En un comunicado, señalaron que la conformación de una nueva directiva del organismo electoral y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían «resultados concretos» de ese proceso de negociación que pueden «producirse en los próximos meses».

Por tanto, no ven «razones transparentes, técnicas ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre».

«Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible», propusieron.

Por la reinstitucionalización democrática

Hace una semana, el chavismo y un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera cerraron el primer ciclo del diálogo con dos acuerdos, entre ellos la renovación completa del TSJ, cuyos jueces son acusados de servir al gobierno.

Según el grupo de ONG, la mesa de negociación «necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana» y el tema electoral «ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas».

En ese sentido, advirtieron que postergar la renovación del CNE «puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional», mientras que activar la agenda electoral junto con la judicial «puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza».

«Nuevas instituciones conformadas por personas idóneas y mediante mecanismos transparentes constituirían una señal concreta de que el diálogo puede generar cambios y abrir una ruta hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela», aseguraron.

Además, permitirían «comenzar a recuperar un activo que no puede subestimarse: la confianza de la ciudadanía».

«Después de años de promesas incumplidas, incertidumbre y frustraciones acumuladas, esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad. Necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar», expresaron.

Para estas ONG, unas elecciones parlamentarias y presidenciales «libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro».

Sin María Corina ni Edmundo

En el primer ciclo de la negociación, en la que no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, las partes también suscribieron un acuerdo centrado en recuperar el oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del reciente doble terremoto.

La actual junta directiva del CNE, encabezada por Elvis Amoroso, dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 sin publicar los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.

La oposición liderada por Machado denunció fraude y reclamó la victoria de quien fue su candidato, González Urrutia, con base en más del 80 % de las actas que asegura haber recogido a través de sus grupos de defensa del voto.

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La iniciativa fue presentada por el secretario general nacional del MPV, Simón Calzadilla, a través de una misiva dirigida a Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo.

Propuestas clave en materia económica e institucional

Entre los planteamientos centrales enviados a la mesa de negociación destacan:

Técnicos al frente del BCV y Finanzas: Nombrar profesionales independientes en el BCV y en el Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar una política fiscal equilibrada y restablecer un sistema cambiario simple.

Diagnóstico económico: Calzadilla advirtió que la alta inflación y la devaluación sostenida del bolívar derivan de políticas erráticas. Señaló que la crisis se agrava pese a un incremento superior al 100 % en los ingresos petroleros, lo que evidencia que el problema central es de gestión y no de falta de recursos.

Transparencia y control: Propuso la designación de un nuevo contralor general y la creación de una instancia plural de gestión abierta y transparencia virtual para supervisar el uso de fondos públicos, priorizando la recuperación del sistema eléctrico y la atención a la emergencia por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Solo con un impacto tangible y sustancial en el nivel de bienestar podrán generarse expectativas positivas y un clima político nacional adecuado que haga viable un proceso de reconciliación nacional», afirmó Calzadilla.

Contexto del proceso de negociación

La propuesta surge tras la conclusión del primer ciclo del proceso de diálogo, el cual cerró con dos acuerdos fundamentales: la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia y las gestiones para la recuperación del oro custodiado en el Banco de Inglaterra, recursos destinados a atender a los damnificados por el doble sismo de junio (que dejó más de 6.300 fallecidos y cerca de 18.000 personas sin vivienda).

Cabe destacar que en esta mesa de conversación no participan los dirigentes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

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Dinorah Figuera ingresó al país por el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui acompañada de una delegación de exdiputados integrados por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por parte del oficialismo, la contraparte negociadora está encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, junto a Pedro Infante, Jorge Arreaza, las diputadas América Pérez y Génesis Garvett, y la ministra Ana María Sanjuán.

Ejes de negociación

A su llegada, la dirigente opositora precisó que la prioridad inmediata del diálogo será abordar la crisis humanitaria provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio, desastre que dejó más de 6.000 fallecidos, cerca de 17.000 heridos y miles de damnificados.

Asimismo, Dinorah Figuera adelantó los principales ejes políticos de la mesa de negociación:

Evaluación del impacto del sismo: Reconocimiento de las zonas afectadas y diseño de mecanismos directos de acompañamiento e insumos para las víctimas.

Reinstitucionalización: Negociación para la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de restaurar garantías civiles y políticas.

Cronograma de trabajo: En declaraciones a medios nacionales, estimó que el proceso se extenderá gradualmente y prevén presentar los acuerdos finales hacia diciembre de 2026.

Contexto político

Este acercamiento directo se da bajo el impulso de la administración estadounidense y la mediación del secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de la coyuntura política tras la detención de Nicolás Maduro el pasado mes de enero y el posterior ejercicio de la presidencia encargada por parte de Delcy Rodríguez.

El proceso actual se desarrolla sin la incorporación de los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes han expresado su expectativa de que estas conversaciones se traduzcan en una ruta hacia elecciones presidenciales.

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Con información de EFE Servicios y medios nacionales

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«Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas», indicó el portavoz estadounidense del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado.

Estados Unidos expresó su «satisfacción» por «las declaraciones realizadas por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino», añadió la nota.

El hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez, y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mantuvo un primer contacto telefónico el sábado con la exdiputada opositora Dinorah Figuera, durante el que acordaron abordar la transición democrática y la atención a las víctimas de los devastadores sismos de junio.

Washington apoyó «el lanzamiento de iniciativas lideradas por Venezuela para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio», que dejó más de 6.000 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

Un proceso «inclusivo y efectivo»

Rodríguez explicó que se trata de un proceso «inclusivo y efectivo» con «metas claras y verificables» mientras que Figuera afirmó que el diálogo tiene como fin la «transición democrática» y «la atención a las víctimas» de los terremotos.

Según Pigott, Estados Unidos está comprometido con el diálogo para «fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano».

«Confiamos en que este trabajo pueda brindar resultados tangibles para los venezolanos», añadió el Departamento de Estado.

Rodríguez y Figuera anunciaron una primera reunión presencial en Caracas «la próxima semana», sin precisar hora o ubicación.

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Con información de EFE Servicios

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«La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela», declaró Ramdin en la red social X.

El secretario general subrayó que la OEA está comprometida con la Carta Democrática Interamericana, que establece los principios de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el bienestar.

«El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo», añadió.

El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que respalda al gobierno interino de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, aplaudió la apertura de este diálogo.

La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.

En términos jurídicos, Venezuela sigue figurando como Estado miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío dado que el gobierno de Maduro inició los trámites para abandonar el organismo.

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Con información de EFE Servicios

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«Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien o contra alguien o para excluir a alguien. En esa línea, una negociación excluyendo a María Corina Machado, y lo que representa, está condenada a fracasar», indicó Capriles en su cuenta de X.

El pronunciamiento del también dos veces candidato presidencial llega un día después de que la opositora Dinorah Figuera señalara que convocará a «todos los sectores democráticos» para las conversaciones que iniciará con el chavismo, en nombre de un grupo opositor que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

«Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego. Son los intereses de los venezolanos los que están en juego», remarcó Capriles, quien fue candidato a la presidencia en 2012 y 2013.

El pasado 18 de junio, Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento electo en 2015, llegó a Venezuela luego de ocho años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con el actual líder del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos.

Las conversaciones quedaron en suspenso tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Postura de María Corina Machado

El miércoles pasado, María Corina Machado y su abanderado Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, pero hasta la fecha no han trascendido detalles del encuentro.

La Líder opositora, quien se encuentra fuera de Venezuela y que ha denunciado impedimentos para entrar al país, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

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«Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro», señaló el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, desde Panamá en base a la traducción ofrecida por el organismo.

Estados Unidos sentó el pasado jueves en una mesa de negociación al Parlamento opositor de 2015, que defiende su continuidad, y al actual Legislativo oficialista en un intento por acelerar la transición en Venezuela después de casi seis meses de la captura del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro.

La Administración de Donald Trump anunció un plan para Venezuela, luego de la captura de Maduro en enero pasado, que consiste en una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la de transición.

El sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han propuesto una negociación «seria, firme y responsable» con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de EEUU para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial.

Ramdin dio esas declaraciones en una rueda de prensa previa a la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará en Panamá la próxima semana junto con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en el país centroamericano como intento de unificar a los Estados americanos.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, también presente en la rueda de prensa sostuvo que son «optimistas» y que esperan «que pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela» pues «la solución tiene que ser desde los venezolanos, pero siempre con democracia».

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«Se dejó muy claro que yo tengo la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación», dijo este jueves 4 de junio en una entrevista con la periodista Carla Angola desde Oslo, en alusión al conocido como «manifiesto de Panamá», presentado hace unos días por el sector mayoritario de la oposición venezolana.

La líder opositora aseguró que ésta es también la mejor opción para el oficialismo, que se encuentra en una situación «insostenible» y advirtió de que «puede pasar cualquier cosa» en Venezuela si el proceso de transición no se realiza de forma ordenada, pacífica y con garantías con todas las partes involucradas.

En este sentido, a Rodríguez le conviene entender que debe respetar «lo que el pueblo decide», afirmó la líder opositora, que viajó esta semana a la capital noruega para asistir al Oslo Freedom Forum, donde se dieron cita movimientos prodemocráticos liberales de todo el mundo.

«Si quiere negociar con otra persona, no está negociando con quien representa el pueblo de Venezuela en este momento y no es una negociación real», subrayó la Premio Nobel de la Paz 2025.

Respecto al proceso de negociación explicó que debe haber un protocolo claro y muy definido en cuanto a objetivos, plazos y maneras de ir evaluando los resultados y señaló también la necesidad de que el pueblo venezolano esté «en el medio» y muy bien informado de lo que se está discutiendo.

Machado aseguró que el oficialismo «por una vía o por otra va a salir» y tranquilizó a quienes quisieran que el proceso fuera más rápido o público señalando que ya se está produciendo «la desarticulación del sistema de represión y de corrupción».

Así, señaló como avances que algunos opositores hayan sido invitados a hablar en medios de comunicación venezolanos y que varios hayan podido regresar del exilio, así como la liberación de una parte de los presos políticos, aunque, según señaló, más de 400 siguen encarcelados.

María Corina Machado carga contra Zapatero

Durante la entrevista, María Corina Machado también aludió al expresidente español Rodríguez Zapatero, imputado como parte de una trama que, según un auto judicial, pudo haber intervenido en decisiones como la liberación de presos en Venezuela o en la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) en la salida del líder opositor Edmundo González Urrutia a España.

«La verdad se va a saber, todo va a salir a flote», advirtió la activista venezolana antes de señalar que ahora que se empieza a «jalar del hilo» y que todos los implicados empezarán a «echarse tierra los unos a los otros» para intentar exonerarse a sí mismos.

«Si algo me sorprende es lo impúdico… Se sentían tan intocables que fueron capaces de dejar todo por escrito, todas las pruebas, todas las evidencias. No se molestaron ni en borrarlo porque se sentían intocables, mas allá del bien y del mal», comentó.

En una agenda de color negro intervenida en uno de los registros contra el expresidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola , aparecen anotaciones manuscritas que, según el auto del juez José Luis Calama, «revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público» relacionadas con Venezuela.

«Todo se va a saber y por eso hay tanta gente preocupada en España y Venezuela», señaló la líder opositora y afirmó que «los venezolanos tenemos derecho a saber la verdad».

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«Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían -totalmente- llegar a un acuerdo, porque es realmente una amenaza (con implicaciones humanitarias)», dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario estadounidense reiteró que Cuba es «una nación fallida», lamentó que «no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas», y anticipó que los cubano-estadounidenses «se alegrarán cuando puedan volver» a la isla y reunirse con sus familias.

Veremos cómo sale todo

«Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro; y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba», declaró.

Asimismo, defendió que «no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada» fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de EEUU a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

Preguntado por si se analiza o plantea una operación militar como la que llevó a la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, Trump rechazó responder con amplitud sobre el tema, pero opinó que «no sería una operación muy dura» y compartió «no creer que eso sea necesario».

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Con información de medios internacionales, EFE y otras agencias de noticias, así como redes sociales

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«Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes», señaló PDVSA en un comunicado publicado en las redes sociales.

La estatal ratificó su compromiso de seguir «construyendo alianzas» que impulsen el desarrollo nacional en favor de los ciudadanos venezolanos y que contribuyan «a la estabilidad energética global».

El martes, Trump aseguró que el gobierno de Venezuela, dirigido ahora por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses durante una operación en suelo venezolano, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado del país norteamericano.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como «petroleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos».

Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petroleo en el mercado local «para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos».

Este miércoles, la Casa Blanca puntualizó que el crudo que Caracas acordó transferir a Washington para su comercialización incluye petróleo «sancionado» y «a bordo de buques» y añadió que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez «ha accedido a liberar» esos hidrocarburos.

Control del crudo venezolano

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el pacto «trata del petróleo sancionado almacenado en barriles y buques debido al efectivo bloqueo impuesto por Estados Unidos» a Venezuela, como parte de las presiones a Maduro.

Las declaraciones de la portavoz de la Administración republicana llegan horas después de que Washington capturara otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

Además, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo el miércoles que su gobierno controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo «indefinido».

El funcionario adelantó, en una rueda de prensa, que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, pero indicó que «esas ventas las hará el gobierno de EEUU y se depositarán en cuentas controladas por el gobierno de EEUU».

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«Es un acuerdo histórico para acabar el conflicto militar entre Camboya y Tailandia«, dijo Trump en una intervención desde el centro de convenciones de Kuala Lumpur, a donde llegó hoy en la primera parada de una gira asiática que también lo llevará a Japón y a Corea del Sur.

Tailandia y Camboya firmaron este domingo en Kuala Lumpur, ante al presidente estadounidense, quien medió en la negociación, un nuevo acuerdo de paz tras el conflicto bélico fronterizo que mantuvieron durante cinco días en julio, que causó medio centenar de muertos.

Ambas partes firmaron entonces un alto el fuego que se han acusado mutuamente de violar en los últimos meses.

«Esta es una de las ocho guerras que mi Administración ha terminado en solo ocho meses», dijo Trump al anunciar el pacto, al que llamó «Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur».

Trump amenazó en julio a Tailandia y Camboya con posponer la llegada de acuerdos comerciales, en medio de negociaciones por los elevados aranceles dirigidos al Sudeste Asiático, si no firmaban un alto el fuego.

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«No se puede tomar al Gobierno como rehén solo porque se quiere negociar sobre los costos de la atención sanitaria. Hagamos esa negociación, pero hagámosla abriendo el gobierno y asegurando que los servicios esenciales se presten de verdad al pueblo estadounidense”, dijo el vicepresidente JD Vance. en una entrevista con Fox News.

Vance insistió que están dispuestos a sentarse a negociar con la bancada opositora, pero «solo después de que hayan reabierto el Gobierno».

Vaticinó que «a medida que aumente la presión política y sigan estas negociaciones, veremos a más y más demócratas ponerse del lado de la razón y reabrir el Gobierno«.

Por otro lado, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió, en una entrevista con NBC, que su partido «no cederá» aún cuando la suspensión de las operaciones federales se prolongue por varias semanas.

«Han intentado dos veces que votemos a favor de su proyecto de ley, que no protege en absoluto la atención médica de los estadounidenses«, dijo Schumer, quien prometió que lucharán en «todas partes» para demostrar que este cierre es responsabilidad de los republicanos.

La incapacidad de los dos partidos para acordar un presupuesto antes de la fecha límite de este 1 de octubre provocó un cierre del Gobierno federal, el primero en siete años, que por el momento solo afecta a servicios no esenciales pero que podría comprometer otras funciones de la Administración si se prolonga el bloqueo legislativo.

El presidente Donald Trump acusa sin pruebas a la oposición de querer financiar servicios de salud para inmigrantes indocumentados, algo que los demócratas niegan.

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Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EE.UU. atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez, en la que proponía entablar conversaciones a través del enviado especial de EE.UU., Richard Grenell.

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.

«Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir», contestó.

Petición a Trump

En la carta de Maduro a Trump, el presidente venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia Reuters, Maduro señaló que solo un 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70 % de éstas.

Maduro también destacó a Grenell como un «canal que ha funcionado inmaculadamente» para resolver en el pasado las acusaciones de EE.UU. que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que Trump volvió a enarbolar.

EE.UU. ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce.

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«Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones«, expuso el movimiento en un comunicado.

Hamás reiteró que busca un pacto que ponga fin a la guerra, a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder, y que garantice la retirada de tropas de Israel del enclave. También volvió a remitirse a la propuesta dibujada por los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) y que el grupo islamista aceptó el pasado 18 de agosto, insistiendo en que el Gobierno de Benjamín Netanyahu todavía no ha dado respuesta.

«La ocupación no ha respondido hasta la fecha y ha continuado con sus masacres y su limpieza étnica. Consecuentemente, el movimiento está en constante contacto con los mediadores para transformar estas ideas en un acuerdo completo que reconozca las demandas de nuestro pueblo«, agregó el comunicado de Hamás.

Negociaciones Hamás-Israel

Las negociaciones han entrado en un tira y afloja de declaraciones, en las que Hamás insiste en el acuerdo de agosto y pide respuesta de Netanyahu mientras que el Gobierno israelí se mantiene en que Gaza debe ser controlada por su Ejército y que Hamás debe ser desmilitarizado.

Mientras tanto, este domingo se conoció que el enviado especial EE.UU. en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

Momentos después, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una «última advertencia» a Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes: «los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte«, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Además, una fuente de seguridad egipcia aseguró este mismo domingo que Egipto, Catar y Estados Unidos preparan una nueva propuesta que «ofrecerán esta semana», y que incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás, «el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja» para administrar el enclave palestino en la posguerra.

Los nuevos contactos para un acuerdo integral se producen después de que el pasado viernes se cumplieran 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de crecientes protestas en Israel para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás.

En estos 700 días de ofensiva, más de 64.300 palestinos han sido asesinados en Gaza por Israel, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás.

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Además, en el momento de su aprobación quedaron claras las discrepancias de algunos países, particularmente de Estados Unidos.

La resolución fue preparada por los embajadores de España y Costa Rica como «cofacilitadores», quienes durante meses han desplegado una intensa actividad negociadora con todos los países y expertos en tecnologías de la inteligencia artificial para lograr un documento lo más consensuado posible.

El panel que regulará el uso de la IA contará con 40 miembros que tendrán un mandato de tres años y deberán ser elegidos con criterios de equilibrio geográfico.

Se dedicará a proveer evaluaciones con base científica sobre «las oportunidades, los riesgos y los impactos de la IA» en un informe anual «no prescriptivo», es decir, que tendrá un carácter consultivo y no normativo.

Los 40 miembros, elegidos por la Asamblea General, serán personas con una experiencia probada en el campo de la IA, y no podrán ser funcionarios de la ONU.

Junto al panel ha sido aprobada la celebración anual de un «diálogo global sobre la IA» que debata en un marco abierto, con participación de funcionarios y expertos, sobre los retos que supone la IA «en los ámbitos social, económico, ético, cultural, lingüístico y técnico». Este diálogo se desarrollará alternativamente en Nueva Yor y Ginebra, las dos mayores sedes de la ONU.

Misión ante la ONU

Aunque el texto de la resolución fue aprobado por consenso, Argentina se descolgó a última hora y retiró su apoyo.

Según explicó un representante de su misión ante la ONU, la resolución «plantea elementos que no reflejan las prioridades ni los enfoques que sostiene Argentina», sobre todo porque recoge elementos del Pacto del Futuro de la ONU del que el país se ha «disociado».

Más ambigua fue la postura de Estados Unidos, que si bien no retiró su apoyo al texto completo, especificó que no se siente representado en aquellos párrafos que contienen referencias al «género» ni a los objetivos de desarrollo sostenible.

Además, su representante ante la Asamblea quiso subrayar que el panel internacional que supervisará la inteligencia artificial «es no vinculante» y por consiguiente «no es necesario estar de acuerdo en áreas de entendimiento común».

En el fondo, la representante de EE.UU. lanzó un torpedo contra la línea de flotación del mismo panel que hoy nace, cuando su representante dijo que su país «rechaza los esfuerzos de organismos globales de hacer valer una influencia indebida sobre la gobernanza de la IA (porque), la sobrerregulación incentiva la centralización, sofoca la innovación e incrementa la posibilidad de censura».

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«Se trató, entre otras cosas, sobre la posible reanudación de las negociaciones directas entre representantes de Rusia y Ucrania», dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, durante una rueda de prensa telefónica.

La cuarta reunión entre Putin y Witkoff tuvo lugar en el Kremlin después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que se acaba el tiempo para lograr un arreglo con mediación de la Casa Blanca.

A día de hoy, las posturas parecen irreconciliables, ya que Rusia prefiere negociar mientras continúan los combates, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha exigido un cese de las hostilidades antes de sentarse con su enemigo.

De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció la «actividad terrorista» ucraniana en territorio ruso, donde este viernes murió un general del Estado Mayor ruso al explotar un coche bomba.

Negociaciones directas entre Rusia y Ucrania

Ushakov destacó que la reunión, que se prolongó durante tres horas, sirvió para «acercar posturas» entre el Kremlin y la Casa Blanca.

«Fue una reunión constructiva y muy útil», señaló el diplomático ruso en su breve intervención.

Putin se mostró por primera vez dispuesto a reanudar los contactos directos con Kiev esta semana al aludir a una posible tregua de 30 días en los ataques contra la infraestructura civil, a propuesta de Zelenski.

«Esto todo debe ser estudiado de manera minuciosa, incluso, a nivel bilateral», dijo entonces. La palabra «bilateral» desató todo tipo de especulaciones sobre una inminente reanudación de las negociaciones de paz.

Además, valoró altamente que durante la tregua de Pascua -30 horas durante el 19 y 20 de abril- se produjo por vez primera una disminución de los combates en la mayoría de los sectores del frente, aunque ambos bandos siguieron acusándose de violaciones.

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«Yo aspiro a que los que están presos salgan por una negociación», declaró Rosales durante una rueda de prensa desde la ciudad de Maracaibo, la capital del Zulia, y aseguró que han planteado esta posibilidad «varias veces».

Manuel Rosales recordó que él estuvo «seis años en el exilio y más de un año preso», e indicó que fue liberado por una «negociación».

«Es a partir de una negociación como podemos salir de este grave hueco en el que caímos. Un hueco feo, que nos ha llevado a este desastre», agregó el opositor, para quien Venezuela ya tiene «25 años en este permanente conflicto, en esta permanente lucha, en procesos donde se gana y se pierde», lo que consideró «parte de la competencia».

Asimismo, Rosales, candidato a la reelección por el Zulia para los comicios regionales del 25 de mayo, insistió en que «la abstención, la violencia o las sanciones económicas jamás han sido eficaces como métodos de lucha, ni para provocar el cambio político» en el país.

«En la política y en la vida todos hablamos y si hablar es negociar, hay que negociar y hablar», reiteró el dos veces alcalde de Maracaibo y quien ocupa, desde diciembre de 2021, por segunda ocasión la gobernación del estado petrolero.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 personas que considera como presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

En el contexto poselectoral, más de 2.400 personas fueron arrestadas, de las que 2.006 han sido excarceladas, según la Fiscalía, que acusa a los detenidos después de los comicios de «terroristas» y niega, al igual que Maduro, que sean presos políticos, sino que aseguran cometieron varios delitos.

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«Respeto a la Constitución, voluntad sincera de diálogo y liberación plena de las víctimas de detenciones arbitrarias y juicios injustos constituirían una significativa contribución del gobierno a la gestación de un clima propicio a un proceso de negociación con participación de un espectro amplio de actores para una transición pacífica a la democracia», señaló el Consejo Universitario en un comunicado publicado en X.

La UCV reiteró la oferta de sus espacios «siempre abiertos para el encuentro respetuoso y el debate constructivo», al tiempo que dijo que pone sus capacidades intelectuales y sus competencias técnicas al servicio del interés nacional, para que «reinen en Venezuela la verdad, la justicia, la libertad y la paz».

Asimismo, dijo que la Constitución proporciona el «marco adecuado» para la búsqueda de los «entendimientos indispensables entre los distintos sectores que componen el cuerpo de la nación, de cara a la restauración plena del orden democrático».

La nueva crisis después del #28Jul

La UCV indicó que la crisis venezolana se profundizó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador, mientras que la oposición mayoritaria reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

El CNE no ha publicado los resultados desagregados que confirmen la victoria de Maduro, pese a que así está establecido en su cronograma oficial, al tiempo que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que ha reunido el «85 % de las actas electorales» como evidencia del triunfo de González Urrutia.

Ante esto, la UCV indicó que la «inobservancia» por el CNE de las «prescripciones legales en que se funda la confiabilidad del proceso, y las actuaciones de ese y otros poderes públicos con prescindencia de aquella obligación, incluido el acto de juramentación del cargo presidencial el pasado 10 de enero, están, por lo tanto, en el centro mismo de la crisis nacional».

«En lugar de corregir los errores mediante la negociación de acuerdos con los diferentes actores institucionales, sociales y políticos, el gobierno nacional ha optado por reprimir las manifestaciones de descontento popular y perseguir hasta las más inocuas formas de disidencia», subrayó.

Añadió que esta «represión» vulnera el Estado de derecho, «reduce casi hasta su desaparición el espacio cívico, atenta contra los derechos humanos y estimula la emigración, al paso que construye y difunde a través de su aparato propagandístico una narrativa que conviene a sus propósitos».

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«El liderazgo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acaba de entregar su respuesta a los mediadores sobre el acuerdo de alto el fuego propuesto», anunció la organización en un comunicado tras la reunión de urgencia de su buró político.

«El movimiento abordó el asunto con plena responsabilidad y positividad, en consonancia con su deber hacia nuestro firme pueblo en la orgullosa Franja de Gaza, con el objetivo de poner fin a la agresión sionista y poner fin a las masacres y el genocidio al que está siendo sometido», concluyó el comunicado de los islamistas.

Esta tarde, Hamás se reunió con una delegación de la Yihad Islámica Palestina en Doha para tratar la evolución de las negociaciones, dada la presencia de este grupo armado en Gaza, donde custodia a un número indeterminado de los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra.

Medios israelíes aseguran que las partes tratan de resolver demandas de última hora de Hamás con respecto al corredor de Filadelfia, la franja de 14 kilómetros en la frontera entre Gaza y Egipto.

Esta tarde, fuentes próximas a las negociaciones aseguraron a EFE que las partes habían acercado posturas respecto a la gestión del corredor, una de las grandes discrepancias en las negociaciones durante meses.

Las partes habrían acordado la progresiva retirada de las tropas israelíes de la ciudad sureña de Rafah, fronteriza con Egipto, en la primera fase. En la segunda y tercera Israel y Hamás negociarían la salida de las tropas del corredor de Filadelfia.

Postura de Israel sobre Gaza

El ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, dijo este miércoles que el pacto del alto el fuego con Hamás, que parece haberse alcanzado, «es un acuerdo doloroso», porque Israel tendrá que soltar «a terroristas y asesinos peligrosos» a cambio de la liberación de los rehenes israelíes que siguen en Gaza.

«Es un acuerdo muy difícil, doloroso, pero es muy importante para nosotros que nuestros hombres, nuestra gente, sean liberada del cautiverio», declaró Saar, durante su estancia en Italia, en una entrevista en el programa ‘Cinque Minuti’ de la cadena pública Rai.

«Al mismo tiempo es muy doloroso porque tiene que tiene que ver con la liberación de terroristas muy peligrosos, incluidos asesinos que tendrán que salir de nuestras cárceles», agregó.

En la rueda de prensa conjunta que celebraron ayer martes, Saar aseguró que hay una «verdadera voluntad» por parte del Gobierno israelí para llegar a una tregua, y afirmó que se prevé que el pacto sea «gradual» y tenga varias fases, una primera de 42 días de duración y una segunda «más complicada», a la que se entrará a partir de nuevas negociaciones si la primera etapa tiene éxito.

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El 17 de octubre de 2023, una delegación del Gobierno y otra de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal bloque opositor- se reunieron en Barbados, donde pactaron, bajo la mediación de Noruega, respetar el «derecho de cada actor político de seleccionar su candidato», actualizar el registro electoral, invitar a veedores internacionales y promover un clima pacífico, entre otros puntos.

Sin embargo, pese a estas y otras garantías contempladas en el documento, los pasados comicios, lejos de resolver la inestabilidad política, agravaron la confrontación entre ambas partes, que se dan por ganadoras con base en unos resultados que el CNE no publicó de forma desagregada.

Según dijo a EFE el exdiputado Stalin González, integrante de la delegación opositora en Barbados, tras los comicios se han alejado «más las posiciones», por lo que hoy resulta «mucho más difícil» alcanzar el acuerdo que, a su juicio, urge al país, a menos de tres meses de la toma de posesión presidencial, el 10 de enero.

Un nuevo acuerdo

Para González, en beneficio de una nación que quiere vivir «bien y tranquila», y pese a que el oficialismo no cumplió lo pactado en Barbados, ambas partes deben sentarse nuevamente y negociar un acuerdo que garantice que «haya una convivencia política», más «no cohabitación», y que no se va a «perseguir a nadie».

En ese sentido, prosiguió, hay que dar una «señal clara» de que la oposición no representa una «amenaza» para «el chavismo en términos personales».

«Somos una amenaza en términos políticos porque tenemos una propuesta política distinta, porque queremos llegar al poder para ejercerlo de manera distinta, pero no para perseguir», dijo.

El Gobierno, según González, tiene que «entender» que «hay un deseo grande de cambio», que su proyecto «ya es inviable» y que, por tanto, debe impulsar un acuerdo que «retome el camino que dice la Constitución» para tener «una democracia plena», con «separación de poderes».

Llamados entre gobierno y oposición

El Parlamento comenzó este mes un diálogo para ajustar la legislación electoral, sin la participación de la PUD, que rechazó la convocatoria y, a su vez, llamó a una «negociación seria» para una «transición» de cara al 10 de enero, al insistir en que el ganador fue su líder, Edmundo González Urrutia.

El jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, rechazó ese llamado, al asegurar que el chavismo no acepta «reuniones secretas, ni reuniones en capillas, ni en ninguna otra parte que no sea» el Parlamento, donde se desarrolla, desde el 3 de octubre, el proceso para revisar leyes electorales, de cara a las votaciones regionales y municipales previstas para 2025.

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