El segundo debate necesario para su aprobación tardó cuatro sesiones, incluida la de hoy, para aprobar esta norma, que tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

La ley abre la puerta en sus primeros doce artículos a la inversión privada y extranjera, así como a la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.

¿Qué dice la Ley de Minas?

En el artículo 74 de la nueva norma, se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere esta Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles para adquirir títulos mineros hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.

El Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional», de acuerdo a la ley.

Por otra parte, en el artículo 91, se indica que el pago de regalías al Estado venezolano es de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie«.

Asimismo destaca el 36, que indica que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».

En el artículo 124 se señala que en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental, se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión.

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Después de tres horas de discusión y tras aprobar el artículo 115, de 130 que se estima tiene la norma, el diputado Orlando Camacho pidió diferir la discusión para otra sesión legislativa, una propuesta que fue aprobada por «extraordinaria unanimidad», según afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dirigió el final del debate.

Entre los 60 artículos de la Ley de Minas aprobados en la plenaria, se destaca el artículo 91, que establece que el pago de regalías al Estado venezolano de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minas será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie«.

Asimismo, del artículo 94 al 98 se estableció el régimen tributario para el sector, que incluye una alícuota de «hasta 6 %» como impuesto a la minería.

Entre los tributos exentos para las actividades relacionadas con las minas se incluye el impuesto a los grandes patrimonios y contribuciones especiales a los fondos relacionados con ciencia, deporte, antidrogas, así como la contribución establecida en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Las actividades mineras tampoco están sujetas a tributos estadales o municipales.

Los diputados también aprobaron artículos relacionados con las concesiones que serán de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años, así como contratos para la minería, el registro del sector, y las escalas de la actividad, que en los artículos 79 al 82 son identificadas como «Pequeña«, «Mediana» y «Gran minería«.

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Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo leyó 12 de los 130 artículos de la ley de minas y decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto la semana pasada.

«Hemos llegado al artículo 12 y requerimos solicitar el diferimiento de esta ley en virtud de que requerimos más tiempos para escuchar a más ciudadanos y ciudadanas que participan activamente en la comisión y en los debates a nivel nacional», pidió Camacho.

Entre los artículos leídos, destaca el 11, que en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde «seguridad jurídica».

En la ley se señala igualmente que en las actividades mineras también podrán ser ejercidas por personas naturales que ejerzan la minería artesanal de manera individual.

Además en el artículo 9 la ley dice que las partes podrán acordar que «las dudas y controversias de cualquier naturaleza», siempre que no puedan ser «resueltas amigablemente», se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante «mecanismos alternativos de resolución de controversias», incluyendo la mediación y el arbitraje.

Para que esta ley quede sancionada, los diputados deben debatir artículo por artículo y aprobarla en segunda discusión.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

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El segundo debate está previsto para las 14:30 hora local (18:30 GMT), y es un paso necesario para la sanción definitiva del proyecto, que ya fue aprobado en primera discusión el pasado 9 de marzo.

Según el diputado chavista Orlando Camacho, quien presentó el proyecto de ley de 19 capítulos y 126 artículos ante la plenaria, esta legislación busca «aumentar todas las garantías jurídicas» para generar confianza y atraer inversión privada y extranjera al sector, objetivos que también guiaron la reforma de hidrocarburos aprobada por el Parlamento a finales de enero.

De igual manera, indicó que la nueva ley de minas permitirá que se acuda «a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias», siempre que se agoten «todas las instancias jurídicas nacionales».

Siguiendo el proceso legislativo, el proyecto pasó a una fase de consultas públicas, con eventos en los que participaron, entre otros, trabajadores mineros en los estados Zulia y Bolívar.

En este segundo debate se debe presentar un informe sobre las consultas públicas, y luego discute una segunda versión del proyecto de ley que se vota artículo por artículo.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

El papel de EEUU

El visto bueno de la Asamblea en primera discusión se dio días después de la visita del secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien pidió entonces celeridad en la discusión sobre esta legislación.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están «deseosas» de operar en Venezuela.

Ese mismo día, se conoció que funcionarios estadounidenses negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en unos 165 millones de dólares.

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.

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Denuncia de «ecocidio» y fracaso del modelo

A través de sus redes sociales, María Corina Machado, quien permanece fuera del país tras recibir el Premio Nobel de la Paz, afirmó que las selvas y ríos de Bolívar están devastados por un modelo que ha destruido comunidades y empresas.

A esta crítica se sumó la ONG SOS Orinoco, que calificó como un «blanqueo de riqueza criminal» la reciente licencia emitida por el Departamento del Tesoro de EEUU.

La organización advierte que no existe forma de supervisar la cadena de suministro en áreas protegidas donde la minería está legalmente prohibida.

Avance legislativo en el Parlamento

Casi en paralelo a estas denuncias, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un nuevo proyecto de Ley de Minas. El objetivo de esta normativa es:

*Incrementar las garantías jurídicas para el sector.

*Atraer inversión tanto nacional como internacional.

*Consolidar el Plan Sectorial Minero que el gobierno de Nicolás Maduro impulsa en el Arco Minero del Orinoco.

Giro en la relación con Estados Unidos

El panorama minero se vio sacudido el pasado viernes con la emisión de la Licencia General 51. Esta medida autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar y revender oro venezolano, permitiendo transacciones con Minerven.

El deshielo en las sanciones ocurre tras una reciente reunión en Caracas entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de EEUU, Doug Burgum, marcando un cambio estratégico en la relación comercial entre ambos países respecto a los recursos del subsuelo.

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El anuncio se produjo un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal de Venezuela.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal deberá resolverse en tribunales estadounidenses.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Burgum viajó el jueves a Caracas acompañado por representantes del sector minero y se reunió con Rodríguez, tras lo cual anunció que Washington emitiría próximamente licencias para facilitar operaciones en el país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera en Venezuela.

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Los agentes cumplen dos órdenes de prisión preventiva y 40 más de búsqueda y registro en los estados de Roraima y Amazonas, que bordean con Venezuela, así como en Brasilia y el vecino Goiás, informó un comunicado.

El oro venezolano entraba en Brasil de contrabando escondido en el interior de camiones de empresas contratadas para tal efecto y luego se utilizaba para realizar compras de alimentos en supermercados y distribuidoras de productos.

La Policía aseguró que los responsables del esquema también estaban involucrados en la extracción de oro de minas ilegales en las tierras del pueblo indígena yanomami, que se extienden por partes de la Amazonía en la frontera entre Brasil y Venezuela.

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Fiorella Tagliafico R.

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No obstante, y pese al reconocimiento, afirmó, durante una comparecencia ante la prensa para rendir cuentas de su gestión al frente de lo que denominó «presidencia encargada», que «la lucha sigue» hasta que se celebren unas «elecciones libres para recuperar la democracia» que, insistió, «no existe» en el país.

No es solo la fecha de una elección, es la fecha para el cambio. Quien ocupe un cargo o una silla es totalmente circunstancial.

Salgamos a consolidar la unidad en primarias y a saldar una deuda con el país.

¡Yo no me rindo! ¡Venezuela no se rinde! #BalanceALosVenezolanos pic.twitter.com/hDb6OpkbrO

— Juan Guaidó (@jguaido) September 16, 2022

«Hoy, para nosotros, la elección libre es el cese de la usurpación que iniciará la transición en Venezuela. Nos corresponde asumir nuestros errores, pero sobre todo corregirlos, ajustar velas en tiempos tormentosos y trazar una ruta a puerto seguro, a la mejor Venezuela, a una Venezuela democrática», señaló el dirigente opositor.

El balance más importante que podemos hacer a los venezolanos, el activo más valioso que tenemos es mantener la esperanza y que se despertó en millones por un cambio en Venezuela.

Ese objetivo sigue intacto. Salir de la dictadura, es una tarea pendiente. pic.twitter.com/bbmFXiiELr

— Juan Guaidó (@jguaido) September 16, 2022

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Gerardo Contreras

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«Venezuela debe saber que eso es una acción de piratería y robo, y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres, ni en el Banco de Inglaterra», dijo el mandatario durante una actividad con emprendedores en la que habló de varios temas económicos.

Maduro insistió que el oro pertenece al Banco Central de Venezuela (BCV) y, por tanto, a los ciudadanos del país.

No estamos de brazos cruzados ante el robo y secuestro descarado del Oro de Venezuela. ¡Estamos dando la pelea! El mundo debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres, ni en el Banco de Inglaterra, a cualquier país puede sucederle lo mismo. ¡Es el Oro del pueblo venezolano! pic.twitter.com/j2QpfCCFEh

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 4, 2022

«Ahí estamos, dando la pelea (…) nosotros no nos quedamos de brazos cruzados», subrayó tras mostrarse esperanzado de poder recuperar estas riquezas «algún día».

Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, la jueza del caso consideró que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó de una junta paralela del BCV, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo.

Equipo opositor no fue autorizado para acceder a las reservas

Sin embargo, la jueza no ha autorizado al equipo opositor acceder a las reservas -debe determinarse en otra audiencia-, a pesar de que su junta se considera válida y Guaidó es reconocido por el gobierno británico como el único presidente legítimo, de forma interina, del país latinoamericano.

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De este modo, la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) elegida por Maduro, presidida por Calixto Ortega, desea vender cerca de 1.000 millones de euros de esos activos para transferirlos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de adquirir equipamiento contra la crisis sanitaria, acción que trata de obstaculizar la junta paralela nombrada por Guaidó.

¿Cómo se decidirá quién es la autoridad?

Para que la Justicia británica determine quién tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.600 millones de euros, debe solventar inicialmente a quién reconoce el gobierno de Londres como gobernante de Venezuela, si a Maduro, que controla las instituciones venezolanas y con quien mantiene relaciones diplomáticas, o al dirigente opositor, que otros países reconocen como mandatario venezolano.

El Supremo inspeccionará un recurso elevado por la junta del BCV nombrada por Guaidó, el cual solicita que se anule un fallo desfavorable emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones.

Este tribunal rechazó que el gobierno británico reconociera al líder opositor de forma “inequívoca” como jefe de Estado venezolano a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, donde lo reconocía como “presidente constitucional interino” hasta que se celebraran elecciones legítimas.

De esta manera, la corte de Apelaciones invalidó un dictamen del 2 de julio de 2020 del Tribunal Superior, que otorgaba a la junta “ad hoc” la autoridad sobre los activos depositados en Inglaterra.

Entre el 19 y el 21 de julio presentarán sus alegatos los abogados de la junta del BCV de Maduro, del bufete Zaiwalla & Co; los representantes de la junta “ad hoc” del despacho Arnold & Porter; y los letrados del ministerio de Exteriores británico.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales