«En el marco de las manifestaciones convocadas por la oposición, fue retenida la dirigente política María Corina Machado. Ante estos hechos, la Comisión recuerda que la lideresa es beneficiaria de medidas cautelares, otorgadas para garantizar que pueda desempeñar sus actividades de participación política sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas», indicó la CIDH en un comunicado de prensa.

El organismo resaltó que en repetidas ocasiones ha instado al Gobierno venezolano a detener las «detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas», que -según dice- han sido llevadas a cabo días antes de las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición «en rechazo a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro».

El equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia -quien asegura que tomará posesión de la Presidencia- denunció el jueves el «secuestro» de Machado -que después fue calificado como «retención» por sus colaboradores- y posterior liberación de la exdiputada tras participar en una protesta en Caracas en la víspera de la toma de posesión de la Presidencia.

La líder confirmó después, a través de un video en redes sociales, que está en «un lugar seguro» y «con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final».

#CIDH condena las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en #Venezuela y recuerda que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares. #DerechosHumanos #Democracia

Comunicado de Prensa: https://t.co/K2FG9wAVcY#IACHR condemns the ongoing practices of state… pic.twitter.com/qO3vFoz9hF

— CIDH – IACHR (@CIDH) January 10, 2025

De interés: Oposición venezolana comienza movilizaciones por el mundo este #9Ene

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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El Ministerio Público solicitó en audiencia de presentación mantener a San Miguel privada de libertad.

Para Alejandro José Gonzáles De Canales Plaza la fiscalía requirió «medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de: Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación».

El pasado viernes 9 de febrero San Miguel fue detenida cuando se disponía a viajar por el aeropuerto de Maiquetía. Se le investiga por estar vinculada a un plan (denominado Brazalete Blanco) para el supuesto asesinato del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, informaron las autoridades.

Anoche se realizó la audiencia de presentación junto con Alejandro José Gonzáles Canales, expareja de la activista, y otros cuatro ciudadanos relacionados, presumiblemente sus hermanos, su hija y el padre de esta.

#AHORA..

En desarrollo audiencia de presentación de 6 ciudadanos: quienes luego de las #investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la Trama Conspirativa denominada #BrazaleteBlanco.

En tal sentido, el @MinpublicoVEN luego de #libradas las…

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 13, 2024

Abogados de San Miguel señalan que no se le respetó su derecho a la defensa

Los abogados de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, denunciaron que a la activista no se le respetó su derecho a la defensa y sigue incomunicada.

La aseveración fue publicada por la organización Justicia, Encuentro y Perdón en X, donde compartió un mensaje de la defensa técnica de San Miguel.

#ATENCIÓN | Informa la defensa técnica de Rocío San Miguel:

"Luego de la escueta información sobre la celebración de la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, difundida por el Ministerio Público, mediante un mensaje en la red social X, a las 9:54 pm del 12 de febrero,…

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 13, 2024

ONU: liberar a la activista y respetar sus derechos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una de las instituciones que ha manifestado pública preocupación y seguimiento a la detención de Rocío San Miguel.

La organización por medio de dicha oficina instó a la administración de Nicolás Maduro a liberar a la activista y respetar su derecho a la defensa.

Medidas cautelares y excarcelaciones

El titular del Ministerio Público en un comunicado más reciente detalló que  la audiencia a los seis ciudadanos se realizó ante el Tribunal 2do Contra el Terrorismo. En esta audiencia se ordenó privativa de libertad a San Miguel y a Alejandro Gonzáles de Canales.

Los ciudadanos restantes, Miranda San Miguel (hija de la activista), Miguel Ángel y Alberto San Miguel Sosa (hermanos) y Miguel Ángel Díaz Paruta (padre de Miranda), se les solicitaron medidas cautelares, que consistirán en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa.

En otro orden de ideas, Saab también denunció que hay una «feroz campaña desde el exterior» en contra del sistema de justicia de Venezuela.

COMUNICADO

En horas de la noche del día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, se realizó en el Tribunal 2do Contra Terrorismo la audiencia de presentación de seis… pic.twitter.com/v88BzpOh6K

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 13, 2024

De interés: San Miguel está detenida y es acusada de estar vinculada a un presunto plan de magnicidio

DOBLE LLAVE

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Fuente de imagen referencial: Ministerio Público – Archivo

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Este caso, iniciado el 29 de diciembre, acusa al Estado israelí de tener una «intención genocida» hacia los palestinos de la Franja.

Contexto legal

El caso, instigado por Sudáfrica, se centra en la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 con sus operaciones militares en Gaza.

El equipo legal sudafricano argumenta que declaraciones de altos cargos israelíes indican un «patrón de conducta genocida» en la política estatal.

Operaciones militares

Las acusaciones presentadas por Sudáfrica se enfocan en las operaciones militares de Israel en Gaza, sosteniendo que estas constituyen una violación de la Convención contra el Genocidio. Además, el equipo legal sudafricano destaca declaraciones de altos funcionarios israelíes como evidencia de un «patrón de conducta genocida» en la política estatal.

La decisión de la CIJ sobre las medidas cautelares tendrá repercusiones importantes en el conflicto entre Israel y Palestina. Se espera que la comunidad internacional esté atenta a este veredicto, que podría influir en la percepción global de las acciones de Israel en la región y en el marco legal internacional.

Escenario futuro

El anuncio de medidas cautelares, en caso de que la CIJ las imponga, marcará un hito en el caso presentado por Sudáfrica. El futuro desarrollo del proceso legal dependerá en gran medida de esta decisión, y las implicaciones podrían extenderse más allá del ámbito jurídico, afectando las dinámicas políticas y diplomáticas en la región.

#ÚLTIMAHORA | Hamás dice que acatará un alto el fuego si así lo ordena la Corte Internacional de Justicia. pic.twitter.com/5SkRvLLCVe

— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 25, 2024

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Tingey Injury Law

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En declaraciones a la prensa, la mandataria dijo que la Constitución precisa que su responsabilidad al frente del Ejecutivo es «hasta el 2026» para concluir el periodo de Castillo, elegido el año pasado con ella como vicepresidenta.

Pero añadió que «si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar».

Asimismo, al ser consultada sobre la solicitud de asilo hecho por el detenido expresidente Castillo a México, Boluarte respondió que «lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia ya lo tendrá que validar el gobierno mexicano».

Reiteró que Castillo dio «un golpe de Estado» el pasado miércoles, que sorprendió incluso a sus ministros quienes renunciaron «en cascada», pero que ella «quisiera en algún momento visitarlo y saber qué pasó».

Se acusa a México de injerencia

Este viernes, la cancillería peruana convocó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las «expresiones de las autoridades mexicanas» que, a juicio del gobierno, «constituyen una injerencia en los asuntos internos» de Perú.

«Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes», rezó un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pidiendo ayudar internacional para frenarle.

La información aclaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores le transmitió a Monroy «la extrañeza que han generado en el Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, respecto a los procesos políticos en el país».

Respecto al derecho de asilo invocado por Castillo, «se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen».

López Obrador reveló el jueves en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en el país andino.

«Habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono», dijo López Obrador.

Además, dijo que instruyó a Ebrard para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo.

«Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ni si quiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato», acotó.

Castillo fue arrestado «en flagrancia» por su propia escolta, minutos después de ser destituido por el Congreso.

Miles de personas toman las calles en #Perú para exigir nuevas elecciones, la liberación de #PedroCastillo y la renuncia de la nueva presidenta #DinaBoluarte

México quiere otorgarle asilo, pues lo considera víctima de una persecución política por parte de la justicia peruana/cc pic.twitter.com/HZUT6d00o7

— DW Español (@dw_espanol) December 9, 2022

Extrañeza respecto a Colombia

Además de la reacción sobre las autoridades mexicanas, la cancillería de Perú también convocó el viernes al encargado de negocios de Colombia en Lima «y le expresó su extrañeza por las declaraciones de autoridades de ese país sobre los acontecimientos recientes», según informó en Twitter.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Castillo.

¿Qué se dice en la calle?

Los seguidores de Castillo solicitan su libertad tras el fallido autogolpe intentado esta semana.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE, DW, otros medios internacionales y redes sociales

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«Al día de hoy en el Foro Penal registramos 261 presos políticos en Venezuela. Además, 9.414 personas siguen sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares«, escribió en su cuenta de Twitter el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

Himiob detalló que, entre los detenidos, hay 246 hombres y 15 mujeres. Además, 129 son civiles, entre ellos un adolescente, y 132 militares.

