El reporte, realizado por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés), reveló que este salto de tres millones de indocumentados fue el más alto desde inicios del milenio, y siguió a una década de estancamiento.

Entre los factores detrás de esta nueva ola migratoria, el informe lo atribuyó a la rapidez con la que la economía estadounidense se recuperó de la recesión que provocó la pandemia de la covid-19, la inestabilidad política en Centroamérica y Suramérica, la violencia de pandillas en Haití, Ecuador y partes de México, y la represión política en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Pero también indicó que las políticas fronterizas y de ‘parole’ humanitario del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) incitaron a más indocumentados a tratar de cruzar a Estados Unidos.

Indocumentados por nacionalidades

La nacionalidad mexicana sigue siendo la más común entre los migrantes indocumentados en Estados Unidos, con más de 5,5 millones de personas, tras dos años de sucesivos incrementos después de que esta cifra alcanzara un mínimo de 5,3 millones en 2021.

Sin embargo, las llegadas de migrantes indocumentados entre 2019 y 2023 estuvieron impulsadas por personas procedentes de países centroamericanos como Honduras y Guatemala, así como de los suramericanos Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

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El miedo se percibe en particular en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, donde se encuentran muchos de migrantes que esperan su cita de ‘CBP One’ con autoridades estadounidenses; algunos han expresado a EFE su preocupación en caso de que se concrete la reelección del presidente Nicolás Maduro, lo cual ya convalidó el TSJ venezolano, de acuerdo con los datos entregados por el CNE.

Es el caso de Viesmer Jiménez, un venezolano en un refugio en el centro de la urbe fronteriza, donde afirma que espera una oleada de compatriotas que salgan huyendo de ese país tras los comicios del 28 de julio.

«Lamentablemente, con las elecciones que tuvieron actualmente en Venezuela, es obvio que va a salir una tercer cuarta parte del país. Primero, por la economía y la moneda que está devaluada en Venezuela, no hay futuro para nadie, para los jóvenes ni estudio, ni seguridad», dijo Jiménez.

Una crisis que se puede agudizar

Antes de las elecciones, cuestionadas por la oposición y decenas de países, el éxodo venezolano ya se sentía en México, donde la Unidad de Política Migratoria reportó 200.289 venezolanos “en situación migratoria irregular” en el primer semestre de 2024, un 215 % más que lo reportado en el mismo lapso del año anterior.

Con ello, Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representan casi tres de cada diez, el 29 %, del récord de más de 712.000 detectados en el primer semestre del año.

Migrantes como Neiro Palmar, quien teme por su familia que dejó atrás, específicamente su madre, comparte su temor.

“Sí podemos decir nosotros, los migrantes, que por eso uno sale de allá a buscar un mejor futuro, para la familia, a los que vienen ahora», contó.

¿Está México preparado para eso?

El pastor Juan Ramón Fierro, quien dirige el albergue El Buen Samaritano, consideró que ningún país está listo para la salida de cientos de miles de venezolanos.

“Yo creo que no está preparado ninguno de los países, por que ellos van a tener que atravesar varios países para llegar hasta la frontera de México, allá en el sur, y luego no estamos preparados, a pesar de que aquí en la frontera hay 25 albergues, no tenemos la capacidad suficiente para recibir a tantas personas” mencionó.

El defensor de migrantes teme que la crisis humanitaria empeore con la violencia y/o represión de manifestaciones en Venezuela, donde la Fiscalía reportó 2.400 detenidos y 25 muertos.

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La situación escaló porque la semana pasada las autoridades estadounidenses expulsaron a 200 migrantes que cruzaron por la puerta 40 del muro y los entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano en Ciudad Juárez, donde avisó que los retornarían a Chiapas, estado de la frontera sur de México.

El venezolano Marco Galindo consideró «muy frustrante» reiniciar su ruta: “Es como si fuera un fracaso, todo el mundo está buscando el sueño de subir a Estados Unidos y ya que estamos aquí, esa guerra que nos hacen desde Tapachula (ciudad de la frontera sur) nos hacen la vida imposible. Los de Migración, la Guardia Nacional, por todos lados nos corretea (persigue)», dijo el migrante a EFE.

El suramericano señaló que entre quienes están varados en el río Bravo corre ahora el temor sobre si cruzar o no, pues mientras en Estados Unidos la Guardia Nacional de Texas los devuelve, en México los agentes del INM los retornarían a Chiapas en un camión atados de manos.

También contó que muchos de ellos llevan más de cinco meses en Juárez, donde además de conseguir recursos tienen que afrontar la delincuencia organizada, y todos los días hacen un recorrido de unos diez kilómetros a lo largo de la frontera para ver por dónde pasar.

En Estados Unidos, la Guardia Nacional de Texas devuelve a los migrantes (Fuente de imagen referencial principal: EFE/Luis Torres)

Lo que sucede en Ciudad Juárez refleja las crecientes restricciones en la frontera de Estados Unidos, donde el 9 de mayo el Gobierno del estadounidense Joe Biden promulgó una norma que instruye a los agentes migratorios prohibir que las personas consideradas un «riesgo para la seguridad pública o nacional» soliciten asilo.

Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acordaron a finales de abril «trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos».

Tan solo en el primer trimestre de 2024 la migración irregular interceptada por el Gobierno mexicano creció cerca de un 200 % anual hasta casi 360.000.

José Luna Ochoa, migrante de Venezuela que se apostó en el río Bravo en espera de cruzar, atribuyó los operativos a que este año coinciden las elecciones en Estados Unidos y México.

Agregó que, además del clima, lidian con la inseguridad que representa México, tanto por la persecución de las autoridades migratorias como por los secuestros del crimen organizado.

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«No tenemos los recursos para manejar esta cantidad de migrantes ilegales y se lo hicimos saber a la OIM, lo entiende y estamos muy contentos de poder trabajar juntos para reducir» este flujo durante el Gobierno del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, dijo a los periodistas el ministro designado de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

De acuerdo con los datos del Gobierno saliente del presidente Laurentino Cortizo, en los últimos años la crisis migratoria ha costado alrededor de 70 millones de dólares al país centroamericano, que recibe a los viajeros en unas estaciones en las que les ofrece alimentación, servicios de salud y toma sus datos biométricos.

Martínez-Acha y otros ministros designados por Mulino se reunieron este jueves en la capital panameña con la directora general de la OIM, Amy Pope, para hablar de la crisis migratoria, en el marco de la cual llegaron a Panamá en 2023 más de 520.000 personas en tránsito hacia Norteamérica, una cifra sin comparación.

Pero la magnitud del flujo migratorio, con ya casi 160.000 personas que han cruzado la peligrosa selva fronteriza en lo que va de año, hace temer que este 2024 puedan llegar a los 800.000 los viajeros irregulares en tránsito que lleguen a Panamá, como alertó Unicef.

Panamá quiere reducir el flujo migratorio

El canciller designado dijo a los periodistas que el «concepto filosófico» del cierre de la frontera que ha propuesto Mulino «no se discutió» con Pope, a quien «sí se dijo enfáticamente» que Panamá quiere «reducir el flujo de migrantes».

«Por supuesto que van a haber migrantes ilegales pero los números que estamos viendo ahora son insoportables, no podemos manejar esas cifras y el presidente Mulino está comprometido con reducir ese flujo y lo ideal sería cerrar la frontera, pero en una frontera tan porosa es muy difícil. Vamos a luchar para eso», comentó Martínez-Acha.

En ese sentido, reiteró el anuncio de Mulino de repatriar de forma masiva a los migrantes que crucen el Darién, «para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen», como explicó el gobernante electo a inicios del mes de mayo.

«Sí, vamos a contar con el apoyo de diferentes países para asumir el costo de esa repatriación», aseguró el canciller designado de Panamá, tras detallar que durante la cita con Pope se hizo «énfasis en la defensa de los intereses panameños desde todo punto de vista, seguridad, por supuesto, salud», y que se quiere «involucrar a los países de origen, de tránsito -como Panamá- y destino en las soluciones».

«Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No señor, esa es nuestra frontera. El concepto de cierre que he esbozado implica un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos, con ayuda internacional, un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos», dijo Mulino al ser proclamado presidente electo el pasado 9 de mayo.

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Fiorella Tagliafico R.

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Emilio Alberto López, investigador de la UACH, expuso a EFE que los traficantes de personas están aprovechando cambios en la aplicación CBP One, que permite conseguir una cita con autoridades estadounidenses para hacerles creer en los países expulsores que es más fácil y rápido entrar en Estados Unidos.

“Aplicamos un instrumento para ver qué saben las personas susceptibles de protección internacional sobre los procesos de asilo y nos encontramos con que la gente básicamente se está aventando (aventurando) con fe en Dios”, explicó el académico en una entrevista este sábado.

El experto apuntó que las conclusiones de este estudio crean entre los investigadores un temor de que esta desinformación se siga utilizando por los traficantes de personas.

(Fuente de imagen referencial principal: EFE/Luis Torres)

“Lamentablemente, ya nos estamos enfrentando con una situación que rebasa las capacidades estatales, el riesgo es que muchos oportunistas o esta industria de la migración están aprovechando para contar mentiras a la migración y enseñar TikToks o videos de: ‘mira, es muy rápido cruzar’”, cuestiona López Reyes.

Apenas el martes pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México y Centroamérica alertó de que las redes criminales están engañando a migrantes mediante plataformas digitales, porque los grupos delictivos «quieren aprovechar su vulnerabilidad y dar informaciones falsas».

El investigador de la UACH apuntó que estos engaños sobrepasan lo «inhumano» porque afectan a niños e impulsan a habitantes de países expulsores a hacer el peligroso viaje a la frontera con toda la familia.

Migrantes detectados

La presión por la migración crece porque este año coinciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, donde los migrantes irregulares detectados por el gobierno subieron un 77 % en 2023, hasta un récord de 782.000.

El análisis que hicieron las universidades anticipa que la migración aumentará de cara a estos comicios, al prever un aumento de la desinformación en las propuestas antiinmigrantes en Estados Unidos, lo que está presionando a México.

“Estamos acercándonos al proceso electoral de ambos lados de la frontera, como vimos en la primera elección de (Donald) Trump, veremos caravanas, mucha desinformación y el usufructo político de la movilidad humana. Desafortunadamente, hay muchos oportunistas que son todos estos intermediarios que explotan a migrantes”, señaló.

Esta realidad ya cala en migrantes que están varados en la frontera norte de México.

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Fiorella Tagliafico R.

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Por otro lado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registró a 60.000 personas en su sistema de prerregistro solo en los meses de agosto y septiembre en Tapachula, límite con Guatemala, según Manuel Nucamendi Pulido, representante de ACNUR.

Es probable que la mayoría de estos migrantes haya cruzado recientemente el río Suchiate hacia México.

Durante agosto y septiembre, Comar recibió alrededor de 30.000 personas cada mes en su sistema de prerregistro, donde la mayoría ingresó por el Suchiate, y los migrantes que llegan a Comar solicitan el asilo.

Según el representante de ACNUR en Tapachula, se ha detectado la presencia de migrantes de Haití, Cuba y Venezuela, así como una fluctuación a lo largo del año en la llegada de migrantes del triángulo norte de Centroamérica, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Al menos 40 mil migrantes cruzaron el río Suchiate, que divide a México de Centroamérica, en la última ola migratoria, de agosto a octubre de 2023, informó el Centro de Dignificación Humana. https://t.co/45MMMUdswxhttps://t.co/ftTwGoZUNC

— NMás (@nmas) November 16, 2023

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De los migrantes, 192 son adultos y 54 son menores de edad, que estaban en aceras, parques y avenidas de la Central de Autobuses del Norte, detalló en un comunicado el INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

«A solicitud del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero, el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató en acciones de verificación migratoria, llevadas a cabo entre el viernes 10 y el domingo 12 de noviembre, a 246 personas», reportó el organismo.

Las autoridades trasladaron a los adultos a estaciones migratorias «para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente».

Mientras que aquellos que viajaban en familia, en particular con hijos, quedarán bajo la tutela de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

#Comunicado A solicitud de @GobCDMX y @TuAlcaldiaGAM, @INAMI_mx rescató en acciones de verificación migratoria -el 10, 11 y 12 de noviembre- a 246 migrantes de Centroamérica, Venezuela y Haití que permanecían en áreas públicas del norte de la #CDMX. https://t.co/O5WZtBMw8L pic.twitter.com/2zOuEbt6do

— INM (@INAMI_mx) November 13, 2023

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El flujo migratorio ha saturado los albergues por lo que muchos extranjeros deambulan y pernoctan en las calles.

El éxodo es visible en Centroamérica, donde Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió de una cifra histórica de más de 18.300 migrantes que transitaron por uno de los puntos fronterizos de Honduras con Nicaragua.

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La primera de estas medidas administrativas que entra en vigor a partir de este anuncio, es la protección a los pueblos de acogida. Van a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad, dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine en un comunicado.

Se van a construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, para que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades de los primeros pueblos a los que llegan los migrantes tras atravesar la selva por la que acceden desde la vecina Colombia.

Este primer paquete de medidas también incluye reforzar «las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter», según Gozaine.

Los funcionarios de migración podrán percatarse de las personas con antecedentes penales al tomar los datos biométricos en las estaciones migratorias del Darién, una medida que Panamá ya implementa junto con ofrecer asistencia médica y alimentaria, en una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares, según datos oficiales.

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Francisco Bueno, director de la Casa del Migrante, afirmó a los medios que estiman entre 1.000 y 1.100 migrantes que ahora viven en espacios públicos y en construcciones abandonadas o en ruinas.

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Municipio de Juárez, indicó que muchas de estas personas saturan parques, ruinas y tapias, donde sobreviven sin ningún servicio porque no quieren quedarse en albergues y tampoco tienen para alquilar una vivienda.

El Gobierno municipal inició operativos para sacarlos de las construcciones riesgosas y los parques, y a cambio les ofrece que se refugien en los albergues oficiales.

El alcalde de la ciudad, Cruz Pérez Cuéllar, hizo una petición urgente de ayuda al Gobierno federal y al del estado de Chihuahua para que ayuden a gestionar la llegada de migrantes a la urbe, fronteriza con El Paso, Texas.

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Fiorella Tagliafico R.

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“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, aseveró el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

La entrada de más de un millar de extranjeros en menos de siete días generó la semana pasada tensión en este municipio, de apenas 1.700 habitantes, que se encuentra muy próximo a la localidad boliviana de Pisiga, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

La tensión en este paso fronterizo se agravó la semana pasada con el fallecimiento de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano

Asimismo, la zona entre estos dos municipios se convirtió, pese a la crisis sanitaria del COVID-19 y las extremas condiciones climáticas (mucho calor durante el día y heladas de madrugada), en un paso de migración irregular.

La crisis migratoria está formada en su mayoría por venezolanos

La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes.

En este sentido, Delgado informó que la mayor parte de las personas fueron expulsadas por no haber regularizado su estancia en Chile, y una minoría fueron deportadas por motivos judiciales, entre ellos, delitos relacionados con narcotráfico.

“Con esto nosotros estamos notificando a las personas que tienen intención de llegar a Chile por pasos no habilitados y de forma clandestina, que se arriesgan a un proceso de expulsión”, aseveró.

“Este vuelo está coordinado con la cancillería Colombia y con las autoridades consulares de Venezuela. Estamos trabajando en forma coordinada con los países limítrofes para sacar adelante estas iniciativas”, agregó el canciller.

El gobierno chileno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales