El viernes, Trump anunció que el Comando Sur de EE.UU. «lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito» a Héctor Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington.

Machado señaló que, en los últimos días, comenzó un «desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad» en Venezuela, entre las que mencionó el Tren de Aragua, y que se extendieron hacia otras naciones.

La excandidata presidencial aseguró que «el daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales, que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía, le han causado a Venezuela es inconmensurable».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Víctor Lerena

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Venezuela «tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación», expresó la organización no gubernamental en un comunicado.

Provea advirtió que, basándose en la información disponible, este hecho «constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial».

«El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas», señaló el mensaje.

La ONG recordó que el pasado martes, cuando advirtió de un megaoperativo en el estado Bolívar (sureste), señaló que acciones similares «dejaron cientos de abusos».

Por tanto, Provea sostuvo que la acción del Estado «no puede traducirse, bajo ninguna circunstancia, en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales».

La organización dijo que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales «en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad».

«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional», reza el comunicado.

En ese sentido, Provea pidió «transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales».

Además, la ONG exigió, por estos hechos, explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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A través de sus redes sociales, el jefe militar difundió varias imágenes de uniformados en el estado Monagas, quienes aparecen junto a urnas de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Despliegue Operación República ‘Elecciones de los Legisladores de los Pueblos Indígenas 2025′», escribió Hernández Lárez en la publicación, sin precisar la cantidad de efectivos movilizados.

El pasado domingo, Venezuela celebró comicios regionales y legislativos en los que se eligieron 282 diputados a la Asamblea Nacional (AN). Está previsto que este fin de semana se escojan tres legisladores más, en representación de las comunidades indígenas, para un total de 285 en ese poder.

Los pueblos nativos cuentan con una normativa especial para sus elecciones, que prevé la organización de reuniones comunitarias en las que se debe elegir a un número indeterminado de voceros que designarán, en unas asambleas generales que funcionan como un sistema de elección en segundo grado, a los diputados indígenas de cada comunidad.

En los comicios del pasado domingo, el oficialismo conquistó 253 de 282 escaños de la AN, además de 23 de las 24 gobernaciones del país, entre ellas la del Esequibo, el territorio que Caracas disputa con Guyana.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Henry Chirinos

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«Voy a trabajar desde este instante sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente», afirmó en Bogotá la dirigente del partido Verde Oxígeno.

De ganar la consulta, que se celebrará a la par de las elecciones legislativas el 13 de marzo, disputará la primera vuelta presidencial el 29 de mayo.

Ingrid Betancourt recordó su secuestro

Ingrid Betancourt, de 60 años y quien tras su rescate en un operativo militar se radicó en el exterior, evocó su secuestro hace 20 años a manos de los rebeldes de las extintas FARC cuando estaba precisamente en campaña para la presidencia.

«Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. Con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo», sostuvo la candidata.

Íngrid Betancourt vuelve a la lucha por la presidencia en Colombia.#TelefuturoPy vía @UltimaHoracom
https://t.co/8Az7TXO3BG

— Telefuturo (@Telefuturo) January 19, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales