«¡El gobierno debe convocar YA a los sectores económicos y sociales del país y buscar un gran ACUERDO sobre el ingreso de la gente!», escribió en X el también dos veces candidato presidencial.

Capriles exigió a las autoridades mejorar el ingreso de los venezolanos «de manera inmediata» y señaló que las protestas sociales «son la expresión de lo que está pasando».

«Ignorarlas o descalificarlas es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación», agregó.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, volvieron el miércoles a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

Se concentraron en la sede de la UCV, donde realizaron una asamblea y posteriormente una marcha por los alrededores de la casa de estudio, en la que exigieron el aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde hace cuatro años, unos 0,28 dólares mensuales a la tasa oficial.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

En febrero pasado, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que divulgó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

El 14 de marzo, Delcy Rodríguez informó de la entrada de 300 millones de dólares a un fondo creado para la «protección social» de los trabajadores y que, dijo, son procedentes de una «venta extraordinaria» de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura de este sector, corazón de la economía venezolana, a la inversión privada y extranjera, mientras se estrechan los acercamientos con Estados Unidos.

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Con información de EFE Servicios

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«La economía no se decreta ni se controla con un látigo. Los problemas se solucionan con políticas estructurales de avanzada en materia económica y no con un modelo fracasado y obsoleto», señaló la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, citada en una nota de prensa.

A juicio de Verdeal, la «alarmante» situación económica y salarial de los trabajadores venezolanos «no podrá resolverse si el gobierno sigue evitando el diálogo para discutir la contratación colectiva y demás beneficios laborales».

«Es inconcebible que un ciudadano que está en el poder y que se hace llamar presidente obrero haya acabado con el salario, las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores», añadió la vicepresidenta del MAS.

El pasado 30 de abril, Maduro anunció un alza del 23 % al denominado «ingreso mínimo integral» del sector público, que pasó de 130 a 160 dólares, que reciben los empleados oficiales en su equivalente en la moneda nacional, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, mientras mantuvo congelado el salario mínimo general en 130 bolívares.

La última vez que Maduro aumentó el salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, monto que se redujo debido a la devaluación del bolívar frente a la divisa estadounidense, principal referencia para cotizar bienes y servicios en el país.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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El desafío educativo

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó que, aunque el número total de reclamos y denuncias laborales disminuyó un 58,42 % en comparación con enero de 2023, los empleados de la educación tuvieron un papel destacado en la lucha.

Su participación fue mayor en términos porcentuales, demostrando su compromiso con la causa.

Tendencias regionales

El Distrito Capital fue epicentro de las manifestaciones de inconformidad, concentrando un 26,76 % del total. Le siguieron los estados de Bolívar, Lara y Carabobo, cada uno con su cuota de protestas. En este mes, más regiones se sumaron a las demandas.

El descontento de los trabajadores se acentuó tras el anuncio presidencial de mantener el salario mínimo en Bs 130 (equivalente a 3,58 dólares) desde marzo de 2022. Además, el incremento del bono de guerra económica de $30 a $60, pagadero en bolívares, solo afectó a los empleados de la administración pública.

Esto no influye en cálculos de prestaciones sociales, vacaciones ni aguinaldos. Las protestas de empleados del sector público representaron un 94,6 % del total.

📢Venezuela sumó 74 conflictos laborales en enero, la mayoría protagonizados por trabajadores del sector educativo, quienes exigieron mejoras salariales y de las condiciones de sus empleos, informó este martes el Instituto de Altos Estudios Sindicales, Inaesin. pic.twitter.com/CVDofKVeUK

— Servicio de Información Pública (@infopublicave) February 6, 2024

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Mouad Bouallayel/Unsplash

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