«Ha sido el inicio de la construcción de una agenda colectiva en materia de derechos humanos, que se plantea diferentes acciones, diferentes recomendaciones, llamados tanto a las entidades del Estado venezolano como a la comunidad internacional«, explicó a EFE la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, Erika Guevara Rosas.

El encuentro que empezó el lunes en Caracas reunió a Amnistía Internacional y a diversos representantes de ONG y defensores de derechos humanos, varios de ellos recientemente excarcelados, para conversar sobre distintos temas como la libertad de expresión y la seguridad jurídica.

Guevara Rosas sostuvo que fue una jornada histórica porque desde hacía «algún tiempo» que las organizaciones de defensa de los derechos humanos no habían podido reunirse «en libertad».

La abogada señaló que durante el evento se hizo un «mapeo» de los diferentes escenarios en materia de derechos humanos que enfrenta el país caribeño en estos momentos, en el sector educativo, sanitario, laboral, sobre la libertad de expresión, derechos civiles y políticos, así como la libertad de prensa.

Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, calificó de importante la reunión entre activistas y organizaciones de derechos humanos aprovechando «la relativa apertura que hay en el país».

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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A continuación, los puntos destacados de su postura y el contexto de la reforma:

Prioridad en la autonomía: Marino Alvarado, coordinador de Provea, señaló que el sistema no requiere más jueces, sino que los actuales actúen con independencia y apego a la Constitución para garantizar justicia real.

Designación por concurso: La organización subrayó que los magistrados deben ser elegidos mediante concursos públicos, asegurando así la estabilidad judicial y evitando decisiones discrecionales.

Detalles de la reforma: El proyecto, presentado por Jorge Rodríguez, busca ampliar las salas Político Administrativa, Casación Civil, Penal, Social y Electoral a 5 magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional pasaría a tener 7.

Contexto oficial: Según el Legislativo, la medida busca una «transformación del sistema de justicia». El anuncio coincide con un proceso paralelo para cubrir vacantes en la alta corte por renuncias y jubilaciones.

De interés: PJ rechaza propuesta del Parlamento de aumentar magistrados del TSJ

Con información de EFE Servicios

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