El estudio «Oro tóxico» elaborado por Greenpeace Brasil muestra cómo la extracción de este metal es «una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el país y afecta de forma desproporcionada a las comunidades indígenas y grupos vulnerables».

El mercurio utilizado durante el proceso de extracción «contamina la selva y los cursos de agua, y pone en peligro la vida salvaje y la salud humana», según la organización.

La investigación analiza el camino del oro ilegal desde la Amazonía hasta los mercados mundiales y revela que, en 2024, los principales destinos fueron Canadá, Reino Unido y Suiza todos «importantes centros internacionales de refinado y comercio», donde Suiza destaca como «puerta de entrada de más de la mitad de las importaciones de oro de la Unión Europea».

El informe señala discrepancias en los datos oficiales sobre el comercio de oro: las importaciones suizas «superaron las exportaciones declaradas por Brasil en un 67 % en 2022 y en un 62 % por en 2023», lo que sugiere «importantes irregularidades».

Además, la organización ambiental considera «poco probable» que la demanda mundial de la minería ilegal disminuya y señala que, «sólo en 2024 el precio del oro aumentó un 44 % y muchos bancos centrales han manifestado su intención de acumular reservas de oro».

«El hambre mundial de oro destruye la selva amazónica y esto debe cambiar»; los minoristas internacionales tienen que «revelar sus cadenas de suministro y garantizar que el oro ilegal queda fuera del mercado», según el responsable de la campaña sobre minería ilegal en la Amazonía, Harald Gross.

Extracción ilegal en tierras indígenas

El expresidente Jair Bolsonaro «debilitó deliberadamente los controles medioambientales en la Amazonía», lo que desencadenó «una explosión de la exploración minera entre 2018 y 2022, con un asombroso aumento del 265 % en la extracción ilegal en tierras indígenas», según el informe.

Desde 2023, el actual Gobierno brasileño ha intensificado los esfuerzos de seguridad y vigilancia en áreas clave, pero la minería ilegal continúa adaptándose y extendiéndose por la selva», lo que «subraya la necesidad urgente de estrategias sostenidas a largo plazo».

Los datos analizados en el estudio (2023-2024) muestran que la acción gubernamental para combatir esta actividad destructiva «no está produciendo una disminución», sino un cambio en los territorios indígenas afectados.

De esta manera, mientras que las actividades mineras se redujeron en las tierras Yanomami, Munduruku y Kayapó, en un 7 %, un 57 % y un 31 % menos respectivamente, el territorio Sararé experimentó un ascenso dramático, con un aumento de actividades de minería ilegal del 93 %.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Greenpeace

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