A través de un comunicado, la organización informó que la iniciativa surge como «una respuesta constructiva» ante la realidad extendida de ciudadanos venezolanos que enfrentan serias limitaciones para acceder a trámites como la emisión y renovación de pasaportes y registros civiles, «una situación que los expone a condiciones de vulnerabilidad y dificulta su regularización migratoria«.

En el caso de Perú, la Embajada de Venezuela cerró sus puertas en julio de 2024 después de que ambos países rompieran relaciones, debido a que el Gobierno de Perú reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones celebradas ese año.

«La propuesta está especialmente dirigida a garantizar acceso a servicios consulares básicos para ciudadanos venezolanos que residen en países de la región donde actualmente no existe presencia consular activa, como Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, entre otros«, indicó el presidente de la Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, quien agregó que ningún venezolano debería quedar indocumentado ni expuesto a la vulnerabilidad por no poder acceder a servicios consulares esenciales.

La iniciativa se fundamenta en la evolución de los Estados hacia modelos de gobierno digital, que buscan acercar los servicios públicos a los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica.

En ese sentido, los consulados digitales no se presentan como una sustitución de las representaciones consulares tradicionales, sino como un mecanismo complementario, moderno y escalable, capaz de atender de manera eficiente a la diáspora venezolana.

Entre los servicios que podrían integrarse destacan la validación de identidad digital, emisión de documentos consulares electrónicos, registro de nacimientos en el exterior, apostilla y legalización digital de documentos, emisión de salvoconductos para retorno voluntario, entre otros.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ernesto Arias

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A través de una carta dirigida al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el presidente de la ONG venezolana, Óscar Pérez, instó a las autoridades peruanas a adoptar medidas para condonar estas sanciones económicas “impagables” a las que se enfrentan los ciudadanos extranjeros en Perú.

“Estamos pidiendo que se evalúen medidas extraordinarias de condonación, de exoneración de multa, una suerte de amnistía que permita olvidar estas deudas y que las personas puedan nuevamente regularizar su situación migratoria y seguir avanzando (…) en aportar al desarrollo económico del Perú”, declaró Pérez desde la fachada del Ministerio del Interior, en el acomodado distrito limeño de San Isidro.

Consecuencias sociales y económicas

El representante de la Unión Venezolana en Perú insistió en las consecuencias sociales y económicas que implicaría la pérdida de la residencia de los migrantes y refugiados venezolanos en el país andino. «Estamos hablando de gente que vino a este país a hacer las cosas bien y a seguir adelante, de profesionales, de médicos, enfermeras, que están a punto de perder la residencia y por ende no poder seguir ejerciendo la carrera acá», subrayó.

Un estudio de la Cámara Venezolana Peruana de Empresarios y Ejecutivos (Cavenpe) reveló que los migrantes y refugiados venezolanos generan un impacto fiscal neto de 139 millones de soles en Perú, un valor que podría escalar en un 113 % si el país andino impulsara políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante.

Perú es el segundo país que alberga a más refugiados venezolanos en el mundo, con más de un millón llegados desde 2016

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales y redes sociales