El pasado 6 de septiembre, la organización informó que 42 de los 262 ciudadanos considerados presos políticos en el país, en ese momento, internados en diversos centros de reclusión, se encontraban en una situación de salud crítica.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 20/09/2021 por @ForoPenal:

í: 261

Hombres: 246
Mujeres: 15

Civiles: 129
Militares: 132

Adultos: 260
Adolescentes: 1#Infografia #Balance #20S @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/7hzKwIn7u0

— Foro Penal (@ForoPenal) September 22, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

«Al día de hoy, en el Foro Penal registramos 268 presos políticos en Venezuela. Además, 9.406 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios, por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares«, indicó el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, en su cuenta de Twitter.

Director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob

Detalló que, por género, de los 268, 253 son hombres y 15 mujeres, mientras que por ocupación, 133 son militares y 135 civiles, entre ellos un adolescente.

«Desde 2014, se han registrado 15.741 detenciones políticas en Venezuela», agregó Himiob, quien detalló que el Foro Penal asistió gratuitamente a más de 12.000 detenidos que hoy se encuentran excarcelados y «a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos«.

#10Agosto

La ONG Foro Penal (@ForoPenal) registró 268 presos políticos en Venezuela hasta el 9 de agosto.

De esta cifra, 135 son civiles y 133 militares. Uno de ellos adolescente. https://t.co/Wc48O0ZCo0

— Mildred Manrique (@milmanrique) August 10, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

En esta oportunidad, se trata del tercer revés para Google en el país galo, luego de que en 2020 la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (CNIL), ente francés responsable en materia de privacidad, sancionase con 100 millones de euros a la firma, y que el pasado mes de junio la propia Autoridad de Competencia multó a la estadounidense con 220 millones por abusar de su posición dominante en el mercado de servidores publicitarios para editores web y aplicaciones.

Desacuerdo con la ley de los derechos afines

«La sanción de 500 millones de euros se explica por la excepcional gravedad de los incumplimientos constatados y que el comportamiento de Google ha conseguido diferir aún más la buena aplicación de la ley de derechos afines», detalló la presidenta de la Autoridad francesa, Isabelle de Silva.

De esta forma, la Autoridad de la Competencia francesa ordenó al gigante tecnológico presentar a editores y agencias de prensa una propuesta de remuneración por el uso de contenidos protegidos en un plazo de dos meses, advirtiendo de la posibilidad de imponer a la multinacional una multa de hasta 900.000 euros por cada día de retraso.

Google está decepcionada con la resolución francesa

Un vocero de la empresa expresó la decepción de la multinacional con la resolución de la Autoridad francesa al considerar que no tuvo en cuenta los esfuerzos de la compañía para alcanzar un acuerdo ni la realidad de cómo funcionan las noticias en la plataforma de Google.

Francia multa a Google con 500 millones por no negociar «de buena fe» con los medios de comunicaciónhttps://t.co/iZWS8NIYP6

— elDiario.es (@eldiarioes) July 13, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa y redes sociales

La decisión se da a través de la sentencia 240 con fecha del 11 de junio de 2021 la Sala Constitucional decidió levantar todas las medidas cautelares que habían sido dictadas contra dicha empresa.

El año pasado, el TSJ a través de la sentencia 145 del 2 de octubre de 2020 levantó algunas de las medidas que pesaban contra la mencionada empresa para así dar luz verde al proceso de compra de Directv por la compañía Scale Capital, S.A., explicó la ONG.

En ese entonces, la Sala Constitucional autorizó en sentencia 145 la operación de compra-venta de Directv y ordenó al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), para que procediera a inscribir y materializar la referida operación mercantil.

#AlertaLegal Mediante sentencia 240 del 11/06/2021 la Sala Constitucional decidió levantar todas las medidas cautelares que habían sido dictadas contra la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela, S.C.A. (Directv Venezuela). Se abre hilo #JusticiaVe pic.twitter.com/YjvjsCZ9L1

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 16, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales