«Aquí tiene su celda preparada Juan Guaidó y espero que me lo entreguen muy pronto, estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen a Juan Guaidó, prófugo de la justicia, ladrón de cuatro suelas», dijo el presidente venezolano en un acto televisado.

Maduro no ofreció detalles sobre con qué autoridades está haciendo esas gestiones de deportación.

Guaidó se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela el 23 de enero de 2019

En octubre de 2023, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Guaidó, a quien acusó de varios delitos, entre ellos legitimación de capitales.

Saab explicó entonces que, además de dictar la orden de aprehensión, tres fiscales designados para el caso harían «la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos«.

Del «interinato» al exilio

Guaidó, un opositor que presidió el llamado «gobierno interino» de Venezuela, que fue reconocido por Estados Unidos y otros países entre enero de 2019 y finales de 2022, también fue acusado por traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación.

«Utilizando la figura de un gobierno ficticio, causó pérdidas al Estado venezolano», dijo el fiscal, que estimó en 19.000 millones de dólares el monto desfalcado por el líder opositor.

El Ministerio Público abrió, antes de la orden de arresto, 23 investigaciones contra Guaidó por supuestos delitos cometidos en el «gobierno interino» y otras cinco causas relacionadas con una empresa venezolana en Colombia.

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Previamente, la Fiscalía ya había pedido una orden de detención y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien facilite información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.

La insistencia del Estado venezolano en el arresto de González Urrutia aumentó al aproximarse la fecha de la toma de posesión del presidente para el próximo sexenio, programada para el 10 de enero, que tanto el actual mandatario, Nicolás Maduro, como el opositor, actualmente de gira por América, prometen asumir.

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Ante esta situación, Rodríguez subrayó la necesidad de colaborar con la Fiscalía, al considerar que la eventual llegada del líder opositor al país supone una «traición a la patria» por pretender incurrir en la «usurpación de funciones».

«Estamos obligados a contribuir con la Fiscalía. Cada diputada y cada diputado que defiende la paz solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de Venezuela, el arresto inmediato por violación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero», manifestó el jefe de la AN.

La Ley Bolívar contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión, así como multas millonarias y 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones contra el Gobierno o funcionarios públicos.

Rodríguez no detalló qué artículos de esta norma estaría violando González Urrutia al ingresar a Venezuela.

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«No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada», dijo Borrell preguntado por la decisión de la CPI en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

«Tomo nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu, el ex ministro de Defensa (Yoav) Gallant y los dirigentes de Hamás«, agregó en su intervención.

El jefe de la diplomacia europea dijo que esta decisión es «una mordaz decisión para todos los Estados, todos los Estados parte de la Corte, entre los que se incluyen todos los miembros de la Unión Europea, para que vinculen y apliquen esta decisión judicial».

Detención y entrega de Netanyahu

Borrell abogó así por el cumplimiento de esta orden en la que la Corte Penal Internacional pide la detención y entrega del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, a pesar de los intentos de Israel de retar su jurisdicción y frenar el caso.

La CPI también dictó una orden de arresto contra un dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Deif, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, pero esto no fue confirmado por Hamás, ni lo logró demostrar el fiscal Karim Khan.

El mandatario europeo defendió la creación de los dos Estados como la única solución política viable a la guerra en Gaza e instó también a Netanyahu a que explique cuál es su solución para el conflicto palestino israelí.

«Si no quieres la solución de los dos Estados, cuenta al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará», dijo Borrell en su apelación al primer ministro israelí.

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Aunque Bielorrusia no reconoce la jurisdicción de la CPI, el Ministerio de Justicia de Lituania dijo en un comunicado que la expulsión o deportación de opositores políticos de Bielorrusia a Lituania equivalía a cometer un delito en territorio lituano y, por lo tanto, podía ser investigado por el fiscal de la CPI.

Miles de bielorrusos han sido expulsados ​​o han huido a Lituania y otros países cercanos porque Lukashenko y sus fuerzas de seguridad “han emprendido una campaña contra la población civil de Bielorrusia», indica.

Esa campaña incluye «privación grave de derechos fundamentales; detención arbitraria, procesamiento y condena, violencia ilegal grave, asesinatos, violencia sexual, daño físico y mental, tortura, tratos inhumanos y degradantes, intimidación y acoso, trabajo forzado y desaparición forzada, entre varios otros”, dice el comunicado.

Orden de arresto a presidente de Bielorrusia

La ministra de Justicia de Lituania, Ewelina Dobrowolska, dijo que el objetivo de iniciar una investigación contra el régimen de Bielorrusia era eventualmente emitir órdenes de arresto internacionales contra Lukashenko y otros miembros de su gobierno y fuerzas de seguridad.

“Lituania fue el primer país en recurrir a la CPI en relación con la situación en Ucrania y, finalmente, se emitió una orden de arresto contra Putin (presidente ruso). Ahora, estamos solicitando a la CPI que investigue la situación en Bielorrusia y esperamos una orden de arresto contra Lukashenko”, dice Dobrowolska en el comunicado.

La solicitud al fiscal de la CPI pide que se investiguen los acontecimientos ocurridos en Bielorrusia desde mayo de 2020.

En 2020 una elección presidencial, considerada ampliamente injusta y amañada, dio a Lukashenko la reelección contra la líder de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya, quien luego huyó a Lituania.

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En una declaración ante medios de comunicación, José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que «el objetivo fue cumplido», pues la idea era «obtener un acuse de recibo efectivo» y establecer «formalmente» ante la Fiscalía «las razones» por las que González Urrutia «no compareció» tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.

En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la «incomparecencia» no «obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución», sino «al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones».

«Estimo que tal comparecencia sólo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar», expresó el opositor a través del escrito.

Argumentos de defensa de González

En las últimas semanas -prosigue el texto- se «han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado» que lo «condenan por anticipado y (…) sin fundamento».

A González se le acusa de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara «el 83,5 % de las actas electorales» recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.

González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación».

Sin embargo, no considera que se «han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral», puesto que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano «como una de sus garantías de confiabilidad».

Haro, que entregó el documento en una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, abordó el encuentro desde «el punto de vista jurídico» y manifestó que «las declaraciones de carácter político» serán «dadas en su oportunidad» por la coalición opositora.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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«Él pretende estar por encima de las leyes (…) este señor González Urrutia se da el tupé de decir no reconoce leyes, que no reconoce nada, eso es inadmisible», dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión.

La declaración la hizo en paralelo a la divulgación de la orden de aprehensión dictada por un tribunal especializado en terrorismo contra González.

Señalamientos contra González Urrutia

González Urrutia es señalado por la presunta o supuesta comisión de los delitos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», «instigación a la desobediencia de leyes», «conspiración», «sabotaje y daño de sistemas» y «asociación (para delinquir)».

Aunque Maduro no se refirió a la orden de captura, reiteró que el opositor está escondido.

El Ministerio Público solicitó a la Justicia emitir una orden de detención contra González luego de que este no atendiera las tres citaciones hechas, en las que esperaban rindiera declaraciones en el marco de una investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude que hizo sobre las elecciones presidenciales.

La investigación también guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado «el 83,5 % de las actas electorales» del CNE, recabadas por testigos y miembros de mesa al cierre de las votaciones, para reforzar su alegato, según el cual González Urrutia ganó los comicios por amplio margen.

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«Dicha orden de aprenhensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González y desconocer la voluntad popular venezolana», alertó en un comunicado conjunto Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La Fiscalía y un tribunal venezolano articularon la orden de arresto

Por solicitud del Ministerio Público un tribunal emitió una orden de arresto contra el abanderado opositor, de 75 años de edad, por la publicación de las actas que recibieron y conservaron sus testigos de mesa al cierre de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El abanderado de la oposición aseguró que las actas reflejan la decisión que la mayoría de los venezolanos tomó a través del voto

La Fiscalía lo investiga por la presunta comisión de los delitos de: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje, daños a sistemas y asociación para delinquir.

Son varias las naciones, americanas y europeas, que rechazan la medida

En el comunicado conjunto, los países recalcaron que en Venezuela «no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas».

«Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia», precisa el texto.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., afirmó que la orden de detención es «injustificada».

Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, exhortó a las autoridades venezolanas a respetar la libertad, integridad y derechos humanos de Edmundo González Urrutia.

Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra @EdmundoGU y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 3, 2024

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El Tribunal Basmanni de Moscú dictaminó el arresto en ausencia de Naválnaya, quien reside en el extranjero, por participar en una asociación extremista, y la declaró en busca y captura.

La propia Naválnaya ironizó en un mensaje en X que la decisión de la Justicia rusa fue redactada a toda prisa sin cumplirse los procedimientos habituales para estos casos, como la apertura de un caso penal previo a la decisión sobre el arresto.

La viuda del líder opositor ruso, que ha prometido continuar desde el exilio la causa de su marido, acusa al presidente Vladímir Putin de ser el responsable de la muerte de Navalni y afirma que su poder se basa en «la desinformación, la mentira, el engaño y las provocaciones».

Navalni murió súbitamente el pasado 16 de febrero, un mes antes de las elecciones presidenciales del 17 de marzo en las que Putin era el candidato favorito, después de dar un paseo en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets), según las autoridades penales.

La oposición rusa acusa al Kremlin de estar detrás de su muerte, mientras que Putin afirma que se trató de un deceso por causas naturales.

My God, I haven’t checked my phone for an hour. In that hour, I’ve already become a terrorist.
Killed the husband, labeled the wife a terrorist – typical Putin

— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) July 11, 2024

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Los cargos están relacionados con el presunto intento de alteración del resultado de las elecciones de 2020 en Georgia. Estas acusaciones marcan el cuarto caso legal en contra del exmandatario, quien se perfila como el favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha comunicado estos cargos, presentando los argumentos contra los 19 acusados con base en la ley de Georgia sobre «delincuencia en banda organizada», una normativa que se suele aplicar a casos relacionados con pandillas. Esta acusación conlleva posibles penas de 5 a 20 años de prisión. En el centro de estas acusaciones se encuentra Trump, quien enfrenta 13 cargos en el marco de esta investigación.

En una rueda de prensa en Atlanta, la capital del estado, la fiscal ha defendido las pruebas presentadas y ha señalado que tanto Trump como los demás acusados tienen hasta el 25 de agosto para presentarse ante la Justicia de Georgia.

Willis ha expresado su deseo de llevar a juicio a los 19 acusados, incluyendo figuras como el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y su abogado personal, Rudy Giuliani, en un único proceso judicial dentro de un plazo de seis meses. Sin embargo, ha recordado que es el juez quien determinará la fecha del juicio.

La fiscal ha subrayado que en Georgia, como en todos los estados, existe la posibilidad de impugnar los resultados de una elección en los tribunales estatales para aquellos que crean que estos son incorrectos. Ella ha afirmado que la acusación formal establece que, en lugar de seguir el proceso legal de impugnación de elecciones en Georgia, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado con el objetivo de anular el resultado de la elección presidencial de Georgia en 2020.

En respuesta a estas acusaciones, Donald Trump ha utilizado su plataforma en la red TruthSocial –la cual está bajo su control tras ser suspendido en Twitter– para calificar la situación de «amañada» y una «caza de brujas». Trump cuestiona por qué no fue acusado hace dos años y medio y afirma que esta acusación está siendo utilizada en pleno auge de su campaña política.

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Tomado de Bitfinance.news

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La razón detrás de esta solicitud legal radica en la posible visita de Putin a Sudáfrica en el próximo mes de agosto, donde tiene previsto participar en una cumbre de los Brics.

Esta cumbre reúne a países emergentes, incluyendo a Sudáfrica, Brasil, China, India y Rusia. Sin embargo, la Alianza Democrática busca evitar que Putin escape de cualquier posible consecuencia legal relacionada con la orden de arresto de la CPI.

CPI emitió orden de captura hace meses

La orden de arresto de la CPI fue emitida en marzo y se basa en las acusaciones de deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa de Ucrania. Estas graves acusaciones han generado preocupación a nivel internacional y han llevado a la comunidad internacional a buscar responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos.

La Alianza Democrática está decidida a garantizar la aplicación de la ley y la rendición de cuentas. Al presentar esta solicitud legal, buscan enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que incluso los líderes de alto rango deben enfrentar las consecuencias de sus acciones.

#30May 🇿🇦🇷🇺 La Alianza Democrática, principal partido de la oposición en Sudáfrica, informó este martes que acudió a los tribunales para asegurarse de que el presidente ruso Vladimir Putin sea arrestado si pone un pie en el país, como lo exige la CPI.#SomosFronteraViva pic.twitter.com/VvFup0nKww

— Frontera Viva (@fronteravivanew) May 30, 2023

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Gabriel Velásquez

En un comunicado contundente, la CPI rechazó categóricamente estas medidas y reafirmó su firme compromiso de cumplir con su mandato legal de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que conmocionan a la humanidad.

En marzo, la CPI emitió una orden de detención contra Putin, acusándolo de ser presuntamente responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos desde las zonas ocupadas hacia Rusia. Este acto se considera un crimen de guerra según lo establecido en el Estatuto de Roma, un tratado internacional que rige las acciones de la CPI.

La CPI se mantiene firme en su decisión

Además, la CPI también emitió una orden de detención contra María Lvova-Belova, una política rusa que ostenta el cargo de comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, quien enfrenta las mismas acusaciones que Putin, relacionadas con la deportación de menores de edad.

Estas acciones judiciales de la CPI han generado un intenso debate a nivel internacional y han puesto de manifiesto la importancia de la justicia internacional para garantizar la responsabilidad de los líderes políticos en situaciones de conflicto y violaciones graves de los derechos humanos.

La CPI, con sede en La Haya, se mantiene firme en su objetivo de cumplir su mandato y asegurar que los responsables de crímenes atroces no queden impunes.

#CPI: 🤓Rusia emite orden de captura y aprehensión contra el fiscal de CPI, Karim Khan, que autorizó arresto contra Putin

El medio publicó una captura de pantalla del sistema de búsqueda del Ministerio de Interior ruso en el que figura la foto y otros datos personales del…

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 19, 2023

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«Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones en virtud del mismo», recordó la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova.

Dado que el país se retiró del mencionado estatuto en 2016 sobre un texto que firmó, pero nunca ratificó, «Rusia no coopera con este organismo, y cualquier posible orden de arresto que proceda de esa corte es legalmente nula y carece de valor», sentenció la portavoz.

El TPI emitió la orden contra Putin bajo la presunción de crimen de guerra, por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

La corte concibe «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».

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Leison Bustamante

Con información de dpa

Fuente imagen referencial: Twitter @AlertaNews24

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