El estudio ‘Libertades en riesgo: ¿Quién gana y quién pierde? Grupos antiderechos y desigualdades en América Latina’, presentado durante el Festival Futuro Imperfecto de la Revista Anfibia, afirma que en la región se ha consolidado una “ola reaccionaria” que busca frenar avances en derechos humanos y que especialmente atenta contra las comunidades de personas mencionadas.

“Las élites económicas, los políticos conservadores y los grupos fundamentalistas religiosos tienen objetivos en común, que son la concentración de la riqueza, la acumulación del poder político y el control de las narrativas sociales y culturales”, dijo a EFE la hondureña Denia Arteaga, del equipo de Justicia de Género de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe y participante en los actos organizados por Anfibia.

Según Arteaga, esas alianzas “se entienden y se conectan entre sí” con el objetivo de «reducir los derechos y las libertades”, sobre todo de mujeres, diversidades sexuales, comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes del continente americano.

Estas dinámicas se desarrollan en una región atravesada por una profunda desigualdad estructural, donde 160 millones de personas viven en situación de pobreza y 63 millones en pobreza extrema, mientras persisten brechas en el acceso a derechos básicos, según la organización.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

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El informe, denominado ‘Rompiendo moldes de la violencia y la desigualdad en Latinoamérica’, fue efectuado en 13 países de la región, donde «las desigualdades tienen rostro de mujer y de niña», advirtió Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam para América Latina y el Caribe.

Explicó así que «en 2024, 7 de cada 10 niñas y 8 de cada 10 mujeres han sufrido de algún episodio de violencia de género en su vida».

«Hay que cuestionarnos con seriedad por qué hay tantas mujeres y niñas que deben vivir en sociedades que las hace sentir vulnerables«, añadió García-Parra.

En el mismo sentido, de acuerdo al documento de Oxfam, es necesario «aumentar el financiamiento destinado a conseguir justicia de género y racial» en Latinoamérica, además de «incorporar la justicia de género e interseccional en las políticas públicas de la región».

«La violencia no es una cuestión privada, que ocurre solo de puertas adentro, también es algo profundamente expuesto en las redes sociales, en las noticias, que sale del ámbito doméstico y se vuelve una expresión que encuentra terreno fértil en muchos espacios en los que lamentablemente, se multiplica», recalcó la directora regional de Oxfam.

Víctimas de violencia de género

El informe recuerda de igual manera que «las principales víctimas de feminicidio» en Latinoamérica «son mujeres jóvenes, mestizas y de escasos recursos, pertenecientes a grupos históricamente vulnerados».

El informe de Oxfam asegura por otra parte que ocho de cada diez jóvenes en Latinoamérica «aceptan la composición de una familia diversa», y que el 77% de los jóvenes «no asocian a las mujeres con los roles domésticos».

Las entrevistas realizadas para Oxfam determinan también que el 26 % de los jóvenes de la región han sido «discriminados» por su color de piel.

El estudio de Oxfam se llevó a cabo en todos los países de Latinoamérica, con poco más de 2.000 consultas presenciales y digitales, además de 30 entrevistas a profundidad y 15 grupos focales.

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«No se ven las causas profundas de toda esta movilidad humana, hay muchos países expulsores porque tienen problemas políticos como los de Venezuela, pero también hay hambre, hay desigualdad extrema, hay conflictos armados. Entonces hay muchos problemas de origen y si no atendemos las causas, pues va a seguir siendo esta la realidad», dijo a la agencia de noticias EFE Laura González, de la organización Oxfam.

Oxfam, con financiación del servicio de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea, trabaja con organizaciones socias en Centroamérica para mejorar las capacidades de atención humanitaria de los migrantes y además para impulsar la seguridad alimentaria en la región.

Solo el año pasado, por la frontera entre Panamá y Costa Rica cruzaron unos 500.000 migrantes, según datos oficiales de estos países.

El tiempo que tardan los migrantes en cruzar las fronteras aumenta los riesgos y necesidades. Fuente de imagen referencial: EFE/Oxfam

También se han conformado 27 Grupos de Respuesta integrados por 438 personas, y se han elaborado 24 planes de respuesta humanitaria que han cubierto a 261.346 migrantes en tránsito.

Por ejemplo, la organización local Red Humanitaria de Respuesta de Paso Canoas junto al Servicio Jesuita Para Migrantes, brindan en la localidad costarricense de Paso Canoas, fronteriza con Panamá, asistencia a migrantes que usualmente quedan desprotegidos al ingresar a Costa Rica y que por alguna razón les es difícil continuar su ruta.

Lucy Nájera, una de las principales activistas de la Red, comentó a EFE que junto a otras siete personas han brindado apoyo, alimentación, albergue y asesoría a migrantes para proteger su integridad y garantizar que gocen de sus derechos humanos a su llegada a Costa Rica.

En los flujos migratorios más recientes se observan cada vez más niños y adolescentes, una población que enfrenta un riesgo aún mayor en una ruta migratoria llena de peligros.

Una de las necesidades urgentes es que las agencias de cooperación internacional y los Gobiernos centroamericanos tomen decisiones políticas y asignen recursos que permitan responder adecuadamente a la preocupante situación humanitaria que enfrentan los cientos de miles de migrantes.

Roy Arias, del Servicio Jesuita, mencionó a EFE que es urgente que los Gobiernos de la región latinoamericana también implementen una atención con enfoque de derechos humanos para los migrantes, ya que considera que el enfoque principal está siendo el de seguridad con la participación de las fuerzas policiales.

En los últimos meses también se ha detectado el retorno de migrantes que no lograron llegar a Estados Unidos y que están tratando de regresar a sus países utilizando la misma ruta, lo que supone otro gran desafío para la atención de este fenómeno.

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Amnistía Internacional, Save the Children, Oxfam o el Consejo Noruego para Refugiados, entre otras organizaciones, instaron así a todos los Estados miembros de Naciones Unidas para que «dejen de alimentar la crisis en la Franja de Gaza y eviten una mayor catástrofe humanitaria», así como la pérdida de más vidas civiles.

Mayor y mejor protección de los civiles

«Los Estados miembro tienen la responsabilidad legal de utilizar todas las herramientas posibles para aprovechar una mejor protección de los civiles», recalcaron las organizaciones, al tiempo que lamentan la realidad de que la Franja de Gaza es ahora «el lugar más peligroso para ser un niño, un periodista y un trabajador humanitario».

De la misma manera, hicieron un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a «cumplir su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad globales», adoptando para ello medidas encaminadas a «detener la transferencia de armas al gobierno de Israel y a los grupos armados palestinos».

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales así como redes sociales

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