La ley introduce un concepto de «beneficiarios» que abre la puerta a tener que revelar las identidades de víctimas y comunidades, «un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil» en opinión de las ONG firmantes, entre ellas Human Rights Watch y otros movimientos principalmente de América Latina.

«Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales», critican, en alusión a una batería de medidas que pretenden «potencialmente criminalizar» la ayuda.

A este temor se suma una propuesta por parte de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo de una «Ley de Cooperación Internacional», toda vez que anticipan «aún más restricciones» a la hora de acceder a fondos procedentes del extranjero, tal como ya ocurrió con otra norma planteada en 2015.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció en febrero «al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de DD.HH., trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición» desde septiembre de 2020.

ATENCIÓN: Más de 650 organizaciones venezolanas rechazamos y exigimos la eliminación de la Providencia 001-2021 que nos obliga al registro de beneficiarios para vigilancia ante la Oficina contra el Terrorismo, es inconstitucional y grave #SalvemosALasONG https://t.co/GpWEgOp1BZ

— PROVEA (@_Provea) April 20, 2021

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Con información de dpa y redes sociales