojo salvaje»

Asimismo, cuestionó las condiciones de igualdad y respeto mutuo al afirmar que la política estadounidense está «orientada a garantizar sus propios intereses energéticos, económicos y estratégicos mediante el control creciente sobre los recursos venezolanos».

De tal manera que el PCV condenó lo que calificó como «despojo salvaje», presentado a su juicio con una «retórica tecnocrática destinada a dar falsa apariencia de racionalidad y legalidad al saqueo descarado del patrimonio nacional».

«El PCV reafirma su compromiso con la defensa consecuente de la soberanía nacional, los derechos democráticos y los intereses de la clase trabajadora y del pueblo», apuntó.

«Atípica tecnocracia autoritaria»

El pasado viernes, Provea advirtió que Venezuela parece «estar derivando en una atípica tecnocracia autoritaria», en la que, según la ONG, las autoridades «tuteladas» por Estados Unidos «se empeñan en satisfacer los intereses de los capitales transnacionales y en continuar desconociendo los derechos ciudadanos».

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo».

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

De interés: Edmundo González: Recuperación de Venezuela no puede medirse solo en barriles de petróleo

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El operativo, coordinado entre Caracas y el Comando Sur de Estados Unidos, se ejecutó en una región minera del estado Bolívar.

A través de una nota de prensa, la organización política alertó que el procedimiento representa una «violación de la soberanía nacional» y acusó al Ejecutivo de subordinarse a los intereses de Washington, recordando los hechos de enero pasado cuando fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

Pronunciamiento del PCV

• Falta de debido proceso: El partido denunció que «ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de la vida» al margen de la ley y el derecho internacional.
• Intereses económicos: Advirtió que la operación en Bolívar, zona rica en recursos, podría ser una coartada para que corporaciones transnacionales controlen territorios estratégicos y minerales, amparados en la reciente Ley de Minas que abre las puertas a la inversión extranjera.
• Rechazo a la presencia militar: Llamó a la población a impedir que el país se convierta en una plataforma de dominación imperialista bajo la excusa de la lucha contra el crimen organizado.

Contexto del operativo

El pasado viernes, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció el ataque «rápido y letal» contra el líder criminal.

Posteriormente, el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, confirmó el despliegue detallando que se realizó bajo mecanismos de cooperación tecnológica y de inteligencia con EEUU.

Actualmente, diversas organizaciones civiles exigen total transparencia sobre los detalles y el alcance de esta operación militar conjunta.

De interés: ONG exige «transparencia absoluta» sobre operativo de Washington en Venezuela

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Estados Unidos llevó a cabo el sábado un simulacro de evacuación de su Embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro se hizo para garantizar la capacidad de respuesta «ante eventuales situaciones médicas» o catástrofes, según indicó la Embajada de EEUU.

Sin embargo, el exdiputado Yul Jabour, miembro del buró político del PCV, citado en nota de prensa, indicó que «esas operaciones constituyen una flagrante violación a nuestra Constitución bolivariana, a nuestro territorio y, en especial, a nuestra soberanía».

El dirigente comunista sostuvo que la presencia de aeronaves militares, embarcaciones de guerra estadounidenses y la visita del jefe del Comando Sur forman parte de una estrategia de dominación impulsada por la Administración de Donald Trump.

Jabour cuestionó la explicación oficial del simulacro de Estados Unidos en la sede de su embajada.

«No piensen que los venezolanos somos estúpidos. Nos quieren vender una maniobra de esta calaña como simples operaciones de evacuación y salvamento», añadió.

«Protocolos regulares»

El gobierno de Venezuela informó que autorizó a Estados Unidos a realizar el simulacro como parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática».

Según informó en su momento el Ejecutivo oficialista, la actividad se desarrolló en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de «autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad».

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado mes de marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu.

De interés: PCV acusa al gobierno de «doble moral» tras la deportación de Alex Saab a EEUU

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Jackeline López, integrante de la tolda política, cuestionó que tras haber invertido millones de dólares en la campaña internacional «Free Alex Saab» bajo el argumento de que era un diplomático venezolano, ahora las autoridades lo presenten públicamente como ciudadano colombiano.

«Hoy alguien es héroe y mañana es señalado. Ese doble discurso expone una profunda crisis institucional y política», sostuvo López, quien además cuestionó cómo Saab pudo ejercer funciones públicas y ministeriales si la legislación venezolana lo prohíbe a ciudadanos extranjeros.

Giro en el discurso oficial

La postura de la organización política comunista surge tras las declaraciones de los voceros del gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV):

Delcy Rodríguez (Presidenta encargada de Venezuela): Informó el pasado sábado sobre la deportación de Saab a EEUU y defendió la medida el lunes, asegurando que se basa en los intereses de la nación, ratificando que el empresario posee nacionalidad colombiana.

Diosdado Cabello (Ministro de Interior y Justicia): Aseguró que Saab cometió «fraudes de todo tipo» y que operaba con una cédula de identidad venezolana también «fraudulenta» desde 2004. Justificó la medida amparándose en el artículo 271 de la Constitución, el cual ordena la deportación de extranjeros incursos en delitos como legitimación de capitales y delincuencia organizada.

Contexto clave

Alex Saab, mencionado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, había sido defendido inicialmente por el mandatario como un actor clave para la obtención de alimentos y medicinas durante la crisis de 2013-2019.

Tras ser liberado por EEUU en 2024, en el marco de una especie de canje, fue nombrado por Maduro presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargos que preceden a esta nueva deportación, motivada por una reciente acusación de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami.

De interés: CEV exhorta a liberar a los presos políticos para retomar la convivencia ciudadana

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La organización califica el caso como la trama de corrupción más importante del siglo en la principal industria del país.

Puntos destacados de la solicitud

Transparencia judicial: Neirlay Andrade, representante del PCV, insistió en que las deliberaciones deben ser abiertas para que el país conozca las responsabilidades políticas y penales de los involucrados, especialmente al tratarse de recursos de la nación.

Contexto de la detención: El Aissami fue arrestado en abril de 2024 tras un año de opacidad sobre su paradero, vinculado a una red que realizaba operaciones petroleras ilegales mediante el uso de criptoactivos y asignaciones de crudo sin controles administrativos.

Nuevos informes de audiencias: La petición surge en medio de reportes extraoficiales sobre el inicio de las audiencias de juicio, proceso sobre el cual las autoridades del Ministerio Público no han emitido información detallada recientemente.

Otros implicados: El caso, que suma más de 60 detenciones, incluye a figuras de alto perfil como el exministro de Economía, Simón Zerpa, capturado tras delaciones de testigos clave.

Antecedentes: El Aissami, quien fue vicepresidente de la República (2017-2018), también enfrenta señalamientos internacionales, incluyendo sanciones de EEUU desde 2017 por presunto tráfico de narcóticos.

De interés: El Aissami acusó a William Saab de ordenar su tortura durante interrogatorios y pidió que audiencias de su juicio sean públicas

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A través de una nota de prensa, el PCV indicó que esta vez «no se trata de sanciones económicas, sino de un cerco militar destinado a la asfixia total de la economía nacional», con el fin de «forzar una capitulación» que permita «al imperialismo apropiarse» de los recursos que Donald Trump «reclama cínicamente como ‘robados'».

Hace una semana, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela», lo que supuso un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

Al respecto, el PCV, que no se alinea con el gobierno de Maduro ni con la oposición liderada por María Corina Machado, subrayó que la afirmación de Trump expresa la «convicción de que las riquezas naturales de América Latina y el Caribe son una reserva estratégica privada del capital estadounidense».

«Ante la amenaza de bloqueo naval y de escalada militar, el PCV llama a la solidaridad internacional de clase, apelando a los partidos comunistas y obreros del mundo, incluido el proletariado estadounidense, para denunciar la piratería imperialista y la ofensiva neocolonial contra Venezuela y contra toda América Latina y el Caribe», manifestó la formación.

Barriles de crudo confiscado

Luego de la incautación de un segundo buque, Maduro advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto en la «economía mundial» que generará el bloqueo ordenado por EEUU a embarcaciones petroleras sancionadas que entren o salgan de Venezuela.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el primer buque, el Skipper, y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Washington ha asociado a autoridades venezolanas, sin aportar pruebas, de estar vinculadas o dirigir organizaciones del tráfico internacional de drogas y en una escalada de tensiones, el despliegue aeronaval estadounidense ha resultado en la incautación de buques con crudo venezolano, actos calificados por el gobierno de Nicolás Maduro como «piratería» pura y una amenaza directa a la soberanía.

Según el gobierno de Venezuela, los dos buques petroleros anteriormente mencionados contenían alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo nacional.

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Jackeline López, integrante del buró político de la tolda, afirmó que la población venezolana no conoce «qué se discute ni a qué acuerdos pretenden llegar» con estas conversaciones, después que el domingo Trump confirmó que hubo una llamada entre ambos mandatarios.

«Exigimos que se le diga al país con absoluta claridad qué se está negociando. El ejercicio de la soberanía nacional no puede hacerse a puerta cerrada», declaró, en una conferencia de prensa, la dirigente del PCV, partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

En este sentido, dijo que Venezuela enfrenta una situación compleja, por lo que consideró como una «creciente escalada de agresión imperialista en el Caribe», en referencia a la movilización militar estadounidense, y rechazó que países del Caribe «se presten para estas maniobras».

En concreto, señaló al gobierno de Trinidad y Tobago como «pieza efectiva» de las operaciones estadounidenses en la región y le acusó de adoptar «posiciones genuflexas y serviles al imperialismo».

«Terrorismo psicológico»

El lunes, Maduro calificó de «terrorismo psicológico» el despliegue estadounidense en el mar Caribe, un día después de que Trump confirmara una llamada entre ambos, sin dar detalles sobre el diálogo.

Maduro encabezó una movilización en Caracas, en la cual designó y juramentó un nuevo buró político conformado por 12 dirigentes del oficialismo y prometió ante sus seguidores su «lealtad absoluta».

La escalada de tensiones con Estados Unidos causó una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela, tras el aviso emitido el pasado 22 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EEUU que recomendaba «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe.

Este lunes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) extendió hasta el 31 de diciembre su recomendación de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, lo que llevó a las aerolíneas ibéricas Iberia, Plus Ultra y Air Europa a comunicar nuevas suspensiones de vuelos.

Venezuela, en respuesta, ha revocado las concesiones de operación a siete aerolíneas internacionales, incluyendo este lunes a la española Plus Ultra.

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Fuente de imagen referencial: Archivo y EFE/ Miguel Gutiérrez

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En una nota de prensa, la formación condenó las operaciones militares y los «asesinatos extrajudiciales y extraterritoriales que ejecuta Estados Unidos en aguas internacionales, violando flagrantemente el derecho internacional y los derechos humanos».

«Washington intenta presentar estas ejecuciones como parte de una cruzada contra el narcotráfico, sin mostrar una sola prueba que respalde sus acusaciones», señaló Neirlay Andrade, integrante del buró político del PCV, citado en la nota.

Así mismo, el colectivo hizo un llamado a los latinoamericanos a levantar su voz de rechazo y defensa de la soberanía ante las «pretensiones imperialistas».

Caracas asegura que el despliegue estadounidense en el mar Caribe tiene como objetivo propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.

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«Estas ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales constituyen un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado con urgencia», instó el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una nota de prensa.

Asimismo, condenó la incursión militar estadounidense en el Caribe que, subrayó, es «presentada bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, pero dirigida a amenazar y presionar militarmente a Venezuela».

A juicio de la formación, «esta agresión» representa «una peligrosa provocación y una abierta violación del derecho internacional», lo que se suma, añadió, a los «vuelos de espionaje sobre territorio venezolano, parte de la estrategia de intimidación y control militar desplegada por Estados Unidos en la región».

Ante un eventual escenario de «ocupación del territorio venezolano», el PCV anticipó que asumirá las «formas de organización que la defensa de los intereses del pueblo y la patria demanden».

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, lo que para el oficialismo es un «invento», y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó que las comunicaciones con Estados Unidos están «deshechas». A su juicio, el despliegue militar estadounidense no se trata de un combate contra el narcotráfico, sino de un plan para provocar un «cambio de régimen» y sacar al chavismo del poder.

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«El gobierno pretende mantener una falsa narrativa de que es de izquierda y socialista, mientras persigue, criminaliza y estigmatiza a quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos», dijo el activista Pedro Eusse, en un comunicado difundido esta semana.

En ese contexto, el integrante del PCV denunció la «detención arbitraria y desaparición forzada temporal» de los líderes sindicales del estado Aragua Nelson Torrealba y Roberto Campero, quienes, advirtió, «permanecen incomunicados sin acceso a garantías procesales básicas».

Asimismo, Eusse cuestionó los recientes señalamientos públicos «realizados desde las más altas instancias del poder» contra izquierdistas.

«Se trata de matrices de criminalización que buscan justificar eventuales acciones represivas contra organizaciones y personalidades de izquierda que no se pliegan a la política oficial», subrayó.

En ese sentido, el PCV hizo un llamado a las «fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas de América Latina y del mundo» a mantenerse vigilante ante, lo que describe como, una «nueva arremetida contra los derechos humanos, el sindicalismo y la disidencia política en Venezuela».

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«El imperialismo estadounidense sigue actuando como policía del mundo, preparando el terreno para intervenciones que ya han tenido consecuencias nefastas en América Latina y otras regiones», indicó Neirlay Andrade, miembro del buró político del PCV, citada en una nota de prensa.

A su juicio, estas «maniobras injerencistas» en «nada contribuyen a resolver la aguda crisis política que atraviesa» el país.

Tales medidas, prosiguió Andrade, se suman a las «criminales sanciones que solo han agravado las condiciones de vida del pueblo trabajador».

La dirigente comunista advirtió que estos anuncios de Washington son usados como justificación para la «ofensiva represiva de la Administración de Nicolás Maduro contra el movimiento popular, obrero y revolucionario».

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«Un hecho importantísimo, como lo son unos comicios municipales, se convierte en una maniobra más de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para simular que en Venezuela existe democracia», aseguró Neirlay Andrade, integrante del buró político del PCV, citada en un comunicado difundido esta semana.

Andrade advirtió de que en Venezuela «la soberanía popular está secuestrada», al tiempo que aseguró que, un año después de las elecciones presidenciales, «el país aún no conoce los resultados».

«Aquí solamente participan quienes tienen el permiso del poder», agregó la vocera comunista.

El PCV habla de una «fachada»

En junio pasado, el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció que no participará en las venideras votaciones para alcaldes y concejos municipales, al alegar que en el país los comicios se han convertido en una «fachada» para darle una «apariencia de legalidad» al gobierno.

Las elecciones de alcaldes y concejos municipales de julio se celebrarán dos meses después de los comicios regionales y legislativos del pasado 25 de mayo, que fueron rechazados por la oposición mayoritaria de Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al oficialismo, no ha publicado los resultados desagregados de estos comicios, como tampoco los de las presidenciales de 2024, cuando proclamó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto, lo que la mayor coalición opositora, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera inexacto.

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«Los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de credibilidad y coherencia», señaló la formación en un comunicado publicado en su página web.

A su juicio, la adjudicación de curules a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «no guarda relación con los datos ofrecidos por el propio rector Carlos Quintero».

«El método para esta asignación sigue siendo un misterio, lo que evidencia que no fue el voto popular el que eligió, sino los arreglos entre cúpulas», añadió, sin ofrecer mayores detalles sobre esto.

Un «plan deliberado» del PSUV

El PCV indicó que este escenario forma parte de un «plan deliberado» para imponer un nuevo sistema electoral «hecho a la medida de Nicolás Maduro y la cúpula» del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), «diseñado para garantizar su permanencia ilegítima e ilegal en el poder».

«Paralelamente, se ha conformado un nuevo pacto político entre la élite del PSUV y actores que se presentan como opositores, pero que en la práctica actúan subordinados a la agenda gubernamental», agregó.

