«Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos», señaló la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, durante una rueda de prensa en Bogotá.

A menos de dos meses de las elecciones, la entidad alertó que el país enfrenta un escenario marcado por la persistencia de la violencia, brechas sociales profundas y debilidad institucional en varias regiones, por lo que presentó un documento que recoge cuatro frentes críticos: desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural.

En el frente de desigualdad, la Defensoría advirtió que la pobreza, la informalidad y la exclusión siguen afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes, y pidió, entre otras medidas, una reforma integral al sistema de salud.

«La desigualdad persiste como un problema estructural que limita el goce efectivo de los derechos humanos», agregó la funcionaria.

En materia de paz y seguridad, el organismo señaló que, pese al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC, las dinámicas del conflicto armado continúan activas y se han transformado en grupos «crecientes, transnacionales y altamente organizados«.