El mandatario adoptó la decisión tras un atentado perpetrado en noviembre por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que uno de ellos perdió la vida.

En una orden ejecutiva, Trump justificó la medida por motivos de seguridad nacional y ordenó restringir por completo la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria. La disposición también veta el ingreso de quienes utilicen documentos avalados por la Autoridad Nacional Palestina.

Asimismo, el presidente impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países, principalmente del continente africano y el Caribe. Con esta ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, sumándose a los 12 ya vetados en junio (como Afganistán, Irán y Haití), mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales (incluyendo a Venezuela y Cuba).

Trump expuso que estas limitaciones son necesarias para impedir la entrada de extranjeros sobre los cuales el Gobierno «carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país».

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En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que «liderará un movimiento» para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que «consta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de paper con marcas de agua».

Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para «devolver la honestidad a las elecciones de medio mandato de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les diga».

El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta «estafa».

Los cambios propuestos por Trump, se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el dibujo de algunos distritos de escaños del Congreso para favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el Censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.

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La nueva tasa mínima para las naciones con la que Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa quedo fijada en el 15 %, según informó la Casa Blanca en una orden ejecutiva publicada pocas horas antes de que se cumpliese el plazo concedido en julio a sus socios comerciales para negociar un nuevo arancel.

Unos 40 países se ven sujetos a ese porcentaje, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela o Bolivia.

Mientras que en el caso de aquellos con los que Estados Unidos mantiene un saldo positivo, el arancel será del 10 %.

Reducción de aranceles

La mayoría de países vieron reducidos sus aranceles con respecto al listado publicado el pasado 2 de abril por Trump, que fue denominado por el mandatario como el ‘Día de la Liberación’.

La Unión Europea (UE) fue uno de los últimos actores que alcanzó un acuerdo comercial con Washington, lo que se reflejó en la orden ejecutiva de Trump, que fijó en el 15 % el arancel para la mayoría de productos europeos.

También Corea del Sur o Reino Unido lograron un entendimiento que permitió situar el gravamen para sus exportaciones hacia Estados Unidos en el 15 y en el 10 % respectivamente.

Otros países que experimentaron importantes reducciones fueron Camboya -del 49 al 19 %-, Lesoto -del 50 al 15 %- o Vietnam -del 46 al 20 %-.

…y los perdedores

En contraste, fueron tres los países que no solo no percibieron una rebaja, sino que se les aumentaron los aranceles: la República Democrática de Congo, Guinea Ecuatorial y Suiza.

Estados Unidos gravó con más de un 30 % a la mayoría de naciones con las que no alcanzó un pacto. Siria (41 %), Laos (40 %) y Birmania (Myanmar) (40 %), registran los aranceles más altos. Les sigue Suiza con un 39 %.

No todos los aranceles, sin embargo, respondieron a razones estrictamente comerciales.

A la par que la Casa Blanca publicó el reajuste arancelario, también anunció que gravaría con un 35 % los productos canadienses, pero en este caso porque sostuvo que el país vecino «no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas y ha tomado represalias contra Estados Unidos por las acciones del presidente para hacer frente a esta amenaza inusual.

A Brasil, además del arancel «universal» del 10 %, se le ha impuesto otro adicional del 40 %, en represalia por el juicio al que está sometido allí el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del presidente estadounidense.

En el caso de México, Trump habló hoy con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y tras esa conversación anunció una nueva prórroga de 90 días en la aplicación de la mayoría de aranceles para México.

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La decisión, anunciada a través de una orden ejecutiva, impondrá gravámenes a las importaciones hacia EE.UU. de bienes por valores inferiores a 800 dólares.

Todos los productos que lleguen a EE.UU. a través del sistema postal internacional quedarán sujetos, a partir de finales de agosto, a una tarifa arancelaria calculada según el costo de cada paquete y el país del que proviene, explicó el Gobierno de EE.UU.

La Administración Trump justificó esta decisión asegurando que los envíos de bajo costo exentos de impuestos en EE.UU. están sujetos a «menos controles» que las importaciones tradicionales y que la excepción, en pie desde los años 30, es un «vacío legal».

Estos envíos, argumentó la Casa Blanca, «pueden representar riesgos para la salud y la seguridad nacional y económica».

Entre 2015 y 2024, el volumen de envíos pequeños que llegaron a Estados Unidos aumentó de 134 millones a más de 1.360 millones de paquetes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, en inglés).

El pasado 2 de mayo, Trump eliminó la excepción de aranceles a los envíos pequeños procedentes de China, afectando en especial a gigantes de las ventas en línea como Shein y Temu.

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«Me complace anunciar que voy a firmar una de las órdenes ejecutivas más importantes en la historia de nuestro país. Los costos de los medicamentos y productos farmacéuticos se reducirán, casi inmediatamente, entre un 30 % y un 80 %», escribió el mandatario en su red Truth Social.

El líder republicano declaró que instaurará «una política de la nación más favorecida» de manera que EE.UU. «será tratado por fin con justicia».

Según Trump, el país ahorrará «trillones de dólares» y los costos sanitarios de la población «se reducirán en cifras nunca antes imaginadas».

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La Administración Trump ordenará a la Fiscalía General de la Nación y al secretario de Seguridad Nacional, Tom Homan, que «publiquen una lista de jurisdicciones estatales y locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración», subrayó hoy la portavoz de la Casa Blanca.

La idea es «proteger a las comunidades estadounidenses de los delincuentes extranjeros», subrayó la Casa Blanca durante una jornada en la que se empezará la celebración de los primeros 100 días del republicano en Washington.

Otra de las directivas que firmará el presidente Trump esta tarde es una ley para fortalecer y desplegar las fuerzas del orden de Estados Unidos «para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes», agregó.

Press Secretary Karoline Leavitt and Tom Homan Briefs Members of the Media, Apr. 28, 2025 https://t.co/xnlnJrJUnO

— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2025

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La orden ejecutiva surge luego de que el pasado domingo adelantara que crearía una reserva estratégica de criptomonedas que incluirá a bitcóin, Solana y XRP, entre otras.

El documento indica que es política de Estados Unidos establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales que pueda servir como una cuenta segura para la gestión ordenada y estratégica de otras tenencias de activos digitales del país y que el secretario del Tesoro deberá establecer una oficina para administrarlas.

También que dentro de los 60 días siguientes a esta orden, el Secretario del Tesoro deberá entregar una evaluación de las consideraciones legales y de inversión para establecer y gestionar la Reserva Estratégica de Bitcóin y la Reserva de Activos Digitales, ‘incluidas las cuentas en las que deben ubicarse y la necesidad de cualquier legislación para hacer operativo cualquier aspecto de esta orden o la gestión y administración adecuadas de dichas cuentas’.

En su publicación del domingo, Trump indicó que ordenaría al Gobierno acumular bitcóin, ethereum y otros tres tokens, lo que provocó reacciones negativas de la industria de criptomonedas.

Poco después de la firma de la orden ejecutiva, David Sacks, el zar de la Casa Blanca para inteligencia artificial y criptomonedas, explicó en su página de X que la Reserva se capitalizará con bitcoines propiedad del gobierno federal que hayan sido confiscados como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles, lo que significa ‘que no les costará ni un centavo a los contribuyentes’.

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Defensores de grupos civiles denunciaron que la medida es un ataque directo contra las comunidades que hablan otros idiomas, entre ellos la latina, la minoría étnica más grande del país con más de 65.000.000 de personas, el 19 % de la población estadounidense.

«Esta acción no se trata sólo del idioma, sino de una peligrosa estrategia para señalar, vigilar y atacar a comunidades según su origen y creencias, sin importar si son ciudadanos estadounidenses o no», se lamentó la organización Voto Latino.

Recordó que Estados Unidos es el hogar de más de 66.000.000 de personas que hablan un idioma distinto al inglés en sus hogares y cuenta con una diversidad lingüística de más de 350 idiomas.

Para Voto Latino, la orden ejecutiva, firmada recientemente por Trump, hace parte de una agenda más amplia de exclusión como el desmantelamiento de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la creación de un registro de inmigrantes indocumentados y la amenaza de encarcelar ciudadanos estadounidenses en Guantánamo.

Para la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), la organización hispana más antigua del país, se trata de un «ataque» a la diversidad y la economía del país.

Idioma oficial de Estados Unidos

Ni la Constitución ni ninguna ley federal establecen un idioma oficial para Estados Unidos, donde el español es el segundo más hablado.

«Declarar el inglés como único idioma oficial ignora nuestra rica historia y debilita nuestro futuro», dijo en un comunicado Román Palomares, presidente nacional de LULAC.

Anabel Mendoza, portavoz de United We Dream, dijo que Trump pretende «poner en la mira a los inmigrantes negros y latinos, atacar las escuelas que ofrecen educación en otros idiomas, desmantelar programas de acceso lingüístico y dar vía libre para que los agentes migratorios acosen a personas por la manera en que hablan».

Entre tanto, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) anunció que su presidente, el congresista Adriano Espaillat, dará la respuesta oficial en español al discurso de Trump ante el Congreso en representación del Partido Demócrata.

A los líderes del CHC se sumaron también los del Caucus Negro (CBC) y el Caucus Asiático Pacífico Americano (CAPAC), que advirtieron que la medida busca discriminar a los inmigrantes y a las personas con dominio limitado del inglés, al eliminar la obligación de las agencias federales de ofrecer servicios en otros idiomas.

Los legisladores cuestionaron que esta medida afectará a millones de estadounidenses que pagan impuestos y dependen de servicios gubernamentales.

 

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Bromeó con que no lo hace la víspera porque «coincidiría con el Día de los Inocentes», eso dijo.

El Día de las bromas de abril (en inglés: April Fools’ Day),​ más conocido en el mundo hispanoparlante por su equivalente Día de los Inocentes, es una costumbre anual que se celebra el 1 de abril y que consiste en gastar bromas pesadas y engaños. Aunque en la mayoría de países del mundo se realiza los 28 de diciembre, en conmemoración de los «Santos Inocentes», la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes.

El gobernante estadounidense insistió: «Los habría hecho el 1 de abril. Creánme. Soy un poco supersticioso. No, literalmente, teníamos un plan para el 1 de abril. Dije, hagamos que sea el 2. ¿Saben cuánto dinero cuesta eso? Cuesta mucho dinero sólo ese día, pero lo haremos el 2 de abril», dijo Trump a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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El juez del Distrito de Columbia Amir Ali emitió una orden en respuesta a una demanda presentada por dos organizaciones de salud que reciben fondos del gobierno de EE.UU. para financiar programas en el exterior.

La decisión judicial indica que el Gobierno, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato.

Siguiendo la orden, emitida por Trump a finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una directiva en la que frenó toda la asistencia exterior, con excepción del apoyo para Israel y Egipto, y mantuvo solo el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema.

La decisión desató el pánico en organizaciones humanitarias de todo el mundo que dependen de los contratos con Estados Unidos para seguir operando.

EEUU, principal suministrador de ayuda exterior

Según la ONU, Estados Unidos es, de largo, el principal suministrador de ayuda exterior, con cerca de 72.000 millones de dólares invertidos durante 2023, lo que representa un 40 % de la ayuda humanitaria global.

De acuerdo con la nueva doctrina del Gobierno estadounidense, cada dólar invertido debe «hacer que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte y más próspero».

El parón de 90 días es, según el Departamento de Estado, «la única manera de examinar y prevenir el despilfarro». Además, 50 altos cargos de Usaid fueron suspendidos debido a sospechas de que se habrían resistido a acatar las órdenes.

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El contenido de estas órdenes no ha sido revelado, pero un funcionario de la Casa Blanca adelantó a EFE que una de ellas impondrá sanciones a la CPI.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Sanción anterior de Trump

En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

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De acuerdo a la Casa Blanca, la orden permite convertir a EE.UU. en el centro de la «innovación en tecnología financiera digital» al detener las leyes y regulaciones que «han sofocado la criptoinnovación en administraciones anteriores».

«El crecimiento de la tecnología financiera digital en Estados Unidos no debe verse obstaculizado por regulaciones restrictivas o interferencias gubernamentales innecesarias», añade un comunicado de la Casa Blanca.

La medida autoriza la creación de un grupo de trabajo liderado por el zar de la Casa Blanca en materia de inteligencia artificial y criptomonedas, David Sacks, y que, entre otras tareas, evaluará la creación de una «reserva estratégica nacional de activos digitales».

Este grupo tendrá un plazo de seis meses para hacer recomendaciones a Trump, quien durante la campaña electoral recibió importantes donaciones provenientes de esta industria y prometió flexibilizar su marco legal.

La orden ejecutiva del jueves prohíbe el establecimiento de una moneda digital del banco central (CBDC, en inglés) y revoca una medida de la Administración del expresidente Joe Biden, la cual «suprimió la innovación y socavó la libertad económica de Estados Unidos y el liderazgo global en finanzas digitales», según el comunicado.

Poco después de la firma de esta orden, en la que Trump estuvo acompañado de Sacks, líderes de esta industria saludaron la medida, como fue el caso de la presidenta de la Asociación de Blockchain, Kristin Smith, que en un comunicado señaló que la medida ayudará a convertir a EE.UU. en la «capital cripto del planeta».

De interés: Un juez federal bloquea la orden de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento

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La orden pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

La Casa Blanca no ha detallado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.

De interés: Trump ordena el despliegue de 1.500 militares en la frontera con México

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó en declaraciones a los periodistas que Trump había firmado una orden ejecutiva para el despliegue de 1.500 militares.

«Esto es algo por lo que Trump hizo campaña. El pueblo estadounidense estaba esperando un momento como este, en el que el Departamento de Defensa tome en serio la seguridad nacional. Es una prioridad número uno para el pueblo estadounidense, y el presidente ya ha cumplido», afirmó.

Esos 1.500 efectivos se sumarán a los 2.200 militares en activo y los 4.500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas que ya están desplegados en la frontera.

Según explicó CNN, las nuevas tropas desempeñarán funciones similares a las de los efectivos ya presentes, enfocadas en apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) con labores logísticas y administrativas, como el mantenimiento de vehículos y la entrada de datos.

Medidas de Trump para controlar la migración

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya ordenó el envío de 5.200 efectivos a la frontera con México.

Este lunes, horas después de asumir nuevamente la presidencia, firmó una orden ejecutiva que instruye al Pentágono a movilizar las tropas necesarias para lograr un «control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos».

La orden también establece que Trump evaluará en los próximos 90 días la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría que los militares asuman funciones de aplicación de la ley dentro del país, en un rol más cercano al que actualmente desempeñan las fuerzas de seguridad.

Actualmente, los efectivos desplegados en la frontera no tienen autorización para realizar tareas policiales, como arrestar migrantes o incautar drogas.

En Estados Unidos, leyes como la Posse Comitatus de 1878 prohíben a las fuerzas armadas actuar como policía en territorio nacional.

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Según destacó la Casa Blanca en un comunicado, invertir en los trabajadores estadounidenses es fundamental para hacer crecer la economía de manera equitativa y resiliente, aumentar la competitividad de la nación y garantizar la seguridad económica de EEUU.

El Ejecutivo estadounidense recordó que ha promovido en el pasado estándares laborales para garantizar una competencia justa, estabilidad y eficiencia en proyectos que cuentan con apoyo federal, pero subrayó que esas herramientas pueden y deben ser empleadas de forma más amplia.

Planes económicos en EEUU

A la hora de seleccionar proyectos que vayan a recibir ayuda federal, según la nota, se insta a las agencias gubernamentales a priorizar planes que promuevan una relación positiva entre los trabajadores y la dirección, salarios dignos y beneficios para la seguridad económica de la plantilla, como días de baja pagados.

Ejemplos de esas buenas prácticas son iniciativas que contemplen acuerdos de negociación colectiva y de beneficios comunitarios y neutralidad por parte del empresario respecto a la organización sindical en EEUU.

Se quiere apostar también por proyectos que combatan la discriminación que limita a las minorías la contratación en empleos altamente remunerados y que ofrezcan una formación de calidad, así como que protejan la salud del personal.

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Thor Salayandía Lara, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, indicó a EFE que el Gobierno estadounidense, al tener que procesar muchos migrantes, podría reorientar a los agentes que revisan la mercancía en los vehículos de carga para que ahora procesen a los indocumentados, lo que retrasaría las exportaciones.

“Si el día de mañana, Estados Unidos necesita más gente para procesar a toda esa gente, pues van a quitar agentes del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) de los cruces comerciales para irse a atender a todos estos procesos migratorios», advirtió en una entrevista.

En Ciudad Juárez, epicentro de la crisis humanitaria por la migración, el empresario vaticinó que esto «va a hacer que se atoren otra vez las filas, que haya más embotellamientos, que tarden más las cargas para cruzar a Estados Unidos”. 

Incertidumbre en empresarios

La nueva medida, que el presidente estadounidense Joe Biden firmó hace una semana, permite deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se rebase la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

Aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a Washington que deporte a los migrantes «directo» a sus países de origen, los empresarios temen implicaciones por la saturación de la frontera.

«El presidente Biden anunció que ya no van a dejar entrar a más gente y que van a deportar.. Lo que va pasar o lo que estamos visualizando es que se va a aglomerar más gente aquí y se va a atorar más gente aquí en la frontera, en Ciudad Juárez”, adelantó Salayandía Lara.

Frontera saturada

Francisco González, presidente de la Red de Albergues Somos Uno por Juárez y director del Albergue Vida, coincidió en que la ciudad no está preparada para una ola de gente.

Para González, el endurecimiento de la ley migratoria va a provocar que la gente esté más tiempo en la frontera «y eso implica que quedan más vulnerables, más expuestos en temas de salud, de seguridad, y están más expuestos a redes de tráfico de personas, a ser extorsionados”.

Dijo que en los últimos 15 días, los albergues de la red subieron de un 30 % a un 45 % de ocupación y, que dentro de 15 días, fácilmente superarán el 60 %.

A la gente que llegue en espera de cruzar, consideró, se sumarán los retornos masivos o paulatinos, lo que generaría un caos en la ciudad porque el cruce por alternativas legales, como la aplicación CBP One, «es muy lento».

“La ‘app’ ha estado muy lenta, nos dijeron que de mayo para acá habría más actividad en cuanto a atender las solicitudes de la aplicación, pero sigue siendo lenta de alguna manera. Por ejemplo, con nosotros en tres meses solamente han salido como tres familias”, indicó.

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La orden es la más dura proclamada por el mandatario demócrata desde que llegó al poder en enero de 2021 y supone un cambio importante en la manera de entender el asilo en EE.UU.

La legislación del país estipula que es necesario estar en suelo estadounidense para pedir asilo y que es legal solicitar esta protección incluso tras haber cruzado de manera irregular.

Las nuevas restricciones buscan dar a las autoridades migratorias el poder para deportar o enviar de vuelta a México a la mayoría de personas que detengan en la frontera sur. Solo se levantarán cuando los cruces irregulares bajen de más de 2.500 a un promedio de 1.500 al día, una cifra que no se registra desde 2020.

Expulsión de migrantes

Según explicó a EFE Luis Miranda, subsecretario adjunto de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estas restricciones entraron en vigor a las 00:01 de este miércoles y desde ese momento ya se está expulsando a quienes no califican para protección bajo «un estándar significativamente más alto» que el aplicado hasta ahora.

La orden ejecutiva de Biden pretende reducir al máximo la cantidad de migrantes que pueden entrar a EE.UU. y acelerar las deportaciones a través de una serie de cambios.

Entre ellos está reducir el tiempo que tienen quienes pasan a estar bajo custodia de las autoridades fronterizas para acceder a un consejero legal de 24 a 7 horas, según informaron funcionarios de la Administración de Biden en una llamada con reporteros.

A su vez, no será necesario ya que los agentes de la Patrulla Fronteriza pregunten a las personas que detengan si temen ser devueltos a sus países o México, el primer paso para referir a una persona a las entrevistas de «miedo creíble», donde se decide si se les permitirá solicitar protección o no.

Sin embargo, probar que deben acceder a esas protecciones será más difícil, indicó Miranda. Específicamente, esos migrantes deberán demostrar que existe una «posibilidad razonable» de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.

No accederán al asilo como tal, sino a las protecciones que recoge la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado, y a las de una figura conocida como «suspensión de deportación», que impide que la persona sea expulsada pero no le otorga un estatus legal.

Excepciones de la medida migratoria

Los menores no acompañados, las personas que son víctimas de trata, que estén sufriendo una emergencia médica grave o cuya vida o seguridad esté en riesgo «inminente» están exentos de las nuevas restricciones y podrán pedir asilo, detalló DHS en un comunicado.

Desde que en mayo de 2023 se levantó el Título 42, una normativa que entró en vigor en la pandemia y permitía las expulsiones en caliente de migrantes a México, el Gobierno de Biden ha puesto en pie varias medidas para limitar quién puede pedir asilo en EE.UU y deportar a un mayor número de migrantes.

Sin embargo, el efecto real que estas han tenido se ve limitado porque EE.UU. no tiene la capacidad para revisar rápidamente las solicitudes ni para deportar o detener a todos los que llegan a la frontera, según expertos consultados por EFE.

EE.UU. tiene actualmente un acuerdo con México para devolver a unos 30.000 migrantes al mes, pero sólo los provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

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«Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman una decisión de deportar lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a México?», declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano habló por teléfono el martes con Biden sobre su nueva orden, que permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

El mandatario atribuyó las medidas migratorias en Estados Unidos a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando Biden afrontará de nuevo al exmandatario Donald Trump (2017-2021), mientras la migración es la prioridad del electorado.

Por ello, consideró que «están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad» y usan «el asunto migratorio con propósitos políticos electorales, sacan raja y a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas, los complican».

Pese al panorama, López Obrador calificó a Biden de «muy respetuoso» y «muy amable» tras la «muy buena conversación».

Muro fronterizo en México

Por otro lado, celebró que en la conversación el mandatario estadounidense anunció la construcción de un puente fronterizo Matamoros, en el estado de Tamaulipas, y en Piedras Negras, Coahuila, además de ampliar el puente ‘Comercio Mundial’ de Nuevo Laredo, por donde pasa el 40 % del comercio binacional.

Como señal de las «buenas» relaciones, resaltó que el viernes habrá una reunión con empresarios en Washington a la que acudirá la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda.

«Y se va a tratar también el tema del apoyo a nuestra república vecina, a nuestro hermano pueblo de Guatemala, esto el viernes y son muy buenas las relaciones«, dijo.

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DOBLE LLAVE

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Fuente de imagen referencial: EFE/Mario Guzmán

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Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses.

La orden entrará en vigor este mismo martes porque ya se está superando esa cifra de 2.500 detenciones con una media de 4.200 arrestos diarios ocurridos en abril, la última cifra oficial disponible.

Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.

En concreto, en esa instancia, los migrantes deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.

En cualquier caso, los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.

Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de «horas» o «días», según indicaron los funcionarios.

Solicitantes de asilo en la frontera

En ese caso, la situación variará dependiendo de la nacionalidad del migrante o solicitante de asilo.

Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de EE.UU. con las autoridades mexicanas.

Por otro lado, aquellos que lleguen a la frontera desde otras partes tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia o Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación.

La norma contempla excepciones: los no acompañados que viajan hacia el norte no están sujetos a las restricciones, al igual que las víctimas de tráfico de personas, aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza extrema para su vida y seguridad.

Además, se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil CBP One, que ofrece aproximadamente 1.450 citas diarias para pedir asilo.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE/SAMUEL CORUM

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«Gracias, presidente Biden, por firmar una innovadora orden ejecutiva sobre IA. Para un desarrollo y uso sólido, seguro y responsable de la IA, es necesario que los trabajadores y los sindicatos sigan estando a la vanguardia del desarrollo de políticas», publicó la organización sindical en X (antes Twitter).

Serán incorporadas cláusulas para proteger la privacidad y resguardar los derechos de consumidores y trabajadores

La medida también obligará a las empresas que implementen cualquier sistema de IA que pueda suponer un riesgo grave para la seguridad nacional a notificar a la Administración cuando vayan a poner a prueba ese modelo.

Al mismo tiempo, la orden ejecutiva tratará de evitar el fraude mediante el uso de esta tecnología -obligando al etiquetado con claridad del contenido generado con IA- e incorporará cláusulas para proteger la privacidad y resguardar los derechos de consumidores y trabajadores.

La inteligencia artificial es, de hecho, uno de los principales escollos por los que SAG-AFTRA no llega a un consenso con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, en inglés) para renovar su convenio colectivo.

Thank you @POTUS for signing a groundbreaking Executive Order today on AI. For strong, safe & responsible AI development & use, it is imperative that workers & unions remain at the forefront of policy development. We look forward to working together for a human centered approach.

— SAG-AFTRA (@sagaftra) October 30, 2023

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Fiorella Tagliafico

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Fuente de imagen referencial: Unsplash / De Andre Bush

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