El PCV reiteró su llamado a los venezolanos a «organizarse para hacer frente al avance del autoritarismo y del injerencismo imperialista».

«Los bloques burgueses que encabezan Nicolás Maduro y María Corina Machado no son una opción para superar la crisis política, económica y social en favor de las grandes mayorías. Al contrario, sus planes no son otros que defender los intereses del capital y entregar nuestros recursos a potencias imperialistas», Sentenció.

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En una nota de prensa, el partido recordó que, en marzo de 2022, Maduro aumentó el salario mínimo a 130 bolívares al mes, que entonces equivalía a 30 dólares, con vistas a una «progresiva recuperación» de los ingresos laborales.

Sin embargo, tres años después, el salario permanece congelado, afirmó el PCV, y actualmente ese mismo monto equivale a 1,98 dólares mensuales, a tasa oficial, cuando una persona necesita unos 100 dólares al mes para gastos básicos de alimentación, según estimaciones independientes.

Yul Jabour, miembro del PCV, expresó, citado en la nota, que la «política salarial de Maduro» genera «desesperanza y preocupación» y «ha llevado a las familias trabajadoras a condiciones de necesidad extrema».

A su juicio, la «política de destrucción del salario y desmontaje de derechos laborales ha obligado a miles de venezolanos a irse del país».

El comunista tachó de «indolente» a la Administración de Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección el año pasado, debido a que, además, «el gobierno no plantea una solución factible».

El pasado lunes, el Observatorio de Universidades (OBU) aseguró que los docentes universitarios venezolanos son los «peores pagados» en comparación con 15 países de Latinoamérica, ya que afirmó el «mejor salario» de un profesor en el sector público nacional equivale a ocho dólares al mes.

Recientemente, la ONG Provea denunció tres años de «estancamiento» del salario mínimo, que se complementa, para el caso de los empleados públicos, con bonos gubernamentales de hasta 130 dólares que no tienen incidencia laboral.

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A través de una nota de prensa, que recogió las conclusiones de las del XV Pleno del Comité Central del PCV, celebrado el fin de semana, la formación consideró que la investidura de Maduro, el pasado 10 de enero, para un tercer mandato es el «punto culminante de una conspiración de los poderes públicos», que están «controlados por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela» (PSUV).

«De manera ilegal e inconstitucional, Maduro asumió un gobierno de facto sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desagregados por mesa de votación, tal y como establecen las leyes», señaló el PCV, partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El PCV explicó que decidió no participar en las elecciones de abril ante lo que consideró como el «auge del autoritarismo y de la represión», así como por las que tachó de «normas arbitrarias para obstaculizar la participación política».

¿Participar o no participar?

El lunes, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) llamó a la unidad de la oposición para definir si participarán o no en los comicios de abril, que son rechazados por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«La oposición se encuentra dividida entre participar o abstenerse, mientras que quienes están en el poder avanzan significativamente para instaurar un proyecto del país de forma unilateral», indicó la vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, citada en una nota de prensa.

El oficialismo avanza en la selección de sus candidatos para las elecciones de abril y en la propuesta de una reforma constitucional, mientras que la PUD mantiene su reclamo de que se reconozca lo que considera fue la victoria de su líder, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales de julio.

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Fuente de imagen referencial: @PCV_Venezuela

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«Advertimos de que la aplicación de estas nuevas medidas coercitivas unilaterales estadounidenses seguramente serán usadas como justificación por el gobierno de Nicolás Maduro para incrementar su política de represión, de violación de los derechos constitucionales del pueblo venezolano«, señaló Pedro Eusse, miembro del buró político del PCV, en una rueda de prensa.

Eusse indicó que ya se ve una «guerra sucia» desde el gobierno venezolano contra «los que exigen respeto a la Constitución».

Asimismo, rechazó el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que complementan las normas que prohíben a instituciones federales del gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo oficialistas.

«Denunciamos que eso es un acto más de agresión de Estados Unidos contra Venezuela, contra el pueblo venezolano, una nueva demostración de la grosera injerencia que practica Estados Unidos, en esa concepción propia de la Doctrina Monroe al considerar a América Latina como su patio trasero«, sostuvo Eusse.

El comunista exigió que cesen estas prácticas de «intromisión» en los asuntos internos de Venezuela, porque -dijo- Estados Unidos no está actuando para favorecer a los venezolanos.

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En un video publicado en X por la formación, intervenida por el TSJ, el secretario general del PCV, Óscar Figuera, explicó que decidieron sumarse al «esfuerzo colectivo de distintas organizaciones e individualidades», en referencia a un recurso que introdujo el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez ante la Sala Constitucional del Supremo para que declare nulo el fallo.

Enrique Márquez siempre ha cuestionado el resultado de las elecciones presidenciales

«Consideramos que dicha sentencia es írrita, viola la Constitución, viola las leyes y, además, intenta impedir que el pueblo venezolano conozca los resultados de las elecciones del 28 de julio y, por tanto, es una acción que violenta la soberanía popular», dijo.

Figuera espera que la Sala Constitucional «declare la nulidad de la sentencia», además de que «ordene» al Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar los resultados desagregados, a fin de eliminar «toda duda razonable que existe hoy».

«Esperamos que esta sala haga justicia», expresó el comunista, quien también exigió la liberación de «toda la ciudadanía que ha sido encarcelada» por «reclamar sus derechos y protestar».

El pasado 22 de agosto, la Sala Electoral del TSJ, presidido por la oficialista Caryslia Rodríguez, validó los resultados oficiales de las elecciones, que dieron la victoria a Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

El Supremo venezolano explicó que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales «altamente calificados e idóneos»

Entretanto, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador de los comicios con base en el «83,5 % de las actas electorales», recabadas por testigos y miembros de mesa el día de los comicios, para reforzar su reclamo.

Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desagregados, como lo establece su cronograma, que confirmen la victoria de Maduro, pese a numerosos pedidos de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional.

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Fuente de imágenes referenciales: EFE/ Prensa Miraflores, Ronald Peña R. y Archivo

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Luego de una conferencia nacional, los comunistas acordaron esta candidatura «para avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas e impulso de las luchas de las y los trabajadores, los campesinos y las campesinas, de las comunidades y los pueblos indígenas, del movimiento popular en general», señala una nota de prensa.

El diputado Óscar Figuera, citado en el escrito, dijo que Manuel Isidro Molina representa «una salida democrática popular frente a la catástrofe nacional, de la cual son responsables, tanto la fracción burguesa que dirige el país, como las fracciones burguesas que desde la oposición han promovido líneas de intervención y agresión extranjera».

El periodista, que fue diputado en la década de los noventa, aceptó la nominación «como una herramienta para la unión de una mayoría que no acepta el actual estado de degradación moral, que no acepta que la política sea sucia, que la política sea corrupta».

«Nos declaramos defensores del salario de los trabajadores venezolanos, de los derechos legítimos de los jubilados y pensionados, hoy prácticamente tirados al hambre, la desesperación, la enfermedad y la muerte prematura», expresó Molina durante el acto de proclamación, en Caracas.

PCV bajo intervención judicial

En agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la intervención del PCV y nombró a una nueva directiva conformada por políticos que apoyan al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los dirigentes tradicionales del PCV comenzaron a ser críticos del presidente en los últimos años, luego de haberlo apoyado en las elecciones de 2013 y 2018.

El líder oficialista, en el poder desde 2013, confirmó el sábado 16 de marzo que buscará un tercer período en los comicios, en los que todavía no está claro quiénes serán sus contrincantes, debido a la inhabilitación que le impide competir a la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias como candidata de la principal coalición opositora.

🔴 #AVANCE [VIDEO] La XVI Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela celebrada este domingo 17 de marzo, acordó proponer a las fuerzas del campo popular, genuinamente democráticas, revolucionarias y antiimperialistas la candidatura presidencial del periodista Manuel… pic.twitter.com/qQQqhypgHe

— Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) March 19, 2024

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imágenes referenciales: @PCV_Venezuela

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El secretario general del PCV, Óscar Figuera, denunció que esta acción representa un intento de intervención político-judicial por parte del gobernante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y sus aliados, a quienes en sus palabras calificó como «mercenarios».

El PCV respondió enérgicamente a estas acusaciones de usurpación y manifestó su determinación de resistir.

Respuesta decidida y multifacética

Figuera afirmó que el PCV no se quedará de brazos cruzados frente a este desafío. La organización ha decidido enfrentar esta maniobra antidemocrática tanto en el ámbito político como en el jurídico-legal. Además, buscará respaldo tanto a nivel nacional como internacional para hacer valer su posición.

La fortaleza de una fuerza histórica y revolucionaria

Con firmeza, Figuera aseguró que quienes intentan usurpar el PCV no saldrán ilesos de esta confrontación.

Destacó la importancia histórica y revolucionaria del partido, subrayando su legado y la contribución que ha hecho a lo largo de la historia política de Venezuela.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash /Lian Begett

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El comunicado se publicó la tarde de este jueves, luego de que el pasado domingo se realizara en Caracas un congreso con militantes paralelos del PCV que pidieron una intervención judicial del partido.

La declaración denuncia una presunta «campaña difamatoria y anticomunista» por parte del PSUV e integrantes del Gobierno, al tiempo que advirtieron que este proceso «se intensificará en los próximos meses».

El comunicado manifiesta además su rechazo al «camino de la criminalización de las luchas y la persecución anticomunista» por parte del Gobierno venezolano.

«Como no puede subordinar al PCV y convertirlo en un instrumento al servicio de la política antipopular que ha condenado al pueblo venezolano al deterioro creciente de sus condiciones de vida, su objetivo es crear una parodia de «PC», compuesto por mercenarios, militantes del PSUV y funcionarios del gobierno, para posteriormente justificar un ilegal proceso de asalto e intervención judicial contra el PCV», indica el comunicado.

Finalmente, el conglomerado de partidos comunistas rechazó la «persecución y criminalización contra el Partido Comunista de Venezuela, y cualquier maniobra judicial que pretenda desconocer a la Dirección elegida en el reciente XVI Congreso del PCV«.

«Expresamos en particular nuestra solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela, y con el movimiento obrero y popular venezolano en general, y su legítimo derecho a luchar por defender sus reivindicaciones e intereses. ¡No a la intervención e ilegalización del PCV!», concluye la declaración conjunta firmada por los siguientes partidos:

• Partido Comunista de Albania
• Partido del Trabajo de Austria
• Tribuna Progresista Democrática de Bahrein
• Partido Comunista de Bélgica
• Partido Comunista Brasileiro
• Partido Comunista Británico
• Partido Comunista de Bohemia y Moravia
• Partido Comunista de El Salvador
• Partido Comunista de Alemania
• Partido Comunista de Grecia
• Partido Tudeh de Irán
• Partido Comunista Iraquí
• Partido Comunista Kurdistán-Irak
• Partido Comunista de Irlanda
• Partido de los Trabajadores de Irlanda
• Partido Comunista de Israel
• Movimiento Socialista de Kazajstán
• Partido Comunista de Luxemburgo
• Partido Comunista de Malta
• Partido Comunista de México
• Nuevo Partido Comunista de los Países Bajos
• Partido Comunista de Noruega
• Partido Comunista de Pakistán
• Partido Comunista Palestino
• Partido Popular Palestino
• Partido Comunista Paraguayo
• Partido Comunista Peruano
• Partido Comunista Filipino [PKP-1930]
• Partido Comunista Obrero Ruso
• Comunistas de Serbia
• Partido Comunista de los Pueblos de España
• Partido Comunista de los Trabajadores de España
• Partido Comunista de Suecia
• Partido Comunista Sirio
• Partido Comunista de Suiza
• Partido Comunista de Turquía
• Partido Comunista de Venezuela
• Partido Comunista Argentino
• Polo del renacimiento comunista en Francia
• Organización Comunista de Alemania
• Frente Comunista (Italia)
• Consejo Americano de Bolcheviques
• Plataforma Obrera Comunista de EEU
• Partido de los Comunistas de EEUU
• JVP Sri Lanka

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