La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. Además, el hermano de Heredia, Ilán, recibió una sentencia de 12 años de prisión.

El tribunal ordenó una «ejecución provisional de la sentencia», por lo que Humala, Heredia -quien se conectó de manera virtual- y su hermano deberán serán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Arresto de Humala

De inmediato, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) entraron al tribunal y detuvieron al exgobernante.

«En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita», remarcó la directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la magistrada Nayko Coronado.

La jueza agregó que el tribunal hará la lectura completa de su sentencia el próximo 29 de abril, pero adelantó que ha visto «los elementos de lo que configuraría la existencia de una organización criminal» durante estas campañas.

El tribunal determinó, en ese sentido, que el monto de reparación civil por este caso será de 10 millones de soles (unos 2,67 millones de dólares o 2,35 millones de euros).

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DOBLE LLAVE

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El magistrado José Antonio Dias Toffoli cuestionó las condiciones que llevaron a Odebrecht, centro de la operación Lava Jato, a aceptar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que implicaba el pago de una multa multimillonaria.

En su decisión, el magistrado afirmó que hay por lo menos «duda razonable sobre el requisito de voluntariedad» de la empresa al firmar el acuerdo que le impuso la multa y que esta debe tener las «condiciones para que evalúe si se cometieron ilegalidades».

La decisión responde a una petición de la empresa, que se cambió el nombre a Novonor tras el estallido del escándalo para analizar los documentos de la operación Spoofing y poder promover ante la justicia una «revaluación» de los acuerdos.

Odebrecht firmó un trato con la Fiscalía por 3.800 millones de reales (unos 770 millones de dólares) y otro con la Abogacía del Estado por 2.700 millones de reales.

El magistrado ya anuló en septiembre todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, en respuesta a un pedido realizado por la defensa de Lula, que llegó a pasar 580 días en prisión.

Corte Suprema de Brasil suspende multa millonaria a Odebrecht. #NoticiasSIN #Millonaria #Justicia #Brasil

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— Noticias SIN (@SIN24Horas) February 1, 2024

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Fiorella Tagliafico

Con información de EFE Servicios

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Esto, debido al incumplimiento de contrato al no construir 2.400 viviendas en un terreno ubicado en Mariche, municipio Sucre del estado Miranda.

Así lo informó la magistrada Bárbara Siero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ.

Asimismo, se informa que la sentencia del TSJ SPA N°. 930 19/10/2023 obliga a Odebrecht a reintegrar los montos del anticipo que se le habían otorgado.

En ese entonces, Seguros Caroní fungía como fiadora de Odebrecht por lo que deberá responder en caso de que la empresa no cumpla con el pago.

Sentencia SPA N°. 930 19/10/23. Condenada Constructora #Odebrecht por Incumplimiento de Contrato con @metro_caracas al no construir 2400 viviendas en el Estado Miranda. Deberá reintegrar los montos de anticipo solidariamente con la fiadora Seguros Caroní. https://t.co/SJRVwUqPzr pic.twitter.com/6AbnuexG6s

— BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO ⚖️🇻🇪 (@BarbaraCesarS) October 20, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios nacionales

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Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, como presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos, indicó la Fiscalía en una rueda de prensa.

Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI intervinieron en la suscripción de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista.

La entidad agregó que también imputará cargos a 22 personas más, entre los que figuran directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa para entregar más de 80.000 millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) en sobornos en Colombia.

Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista, entre otros.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de agencias, medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @AlternativaCol

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Además de sus bienes, la petición de la Fiscalía también incluye los que estén a nombre de su «entorno familiar«.

Actualmente, el expresidente peruano se encuentra en Estados Unidos en libertad bajo fianza mientras se resuelve su recurso de “habeas corpus”, con el que pretende frenar su extradición.

En su último recurso, Toledo alegó que la crisis política tras la detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 hace peligrar el debido proceso judicial, llegando incluso a asegurar que su seguridad estaría en peligro debido a que el actual estado de emergencia está «impulsado por prejuicios racistas».

Toledo está acusado por las autoridades peruanas de colusión y blanqueo de capitales en el marco de la investigación por sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, acusaciones que niega.

En el marco de esta operación, Toledo fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 con vistas a su extradición a Perú. Sin embargo, en marzo de 2020 logró la libertad bajo fianza alegando riesgos a su salud por la pandemia de coronavirus.

https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1636729102521466886

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Leison Bustamante

Con información de dpa y redes sociales

Fuente imagen referencial: Willax, vía web

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En definitiva, la multa total aumentó por encima de los 58 millones de dólares, de los cuales 57 corresponden a la constructora brasileña y otros 1,34 millones a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) por acuerdos colusorios verticales, según señaló un comunicado.

El llamado acuerdo colusorio vertical se dio entre la Celec, en calidad de entidad contratante, y Odebrecht como proveedor estatal, para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, así como la reparación del túnel de carga de la Central Hidroeléctrica Pucará.

Estas dos obras fueron adjudicadas por parte de Celec a Odebrecht e incrementaron en 130 millones de dólares el precio a lo largo de su construcción, provocando que se cancelen montos superiores a lo previsto en los presupuestos.

Autoridades de Ecuador también impusieron medidas contra los directivos

El organismo acusó a las empresas de infringir el artículo 11, numeral 21, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (Lorcpm), que prohíbe y sanciona los acuerdos colusorios verticales, efectuados entre operadores económicos, en procesos de contratación pública, cuyas actuaciones fueran realizadas al margen de lo previsto en la ley.

«El acuerdo colusorio vertical que sirvió para la adjudicación de los procesos de contratación pública distorsionó la competencia por cuanto eliminó la incertidumbre en el mercado», explicó la institución.

En última instancia, el regulador ecuatoriano impuso como medida correctiva a Odebrecht la implementación de un programa de “compliance”, con el objetivo de «capacitar a los directivos de los sancionados respecto de los acuerdos colusorios verticales».

Conozca lo que se descubrió sobre la colusión de #Odebrecht con la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en la adjudicación de dos concursos públicos: https://t.co/MoPr5zkjF3 pic.twitter.com/qjPhsEEDTx

— Revista Vistazo (@revistavistazo) June 21, 2022

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María Gabriela Moncada

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El juez, que dijo haber firmado el documento en la víspera, lo reveló durante una entrevista con el canal de televisión local Teleamazonas, el mismo día que se conoció que Bélgica otorgó el asilo político con estatus de refugiado a Correa, quien siempre negó las acusaciones y aseguró ser objeto de una persecución política.

El expresidente ecuatoriano fue condenado por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama de corrupción donde se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas compañías, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

Esto es lo que aseguró el abogado de Correa https://t.co/pc9YrfNJPn pic.twitter.com/jJOMphVh3s

— Teleamazonas (@teleamazonasec) April 22, 2022

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María Gabriela Moncada

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Humala, de 59 años de edad, es un exteniente coronel del ejército que gobernó entre 2011 y 2016, a quien la fiscalía acusa de lavado de activos por recibir aportes ilegales de tres millones de dólares para la campaña que lo llevó al poder.

“Este juzgado va a llevar a cabo este proceso penal a nivel de juzgamiento: la audiencia es virtual por motivos de salud pública”, dijo la presidenta del tribunal Nayko Coronado al dar inicio a la primera audiencia, según imágenes de televisión que transmite en vivo la sesión.

La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Humala y 26 años para su esposa por “ocultamiento de compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. Esas compras habrían ocurrido con parte de los aportes de campaña, según la investigación fiscal.

La fiscalía peruana presentó al juzgado una relación de 285 testigos para interrogar por este caso

La jueza Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, preside el tribunal de tres magistrados que decidirá la suerte de la pareja Humala y otros nueve acusados, entre ellos el hermano y la madre de Nadine Heredia.

La acusación presentada en 2019, incluye un pedido para que se disuelva el Partido Nacionalista Peruano de Humala, sindicado como una banda que habría recibido dinero ilegal para financiar las campañas de 2011 y 2006.

La fiscalía sostiene que ya en la campaña de 2006 la pareja habría desviado unos 200.000 dólares, enviados supuestamente por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez.

El exmandatario y su esposa ya estuvieron nueve meses en prisión preventiva en 2017-2018 por este caso. Ambos rechazan las acusaciones.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales