En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario afirmó que estas ONG, sin mencionar a alguna en específico, son «financiadas» por el Departamento de Estado estadounidense, así como por la ya desmantelada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

«Por ahí andan, financiados por la Usaid, por la CIA, por el Departamento de Estado, ONG que se quieren hacer vender como izquierdistas y chavistas, pero las pruebas han aparecido, completicas. Reciben órdenes directas para blanquear a terroristas desde supuestas ONG de izquierda», afirmó Maduro, al tiempo que también mencionó a ONG de «derecha y de centro» supuestamente dispuestas para el mismo fin.

 

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«La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de Estados Unidos, los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley», sostuvo en un comunicado Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Si la nueva política promulgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), continúa, miles de migrantes podrían ser encarcelados indefinidamente mientras sus casos son considerados durante meses o incluso años, lo que elimina la capacidad de obtener la libertad bajo fianza.

Los demandantes y proponentes están representados por la ACLU, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, en inglés), y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz.

«La Administración Trump busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de migrantes en los centros de detención la capacidad de solicitar libertad bajo fianza. Por medio de un memorándum, y sin justificación que lo amerite», añadió Tan.

Detención de migrantes

En este contexto, los demandantes buscan representar al colectivo de individuos sujetos a la política de ICE en el país, así como a quienes se les negaron audiencias de fianza en la Corte de Inmigración de Adelanto.

Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, donde han sido detenidas más de 800 extranjeros, denunció que esta política también impactó a migrantes en Puerto Rico.

Los defensores remarcaron -en el documento- que todas las personas presentes en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales y la Cláusula del Debido Proceso se aplica a todas las personas, incluidos a los inmigrantes sin estatus regularizado.

Varias organizaciones como Ayuda Social Puerto Rico, Abogados de Inmigración de Puerto Rico y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico han puesto a disposición de los migrantes abogados para brindar ayuda tras las redadas efectuadas por el ICE desde que Trump volvió a ocupar al Despacho Oval.

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La denuncia fue interpuesta ante un tribunal federal del estado de Massachusetts por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), el Colegio Estadounidense de Médicos (ACP), la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) y la Alianza de Salud Pública de Massachusetts (MPHA).

La querella acusa al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y al secretario Kennedy de actuar de forma «arbitraria y caprichosa» al alterar las directrices oficiales sobre inmunización sin respaldo científico ni consenso profesional.

También lo acusa de destituir «injustamente» a 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y de sustituirlos por personas con posturas antivacunas.

«Esta administración representa una amenaza existencial para la vacunación en Estados Unidos», declaró el abogado Richard H. Hugues IV, quien presentó la demanda y advirtió de que no se quedarán de brazos cruzados mientras se desmantela el sistema de prevención en el país.

La presidente de la IDSA, Tina Tan, advirtió de que no permitirán «que un solo funcionario federal elimine efectivamente la libertad de vacunarse en EE.UU., ignorando por completo la evidencia científica y décadas de procesos federales consolidados».

Entre las acciones denunciadas por los profesionales sanitarios figuran la cancelación de reuniones de paneles científicos, el bloqueo de comunicaciones oficiales de los CDC y la promoción de estudios que relacionan las vacunas con el autismo.

Las organizaciones instaron a la población a seguir confiando en los profesionales de salud y en las recomendaciones basadas en evidencia científica, y advirtieron, en palabras de la doctora y presidenta de la AAP, Susan Kressly, que «estas decisiones se basan en el miedo y no en la evidencia».

La demanda solicita la anulación inmediata de los cambios impulsados por Kennedy y una declaración judicial que los declare ilegales.

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Ante el desplome en las encuestas, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, está embarcado desde hace más de un año en un giro de 180 grados con respecto a las políticas migratorias que le llevaron al poder.

«La realidad es que no todos son bienvenidos aquí», declaró el pasado 12 de noviembre el ministro de Inmigración de Trudeau, Marc Miller, considerado uno de los más cercanos a Trudeau. Un mensaje que está causando temor y una grave preocupación entre las organizaciones que en Canadá trabajan con refugiados y migrantes.

Loly Rico, fundadora del FCJ Refugee Centre, una de las organizaciones que desde 1991 más trabajo realizan en defensa de los refugiados, declaró a EFE que si el cambio observado en Trudeau es malo, lo que puede venir después es aterrador.

Medidas adicionales anunciadas en las últimas semanas por Ottawa supondrán que, solo en 2025, alrededor de 1,2 millones de residentes temporales, entre trabajadores y estudiantes, tendrán que abandonar Canadá. Además, Canadá reducirá el número de inmigrantes hasta un 27 % en los próximos tres años.

We’re making a big change to immigration in Canada. Here’s why: https://t.co/cD8QbPAQ09 pic.twitter.com/Re0CYtrMla

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 17, 2024

De interés: Canadá aceptó a 11.000 refugiados de Colombia, Venezuela y Haití

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Así lo expresaron en una declaración, a la que tuvo acceso EFE, en el IV Encuentro de Ministros y Ministras de Educación de la CELAC, que se celebró en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El evento fue inaugurado por el secretario de Gobernación (Interior), Tomás Vaquero, quien representó a la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Vaquero destacó algunos logros del Gobierno hondureño en materia de educación como la extensión de la matrícula gratis, la ampliación del Programa de Merienda Escolar, la intervención de la infraestructura de un número importante de escuelas y la reciente declaración de 109 municipios libres de analfabetismo.

El evento fue inaugurado por el secretario de Gobernación (Interior), Tomás Vaquero (Fuente de esta imagen referencial: EFE/German Reyes)

Al encuentro también asistió, entre otros invitados, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, quien el miércoles y jueves asistió a la ‘L Reunión del Consejo de Ministros y Ministras de Educación y de la Cultura CECC/SICA’ (Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana y Sistema de la Integración Centroamericana).

«Hemos llegado a una resolución que tiene 29 acuerdos, entre ellos el tema de la construcción de un nuevo paradigma de evaluación, que no solo sean los aprendizajes, sino los factores asociados», dijo a EFE el secretario hondureño de Educación, Daniel Sponda, al cierre de la jornada, a la que de manera presencial solo asistieron seis ministros. Los demás participaron de manera virtual.

También, acordaron promover un encuentro de educadores junto a las organizaciones gremiales de maestros «para definir una hoja de ruta que nos permita seguir conduciéndonos a la mejora de la calidad del derecho a la educación en toda la región», agregó Sponda.

Según la declaración final del encuentro, los ministros acordaron «garantizar y aumentar los esfuerzos para alcanzar la universalización del acceso de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo, promoviendo su permanencia, promoción y egreso en todos los niveles y modalidades educativas».

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: EFE/Gustavo Amador

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El 60,9 % de los 830 encuestados entre el 16 y el 27 de febrero pasado en Caracas y 9 de los 23 estados del país expresó su absoluta disposición a participar en los venideros comicios, cuya fecha fue anunciada el martes 5 de marzo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El 15,2 % de los participantes simpatiza con del oficialismo y el 35,7 % dijo ser de la oposición, mientras que un 41,1 % no se identifica con alguno de estos dos bandos y un 8 % «no sabe/no contesta».

Según la encuestadora, más de la mitad de la población está dispuesta a votar «a pesar del clima político turbulento con respecto a la definición de la candidatura de la oposición unitaria», que representa actualmente María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 20236.

La líder opositora descartó el jueves 7 de marzo la posibilidad de elegir a alguien que la sustituya como candidata para las elecciones, debido a que desea hacer cumplir el «mandato» que recibió del pueblo venezolano tras las primarias del 22 de octubre de 2023.

De acuerdo con el calendario establecido, las organizaciones políticas deberán presentar a sus candidatos entre el 21 y el 25 de marzo, lo que le permite a la oposición casi dos semanas para decidir cómo proceder en este caso.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Archivo

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La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación a través de un comunicado por el avance del proyecto de ley y advirtieron que esto limitaría la participación ciudadana y la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.

La ley, que aún no fue convocada para su segunda discusión, reduce las actividades que pueden desarrollar las organizaciones, además de otorgarle a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.

“Este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público”, detalló el comunicado.

Las organizaciones destacaron que en 2022 rechazaron el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional» que contemplaba la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil, “que directa, o indirectamente, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.

En 2021, la CIDH y su RELE se pronunciaron en contra de la Providencia Administrativa No. 001-2021, que exigía a las organizaciones sin fines de lucro inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).

“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, agregó la CIDH en el comunicado.

Las organizaciones afirmaron que es fundamental que el Estado cuente con organismos competentes para su registro, sin limitar arbitrariamente la libertad y funcionamiento de estas organizaciones.

La CIDH exhortó además al Gobierno nacional a que se abstenga de aprobar cualquier ley o reglamento que limite el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público.

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Víctor De Abreu

Con información de El Diario y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: Politika UCAB, vía web

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Esta nueva decisión dejaría sin validez el decreto 380 lanzado el 2021 por el expresidente Iván Duque con el que se aprobaba el polémico uso de este herbicida. Diferentes organizaciones denunciaron que el glifosato no solo causa daños irreparables al medioambiente sino también a la salud de las personas.

«La posición actual del gobierno Nacional frente a la aspersión aérea ha cambiado y se decidió no hacer uso del herbicida glifosato en método de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos», detalló el borrador de esta legislación que tendrá que ser pulida definitivamente por el Ministerio de Justicia.

El glifosato daña el medioambiente y también la salud de las personas

El plan también ahonda en los argumentos que estas organizaciones y colectivos de campesinos vinieron denunciado durante años, que el glifosato puede «causar cáncer (…) además de generar importantes impactos (negativos) ambientales«.

«La decisión de no hacer uso de este mecanismo de erradicación se fundamenta en la prevalencia de los derechos fundamentales y de los Derechos Humanos«, puntualizó el borrador, que se prevé esté listo de manera definitiva en los próximos días para su posterior ratificación por parte de Petro.

Esta nueva medida del gobierno colombiano está en sintonía con su propuesta de una nueva ley contra las drogas, después de que la anterior legislación -animada y aplaudida desde Washington- haya resultado ser un «fracaso total», así lo refirió Petro en diferentes oportunidades, la última vez fue la semana pasada en el Foro por la Paz de París.

Gobierno de Gustavo Petro prepara decreto para tumbar definitivamente el uso del glifosato https://t.co/9Z4Xu8yT1Z

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 16, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

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DOBLE LLAVE – La transformación digital ha revolucionado la manera en que las organizaciones gestionan sus recursos humanos. Las tecnologías emergentes están redefiniendo procesos tradicionales, haciendo que la gestión de personal sea más eficiente, precisa y alineada con las necesidades de un entorno laboral en constante cambio.

Las herramientas digitales, como los sistemas de gestión de recursos humanos (HRMS), la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos, están transformando cada aspecto de la gestión de recursos humanos. La automatización de tareas administrativas, como la nómina y la gestión de beneficios, libera tiempo para que los profesionales de RRHH se concentren en tareas estratégicas. Además, la IA permite una selección y contratación de personal más eficiente, mediante la clasificación y análisis de grandes volúmenes de candidaturas en menor tiempo.

Desafíos y oportunidades de la adopción de herramientas digitales

La adopción de herramientas digitales presenta tanto desafíos como oportunidades. Uno de los mayores desafíos es la resistencia al cambio por parte de los empleados, quienes pueden sentirse inseguros o reticentes a adoptar nuevas tecnologías. La clave y respuesta para superar este obstáculo es proporcionar formación y apoyo continuo, asegurando que todos los empleados comprendan los beneficios de las nuevas herramientas.

Por otro lado, las oportunidades que ofrece la transformación digital son inmensas. La capacidad de analizar datos en tiempo real permite a los gerentes tomar decisiones más informadas y estratégicas. Herramientas como el análisis predictivo pueden anticipar necesidades futuras de personal, mejorando la planificación y la retención de talentos. Además, la digitalización facilita el trabajo remoto y la flexibilidad laboral, aspectos cada vez más valorados por los empleados.

Casos de éxito donde la tecnología ha optimizado procesos de RRHH

Un caso de éxito en la adopción de tecnologías digitales en RRHH es el de una empresa internacional de logística que implementó un sistema de gestión de talento basado en IA. Esta herramienta no solo automatizó la clasificación de candidaturas, sino que también proporcionó recomendaciones personalizadas para el desarrollo de carrera de los empleados, basado en sus habilidades y desempeño. Como resultado, la empresa experimentó una reducción significativa en los tiempos de contratación y un aumento en la satisfacción y retención de empleados

Otro ejemplo destacable es el de una firma de consultoría que adoptó la tecnología de análisis de datos para mejorar su proceso de evaluación del desempeño. Utilizando un software avanzado, la empresa pudo identificar patrones y tendencias en el desempeño de los empleados, lo que permitió implementar planes de desarrollo más efectivos y personalizados. Esto no solo mejoró la productividad, sino que también fortaleció la cultura de feedback y crecimiento dentro de la organización.

En la actualidad, la transformación digital está remodelando la gerencia de recursos humanos, proporcionando herramientas poderosas para optimizar procesos y mejorar la gestión de personal. Aunque la adopción de estas tecnologías presenta desafíos, las oportunidades superan con creces a las dificultades. Al integrar herramientas digitales y fomentar una cultura de innovación, las organizaciones pueden crear entornos laborales más eficientes, adaptables y centrados en el desarrollo de sus empleados. La clave del éxito radica en abrazar el cambio y aprovechar las tecnologías emergentes para construir un futuro laboral más prometedor.

Espero que este artículo inspire a otros profesionales a explorar y adoptar las herramientas digitales en la gestión de recursos humanos, contribuyendo así a la evolución y mejora continua de sus organizaciones

La autora

Neyla Rouvier

Neyla Rouvier. Abogada y MSc en Derecho Laboral y Administración del Trabajo, es una profesional con sólida formación académica y amplia experiencia en el ámbito legal y de los recursos humanos. Su combinación de conocimientos y experiencia le ha permitido contribuir significativamente al desarrollo y optimización de procesos legales y de recursos humanos dentro de grandes empresas transnacionales, como Schlumberger Venezuela S.A. y Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L. Posee más de 20 años de trayectoria, esgrimiendo su capacidad para gestionar y asesorar en temas laborales y administrativos, así como representando y defendiendo los derechos e intereses de compañías en asuntos judiciales y extrajudiciales

DOBLE LLAVE sólo publica artículos a estricta solicitud del medio y a través de un riguroso criterio de selección de temas y autores

Fuente de imagen referencial principal: KOBU Agency en Unsplash

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Uzcategui argumentó que el proyecto de ley busca limitar el libre flujo de cooperación internacional, mediante la centralización de los recursos, así como la nueva facultad que tendría el Estado de distribuir de forma discrecional estos recursos de acuerdo con las prioridades del Ejecutivo, cuya finalidad es eliminar o neutralizar una variedad de organizaciones.

El líder social sostiene que dicha ley busca desde la Asamblea Nacional, ahora de mayoría oficialista, materializar una política de Estado de silenciamiento a la sociedad civil y a distintas figuras de contrapeso, como es el caso de las universidades y los sindicatos.

Cabe destacar que gran parte de las organizaciones no gubernamentales reciben dinero del exterior, el cual les permite operar en el país y mantener su hoja de ruta en el tiempo. Uzcátegui puntualiza que de aprobarse la ley, disminuiría la cantidad de dinero que los venezolanos recibirían, en medio de la emergencia humanitaria.

Venezuela tiene un sistema de justicia sin independencia, que ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos y ha jugado un papel significativo en la represión estatal contra opositores y víctimas del gobierno de Maduro, según la Misión de la ONU https://t.co/HupzgMcMbZ

— PROVEA (@_Provea) June 13, 2022

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Gabriel Velásquez

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El diputado oficialista Filiberto Rodríguez fue el responsable de presentar el decreto legislativo, que incluye a organizaciones como Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH) o la Asociación por la Democracia, de Enrique Bermúdez Varela, entre otras, tal y como informó el diario “La Prensa”.

El pasado 19 de abril, las autoridades nicaragüenses ordenaron el cierre de otras 25 organizaciones en la nación dentro de esta campaña implacable contra las ONG que ya suma más de 100 entidades afectadas desde la ola de protestas de 2018.

El gobierno de Nicaragua cerró organizaciones de DD.HH., fundaciones y universidades

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a comienzos de abril la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación. Sobre este organismo recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.

Actualmente, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, por lo que logró sacar adelante leyes a medida de los criterios de la Administración de Daniel Ortega.

Por esta razón, tanto la oposición interna como organismos internacionales alertaron de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades justificaron los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.

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María Gabriela Moncada

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Este sería un nuevo estándar de la industria que busca mejorar la identificación de los emisores en el ecosistema de correos electrónicos.

El soporte general de BIMI llegará a Gmail durante las próximas semanas, tal y como anunció Google a través de un comunicado.

El nuevo modelo permite que las organizaciones verifiquen su identidad en los mensajes electrónicos enviados a través del estándar DMARC de autenticación, reporte y conformidad de mensajes basado en el dominio.

Asimismo, Google aseguró que en el futuro continuará mejorando las funciones de seguridad y espera expandir el soporte a nuevos tipos de logos y sistemas de validación aunque actualmente se centrará en los logotipos registrados, que suelen ser los más usados en las campañas de suplantación de identidad.

Gmail ahora mostrará el logo de la empresa en el mail cuando sea un remitente verificado https://t.co/ihROzseUQt pic.twitter.com/eH4Ff07XJi

— LA NACION Tecnología (@LNTecnologia) July 13, 2021

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María Gabriela Moncada

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De esta forma, la organización sostiene que adaptación y grandes cambios sociales por el que transita el mundo, hace ineludible construir ecuaciones salariales competitivas, que permitan mantener a los talentos comprometidos y productivos.

La encuesta realizada por Sodexo en 601 empresas de Latinoamérica en el ámbito de la educación y el entretenimiento, determinó que 40 % de los consultados afirman que otorgan un bono educativo a sus colaboradores. Y 95 % piensa mantenerlo de forma indefinida.

Además, 40 % ofrece un bono/subsidio de movilización y transporte; y 10 % de los que no dan el beneficio, piensan implementarlo en los próximos 6 meses.

Asimismo, otro de los resultados es que 81 % de las organizaciones tiene pensado mantener bonos y subsidios por medicamentos a cada talento. Sumado a ello, 80 % de los empleadores participantes tiene pensado mantener un programa de asistencia a los empleados.

Según la encuesta realizada por MercerMarsh, en donde participaron 601 compañías de Latinoamérica, se evidenció que el 61% de las empresas no han realizado cambios en el presupuesto de bonificaciones salariales durante la pandemia https://t.co/ht0txCfAPw

— HispanoPost (@hispanopost) May 31, 2021

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Gabriel Velásquez

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Si bien los avances recientes en tecnología hacen que la IA sea más accesible que nunca, la encuesta anual también señala cuáles son los desafíos más importantes, entre ellos la falta de habilidades de IA y una creciente complejidad de datos.

América Latina está dando sus primeros pasos con los avances tecnológicos para un desarrollo superior

El estudio muestra que las empresas de Latinoamérica enfrentan desafíos en la adopción de IA, pero al mismo tiempo se observa que la tecnología cobró un nuevo impulso, a raíz de los cambios en las necesidades de negocio que trajo la pandemia global, que a su vez motivan una mayor necesidad de IA. Más del 50% de las empresas de Latinoamérica están explorando la adopción de IA.

La mitad de las empresas latinas reconocen que la pandemia intensificó su enfoque en la atención al cliente, así como también creció el foco en otras áreas como marketing y ventas (36%), automatización de procesos (33%) y seguridad (31%).

La inteligencia artificial ya está cambiando la forma en que las empresas operan hoy, desde cómo se comunican con sus clientes a través de asistentes virtuales, hasta la automatización de flujos de trabajo clave, e incluso la gestión de la seguridad en red.

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Gabriel Velásquez

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