En su nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.

Leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los «colectivos», fuente permanente de intimidación y violencia, alerta la misión de tres expertos.

Periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen.

En la parte positiva, la misión observó este año una disminución significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, así como «un margen algo mayor» para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.

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Con información de EFE Servicios

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Andreína Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), entregó un documento a la Cancillería para solicitar que también se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y que, al igual que la CIDH, constaten las «violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos», según declaró a los medios presentes.

Asimismo, Baduel -también hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y preso político fallecido en 2021- abogó por el ingreso de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, que ha solicitado acudir a Venezuela para «constatar la situación de violaciones de derechos humanos y no se lo han permitido».

El documento entregado tiene cinco solicitudes del CLIPP, entre ellas que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos necesarios para la visita de otras organismos como la CIDH, y la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.

Además, se piden autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda de manera regular a los centros de detención de Venezuela para evaluar las condiciones de «salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de las personas privadas de libertad».

También se solicita un mecanismo de comunicación directa entre el CLIPP y la Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para informar a organismos internacionales sobre los casos de «muertes bajo custodia y desapariciones forzadas que aún no han sido esclarecidos».

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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«Exigimos al Estado venezolano (…) permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos», dijeron en un comunicado conjunto de Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz.

En el documento, leído en una rueda de prensa para exigir la libertad de los presos políticos, también se pide a las autoridades que permitan el ingreso «inmediato» de organismos internacionales de derechos humanos y de asistencia humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

También exigieron permitir el «acceso regular» de familiares y abogados a las cárceles, así como una atención médica «oportuna» con información «pública y transparente» ante las denuncias de suspensión de visitas.

Las ONG hicieron estas peticiones con el fin de que se pueda verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos.

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La resolución que incluía esta prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones en la última jornada de la 57ª sesión del Consejo.

La misión, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuya labor es investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).

La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada el pasado febrero.

Presos políticos en Venezuela

Insta ante ello a Venezuela a «poner fin a la represión y persecución selectivas que se están llevando a cabo en todo el país por motivos políticos» y a liberar a todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria, «incluidos los presos políticos».

Por otro lado, la resolución afirma que «solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual» en Venezuela, una solución «que incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar».

El texto de la resolución fue inicialmente patrocinado por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay, y se unieron en su apoyo alrededor de medio centenar de miembros de la ONU. Según sus promotores, la renovación del mandato de la misión investigadora era necesaria tras el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela con las elecciones de julio.

Cuba, Bielorrusia, Rusia y Eritrea trataron de frenar la aprobación del texto presentando cinco enmiendas, en particular una de la delegación cubana que pedía expresamente retirar la parte del texto en la que se prorrogaba la misión investigadora.

Ninguna de las cinco enmiendas logró los 24 votos necesarios (de 47) para salir adelante, pese a contar en todos los casos con el sí de China y Cuba, además de otros países.

La delegación venezolana criticó antes de la votación el texto de la resolución, asegurando que el Gobierno de Maduro «no reconoce los mandatos impuestos bajo criterios selectivos, politizados y de doble estándar«.

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A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano rechazó, «de manera contundente», las declaraciones emitidas por la misión en la presentación de un nuevo informe, con lo que, según Caracas, el mundo «ha sido testigo hoy de una de las páginas más vergonzosas en materia de derechos humanos».

La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, dijo, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que las autoridades venezolanas «invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno», y señaló que se ha pasado a un periodo más violento para «silenciar las voces» del antichavismo «a cualquier precio».

La Administración de Nicolás Maduro acusó a la misión de emitir «juicios parcializados con fines meramente políticos» y de ser «cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela» y que, «reiteradamente, han exhibido planes de asesinar» al mandatario Nicolás Maduro y «causar caos y destrucción a su pueblo».

Por tanto, el Gobierno instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a «desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado» el país y que «utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica».

#Comunicado 📢 Venezuela rechaza de manera contundente las acusaciones infundadas y mentiras emitidas por la falsa y vergonzosa Misión Internacional de Determinación de los Hechos en su reciente presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones… pic.twitter.com/RUABcdD5bp

— Yvan Gil (@yvangil) March 20, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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Fuente de imagen referencial: EFE/ Bienvenido Velasco

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