«Los expresidentes llevan una palabra de esperanza, de solidaridad, y de acatamiento a lo que aquellos (los votantes) decidan libremente en un momento tan determinante de su historia», según la nota de IDEA.

Integrado por más de treinta exjefes de Estado y de Gobierno de España y Latinoamérica de distintas filiaciones políticas e ideológicas, IDEA es un ente no gubernamental que vela por la vigencia de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia constantes en la Carta Democrática Interamericana.

Los exmandatarios de IDEA alertaron en una reciente declaración sobre «la creciente represión» de la administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra las voces discrepantes, cuando faltan pocos días para las elecciones presidenciales.

El próximo 28 de julio, el presidente de Venezuela busca en los comicios un tercer sexenio consecutivo en el poder, en los que se enfrenta a nueve candidatos, entre ellos el opositor Edmundo González Urrutia, que según varias encuestas divulgadas figura como favorito.

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DOBLE LLAVE

Con información de redes sociales, agencias, medios nacionales e internacionales

Fuente de imagen referencial: Archivo – Redes sociales

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Las autoridades presumen que el ex primer ministro italiano habría tratado de mediar en la venta de varias naves y aviones de guerra, en una operación por la que esperaban repartirse 80 millones de euros.

80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno.

La investigacion italiana avanza, solicito a la fiscalía iniciarla en Colombia.
https://t.co/FQkiFwBjt7

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

La investigación de la Fiscalía de Nápoles, revelada este martes por el Corriere della Sera, incluye también a Alessandro Profumo, exconsejero de administración de Leonardo, y a Giuseppe Giordo, exdirector general de la división de buques de guerra de Fincantieri, entre otros.

El mandatario colombiano cuestionó los «80 millones de dólares en sobornos» que «se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior Gobierno».

«La investigación italiana avanza, solicito a la Fiscalía iniciarla en Colombia», exigió Petro en un mensaje difundido a través de la red social Twitter.

¿Cortinas de humo?
¿Sobornos por 400.000 millones de pesos en el pasado alto gobierno?
Esto es peor que Odebrecht.https://t.co/FQkiFwBjt7 https://t.co/pVTjE61KYj

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

La exvicepresidenta y excanciller de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, se desmarcó de las acusaciones y aseguró que en su cargo no tuvo «funciones de compra de equipo militar».

«Ni como vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar, ni como canciller recibí información sobre el escándalo contra exprimer ministro de Italia Massimo D’Alema. La Embajada de Colombia manejó el tema con los ministerios de Defensa de ambos países», indicó Ramírez.

Ni como Vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar , ni como Canciller recibí información sobre el escándalo contra exprimer ministro de Italia Massimo D’Alema. La embajada de Colombia manejo el tema con los ministerios de Defensa de ambos países.

— Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) June 6, 2023

El exministro de Defensa, Diego Molano, le respondió a Petro y recordó que, de momento, la investigación recae sobre D’Alema y que el Gobierno de Iván Duque «alertó al viceministro de Defensa italiano de sospechas de un privado negociando por fuera de la institucionalidad».

Según Corriere della Sera, entre los investigados en Italia se encuentran, además, Francesco Amato y Emanuele Caruso, que trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y lograron tener contacto con D’Alema, quien actuó como mediador informal en las relaciones con Profumo y Giordocomo.

Entre los nombres mencionados en el medio italiano figura el nombre de Ramírez, así como de Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado de Colombia.

Según las investigaciones de hace un año, D’Alema, jefe del Gobierno italiano entre 1998 y 2000, intentó actuar en calidad de mediador en nombre de un bufete de abogados de Miami (EEUU) con el Gobierno de Colombia.

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Víctor De Abreu

«Se exhorta a los grupos armados a concretar los respectivos ceses al fuego con el Estado, a establecer treguas entre ellos y a avanzar hacia el cese de todo tipo de hostilidad contra la población civil», indicó el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), Roberto Menéndez.

El Consejo Permanente de la OEA celebró este miércoles una sesión ordinaria en la que se presentó el XXXIV informe de la MAPP/OEA, el primero presentado con Gustavo Petro como presidente de Colombia, donde destaca los hechos más relevantes ocurridos entre el 7 de agosto y 31 de diciembre de 2022.

«Las amenazas, los homicidios, la instalación de minas antipersonas, los confinamientos, el reclutamiento de niños, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la imposición de justicia de facto, el control social y la extorsión no han cesado, incluso algunas de estas conductas se han incrementado en algunos territorios», apuntó Menéndez.

El jefe de la misión de la OEA y la excanciller y exvicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, suscribieron la renovación de la misión hasta finales de 2024, gracias a la firma del octavo protocolo adicional.

La misión tiene por objetivo observar los avances de los procesos de paz y alertar sobre los principales retos, mediante sus recomendaciones a la implementación de los acuerdos, de políticas públicas y de las estrategias institucionales y comunitarias que se desarrollan para alcanzar la paz.

La OEA lamentó este miércoles «que los grupos violentos sigan afectando a la población civil en distintos territorios», al tiempo que mostró su preocupación por los hechos violentos que afectaron a «entidades nacionales e internacionales» que realizan tareas humanitarias y de paz, especialmente en la región Catatumbo.

«La Secretaría General y la misión consideran que estas afectaciones son inaceptables y que no pueden ser objeto de justificación alguna. Es tiempo de detener la violencia y dejar fuera del conflicto armado a la población civil y los actores humanitarios», concluyó la misión.

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Ramírez se refirió así a la información publicada por medios de comunicación que adelantan que Colombia y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para devolver a venezolanos que habían tratado de acceder al país ilegalmente.

La vicepresidenta aseguró que se trata de afirmaciones que no son ciertas porque “Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados”.

“Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con colombianos de manera irregular al país los vayan a deportar”, indicó al insistir, no obstante, en que no hay ningún acuerdo firme.

Desde Bogotá han trasladado a Washington que “si son colombianos”, sí los pueden deportar, pero que en el lugar de ciudadanos venezolanos que ya estaban en el Estatuto de Protección Temporal, serán analizados caso por caso.

Según el último estudio realizado, más de 1.7 millones de venezolanos viven en Colombia actualmente

“Si están bajo el estatuto de protección, pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”, aseveró la vicepresidenta.

Ramírez confirmó que la semana pasada se deportó a un grupo de colombianos entre los que también había dos venezolanos, aunque sus casos se están estudiando individualmente para valorar la situación.

CNN publicó este lunes un artículo en el cual citó a dos funcionarios no identificados del gobierno estadounidense según los cuales el Ejecutivo, que dirige Joe Biden, estaría enviando a Colombia a ciudadanos venezolanos en busca de asilo en EE.UU. que en algún momento residieron en ese país.

De acuerdo con el canal de televisión, la Administración Biden habría emprendido esta política ante la imposibilidad de retornar a los inmigrantes a Venezuela.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Mediante una carta, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, invitó a la CIDH a una audiencia privada el 7 de junio en Bogotá junto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Después de esto la delegación podrá realizar una visita a terreno del 8 al 11 de junio “previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado colombiano del protocolo y formato, de tal manera que el Estado, conforme a ello, proceda a formalizar a la brevedad posible la anuencia a la visita”, según se detalló el mensaje.

El gobierno sugirió que, «la visita comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán”.

La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registraron 60 muertes durante las protestas del último mes en la nación, de esta cantidad 43 se las atribuyeron a la fuerza público.

🇨🇴📢 Una comisión de la @CIDH llegará a Colombia la próxima semana para investigar los hechos relacionados con violaciones a derechos humanos durante las protestas ➡️ https://t.co/rTYVVskVME pic.twitter.com/bwF5iXOq58

— FRANCE 24 Español (@France24_es) May 31, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales