Durante una sesión extraordinaria, transmitida en el canal del Parlamento en YouTube, el diputado Miguel Pérez Abad, quien presentó el proyecto, afirmó que el acuerdo petrolero es el «más importante de los últimos 100 años» por sus implicaciones y alcance.

Además, indicó que generará alrededor de 3,6 millones de empleos «directos, indirectos y adicionales» derivados de la actividad petrolera.

Según leyó Pérez Abad, el pronunciamiento legislativo, oficialmente denominado Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y Estados Unidos, ratifica la «plena soberanía y la inalienable propiedad del Estado venezolano sobre sus recursos».

Además, procura que las «condiciones fiscales y operativas garanticen una justa distribución del ingreso que contribuya al fortalecimiento de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional».

Celebración sin resplado

Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón celebró el acuerdo, pero no lo respaldó en nombre de su fracción, el Grupo Parlamentario Libertad, integrado por opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles.

«No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos», apuntó Rondón.

En respuesta, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, indicó que el Legislativo respalda es el anuncio del acuerdo petrolero, dado que aún «no ha sido consignado» por Venezuela y Estados Unidos.

«Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional, gustosamente podemos dar el debate en la Asamblea Nacional para que, gustosamente, podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas que significa para todo el pueblo de Venezuela la firma de este acuerdo», añadió Rodríguez.

Acuerdo histórico

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Delcy Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo».

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Ronald Peña R

La medida busca atender la emergencia generada por los sismos del pasado 24 de junio, los cuales dejaron más de 6.500 fallecidos y aproximadamente 17.900 personas sin hogar.

Puntos clave de la medida y la reconstrucción

Alcance y marco legal: La ley consta de 40 artículos dirigidos a eliminar trabas burocráticas, regular contratos y ventas, y fijar responsabilidades. Exige a las constructoras crear fideicomisos y detallar cronogramas de ejecución, contemplando multas (de 300 a 54.000 veces la moneda de mayor valor oficial) ante demoras o incumplimientos.

Evaluación de daños: De acuerdo con los balances oficiales, se han realizado más de 61.000 inspecciones en edificaciones, detectando 11.000 estructuras en condición de alto riesgo. Se estima una demanda total de 25.000 nuevas viviendas para responder a la tragedia.

Avance de obras y metas: Actualmente se ejecutan 3.000 viviendas en Catia La Mar (La Guaira). El plan gubernamental contempla entregas mensuales con la meta de alcanzar 4.000 casas construidas para diciembre de este año.

Balance a la fecha: Hasta el momento se reporta la entrega de 335 viviendas nuevas y la rehabilitación de 1.001 casas afectadas.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Presidencia de Venezuela

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En su cuenta de X, Figuera afirmó que la convocatoria es para «enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización» y a «una transición electoral pacífica y democrática» en este diálogo acordado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y añadió que «la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos».

Según anunciaron las partes la semana pasada, el plan es para fortalecer la democracia y enfrentar las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Las conversaciones entre Figuera y Jorge Rodríguez comenzaron el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos. La opositora, quien defiende que es la «presidenta» de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó ese mes a Venezuela para desarrollar un «plan estratégico para la democracia» junto al presidente del Parlamento y el «acompañamiento», según dijo, de Estados Unidos.

El miércoles pasado, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, aunque todavía no han comunicado las conclusiones de este encuentro.

Machado, también Premio Nobel de la Paz, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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El exgobernador señaló que el Parlamento tiene la obligación de «definir de manera clara, precisa y categórica la naturaleza» de la falta y que, en caso de desacato, el Supremo «deberá sustituir a la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, declarar la ausencia definitiva del presidente de la república y convocar elecciones».

«Le hemos solicitado a la Sala Constitucional (del TSJ) que le ordene a la AN pronunciarse, debatir la materia, cumplir con su deber», dijo en un video que publicó en X.

César Pérez Vivas, aliado de la Nobel de la Paz María Corina Machado, aseguró que la AN «ha evadido la obligación consagrada en la Constitución venezolana de calificar la falta absoluta del señor Nicolás Maduro, quien, como todo el país y el mundo saben, está fuera del territorio nacional y fuera del ejercicio de la función presidencial» desde el 3 de enero, cuando fue capturado.

¿Qué dice la Constitución?

Según la Constitución, la falta temporal del mandatario será suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, para un total de 180 días, en caso de que así lo decida el Parlamento, que al final no lo discutió.

De declararse la falta absoluta, se debe celebrar una «elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes».

Sin embargo, el mismo día de la captura de Maduro, el Supremo había declarado que la ausencia del mandatario se dio en una «situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución».

En ese sentido, ordenó que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera como mandataria encargada, sin que ello implicara «decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)».

El pedido a Donald Trump

César Pérez Vivas pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, que «abran los ojos» ya que, según el opositor, las autoridades interinas venezolanas planean «ganar tiempo» y «hacer elecciones en el 2030».

«Venezuela exige un gobierno legítimo y el único con potestad para otorgarlo es el pueblo», agregó.

La semana pasada, el oficialismo y un grupo de exdiputados opositores anunciaron una vía de diálogo que comenzará el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país, de cara a un eventual proceso electoral.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Red Social X – @CesarPerezVivas

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A través de sus redes sociales, VP destacó que apoya la construcción de un espacio plural e inclusivo que siente las bases para la reconciliación y reconstrucción nacional.

Aspectos clave del proceso

Liderazgo de la iniciativa: El grupo opositor está encabezado por Dinorah Figuera, quien ejerce como presidenta de la AN de 2015. Figuera, quien reside en España, visitó brevemente Venezuela en junio tras una invitación del Departamento de Estado de EEUU para abordar la transición, y planea regresar al país para dar continuidad a las conversaciones que sostiene con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Apoyo de Estados Unidos: La Administración de Donald Trump aplaudió el inicio de estas conversaciones, calificándolas como un paso crucial para la reconciliación política, especialmente tras la devastación causada por los recientes terremotos en el país. VP agradeció el acompañamiento estadounidense en la búsqueda de condiciones para elecciones libres.

Evaluación en la Plataforma Unitaria: Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron el miércoles con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para analizar esta vía de diálogo y definir una postura pública, cuyas conclusiones aún no han sido reveladas.

Tensiones internas: El acercamiento ocurre en un contexto de diferencias previas reconocidas por Figuera con María Corina Machado, surgidas a raíz de su regreso al país para trabajar una agenda de diálogo con el Ejecutivo liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la disputa institucional que mantienen el chavismo y la AN de 2015 desde las elecciones legislativas de ese año.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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De acuerdo con el marco legal, la vicepresidenta ejecutiva asumió el mando para suplir la «falta temporal» del mandatario. La ley establece un periodo inicial de 90 días, el cual fue prorrogado por la Asamblea Nacional por otros 90 días más, alcanzando hoy el tope máximo absoluto de 180 días permitidos bajo esa figura.

¿Qué dice la Constitución sobre el vacío de poder?

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula las faltas del Ejecutivo. El texto es claro al estipular las consecuencias de agotar este periodo:

Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Al cumplirse la prórroga y sumarse los 180 días, la temporalidad caduca por completo y la vacancia del cargo pasa a ser definitiva e irreversible.

Dado que los hechos ocurrieron dentro de los primeros cuatro años del período constitucional, la norma constitucional es taxativa sobre la ruta institucional obligatoria.

¿Cómo se debería proceder legalmente a partir de hoy?

Juristas y expertos en derecho constitucional señalan que, ante la falta absoluta automática que se genera este 3 de julio, el procedimiento institucional debe activarse de inmediato bajo dos premisas fundamentales:

Convocatoria a elecciones: La Constitución obliga a proceder a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes para elegir a un nuevo Presidente que complete el período.

La Encargaduría del Cargo: Mientras se realiza ese proceso electoral exprés de un mes, la Presidencia de la República no puede permanecer en manos del Ejecutivo interino saliente, sino que debe ser asumida interinamente por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El debate político se traslada ahora al Parlamento, que tiene la obligación legal de declarar formalmente la falta absoluta y trazar la ruta electoral, en un escenario sumamente complejo debido a la emergencia humanitaria y económica provocada por el reciente doblete sísmico del 24 de junio.

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Con información de EFE Servicios, medios nacionales e internacionales

Fuente de imagen referencial: EFE/ Iván Cárdenas

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El funcionario oficialista, que ocupó el año pasado la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Japón, estará acompañado este año por el también diputado del oficialismo José Villarroel, anunció el número dos de la AN, Pedro Infante.

Japón fue uno de los países que se pronunciaron luego de la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en Caracas, y afirmó entonces que trabajaría para «promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación» en Venezuela.

El Parlamento también anunció la designación de la diputada oficialista Blanca Eekhout como presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina, cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela fueron rotas en 2024 por el entonces gobierno de Maduro.

Entretanto, un diputado opositor aún por designar será el líder del grupo Venezuela-Canadá, cuyo vicepresidente es el oficialista Pedro Lander.

Infante instó a todos estos diputados a reunirse y activar «ya» las relaciones con los Parlamentos de esos países.

Además de Japón, Argentina y Canadá, la AN nombró también las juntas directivas de los grupos encargados de las relaciones con otros 19 países, varios de ellos asiáticos, como Camboya, Indonesia y Filipinas.

El pasado mayo, diputados venezolanos constituyeron un grupo parlamentario de amistad para relanzar las relaciones con el Congreso de Estados Unidos e impulsar la agenda comercial y energética entre ambos países, que restablecieron sus vínculos diplomáticos en marzo tras siete años rotos, según dijo entonces a EFE el presidente de la comisión, el opositor Antonio Ecarri.

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Con información de EFE Servicios

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La AN en realidad sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, el Parlamento informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Entre los requisitos se exige ser venezolano de nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser un ciudadano con «reconocida honorabilidad» y competencia, así como no ser cónyuge ni mantener afinidad con ningún magistrado del Supremo.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado miércoles para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que «puede ser menos», lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.

Superar los «males que persisten»

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social, por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

El proceso para elegir nuevos magistrados se lleva a cabo cuando ONG y opositores, entre otros, exigen justicia por el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 fue informada por el gobierno el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

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Con información de EFE Servicios

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A continuación, los puntos destacados de su postura y el contexto de la reforma:

Prioridad en la autonomía: Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que el sistema no requiere más jueces, sino que los actuales actúen con independencia y apego a la Constitución para garantizar justicia real.

Designación por concurso: La organización subrayó que los magistrados deben ser elegidos mediante concursos públicos, asegurando así la estabilidad judicial y evitando decisiones discrecionales.

Detalles de la reforma: El proyecto, presentado por Jorge Rodríguez, busca ampliar las salas Político Administrativa, Casación Civil, Penal, Social y Electoral a 5 magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional pasaría a tener 7.

Contexto oficial: Según el Legislativo, la medida busca una «transformación del sistema de justicia». El anuncio coincide con un proceso paralelo para cubrir vacantes en la alta corte por renuncias y jubilaciones.

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Con información de EFE Servicios

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Rafa no es un atleta profesional. Su historia no comenzó en pistas ni estadios, sino en una sala de emergencias, en medio del desconcierto y el miedo que provoca la primera convulsión de un hijo. Desde ese día, su vida y la de su esposa Melissa cambiaron para siempre. El diagnóstico de Dravet, una forma severa de epilepsia infantil los obligó a navegar un sistema que, pese a su desarrollo, aún no reconoce la epilepsia como una discapacidad dentro del NDIS, dejando a miles de familias sin acceso a apoyos esenciales desde el momento del diagnóstico. Esa brecha, ese vacío, fue el punto de partida de una transformación personal que convirtió a un padre en corredor de ultra distancias y en una de las voces más visibles de la causa.

La estadística que lo marcó para siempre es tan simple como contundente; uno de cada veinticinco australianos padece o podría padecer epilepsia. De allí nació el nombre de la organización que fundó junto a Melissa: 1IN25. Lo que comenzó como un intento de entender y acompañar la condición de su hija se convirtió en un movimiento nacional que busca visibilizar la epilepsia como una condición que afecta educación, empleo, economía familiar, salud mental, independencia y futuro. La misión de 1IN25 es clara, lograr que la epilepsia sea reconocida, atendida y apoyada con la misma seriedad que otras condiciones crónicas.

Antes de montarse, plantearse, subirse a la travesía de 325 kilómetros, Rafa ya había demostrado que su activismo no se limita a discursos. En 2023 corrió durante 25 horas seguidas en Gold Coast, un gesto profundamente simbólico que conectaba con la estadística 1 en 25 y que buscaba representar, con su propio cuerpo, el desgaste, la incertidumbre y la resistencia que viven las familias afectadas por la epilepsia. Aquella hazaña lo puso en el radar de medios, organizaciones y comunidades que encontraron en él una voz honesta, vulnerable y determinada.

Ahora, su nuevo desafío es mucho más grande. La carrera desde Sídney hasta Canberra no es solo un acto de resistencia física, es una declaración política. Rafa correrá acompañado por un pequeño equipo de apoyo y un videógrafo que documentará cada etapa del recorrido. La travesía forma parte de la campaña nacional All Eyes on Epilepsy, que busca amplificar el impacto del Senate Inquiry actualmente en curso, un proceso parlamentario que analiza las barreras de diagnóstico, el acceso a tratamientos, la epilepsia farmacorresistente, el impacto psicosocial y económico, y la necesidad urgente de incluir la epilepsia dentro del NDIS.

Cada kilómetro que Rafa correrá representa una historia, una familia, una crisis convulsiva, un día de incertidumbre. Su objetivo es llevar esas voces hasta el corazón del gobierno australiano, entregando una petición formal al Senado al llegar a Canberra. No se trata de un acto individual, sino de un movimiento masivo que reúne a organizaciones, familias, médicos, cuidadores y activistas de todo el país. Rafa insiste en que él no es el protagonista:

– “Esto no es sobre una persona. Es sobre un país que necesita ver la epilepsia”.

La carrera, que comenzará el viernes, será también un recordatorio de que la migración no solo lleva talento y trabajo a un país, sino también historias de resiliencia. Rafa, un venezolano que llegó a Australia en 2015 en busca de estabilidad personal y donde formó una familia, se ha convertido en un símbolo inesperado de lucha social. Su cuerpo será la carta que entregue al Parlamento; sus pasos, el mensaje que miles esperan que finalmente sea escuchado.

Cuando llegue a Canberra, después de siete días de esfuerzo, no habrá un podio esperándolo. No habrá medallas ni ceremonias deportivas. Habrá, en cambio, una oportunidad histórica para que la epilepsia deje de ser una condición relegada a la sombra y pase a ocupar el lugar que merece en las políticas públicas australianas. Rafa correrá por su hija, pero también por todos aquellos que no pueden hacerlo, y en ese gesto, profundamente humano, reside la verdadera magnitud de su hazaña.

La gran hazaña en números

La ruta

●        Salida: Ópera de Sídney

●        Fecha y hora: Viernes 8 de mayo, 6:00 am

●        Llegada prevista: Parlamento australiano en Canberra, Jueves 14 de mayo

●        Distancia total: Aproximadamente 325 km

●        Duración: 7 días

●        Ritmo previsto:

–   50 km diarios durante los primeros 6 días

–   25 km el último día, entrando a Canberra

●        Objetivo final: entregar una petición formal al Senado australiano en el marco del Senate Inquiry sobre epilepsia.

Para conocer más sobre Rafa García y esta histórica hazaña, visita www.1in25.co o directamente en sus redes sociales @Rafagn11 y @1in25.co

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Con información e imágenes referenciales suministradas por Oscar D. Torres

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«El aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia», aseguró PJ en su cuenta de X.

En este sentido, consideró que la propuesta es una «nueva maniobra» del gobierno para «mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral».

«Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad», subrayó el partido opositor.

Ayer martes 5 de mayo, durante una sesión ordinaria, transmitida en YouTube por el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela».

Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (la Sala Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral) pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete en vez de cinco.

La reforma de ley, que debe superar una segunda discusión para ser aprobada, llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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Según el parlamentario, la flexibilización de apenas 18 de las más de 1.800 sanciones existentes ya permite notar un «aceleramiento del desarrollo económico».

Aspectos destacados de la jornada

Llamado a la unidad: En el marco de la «peregrinación» nacional, Jorge Rodríguez instó a dejar atrás la confrontación política para enfocarse en la recuperación del «Estado de bienestar».

Exigencia de levantamiento total: Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exigió desde el estado Aragua el cese definitivo de lo que calificó como un «bloqueo», dirigiéndose directamente a la administración de Donald Trump y a los gobiernos europeos.

Contexto de apertura: Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, la flexibilización de sanciones ha facilitado licencias para sectores de hidrocarburos y minería, permitiendo acuerdos con transnacionales como Repsol, Eni y BP, además de retomar el contacto con el FMI y el Banco Mundial.

Expectativa laboral: Estas declaraciones oficiales coinciden con las vísperas de las movilizaciones sindicales del 1 de mayo, donde los trabajadores exigen un ajuste salarial real ante un sueldo mínimo que permanece congelado desde 2022.

De interés: Delcy Rodríguez dice que «habrá mejora» ante expectativa por aumento salarial en Venezuela

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Ronald Peña R

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Detalles del proceso legislativo

Comisión preliminar: Está integrada por 11 diputados, presidida por el oficialista Giuseppe Alessandrello. Incluye una representación mixta de la bancada chavista y sectores de la oposición (Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal y bancada Libertad).

Marco legal: La selección se basa en la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo. Según la ley, los magistrados deben ser aprobados por mayoría calificada (dos terceras partes del Parlamento).

Vacantes: Jorge Rodríguez, presidente de la AN, confirmó la existencia de plazas disponibles por «distintas circunstancias», aunque no precisó el número exacto ni las salas técnicas a las que pertenecen.

Ruta de selección según la Constitución

Convocatoria pública: El Comité de Postulaciones recibe y evalúa credenciales.

Poder Ciudadano: La Fiscalía, Defensoría y Contraloría realizan una segunda preselección.

Votación final: La plenaria de la Asamblea Nacional designa a los magistrados definitivos.

Contexto institucional y DD.HH.

Nombramientos previos: Este proceso sigue a la reciente designación de Larry Devoe como Fiscal General y Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo.

Ley de Amnistía: El anuncio coincide con los dos meses de vigencia de la Ley de Amnistía. Cifras oficiales indican que 8.000 personas han recibido libertad plena, aunque no existe un listado público de beneficiarios.

Presos Políticos: La ONG Foro Penal reporta que, al 20 de abril, permanecen 473 detenidos por motivos políticos, incluyendo a 43 personas de nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Miguel Gutiérrez

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«La Defensoría asumirá la defensa de los derechos humanos en todas las vulnerabilidades. No se trata de un tema«, declaró González Lobato a la prensa desde la sede de su institución, en Caracas, luego de reunirse con representantes de dicho programa.

La funcionaria afirmó que la Defensoría del Pueblo tiene la «mayor intención» de entender la «realidad del país» y prometió «unir esfuerzos» para ser «efectivos en las respuestas y acciones».

«Queremos enviar un mensaje, es un mensaje de coordinación interinstitucional para dar respuesta a las necesidades de los venezolanos y venezolanas«, apuntó la defensora, quien fue designada por el Parlamento la semana pasada.

En este contexto, abogó por construir confianza y disminuir la conflictividad en Venezuela, aunque no desarrolló a profundidad este planteamiento durante su intervención ante los medios.

De interés: AN designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Palacio de Miraflores

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«Mañana (hoy miércoles) le hablaré al país, hablaré de las verdades, hablaré de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes», dijo la mandataria en declaraciones transmitidas este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Delcy Rodríguez hizo el anuncio durante el acto de firma de un acuerdo «por la paz y el desarrollo integral de las mujeres venezolanas», celebrado en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas.

La líder oficialista señaló que el 5 de enero de este año, cuando asumió el cargo, juró «defender la paz, la tranquilidad y preservar el futuro para la juventud», y afirmó que el país quiere ser «libre de sanciones y libre de bloqueo» para que «pueda retomar un rumbo de bienestar».

El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló en la red social X que será «un importante mensaje» el que dirigirá Rodríguez, sin dar detalles.

Desde el 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses, Venezuela vive lo que la propia presidenta encargada ha calificado como un «nuevo momento político», marcado por una apertura petrolera, excarcelaciones de presos políticos, una amnistía y la reanudación de las relaciones con Washington, tras siete años de ruptura.

Delcy Rodríguez también impulsa una ley de minas que anunció en marzo durante la visita del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, y de la que se ha aprobado 115 de 130 artículos hasta el martes 7 de abril, cuando el Parlamento volvió a aplazar la segunda discusión necesaria para sancionar la norma, que abre el sector a la inversión extranjera ante el interés de Washington en el oro venezolano.

De interés: Diosdado Cabello vaticina el «pronto regreso» de Maduro y Flores

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Prensa Presidencial

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La iniciativa, propuesta por el diputado opositor Antonio Ecarri, surge tras el restablecimiento de los lazos entre ambos países registrado este mes.

Puntos clave de la propuesta

Objetivos económicos: Se busca priorizar la normalización de las relaciones comerciales y posicionar a Venezuela como un proveedor energético confiable.

Activos e institucionalidad: La agenda legislativa incluirá la discusión sobre la protección de activos venezolanos en el exterior y el reconocimiento de las instituciones del Estado.

Diplomacia parlamentaria: Ecarri y el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, estarán al frente de este grupo. Se prevé un viaje próximo a Washington para establecer contacto directo con comisiones bipartidistas del Senado estadounidense.

Contexto diplomático actual

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, respaldó la medida mientras el Ejecutivo avanza en paralelo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática liderada por Félix Plasencia viajará esta semana a EEUU para profundizar el proceso de deshielo, luego de las recientes reuniones en Caracas con representantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del país norteamericano.

De interés: Delcy Rodríguez recibió a delegación del Comité de Exteriores del Senado de EEUU

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Ronald Peña R

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Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo leyó 12 de los 130 artículos de la ley de minas y decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto la semana pasada.

«Hemos llegado al artículo 12 y requerimos solicitar el diferimiento de esta ley en virtud de que requerimos más tiempos para escuchar a más ciudadanos y ciudadanas que participan activamente en la comisión y en los debates a nivel nacional», pidió Camacho.

Entre los artículos leídos, destaca el 11, que en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde «seguridad jurídica».

En la ley se señala igualmente que en las actividades mineras también podrán ser ejercidas por personas naturales que ejerzan la minería artesanal de manera individual.

Además en el artículo 9 la ley dice que las partes podrán acordar que «las dudas y controversias de cualquier naturaleza», siempre que no puedan ser «resueltas amigablemente», se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante «mecanismos alternativos de resolución de controversias», incluyendo la mediación y el arbitraje.

Para que esta ley quede sancionada, los diputados deben debatir artículo por artículo y aprobarla en segunda discusión.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

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En el marco de la investidura de José Antonio Kast, Guaidó viajó a Chile y subrayó que dicho instrumento legal debería enfocarse en los verdaderos responsables de delitos en el país.

Puntos clave de sus declaraciones

Amnistía para el oficialismo: Guaidó respondió a Jorge Rodríguez señalando que el chavismo debe cuidar la redacción de la ley, ya que, a su juicio, son ellos quienes realmente han cometido delitos y podrían terminar siendo los sujetos de dicha norma en un proceso de justicia transicional.

Rechazo a imputaciones: Argumentó y defendió su inocencia y la de figuras como la de María Corina Machado y Leopoldo López, calificando de infundadas las acusaciones de traición a la patria y usurpación de funciones derivadas de su periodo como «presidente encargado» (2019-2023).

Postura ante EEUU y Delcy Rodríguez: Respecto al reconocimiento de la administración de Donald Trump al gobierno de Delcy Rodríguez, Guaidó afirmó que no hay «ingenuidad» en Washington. Aseguró que existe una advertencia clara: si no cooperan con la transición y el calendario electoral, sufrirán el mismo destino que Nicolás Maduro.

Justicia y Libertad: El dirigente destacó que la amnistía debe ser parte de un proceso de reconciliación nacional y justicia transicional, denunciando la existencia de más de 1.000 presos políticos y el «talante perseguidor» del sistema actual.

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Denuncia de «ecocidio» y fracaso del modelo

A través de sus redes sociales, María Corina Machado, quien permanece fuera del país tras recibir el Premio Nobel de la Paz, afirmó que las selvas y ríos de Bolívar están devastados por un modelo que ha destruido comunidades y empresas.

A esta crítica se sumó la ONG SOS Orinoco, que calificó como un «blanqueo de riqueza criminal» la reciente licencia emitida por el Departamento del Tesoro de EEUU.

La organización advierte que no existe forma de supervisar la cadena de suministro en áreas protegidas donde la minería está legalmente prohibida.

Avance legislativo en el Parlamento

Casi en paralelo a estas denuncias, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de Ley de Minas. El objetivo de esta normativa es:

*Incrementar las garantías jurídicas para el sector.

*Atraer inversión tanto nacional como internacional.

*Consolidar el Plan Sectorial Minero que el gobierno de Nicolás Maduro impulsa en el Arco Minero del Orinoco.

Giro en la relación con Estados Unidos

El panorama minero se vio sacudido el pasado viernes con la emisión de la Licencia General 51. Esta medida autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar y revender oro venezolano, permitiendo transacciones con Minerven.

El deshielo en las sanciones ocurre tras una reciente reunión en Caracas entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, marcando un cambio estratégico en la relación comercial entre ambos países respecto a los recursos del subsuelo.

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En una publicación en X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, dio a conocer la cifra, que tiene como fecha de corte el domingo hasta las 15:00 hora local.

Romero no desglosó el número, como suelen hacer las ONG al distinguir entre dos tipos de liberaciones: aquellas en las que los detenidos salen de prisión pero continúan sometidos a procesos judiciales y a medidas cautelares, como presentarse ante tribunales o no salir del país, y los casos de libertad plena, cuando la persona queda sin cargos ni restricciones judiciales.

Tampoco precisó la cifra de liberaciones otorgadas en el marco de la amnistía, ya que sus números incluyen a presos políticos excarcelados antes y después de que fuera aprobada la ley, impulsada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y promulgada por el Parlamento, controlado por el oficialismo.

Foro Penal contabilizó 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder, hasta febrero de 2026, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que no incluye a todos los presos políticos.

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Con información de EFE Servicios y bluradio.com

Fuente de imagen referencial: EFE / Ronald Pena R

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